Javier Corral Jurado
De las acciones de desafío y provocación con las cuales las televisoras enfrentan al Estado y violentan la legislación electoral, no hay mucha diferencia entre ellas, como no la hay en su programación, tan dominada por la frivolidad de contenidos como por el mercadeo de sus noticiarios.
La estrategia ha sido su ambición desmedida, su aspiración de impunidad. El método, hacerlas ostensibles, burdas, concertadas, para demostrar la fuerza de su poder y la debilidad de los órganos regulatorios. Estrategia y método han tenido éxito porque han contado —salvo contadas excepciones— con la complicidad del Tribunal Electoral federal, a estas alturas con muchas contradicciones en los criterios de sus sentencias.
Los casos más graves de violaciones a la legislación electoral hasta ahora han recibido el perdón de los magistrados. Así, la tv ha agregado a su presencia poderosa la cualidad de poder impune, intocable, que en medio de un México quebrado y un ambiente político corrompido lo alza en la cotización de las redes de complicidad.
En esta carrera de transgresiones e incumplimientos a la norma legal, finalmente TV Azteca parece llevarse el campeonato. De no volverse a posponer, este martes 28 de julio la televisora puede ser multada con una sanción económica ejemplar para inhibir el incumplimiento de la ley.
Bajo el denominado procedimiento especial sancionador, cuyo desahogo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, y ésta en la inteligencia de Edmundo Jacobo Molina, se ha propuesto una multa por la cantidad de 62 millones 844 mil pesos.
Bajo el monitoreo que llevó a cabo la autoridad electoral durante el desarrollo de la campaña federal, se logró documentar que la televisora dejó de transmitir 5 mil 734 promocionales de la autoridad y de los partidos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante mayo y junio, en los canales 7 y 13, que se retransmiten en los sistemas restringidos de televisión: Cablevisión y Sky.
La falta tiene, en el macizo proyecto que será discutido hoy, la consideración de una gravedad especial, pues tal omisión representa más de la mitad de los promocionales que por ley estaba obligada a transmitir. El artículo 75 del Cofipe establece: “En las señales de televisión restringida se deben incluir la totalidad de los promocionales en materia electoral, sin alteración alguna”.
Sin embargo, en el mejor estilo de la casa, la televisora bloqueó esos segmentos de la programación en las señales que envía a los sistemas restringidos y colocó en ellos publicidad comercial. No sólo dejó de transmitir los anuncios electorales, sino que lucró con tiempos del Estado, sacando un provecho adicional a su infracción.
No desconocía la empresa la obligación legal. Premeditadamente, de modo sistemático y reiterado, decidió embestir la legislación. No obstante que ya había sido sancionada en forma unánime por el IFE por la misma conducta, en sesiones del 24 y 29 de marzo y 20 de abril, imponiéndole en cada una de ellas 2 millones de pesos, ignoró la relevancia del asunto, quizá no sólo porque el usufructo de los tiempos del Estado para publicidad comercial le sería más rentable, sino porque supuso la protección del TEPJF.
Pero por más tiempo que pudo prolongar el tribunal su resolución, a finales de junio confirmó las sanciones impuestas por el IFE. Y bajo los mismos criterios la multa que se someterá al Consejo General será la más alta que se haya impuesto en el presente proceso electoral.
Para el volumen de los flujos financieros que maneja esa empresa, puede ser que le represente lo que un pelo a un gato. Pero en el contexto del momento de colusión de intereses que se vive entre medios de comunicación, partidos y autoridades, el antecedente servirá para documentar el expediente legal de la ya prolongada acción delictiva de esa televisora, que por supuesto debe contar a la hora en que el Ejecutivo federal vuelva a licitar esas frecuencias, como lo ordenó la Corte, al vencimiento del término de la concesión.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
De las acciones de desafío y provocación con las cuales las televisoras enfrentan al Estado y violentan la legislación electoral, no hay mucha diferencia entre ellas, como no la hay en su programación, tan dominada por la frivolidad de contenidos como por el mercadeo de sus noticiarios.
La estrategia ha sido su ambición desmedida, su aspiración de impunidad. El método, hacerlas ostensibles, burdas, concertadas, para demostrar la fuerza de su poder y la debilidad de los órganos regulatorios. Estrategia y método han tenido éxito porque han contado —salvo contadas excepciones— con la complicidad del Tribunal Electoral federal, a estas alturas con muchas contradicciones en los criterios de sus sentencias.
Los casos más graves de violaciones a la legislación electoral hasta ahora han recibido el perdón de los magistrados. Así, la tv ha agregado a su presencia poderosa la cualidad de poder impune, intocable, que en medio de un México quebrado y un ambiente político corrompido lo alza en la cotización de las redes de complicidad.
En esta carrera de transgresiones e incumplimientos a la norma legal, finalmente TV Azteca parece llevarse el campeonato. De no volverse a posponer, este martes 28 de julio la televisora puede ser multada con una sanción económica ejemplar para inhibir el incumplimiento de la ley.
Bajo el denominado procedimiento especial sancionador, cuyo desahogo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, y ésta en la inteligencia de Edmundo Jacobo Molina, se ha propuesto una multa por la cantidad de 62 millones 844 mil pesos.
Bajo el monitoreo que llevó a cabo la autoridad electoral durante el desarrollo de la campaña federal, se logró documentar que la televisora dejó de transmitir 5 mil 734 promocionales de la autoridad y de los partidos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante mayo y junio, en los canales 7 y 13, que se retransmiten en los sistemas restringidos de televisión: Cablevisión y Sky.
La falta tiene, en el macizo proyecto que será discutido hoy, la consideración de una gravedad especial, pues tal omisión representa más de la mitad de los promocionales que por ley estaba obligada a transmitir. El artículo 75 del Cofipe establece: “En las señales de televisión restringida se deben incluir la totalidad de los promocionales en materia electoral, sin alteración alguna”.
Sin embargo, en el mejor estilo de la casa, la televisora bloqueó esos segmentos de la programación en las señales que envía a los sistemas restringidos y colocó en ellos publicidad comercial. No sólo dejó de transmitir los anuncios electorales, sino que lucró con tiempos del Estado, sacando un provecho adicional a su infracción.
No desconocía la empresa la obligación legal. Premeditadamente, de modo sistemático y reiterado, decidió embestir la legislación. No obstante que ya había sido sancionada en forma unánime por el IFE por la misma conducta, en sesiones del 24 y 29 de marzo y 20 de abril, imponiéndole en cada una de ellas 2 millones de pesos, ignoró la relevancia del asunto, quizá no sólo porque el usufructo de los tiempos del Estado para publicidad comercial le sería más rentable, sino porque supuso la protección del TEPJF.
Pero por más tiempo que pudo prolongar el tribunal su resolución, a finales de junio confirmó las sanciones impuestas por el IFE. Y bajo los mismos criterios la multa que se someterá al Consejo General será la más alta que se haya impuesto en el presente proceso electoral.
Para el volumen de los flujos financieros que maneja esa empresa, puede ser que le represente lo que un pelo a un gato. Pero en el contexto del momento de colusión de intereses que se vive entre medios de comunicación, partidos y autoridades, el antecedente servirá para documentar el expediente legal de la ya prolongada acción delictiva de esa televisora, que por supuesto debe contar a la hora en que el Ejecutivo federal vuelva a licitar esas frecuencias, como lo ordenó la Corte, al vencimiento del término de la concesión.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario