Esperamos justicia

Javier Corral Jurado

La Ley Televisa ha sido uno de los sucesos legislativos más ominosos de los últimos años. Calificado ya como un episodio de vergüenza en nuestra historia política. No sólo puso de manifiesto la preponderancia y prepotencia con que actuó dicha empresa televisora, y la forma en que impuso su poder, sino en contrapartida, la debilidad de la clase política, y la indignidad con la que actuaron sus aliados en el Congreso y luego en el Poder Ejecutivo que, pese a toda advertencia, publicó las reformas con inusitada rapidez.

El proceso en general confirmó -al desnudo complicidades y chantajes- la cada vez más creciente percepción ciudadana: los partidos políticos anteponen sus intereses a los de la población en general, y los legisladores, los suyos de carácter personal.

No por otra cosa los partidos políticos, como parte del entramado de nuestras instituciones públicas, han merecido el último lugar en la confianza ciudadana: 5.3 dentro de la escala del 1 al 10, y por debajo de la imagen de la policía.

Así lo refiere la Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, que recoge esa percepción y en la que paradójicamente se ratifica: la fuente a la que acuden los ciudadanos para enterarse de la política y evaluar lo que saben de la materia es la televisión, así lo expresa el 62% de los encuestados.

El descrédito general de la política es un dato que resalta en varios de los instrumentos de medición de la opinión pública, y hechos como el de la Ley Televisa se convierten en intrincada paradoja del toma y daca entre el poder y los medios electrónicos de comunicación, además de acicatear el desprecio ciudadano.

Por ello, no debe asombrarnos que este asunto permanezca en amplios sectores sociales como referencia de colusión de intereses, y siga siendo objeto de los más variados análisis a manera de crítica.

En muchos artículos editoriales, discursos y declaraciones periodísticas que se han publicado en torno a evaluar el reciente proceso electoral y sus resultados, la mención al hecho ha sido constante. Varios de quienes en sus columnas han confesado por quién votaron el pasado 2 de julio, enlistan este asunto como uno de los elementos que definieron a qué candidato otorgarlo.

En el grupo de senadores que presentamos la acción de inconstitucionalidad en contra de esas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión (15 senadores del Partido Acción Nacional, 16 del Partido Revolucionario Institucional, 15 del Partido de la Revolución Democrática y uno de Convergencia), el tema sigue concitando la unidad de nuestra demanda para que se declaren nulas sus principales disposiciones.

En medio de la crispación política y la exacerbación de discrepancias en el escenario postelectoral, la impugnación logra un importante nivel de acuerdo. De hecho, consideramos que se trata de uno de los desafíos más importantes para la democracia, la competencia económica, la pluralidad política y la diversidad cultural, y que su corrección en el próximo gobierno federal, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, sería una prueba de voluntad de cambio y de compromiso con una reforma política, social y cultural que permita distender el encono social que por estas fechas se atiza con diversos fuegos.

Antes, esperamos la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una resolución que la reafirme no sólo como poder soberano frente a los poderes fácticos del dinero y la televisión, sino que resarza a la nación de ese atropello legislativo.

La semana pasada nos reunimos de nueva cuenta el grupo promovente para reafirmar la importancia de ese fallo, no sólo para el orden jurídico nacional sino para la sociedad en general, pues de él depende la oferta comunicacional que el país tenga en el futuro.

Hemos señalado que, en tiempos en que la coyuntura política exacerba nuestras discrepancias, el establecimiento de un régimen legal para los medios electrónicos que contribuya a fortalecer nuestra democracia, es una causa en la que nuestra pluralidad partidista encuentra camino franco de coincidencia.

México requiere un marco jurídico que concuerde con las aspiraciones de libertad e igualdad de todos los mexicanos. Esperamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que permita a nuestro país conjurar los graves riesgos que las reformas aludidas representan, de tal forma que podamos rectificar el rumbo y dar paso a una legislación que tome en cuenta los derechos de todos.

Senador de la República (PAN)