29 de abril de 2009

Los primeros 100 días de Obama



27 de abril de 2009

La Biblia del idiota

Por Mary Anastasia O'Grady

Sólo días después de que Hugo Chávez le obsequiara al presidente estadounidense Barack Obama una copia de Las venas abiertas de América Latina en Trinidad la semana pasada, la versión en inglés saltó al segundo lugar de los libros más vendidos de la página Web de comercio en línea Amazon.com.

Los estadounidenses parecían curiosos acera de las preferencias de lectura de Chávez. En América Latina, sin embargo, Las venas abiertas es una conocida diatriba del autor marxista uruguayo Eduardo Galeano. Además, existe otra distinción que quizá a Chávez no le interese tanto revelar: entre los partidarios del libre comercio es ampliamente considerada como la "Biblia de los idiotas".

El libro se hizo acreedor a esa distinción en el best-seller de 1996 El manual del perfecto idiota latinoamericano. Escrito por tres periodistas latinoamericanos —Plinio Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa— el "manual" es un ingenioso asalto a la mentalidad populista y de caudillo militarista que ha dominado a la región durante cientos de años.

El tercer capítulo está dedicado a explicar la importancia del libro de Galeano para el idiota: "Durante el último cuarto de siglo el idiota latinoamericano ha tenido la notable ventaja de un texto casi sagrado, una Biblia llena de todas las tonterías que circulan en la atmósfera cultural de lo que los brasileños llaman 'la izquierda festiva'. Naturalmente, nos referimos a Las venas abiertas de América Latina".

Abra cualquier página del libro de Galeano y aprenderá que los latinoamericanos son unos perdedores. No es su culpa. Todo se debe a que Europa y Estados Unidos (los ganadores del mundo) les compran materias primas sin pagarles un precio justo. De esta manera, los ricos explotan a los pobres. "La historia del subdesarrollo de América Latina es, como ha dicho alguien, una parte integral de la historia del desarrollo del capitalismo mundial".

Galeano no era el único que promovía estas ideas en 1971 cuando se publicó el libro. La "Teoría de la dependencia", el dogma económico que impulsó la política regional durante buena parte del siglo XX, partía de la misma premisa. Sus raíces se remontan a la llamada "economía estructural", que pregonizaba el economista argentino Raúl Prebisch, el primer secretario general de la CEPAL.

Prebisch afirmaba que la pobreza de América Latina persistía porque mientras que los países ricos podían elevar sus estándares de vida a través de una mayor producción, los países pobres que sólo exportaban productos agrícolas y materias primas no podían hacer lo mismo debido a un exceso de mano de obra. Por lo tanto no podían acumular el superávit de capital que necesitaban para ascender en la jerarquía económica.

Las ideas de Prebisch combinaban bien con el fascismo y el marxismo. Los políticos, ya sea de la extrema derecha o izquierda, lo apoyaron y surgió una política regional en favor de subsidiar a las industrias locales y protegerlas de la competencia extranjera. El Estado asumió un papel predominante en esta "industrialización de sustitución de importaciones", alimentando la corrupción y la hiperinflación y aniquilando cualquier esperanza de elevar los estándares de vida. Para finales de los años 80, América Latina estaba sumida en una crisis y Prebisch y sus ideas anti libre comercio quedaron ampliamente desacreditadas.

Galeano, en todo caso, siguió siendo un ícono de la izquierda revolucionaria y una fuente abundante para quienes promueven el odio ideológico. La novelista chilena Isabel Allende escribió el prólogo de la edición del vigésimoquinto aniversario, lamentando que el esfuerzo de su primo en segundo grado, Salvador, de convertir a Chile en otra Cuba había sido frustrado.

Igual de sorprendente fue el elogio de Allende al "amor estupendo por la libertad" de Galeano. Tal amor, por cierto, no se extiende a quienes se dedican al intercambio voluntario. Galeano los condena. "Mientras más libertad se les da a las empresas, más prisiones deben construirse para alojar a los que sufren a manos de estas empresas".

¿Confundido? El novelista Mario Vargas Llosa explica en el prólogo de El manual del perfecto idiota latinoamericano: "La historia es una exitosa conspiración de malos contra buenos, en la que aquellos siempre ganan y nosotros siempre perdemos". En otras palabras, el libre comercio es un juego de suma cero. Esto puede sonar a una parodia pero es precisamente el razonamiento de Galeano.

En El continente olvidado (2007) de Michael Reid, el editor latinoamericano de The Economist, dice que la historia de Galeano "es la del propagandista, una combinación poderosa de verdades selectivas, exageración y falsedad, caricatura y teoría de la conspiración".

El libro de Galeano no fue un regalo para Obama, aunque fue presentado como tal. Después de todo, estaba en español, un idioma que Obama no lee y casi seguro que la inteligencia militar cubana y venezolana tiene que haberle advertido a Chávez sobre eso. La intención del venezolano resentido fue, por el contrario, una manera de restregar sus prejuicios anticapitalistas y antiestadounidenses en la cara de Obama frente a un pelotón de cámaras de televisión.

Pero, sin saberlo, el regalo de Chávez tuvo otro propósito. Si quedaba alguna duda sobre cómo Chávez ha manejado su país rico en petróleo durante una década de auge en los precios del crudo, ya se resolvió el misterio. El libro de Galeano es la Biblia de Chávez.

El mundo de la poscrisis

By WASHINGTON D.C.

Andres Oppenheimer

Según la creencia generalizada en muchos países, cuando se termine esta crisis económica el mundo será menos capitalista, y menos dependiente de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que solo la mitad de este juicio sea acertado.

A juzgar por lo que uno escucha en los corredores de las reuniones de primavera de las instituciones financieras más grandes del mundo --el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial--, el mundo de la poscrisis estará marcado por una caída a largo plazo de los hábitos de consumo de los norteamericanos, que a su turno forzará a los países en desarrollo a volverse más competitivos para poder mantener el nivel de sus exportaciones.

Aún si la economía estadounidense comienza a recuperarse durante el próximo año, como lo predicen la mayoría de los economistas, Estados Unidos será un lugar más frugal, y dejará de ser el único motor económico del mundo. Pasarán muchos años antes de que los consumidores norteamericanos vuelvan a comprar autos, computadoras o plasmas como solían hacerlo.

''La torta será más chica, y los países latinoamericanos tendrán que trabajar más duro para mantener su porción, o lograr una porción más grande'', dijo Marcelo Giugale, director de política económica del Banco Mundial para América Latina.

Para Latinoamérica, una economía mundial más pequeña significará una mayor dificultad para exportar, menos inversiones extranjeras, menos turismo, y menos remesas de dinero de familiares en el exterior. A diferencia de las crisis anteriores, en las que muchos países de la región lograron salir del pozo devaluando sus monedas para abaratar sus exportaciones, esta vez no podrán confiar en la voracidad importadora de los países ricos para lograr la recuperación, porque los compradores importarán menos.

Algunos países compensarán vendiéndoles más a China, India y otras economías emergentes que todavía siguen creciendo. Sin embargo, tanto China como India también crecerán más lentamente.

Varios funcionarios y economistas presentes en las reuniones coincidieron en que los países latinoamericanos que emergerán fortalecidos de la crisis serán los que tengan acceso a los mercados de capitales, los que no apliquen impuestos excesivos a sus exportaciones, los que permitan mayores libertades económicas y sean más productivos. En épocas de crisis, los inversionistas van a los lugares más seguros, y los países más productivos son los que más logran exportar.

''Los países disciplinados y promercado, como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, se recuperarán'', dijo Ricardo Hausmann, profesor de Economía de la Universidad de Harvard. ``A los países neopopulistas que aplican fuertes gravámenes a las exportaciones y no tienen acceso al mercado de capitales, como Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, les irá mal''.

Esta línea de pensamiento es diametralmente opuesta a la sostenida la semana pasada por los críticos del capitalismo presentes en la Cumbre de las Américas en Trinidad. En esa reunión, el presidente venezolano Hugo Chávez y sus seguidores dijeron que las recientes medidas de Estados Unidos tendientes a una mayor regulación estatal de la economía demuestran que el capitalismo está de salida, y que el ''socialismo del siglo XXI'' se está imponiendo.

Sin embargo, si los economistas están en lo cierto, puede que ocurra lo contrario: los países de Latinoamérica y el Caribe deberán hacerse más competitivos para mantener sus exportaciones, pues la crisis será más seria de lo previsto.

Según el FMI, las economías latinoamericanas caerán un 1.5 por ciento durante este año, antes de alcanzar una modesta recuperación de 1.6 por ciento durante el año 2010. Hace apenas un mes, el FMI predecía un descenso mucho menos acentuado para la región.

Entre los países cuyas economías se contraerán durante este año están Argentina (-1.5 por ciento), Brasil (-1.3 por ciento), Ecuador (-2 por ciento), México (-3.7 por ciento) y Venezuela (-2.2 por ciento), según el FMI. Entre los que tendrán mejor desempeño estarán Perú (3.5 por ciento) y Chile (0.1 por ciento).

Otras proyecciones, incluidas las del Banco Mundial, prevén una caída menos drástica de la región, de alrededor del -0.7 por ciento. Los economistas de ambas instituciones dicen que han ajustado sus proyecciones hacia abajo porque ahora prevén una recesión más larga de la esperada en Estados Unidos.

Mi opinión: el mundo de la poscrisis será menos dependiente de Estados Unidos, pero no necesariamente menos capitalista.

Los líderes populistas en Trinidad tenían razón al señalar que Estados Unidos aumentará la regulación estatal para impedir burbujas financieras como las que llevaron a la actual crisis. Pero se olvidan de decir que la burbuja financiera generó la expansión económica artificial en todo el mundo que les permitió a sus países crecer rápidamente exportando materias primas sin hacer prácticamente nada para volverse más competitivos en la economía global.

El populismo es hijo de la abundancia. Ahora que la torta se ha achicado para todos, América Latina tendrá que volverse más competitiva si quiere mantener o expandir sus exportaciones en un escenario de mayor estrechéz económica mundial.

Nuestra partidocracia crece… y se fortalece

José A. Crespo

Con la anulación del voto no se busca prescindir de los partidos para que la “sociedad civil” gobierne; se pretende transformar lo que tenemos.

Según José Woldenberg, afirmar que los partidos no se diferencian en lo sustancial, equivale a que un botánico concluya que las plantas son iguales “porque todas tienen raíz, tallo, hojas, fruto y clorofila”, al ver sólo sus similitudes en lugar de sus diferencias (Reforma, 23/IV/09). Desde luego, los partidos se distinguen entre sí, pero quizá para ciertos fines específicos no muestren una diferenciación sustancial. Utilizando la misma metáfora de Woldenberg , el botánico podría concluir que un grupo de plantas tiene diferencias definitorias de tamaño, color, forma y propiedades, pero ninguna de ellas sirve para prevenir, por ejemplo, la influenza porcina. No hay contradicción en ello. Entre nuestros partidos podemos detectar muchas diferencias, tanto programáticas como organizativas: el PRI es partido de corporaciones y el PAN lo es (o era) de ciudadanos; el PANAL nació montado en el SNTE; el PSD está a favor de la despenalización del aborto y de la mariguana; el Verde impulsa la pena de muerte; el PRD está en contra de la “privatización” del petróleo; el PAN favorece el IVA a medicinas y alimentos… En una democracia genuinamente representativa, esos debieran ser los criterios para elegir. Pero si decido orientar mi voto por interrogantes como, ¿cuál partido es más confiable; cuál es menos corrupto; cuál está más comprometido con el país; cuál toma más en cuenta a los ciudadanos; cuál es más proclive a acotar los privilegios y presupuestos partidarios; cuál ha combatido la impunidad?, entonces, probablemente mi respuesta será ninguno.

Cita también Woldenberg cierta literatura de los movimientos antipolíticos y destaca sus eventuales contradicciones y falacias: se dice que es una impostura considerar a los políticos como una clase apartada de la sociedad civil, un gremio que antepone sus intereses particulares a los colectivos, que compite entre sí pero llega a acuerdos sobre sus intereses comunes e incluso llega a intercambiar impunidades por encima de la exigencia ciudadana de rendición de cuentas. ¿Y no se da eso en México? ¿De verdad? Los datos sobre la pérdida de confianza electoral y partidista de la más reciente encuesta de Gobernación no son casuales. A esa situación se le conoce como “partidocracia”, sobre lo cual también hay literatura especializada. El politólogo español Gonzalo Fernández de la Mora la define como “aquella forma de oligarquía arbitrada, en que los partidos políticos concentran la representación y la soberanía efectiva” (La partitocracia, 1977). En italiano, el término partidocrazia alude a un estado de “enfermedad del régimen democrático”, en el cual, según José Maranini: “El parlamento como órgano soberano y unitario para la articulación entre la mayoría y la oposición, no existe más. La partidocracia es la negación de la regla de la mayoría, pues un pequeño grupo de representantes concentra, sin rendir cuentas, la representación popular” (Mitos y realidad de la democracia, 1949).

Con la anulación del voto no se busca prescindir de los partidos para que la “sociedad civil” gobierne directamente ni se trata de esperar a que nazcan nuevos partidos con una forma distinta de hacer política (esa fue en 2006 mi expectativa —hoy defraudada— respecto de Alternativa Socialdemócrata). Se pretende transformar lo que tenemos. Considero que hay medidas con las que se podría incrementar nuestro control sobre los partidos (como la reelección inmediata), permitir una participación más directa en ciertas decisiones, reducir el financiamiento y los privilegios de los partidos o despartidizar las instituciones “autónomas”. Pero los partidos son reacios a tales reformas, precisamente porque afectan su poder y prebendas. Quienes sufraguen, buscarán el cambio bajo la premisa de que algún partido en efecto lo impulsará (lo pensé respecto del PAN en 2000, dada su larga historia democrática, pero muy pronto “mostró el cobre” del que está hecho). Quienes no compartimos esa premisa, buscaremos el cambio ejerciendo una presión sobre los partidos, para orillarlos —o al menos incentivarlos— a promover las reformas.

No me propongo disuadir, a quienes tengan un partido favorito, de no votar por él. Pero creo que es mejor anular el voto que simplemente abstenerse (pasiva o activamente). Lo primero es una posibilidad considerada como legítima en varias democracias, una forma no disruptiva de protesta (nuestra legislación permite votar por un candidato no registrado, para lo cual la boleta reserva un espacio, lo que jurídicamente equivale a anular el voto, según el TEPJF). Institucional y democráticamente, ¿no es menos riesgoso el “voto en blanco” que la abstención activa? Creo, contrariamente a lo que afirma el IFE en su publicidad pro voto, que un alto nivel de participación efectiva implica validar los abusos y las arbitrariedades de los partidos en conjunto y otorgarles el visto bueno para que sigan por la misma vía. Un “voto de castigo a todos” podría, quizá —sólo quizá—, moverlos a hacer reformas para compartir algo de poder con sus representados. Eso, si no quieren quedarse hablando solos o abrir la puerta a los “políticos antipolíticos” de los que habla Pepe.

Votar por el partido “menos malo” equivale —como dice un lector— a comprar la fruta menos podrida del mostrador, en vez de simplemente no llevar ninguna ese día (y, de paso, presionar así al vendedor a que, en adelante, ofrezca fruta fresca o, al menos, digerible). Es sintomático que, en conversaciones con amigos y colegas que me exhortan a votar, cuando los insto a decir cuál es, según ellos, el partido adecuado o el menos malo, y cuáles las razones para sufragar por él, recibo como respuesta un elocuente silencio. Quizá teman morderse la lengua. ¿Por qué opción —y a partir de cuáles de sus peculiaridades y virtudes— nos sugeriría Woldenberg sufragar? Igual nos convence.

Votar por el partido “menos malo” equivale a comprar la fruta menos podrida del mostrador.

26 de abril de 2009

25 de abril de 2009

Corral acusa bloqueo para retornar a San Lázaro

El ex senador del blanquiazul acusó que desde el interior de su partido “prometieron” a las televisoras que impedirían su retorno

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral acusó que desde el interior de su partido “prometieron” a las televisoras que impedirían su retorno a San Lázaro como diputado federal.

Al despedirse de su presidencia de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la cual presidió por dos años, Corral Jurado reveló que a pesar de que aún no es diputado, ya se enfrenta a las mayores “condiciones de adversidad”.

“Ya enfrento las vicisitudes y los valladares de quienes afuera y adentro de mi propio partido le prometieron al duopolio de la televisión impedir mi retorno a San Lázaro”, destacó en su mensaje de despedida del organismo.

Incluso, el panista chihuahuense dijo que con estas condiciones se trató de subestimar “brutalmente al noble, valiente y libre panismo de Chihuahua”.

En entrevista posterior, Corral Jurado respondió ante la pregunta de quién había sido el de la promesa, “Ellos saben quiénes lo ofrecieron”.

— ¿El partido en general?

“No, no, no en general, fueron unos cuántos los que lo ofrecieron”.

Corral Jurado ganó la elección interna de Chihuahua para ser candidato a diputado federal por el blanquiazul por la vía plurinominal y de esta manera queda en primer lugar.

Sin embargo, no fue fácil ya que documentó y probó algunas “irregularidades” en la elección interna en varios municipios de la Entidad norteña.

Además se sobrepuso a una campaña de “descalificación y desinformación” en la que lo presentaban como un “peligro para el Presidente Calderón”.

Pero no sólo eso, también en la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que sesionó el pasado martes 14 de abril donde se definieron las listas plurinominales, hubo un fuerte debate al interior del partido para “bajar” a Corral Jurado de su candidatura que había ganado.

CRÉDITOS: SUN / OOCH

24 de abril de 2009

Obligatorio que partidos políticos rindan cuentas

Víctor Lara Martínez

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (INAIP) no giró una invitación sino una instrucción a los dirigentes de los partidos políticos Alianza por Yucatán y del Trabajo para que a la brevedad instalen sus respectivas unidades de acceso a la información como establece el artículo noveno de la ley en vigor, señaló ayer su presidenta Ana Rosa Payán Cervera.

Antes de ausentarse a la ciudad de México para asistir a la reunión de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Payán Cervera dijo que la ley es muy clara y establece todos los requerimientos para que los partidos políticos cuenten con su unidad de acceso a la información.
Por lo tanto, los partidos políticos que no cumplen tendrán que ser sancionados, dado que no es una norma optativa, sino una obligación de que informen de todas sus actividades y movimientos económicos, ya que de lo contrario se les puede multar y hasta pedir la destitución de la persona que esté a cargo de esa responsabilidad.
Por su parte, Felipe Ahumada Vasconcelos, presidente en Yucatán de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) dijo que en la reunión de ayer se haría el cambio de la directiva nacional, que presiden Javier Corral y Miguel Ángel Granados Chapa.
Opinó que mientras exista un monopolio en los medios de información, especialmente en el sector radiofónico y televisivo, siempre habrá conflictos porque el acceso a ese tipo de información es limitado.

El fraude del PAN

Carlos Murillo
Abogado

En el municipio de Batopilas Chihuahua, nació Gómez Morín, máximo ideólogo del Partido Acción Nacional. El hombre fue sin duda un personaje de la historia política nacional.

Santificado por sus seguidores desde hace décadas, el ideólogo conservador fue un constructor del discurso que sería adoptado por las clases acomodadas que, en su interés por participar en los negocios públicos, se inscribieron en los procesos electorales hasta irse acomodando poco a poco en las esferas del poder.

Gómez Morín, pensó en un proyecto de nación conservador que fundamentalmente privilegia al individuo, pensaba algo así como: “el ser humano debe alcanzar la plenitud, para después colaborar en la tarea de mejorar su entorno”. En contraposición a la doctrina de izquierda que dice lo opuesto: “La sociedad es lo mas importante, todos debemos anteponer el bienestar colectivo al individual”. Cuestión semántica, la misma gata diría mi abuela.

La teoría de los panistas no está mal, es un camino para gobernar, muy a su modo. Habrá a quienes les convenza, a otros no tanto, otros de plano nos declaramos ‘derechafóbicos’, pero no podemos decir que es maléfica ni la podemos cancelarla de tajo. Digamos simplemente que la intención es buena.

En este contexto los panistas deberían cumplir con solvencia moral el encargo que les hizo Gómez Morín. Pero la cosa no es fácil, sobre todo cuando los intereses sobrepasan la buena voluntad, ya ni qué hablar de la institucionalidad, porque la desconocen.

En el PAN la asocian con el ‘dedazo’, un término ochentero muy satanizado, pero que en nuestra época se ha perfeccionado al grado de ser sinónimo de unidad y éxito.

Para los ‘dedazofóbicos’ atrapados en el pasado, no hay otro camino que la democracia aunque sea en exceso y mal planteada, aunque les indigeste, aunque ni la conozcan. Para los novatos es el ingrediente perfecto, para los expertos es un ring desgastante, que, como en todas las elecciones, pone de manifiesto los más bajos instintos de los políticos.

Pues precisamente fue el caso de Chihuahua y el batidero en el histórico pueblo de Batopilas, lugar que hace unas semanas se volvió a notar por la demanda de fraude electoral hacia el interior del PAN. Es el escenario en que transcurre un debate político intestino que puede alcanzar dimensiones considerables.

Ahí, Javier Corral, un legislador de carrera, extraordinario tribuno y disidente del panismo oficialista, opositor de Felipe Calderón y ‘viuda’ de la otrora ‘familia feliz’, ha puesto el dedo en la llaga, al descubrir ante la opinión publica el fraude de los panistas en la elección interna de candidatos a diputados.

En el PAN desde hace mucho se cuecen habas, pero ahora se han descarado convirtiéndose en todo lo contrario a lo que proponía Gómez Morín. Son un partido pragmático que se aprovecha de los recursos públicos para hacer campaña sin el menor empacho, hacen negocios a escondidas del pueblo; con el dinero del pueblo, se deshacen de sus opositores hasta del mismo partido y pagan el precio que sea para lograrlo.

En la mismísima tierra de Batopilas, las urnas de Acción Nacional fueron víctimas de un artero saqueo de voluntad, se regresaron las boletas manchadas por el fraude, pudo más la ambición que la historia. Por eso los panistas no deben gobernar.

22 de abril de 2009

Numeralia

1 Utilidades netas reportadas por TV Azteca durante el cuarto trimestre de 2008: 863 mdp (cuatro veces más que las logradas en el mismo período de 2007; las utilidades netas anuales de la televisora del Ajusco alcanzaron los mil 51 mdp)

2 Ventas netas reportadas por Televisa durante el cuarto trimestre de 2008: 14 mil 741 mdp (lo que representa un crecimiento de 18.9% respecto del mismo período de 2007; las utilidades netas anuales de la televisora de San Ángel alcanzaron los siete mil 803 mdp)

3 Monto recaudado por Telmex entre 2000 y 2007, mediante el cobro a sus usuarios de la llamada local de servicio medido –a manera de “excedente” sin fundamento alguno– en las llamadas de larga distancia y a celulares, según la Canitec: más de 103 mil 200 mdp

4 Spots transmitidos durante las precampañas de este año, según las cifras de la CIRT: seis millones 24 mil 960 (y todavía faltan 17.3 millones, a transmitirse hasta el 5 de julio)

5 Cantidad de ocasiones que el secretario ejecutivo del IFE se ha reunido off the record con los reporteros de la fuente: una, en los meses que lleva en el cargo.

6 Pérdidas registradas por el periódico San Francisco Chronicle durante 2008: 50 mdd (y las de 2009, según las previsiones, podrían ser peores)

7 Nivel de las ganancias del grupo Washington Post Co –editor del diario The Washington Post– registrado durante el cuarto trimestre de 2008: 18.8 mdd (en comparación con los 82.9 mdd registrados en igual período de 2007)

8 Despidos de trabajadores del periódico ABC anunciados para las próximas semanas por el Grupo Vocento: 238 (84 periodistas de redacción, 48 trabajadores del área de gestión y 106 de talleres)

9 Ejemplares de The New York Times vendidos al día: un millón (cada suscriptor gasta 700 dólares anuales en el periódico impreso, a pesar de que 70% consulta diariamente el portal gratuito)

10 Porcentaje de los ingresos de este periódico que representa su versión impresa: 88% (su versión en línea aporta 12% de las ganancias de publicidad de la compañía)

11 Despidos anunciados por la editorial McClatchy –propietaria del diario The Miami Herald y 30 periódicos más–, en el marco de la transición encaminada a convertirla en una empresa híbrida de medios impresos e Internet: mil 600, algo así como 15% de su fuerza de trabajo (el plan incluye la cancelación de bonos a ejecutivos, reducciones a los salarios y recortes a los gastos)

12 Costos de indemnización previstos por McClatchy derivados de dichos despidos: 30 mdd

13 Monto por el que The New York Times ofrece parte de sus oficinas ubicadas en Manhattan, en la modalidad de “venta-alquiler” por un plazo de 15 años: 225 mdd (la transacción comprende 21 pisos del edificio del periódico, que cuenta con 52 plantas)

14 Años de prisión a los que fue condenado Muntazer Zaidi, el periodista iraquí lanzara sus zapatos contra George W. Bush –a manera de “beso de despedida”– en una conferencia de prensa en Bagdad: tres

15 Nuevos clientes que hacen de Telcel la gran ganadora en la portabilidad numérica: 63 mil 90 (a la fecha, Telefónica ha perdido 55 mil; Iusacell, mil 504, y Unefon, seis mil 633)

16 Rating obtenido por la edición 81 de la entrega de los Oscares en los mayores mercados de televisión en Estados Unidos: 23.4%, según Nielsen Media Research (cerca de 6% más que en 2008, cuando el acto captó 32 millones de televidentes)

17 Usuarios que han cambiado de proveedor de servicios de telefonía desde la entrada en vigor de la portabilidad numérica, según la Cofetel: 357 mil 547 (de entonces a la fecha, sólo se han presentado 114 quejas)

18 Temporadas con que Los Simpson podría llegar a convertirse en la serie más longeva de la televisión en EU: 22

19 Personas de cada cien que utilizan Internet en el mundo: 23


1 y 2, La Jornada (27 de febrero); 3, El Universal (11 de marzo); 4, La Jornada (13 de marzo); 5, etcétera; 6, La Jornada (26 de febrero); 7, La Jornada (26 de febrero); 8, La Jornada (4 de marzo); 9 y 10, Reforma (9 de marzo); 11-13, La Jornada (10 de marzo); 14, La Jornada (13 de marzo); 15, El Universal (6 de marzo); 16, El Universal (24 de febrero); 17, El Universal (27 de febrero); 18, La Jornada (28 de febrero); 19, Milenio (16 de marzo).

Partidos: el poder los iguala

José A. Crespo

Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre ellos. Ahí están temas tan polémicos como la energía o el aborto.

Algunos comunicadores y columnistas, tras hacer una crítica a tal o cual partido, sea por corrupción, irresponsabilidad, cinismo o impunidad, terminan con la frase “el poder los iguala” y enfatizan que, en lo esencial, se comportan de manera muy parecida. Nuestra democracia simulada es como un auto al que nadie podría negar su calidad de tal… pero que no funciona. Y los partidos son piezas intercambiables en ese inoperante mecanismo. Cuando cambian de lugar (de la oposición al gobierno o viceversa) practican lo que antes condenaban. Y eso afecta los incentivos ciudadanos para sufragar por uno u otro partido. Sostiene la teoría racional del comportamiento electoral (uno de cuyos autores clásicos es Anthony Downs, con su Teoría económica de la democracia) que, para que el voto sea racional, el costo de sufragar debe ser menor que la ganancia esperada y que el elector perciba diferencias suficientes entre las opciones políticas. De lo contrario el sufragio pierde sentido. Por eso el IFE invita a los ciudadanos a informarse, comparar las ofertas, reflexionar cuidadosamente sobre ellas y, finalmente, decidir por cuál opción votar. Ese es justo el ideal del votante racional. Pero podemos suponer que pocos ciudadanos seguirán esos pasos, pues el costo en tiempo y esfuerzo de ello es enorme.

Con todo, sí hay suficientes especificidades programáticas e ideológicas entre los partidos. Ahí están temas tan polémicos como la energía, el aborto o la despenalización de las drogas, que reflejan las diferencias partidarias. ¿Por qué entonces algunos electores habrían de concluir que no hay diferencias entre los partidos y decidir, por tanto, no votar por ninguno? En primer lugar, porque una cosa es lo que las plataformas electorales prometen y muy otra lo que hacen los partidos en los hechos. Frecuentemente sus propuestas quedan olvidadas, relegadas o durmiendo el sueño de los justos en la congeladora parlamentaria. Otras veces los partidos negocian o sacrifican sus respectivas propuestas, por cálculos políticos y traicionan en cierta medida a sus electores. Por ejemplo, la iniciativa energética de Felipe Calderón quedó totalmente disminuida, desvirtuada y, aún así, el PAN dio su voto aprobatorio, para después renegar de dicha reforma. Otro tanto ocurrió con la electoral, que el PAN denuncia como violatoria de la libertad de expresión (por prohibir las campañas sucias), pero no explica por qué votó a favor. El PRD capitalino, en tiempos de Andrés López Obrador, se negó a apoyar la ley de sociedades de convivencia pese a estar contemplada en su ideario, también por un cálculo político-electoral. Y en la plataforma de muchos partidos está la reelección como oferta, sin que a la fecha se haya reinstaurado ese mecanismo esencial de rendición de cuentas políticas.

En cuanto al comportamiento político de los partidos, pues tampoco hay demasiadas diferencias. Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos. Pero eso no sólo durante la confrontación con los partidos rivales, sino incluso dentro de sus filas. Ahí están las sucias elecciones internas del PRD, pero también los dedazos y palomeos de las candidaturas del PRI, y el evidente intento de prominentes panistas por evitar que Javier Corral —uno de los pocos del PAN congruentes con el historial democrático de ese partido— llegara a la Cámara baja, para lo cual se recurrió a las muy priistas casillas zapato en Batopilas, la tierra de Manuel Gómez Morín (que tuvo la fortuna de no ver cómo, el partido que él fundó, ha desvirtuado y abdicado de su tradición democrática). En materia de rendición de cuentas, todos los partidos protegen a los suyos e intercambian entre sí cartas de impunidad. Germán Martínez Cázares recuerda ahora cómo los priistas en su momento no llamaron a cuentas a los ex presidentes Echeverría, Díaz Ordaz, López Portillo o Salinas de Gortari, lo cual es cierto. Pero utiliza ese argumento como pretexto para justificar por qué el PAN niega y oculta los excesos y el tráfico de influencias bajo el gobierno de Vicente Fox.

Quizá lo que mejor expresa que ni los partidos toman demasiado en serio sus principios e ideario es el intercambio de figuras, candidatos, personajes, que saltan con desparpajo de un partido a otro. Ejemplos sobran: pueden transitar, por ejemplo, del PRI al PRD y después al PAN y luego al Verde o al PT o a donde haga falta, para tener una nueva oportunidad de continuar en el negocio. Eso, sin previa explicación de cómo y por qué sus profundas convicciones sufrieron una transformación tal, que los empuja a buscar otras trincheras ideológicas. Pero el problema no está sólo en los tránsfugas, sino en los partidos que los reciben, en busca de votos. La adopción del líder sindical Valdemar Gutiérrez por el PAN es un ejemplo reciente de ello. Acción Nacional siempre condenó el corporativismo, pero ya en el poder vio más conveniente aliarse con él, en lo posible. La alianza de fondo con Elba Esther Gordillo, aún vigente, lo demuestra con claridad. Y el PRD suele recibir personajes que representan lo peor del PRI. Vienen finalmente las coaliciones partidarias de chile, dulce y manteca: el PT con el PRI; el Panal a veces con el PRI, a veces con el PAN; el Partido Socialdemócrata con su antítesis ideológica, el PAN, en alguna delegación capitalina; el Verde con quien se deje engatusar. De esa forma, los partidos nos mandan un mensaje muy claro: sus principios e ideario son un mero trámite burocrático para mantener el registro y suscribir candidatos a los comicios.Lo que importa es acceder al poder y obtener la mayor parte posible del botín político, para lo cual solicitan nuestro voto. Son los partidos los que borran sus diferencias en la práctica y restan en esa medida el sentido de sufragar por alguno de ellos.

Incurren, cuando pueden, en trampas y argucias electorales para hacer triunfar a sus prospectos.

21 de abril de 2009

Poderes fácticos

María Amparo Casar

La política es el espacio público por excelencia. No importa la definición que se adopte ni el ángulo desde el cual se analice, el referente siempre es “lo público”. La política como espacio público está sujeta a la colonización por parte de intereses privados, que ejercen una presión constante por verse beneficiados. La diferencia de calidad entre una democracia y otra es el grado en que esto ocurre. Una sociedad más democrática regula y resiste mejor la intervención de intereses privados y la existencia de privilegios en la esfera pública. Etimológicamente, privilegio quiere decir precisamente “ley privada”, y puede entenderse de dos maneras: como un derecho especial o inmunidad otorgada por la autoridad o como un poder especial que deriva de la posición económica, social o política.1 Ambos tipos de privilegios determinan qué tan público es el espacio público o qué tan capturado está. En México están presentes, de manera muy extendida, los dos privilegios: permisos que otorga la ley a ciertos sectores y ventajas que derivan de la posición de poder.

Los procesos de transición democrática aspiran a reducir los privilegios acumulados en periodos autoritarios y a disminuir el grado de influencia de políticos y grupos de interés. La transición mexicana no es la excepción. Tanto las reformas electorales como los programas de las fuerzas de oposición tuvieron entre sus objetivos democratizar la política, transformar no sólo la competencia electoral sino también el ejercicio del poder y la rendición de cuentas: devolverle al ciudadano capacidad de decisión sobre las políticas públicas.

La tesis que se propone en este ensayo es que la transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.2

Las transiciones políticas democráticas cambian el poder político de jure pero no necesariamente, o no en la misma proporción, el poder de facto.3 Las instituciones políticas pueden pasar de ser no democráticas a democráticas y cambiar la distribución del poder político de jure. Pero esto puede tener poco impacto en el ámbito del poder político de facto porque, ante ese cambio, las elites tienden a invertir más en su poder real mediante el cabildeo, el control del sistema de partidos, la corrupción, la intimidación o las amenazas y, finalmente, en el uso de la fuerza.

La política se trata, al fin de cuentas, de “a quién le toca qué”. Para saberlo hay dos caminos: o se evalúa la forma en que se toman las decisiones o se evalúa quién las tomó a partir de los resultados. El mejor camino es analizar qué le toca a cada quien para ver quién estuvo detrás de la decisión.4 Este ejercicio permite observar, valga la redundancia, el poder de los poderes fácticos, el grado en que estos poderes se han apoderado del espacio público.

Durante la transición mexicana a la democracia las instituciones políticas experimentaron una gran transformación. El espacio de la política es más público de lo que era en términos de representación. La transición amplió no sólo el número de partidos sino también el espectro ideológico de los mismos. Las sucesivas reformas políticas abolieron privilegios, en particular el privilegio de un solo partido a ocupar los puestos públicos, el del presidente a nombrar a su sucesor, el del partido del presidente a decidir las políticas públicas. El enriquecimiento del espacio público por la pluralización de las estructuras del poder federal, estatal y local es innegable. También lo es la expansión de los derechos, la creación de órganos desconcentrados y autónomos que protegen esos derechos, la mayor libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial.

Todavía hay espacio para transformar los poderes formales pero no puede desconocerse que la distribución del poder político responde al principio democrático de un ciudadano un voto, que en la definición de las políticas públicas intervienen varias fuerzas políticas y que los límites al poder presidencial son efectivos.

¿Pueden constatarse cambios de la misma envergadura en los poderes fácticos o éstos han logrado mantener sus privilegios en el espacio público? La respuesta es que el espacio público en México sigue copado por el poder de grupos que sin ninguna investidura, representación o delegación democrática tienen poder de imponer o modificar decisiones que afectan el interés público.

Uno de los primeros análisis sobre estos poderes se encuentra en La democracia en México, de Pablo González Casanova,5 donde se presentaba ya una visión realista del poder, echando por tierra la idea de un poder presidencial ilimitado. González Casanova diferenciaba los poderes formales de los poderes reales y examinaba su peso en las decisiones gubernamentales. Describía, en particular, el poder de caciques locales, del ejército, del clero, de los latifundistas y de los empresarios nacionales y extranjeros. A ellos habría que agregar hoy, cuando menos, los grandes sindicatos, los monopolios públicos, los oligopolios, las empresas dominantes y, en el ámbito de la ilegalidad, el crimen organizado y el narcotráfico.

Los poderes reales, capaces de limitar la autonomía y, en casos extremos, la soberanía del Estado, comparten ciertas características.

Primero, no dependen de la voluntad de los ciudadanos ni de sus representantes, pero condicionan la representación.

Segundo, no son parte formal del proceso de toma de decisiones, pero tienen instrumentos para influir de manera desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes públicos, en particular al Ejecutivo y al Legislativo.

Tercero, no tienen representación formal en el Congreso o en el gobierno, pero pueden poner vetos a la acción pública.

Cuarto, crecen al amparo, con el beneplácito cuando no con el contubernio de las autoridades, pero las vuelven su rehén.

Quinto, derivan una “renta” extraordinaria de la que están excluidos otros actores.

Se afirma, con razón, que los poderes fácticos que hoy enfrentan con éxito al Estado no fueron “consecuencia de un sexenio permisivo o de un presidente débil.” Su constitución es el resultado “de un proceso complejo en el que se amalgamaron factores de índole económica, privilegios descomunales arrancados al poder político, eliminación sistemática de la competencia, ausencia de una sociedad civil crítica y organizada, temor de candidatos y funcionarios públicos y falta de claridad gubernamental en el ejercicio del poder”.6

La fuerza de estos poderes fácticos no es privativa de nuestro país, está presente en todas partes, por eso se habla de una clase dominante.7 Lo preocupante en México es el grado de influencia e impunidad que llegan a tener y las consecuencias para el desarrollo económico y político de la nación.8 No se trata única ni principalmente de la acumulación de riqueza en pocas manos sino de que la forma de reproducirla atenta en términos económicos contra la competitividad del país, los intereses de los consumidores y el bienestar de la población y, en términos políticos y legales, contra la igualdad, la transparencia y la democracia.

La conquista del espacio público por la elite económica del país se puede documentar ampliamente. El supuesto liberalismo económico que priva en México tiene mucho por avanzar. Buena parte de los sectores clave para el desarrollo están al margen de la competencia. Disfrutan de una amplia concentración de mercado, de regímenes especiales, de tasas preferenciales o de regulaciones que permiten abusos contra el fisco o contra el consumidor. Además, ahí donde se han establecido órganos reguladores, éstos han sido muchas veces capturados. Todo eso por obra y gracia del propio Estado mexicano.9

En el primer caso, el de una alta concentración de mercado, se encuentran sectores como la televisión, la telefonía y el cemento. En el segundo, el de los regímenes especiales, está el sector de autotransportes y de transporte y carga. En el tercero, el de tasas preferenciales, está la agroindustria. Finalmente, entre las regulaciones abusivas están las que permiten la compra-venta de empresas a través del mercado bursátil que merma la capacidad de recaudación del Estado (City Bank-Banamex) o la subregulación que da a los dueños del sistema financiero altos márgenes de ganancia a través del cobro de muy altas comisiones a sus usuarios.

Las consecuencias de mantener estos privilegios son múltiples. Las empresas de dominancia monopólica constituyen barreras al ingreso o a la expansión de competidores, lo cual se traduce en alzas de precios que afectan a la población y a otros empresarios que se ven en desventaja por pagar insumos por encima del que pagan sus socios comerciales.

El ejemplo de la telefonía es emblemático. Una sola compañía tiene el 91% de los 17 millones de hogares de la telefonía fija y el 72% de la móvil.

Los precios de este y otros insumos de uso generalizado (servicios bancarios y crédito, transporte de carga por carretera, transporte aéreo doméstico, cemento) han sido durante largos periodos sensiblemente mayores a los que registran países con los que México compite en el mercado internacional. Es cierto que a raíz de la devaluación recién ocurrida y que ya ronda el 50% —y siempre y cuando las tarifas no se incrementen— los precios de los insumos se volverán más competitivos. Pero el verdadero desarrollo de la economía debe fincarse en mantener o mejorar la competitividad sin devaluar. Por eso algunos economistas han insistido en que el tipo de cambio debe estar en un nivel que ofrezca la competitividad suficiente para crecer. Un tipo de cambio “fuerte” favorece el consumo y aumenta el poder de compra del salario pero dificulta el crecimiento.

En otros sectores hay datos igualmente alarmantes. Por ejemplo, el cemento gris y los servicios de internet costaban a los mexicanos más del doble que a los norteamericanos.

En el sector telecomunicaciones, la televisión tiene también una alta concentración de mercado. Aunque ésta no tiene necesariamente un impacto en el potencial de crecimiento de la economía, sí constituye otro caso de apropiación del espacio público en tanto sólo dos empresas concentran el poder para entretener, educar e informar a la población. Este poder se potencia cuando sabemos que en su mayoría (62%) la población se informa a través de la televisión y sólo un 10% reporta informarse a través de los periódicos.

No se trata de que sean empresas privadas. Por diversos motivos, los monopolios públicos también han ofrecido insumos a precios más altos que los de otras economías similares o de nuestros socios comerciales. Por ejemplo, hasta antes de la devaluación las tarifas eléctricas que pagaban los mexicanos estaban muy por encima de las de su principal socio comercial.

Importar cemento, generar electricidad, buscar petróleo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de televisión o crear un banco competitivo (y no vinculado a otra megaempresa) es prácticamente imposible en México hoy.10

Otro ejemplo claro de cómo los poderes reales mantienen privilegios es el régimen fiscal. No es sólo que México siga siendo uno de los países con un menor nivel de recaudación. Es el hecho, como lo muestra el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de que la política fiscal en México no contribuye a aminorar la ya de por sí desigual distribución del ingreso Así, mientras que a través de la política fiscal los países miembros de la OCDE reducen en promedio la desigualdad en alrededor de 20 puntos —medida por el índice de Gini— México sólo la reduce en 1.6 puntos.11

Los privilegios que describimos no se circunscriben a la esfera económica. Son característicos también de las viejas estructuras corporativas que fueron sostén del régimen priista.

Los grandes sindicatos públicos, por ejemplo, son una suerte de monopolios privados que no sólo acumulan riqueza sino que frenan el desarrollo democrático y económico del país y que constituyen un límite formidable a los poderes institucionales o, peor aún, que se alían a ellos para mantener el statu quo. Aquí también hay una gran variedad de situaciones pero todas ellas apuntan al mismo fenómeno: el de los privilegios. Privilegios políticos, económicos, contractuales, fiscales, de transparencia, salariales, laborales, legales.

Los grandes sindicatos de industria, especialmente los de las empresas paraestatales, se han convertido en un freno para el desarrollo del país. Los privilegios que mantienen se han convertido en un lastre para el mercado laboral.

El caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es ilustrativo de las consecuencias que tienen los privilegios sindicales sobre el bienestar de la población y sobre el futuro del mercado laboral. Aun cuando el sindicato magisterial no es el único responsable de la calidad educativa del país, los muy deficientes índices que México presenta en este sector no son ajenos a la presión que tradicionalmente el sindicato ha ejercido para impedir una reforma educativa de fondo.

Además, la gran mayoría de los sindicatos ha podido sustraerse al avance que se ha impuesto a las propias instituciones de gobierno: la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los monopolios públicos y privados, entre los cuales, hay que insistir, se cuentan los sindicatos, han hecho tanto o más daño que los pleitos y la falta de acuerdos entre la clase política, entre los partidos, entre los legisladores y entre el presidente y el Congreso. Son tan responsables como los partidos y legisladores de haber impedido el paso de las reformas estructurales, de las que tantas veces se dice depende el crecimiento del país. De ellos ha dependido también que no se avance más rápido en la competitividad, en el crecimiento, en el combate a la pobreza y en la distribución del ingreso.12

Además de los monopolios, de los sectores empresariales beneficiados por regulaciones laxas o hechas a la medida y de sindicatos que han amasado privilegios, el espacio público también ha sido tomado por organizaciones clientelares y movimientos que comparten las mismas características con lo que en páginas anteriores se definió como poderes fácticos.

Se trata de organizaciones y movimientos que secuestran las calles, parques o edificios públicos afectando tanto derechos de terceros como el funcionamiento mismo de las instituciones, sin sufrir las consecuencias de actuar al margen de la ley.

Tal es el caso, por ejemplo, de los vendedores ambulantes que se han apropiado de importantes franjas de la vía pública o de los “franeleros” que han hecho suyas las banquetas de las principales ciudades. Lo mismo puede decirse de los movimientos sociales que toman plazas y arterias de la ciudad para impedir la puesta en marcha de políticas públicas con las que no están de acuerdo o de manifestantes que toman con lujo de violencia los recintos parlamentarios para obstaculizar o impedir el desempeño de sus labores.

Los recursos de los poderes fácticos son distintos según del sector de que se trate. Los grandes empresarios derivan su fuerza de su posición económica y tienen en sus manos los recursos de retener o trasladar la inversión y, en última instancia, de la fuga de capitales. Los sindicatos —o más precisamente las elites sindicales— hacen valer sus intereses no sólo a través de su poder financiero y su legítimo derecho a huelga sino también de la opacidad de sus finanzas y la secrecía de sus decisiones, la movilización del voto, la captura —o incluso creación— de partidos, y las marchas y manifestaciones que literalmente bloquean el espacio público.

Luchar por los intereses particulares, de grupo o de clase, es un recurso legítimo de toda democracia y como tal hay que defenderlo. Los derechos de las personas para asociarse, para expresarse y para defenderse contra actos de las autoridades o de decisiones que los afectan son consustanciales a la democracia y hay que respetarlos e incluso ampliarlos. Pero hacerlo en condiciones especiales o a partir de la acumulación de privilegios es contrario al principio de igualdad que también caracteriza a la democracia.

La democracia en México ha dado un salto gigantesco en las últimas dos décadas. Lo ha hecho, fundamentalmente, por la vía de las reformas electorales que al introducir condiciones equitativas para la competencia permitieron dar a las instituciones de representación popular la pluralidad propia de una sociedad heterogénea con proyectos alternativos de nación. Esto, a su vez, permitió que se hicieran realidad los principios de división de poderes y de pesos y contrapesos que definen a los sistemas presidenciales.

Pero las sucesivas reformas políticas han dejado prácticamente intactos a los poderes reales cuya regulación, hasta el momento, no es parte de la agenda pública. Es un tema que no está ni en la agenda gubernamental ni en la de las principales fuerzas políticas. Baste como botón de muestra lo sucedido con la llamada ley antimonopolios cuya aprobación se ha detenido gracias al cabildeo efectivo de los sectores empresariales que se verían afectados por ella.
El signo partidario de los gobiernos no cambia sustancialmente la relación con los poderes reales. Basta señalar, que cada uno de los principales partidos sostiene una relación “especial”, basada en la falta de transparencia y la permanencia de privilegios, con algún sindicato grande. El PRI con el sindicato petrolero, el PAN con el de la educación y el PRD con el de los electricistas.

El proceso de democratización del país no quedará saldado si persisten los privilegios que, paradójicamente, a menudo están amparados por la ley, y muchas veces protegidos por los mismos poderes públicos. Para eliminar o al menos disminuir los privilegios hay dos vías. Una, reformas legales que pongan fin a concesiones, prerrogativas y ventajas que no tienen lugar en las sociedades democráticas y eficientes: leyes de competencia, reformas fiscales progresivas, leyes laborales modernas, ampliación de los sujetos obligados por la ley de transparencia e incluso ley de partidos. La otra vía es la de los acuerdos entre las elites política y económica en la dirección de un pacto por la productividad, la competitividad, la libertad y la equidad de los actores que concurren al espacio público.


María Amparo Casar. Doctora en ciencias políticas por la Universidad de Cambridge. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.








































UNA VERSIÓN MÁS AMPLIA DE ESTE ENSAYO APARECERÁ PRÓXIMAMENTE EN EL LIBRO QUÉ TAN PÚBLICO ES EL ESPACIO PÚBLICO, COORDINADO POR MAURICIO MERINO Y AUSPICIADO POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.



1 Inmunidad es el estatus que sitúa a una persona o cuerpo más allá de la ley. En contraste, un derecho es algo inherente e irrevocable que pertenece a toda persona o ciudadano.
2 Véase Daron Acemoglu y James A. Robinson, A. Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, Nueva York, 2006.
3 En otro estudio, Acemoglu y Robinson demuestran que cuando las elites que monopolizaban el poder político de jure pierden sus privilegios, pueden seguir ejerciendo una influencia desproporcionada en la política y asegurar la permanencia de las instituciones económicas previas a la transición: “Persistence of Power, Elites and Institutions”, Unpublished Paper, 2006. Ver también, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”, Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(4), pp. 1231-94.
4 William Domhoff, The Powers That Be, Vintage Books, 1979.
5 Pablo González Casanova, La democracia en México, Ediciones Era, México, 1965.
6 Fátima Fernández Christlieb, ponencia presentada en el coloquio internacional “La Democracia Moderna: Entre Finanzas Bárbaras, Poderes Fácticos y Crisis de Representación”, Centro de Estudios Latinoamericanos, FCPyS, UNAM, México, 26 octubre de 2006.
7 Los argumentos de Wright Mills y Domhoff en esta dirección siguen vigentes. C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford University Press, 1956, y William Domhoff, The Powers That Be, Vintage Books, 1979.
8 Al respecto ver Luis Rubio y Verónica Baz, El poder de la competitividad, FCE-CIDAC, México, 2005.
9 De hecho, si observamos el listado de las empresas más grandes del país —eliminando a los monopolios estatales que también tienen consecuencias perversas para el crecimiento— puede verse claramente que muchas de ellas derivan de concesiones o ventas gubernamentales, o bien se encuentran en sectores en los que la competencia se ha limitado seriamente (televisoras, telefonía, ferrocarriles, grupos aeroportuarios, aerolíneas)
10 The Economist, “Time to Wake Up”, noviembre 18-24, 2006.
11 Perspectivas Económicas para América Latina, OCDE, 2008. Véase la nota al respecto de Carlos Márquez Padilla: “Impuestos sin beneficio”, en nexos, núm. 374, febrero 2009.
12 María Amparo Casar, “Nuevo mapa del poder político”, nexos, núm. 334, agosto 2006.


20 de abril de 2009

La Cumbre de las Américas: Una oportunidad perdida

Mary Anastasia O'Grady

Si la meta del presidente Barack Obama en la quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago este fin de semana era caerle mejor a los dictadores de la región y a los populistas de izquierda que su predecesor George W. Bush, la Casa Blanca puede anotarse una victoria.

Si, por otra parte, el comandante en jefe buscaba expandir los ideales estadounidenses, las cosas no salieron bien. A medida que la prensa informaba, Obama parecía ser bien recibido. Pero el país más libre de la región fue vapuleado por la Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales y la Nicaragua de Daniel Ortega.

Desde que Bill Clinton organizó la primer Cumbre de las Américas en Miami en 1994, esta reunión regional ha estado en declive. Pareció tocar fondo en 2005 en Mar del Plata, Argentina, cuando el presidente Nestór Kirchner permitió que Chávez y sus aliados revolucionarios de la región organizaran una masiva fiesta de odio y quema de banderas estadounidenses en un estadio cercano con la meta de humillar a Bush. Este año las cosas empeoraron con los abusadores de la región acaparando la atención y Obama dejando pasar una oportunidad única para defender la libertad.

Obama tenía que saber que la reunión es usada por los políticos de la región para energizar sus bases en sus países al mostrarles que pueden poner al Tío Sam en su lugar. Al darse cuenta de eso, el presidente estadounidense podría haber llegado a Puerto de España preparado para devolverles el servicio. Después de todo, ellos han tolerado e incluso alentado por décadas a uno de los regimenes más represivos del siglo XX. En los últimos años, la represión se ha expandido de Cuba a Venezuela y hoy millones de latinoamericanos viven bajo tiranía. Como el líder del mundo libre, Obama tenía el deber de hablar por esas almas sin voz. En esto, fracasó.

El tema de Cuba fue un oponente que el presidente estadounidense podría haber noqueado en el primer round. El sabía con anterioridad que sus contrapartes lo presionarían para que terminara el embargo a la isla. Incluso se preparó para este hecho unos pocos días antes de la cumbre al levantar, incondicionalmente, las restricciones de viaje y remesas desde EE.UU. a la isla y ofreciendo a las compañías de telecomunicaciones la posibilidad de llevar la tecnología a esta atrasada isla.

¿Cree que eso ayudó a mejorar la imagen de EE.UU. en la región? Ni un poco. Raúl Castro respondió el viernes desde Venezuela con una larga diatriba en contra del opresor yankee y una fría oferta para negociar en términos "iguales". En caso que no hable cubano, yo le traduciré: Los hermanos Castro desean créditos de los bancos estadounidenses ya que han declarado cesación de pagos con los bancos del resto del mundo y nadie desea prestarles. También desean ayuda extranjera del Banco Mundial.

Cualquiera que crea que Raúl está considerando elecciones libres está soñando. Sin embargo, la sugerencia de Cuba de poner "todo" en la mesa se convirtió en la "noticia" de la cumbre. Aunque es cierto que Obama mencionó a los prisioneros políticos en su lista de puntos que el gobierno estadounidense desea negociar, podría haber hecho mucho más. De hecho podría haber desafiado la retórica de Raúl al arrojar luz sobre los prisioneros de conciencia, al dar nombres. Él podría haber hablado de hombres como el pacifista afrocubano Oscar Elías Biscet, quien ha escrito elocuentemente sobre su admiración por Martin Luther King Jr., y hoy está en la cárcel por el crimen de disidencia.

El primer presidente negro de Estados Unidos podría haber nombrado a cientos de otros que están siendo retenidos en condiciones inhumanas por el dictador blanco. También le habría pedido al presidente brasileño Lula da Silva, la presidenta chilena Michelle Bachelet y el mexicano Felipe Calderón cuál es su posición sobre los derechos humanos para todos los cubanos. Imagine si Obama hubiera pedido que levantaran la mano para saber quién cree que los cubanos merecen menos libertad que digamos la mayoría negra de Sudáfrica bajo el apartheid o los chilenos bajo la dictadura de Pinochet. Claro, esa no sería la forma de ganar un concurso de popularidad o de agraciarse con sus simpatizantes estadounidenses que están listos para hacer negocios en Cuba.

En cambio, el presidente estadounidense simplemente flotó por el río de la cumbre, rebotando pasivamente de cualquier obstáculo que encontraba. El "regalo" de Chávez, el manual revolucionario de izquierda de 1971 Las Venas Abiertas de América Latina, seguido de una sugerencia de renovar las relaciones diplomáticas fue un insulto al pueblo estadounidense. Por supuesto, darle atención al venezolano habría sido contraproducente. Pero Obama debería haberse quejado a viva voz de la agresión de este país. Venezuela ha apoyado a los terroristas colombiano, el tráfico de drogas y las ambiciones nucleares de Irán. Como el ex director de la CIA Michael Hayden le dijo al programa de TV Fox News Sunday, "el comportamiento del presidente Chávez durante los últimos años ha sido horrendo, tanto internacionalmente como con respecto a lo que ha hecho internamente en Venezuela".

Que mal que Obama no tuviera una copia a mano del bestseller de los 90 "El perfecto idiota latinoamericano para regalárselo a Chávez. Otra forma en la que Obama podría haber neutralizado a la izquierda habría sido anunciar un impulso de la Casa Blanca a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia. Eso tampoco sucedió. Él sólo prometió hablar más, una estrategia que no ofende a nadie y no consigue nada. Es una estrategia que resume, hasta la fecha, la política exterior de Obama para la región.

Los políticos europeos buscan amigos a través de Facebook

Por Léa Khayata - Paris Traducción: susana merino



Europa según Facebook

Las páginas personales, los grupos y los acontecimientos vinculados a las elecciones europeas se multiplican en Facebook. ¿Se convertirá en un nuevo sitio para el debate transeuropeo la plataforma de Internet que reúne en Europa a 41,7 millones de usuarios?
ENFOQUE

Facebook, el sitio web de conexión social, es cada vez más atractivo para los candidatos a las elecciones europeas, que tendrán lugar entre el 4 y el 9 de junio de 2009. Efectivamente, estos políticos pueden beneficiarse con una página específica personalizada. A la inversa de lo que sucede con los perfiles habituales, estas páginas no tienen amigos sino seguidores. A través de ellas, Facebook se convierte en un medio particularmente eficaz para darse a conocer gracias a una breve biografía y a cotidianas actualizaciones mediante artículos 'periodísticos' referidos a la actividad política. Los éxitos de esta modalidad varían enormemente de una persona y otra. La página de Daniel Cohn-Bendit, candidato de los verdes europeos, cuenta con 750 miembros. Su colega popular Cem Özdemir llega a los 2.059.

Mientras tanto, José Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea y candidato a sucederse a sí mismo, no tenía más que un centenar de 'facebookeros' apoyándolo en su perfil Facebook. el portavoz de Barroso, Alain Bloedt ha declarado que su página en facebook no responde ni a la iniciativa del presidente Barroso ni a la de la Comisión. Por ello ha sido recientemente clausurada -sin que se sepa si el equipo de Barroso ha tenido algo que ver en ello- por usurpación de identidad. En efecto, en Facebook cualquiera puede asumir la identidad de otro. Fue un estudiante de Ciencias Políticas, un noruego de 26 años, Frank Jorgensen Wold, quien tuvo la idea. La página de Barroso se renovaba cotidianamente. "Hacerlo solo me lleva 45 minutos por semana. Es muy fácil crear y mantener una 'página de fans'. Más gente debería hacerlo", declaraba Franck antes del cierre de su página pro Barroso.
¿Un debate democrático?

Los candidatos no son los únicos que se han apropiado del espacio de debate que ofrece Facebook. Un grupo que anima a los ciudadanos a inscribirse en los padrones electorales reúne ya 6 mil miembros de toda Europa. En su página se halla también un llamado al voluntariado para coordinar el recrutamiento en cada país. Las informaciones relacionadas con la comunidad europea son regularmente actualizadas. Facebook se convirte así en además de medio de comunicación en un medio de información.

Un joven de Luxemburgo retoma la campaña en Internet a su manera: "¿A qué debería parecerse internet?"Un joven de Luxemburgo retoma la campaña en Internet a su manera: "¿A qué debería parecerse internet?" | (Cédric Puisney)

Un bloguero francés de nombre Luc Mandret ha creado un grupo sobre ese tema que reúne ya a más de 2.000 personas. Explica así sus razones: “Creé este grupo con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía con varios meses de anticipación sobre la existencia de las elecciones europeas. Constituyen siempre una de las elecciones más esquivadas por los votantes. Espero y me gustaría que se puedan entablar debates en el grupo y que los internautas puedan informarse, comprender mejor Europa y encontrar motivos para decidirse a votar”. Se ha hecho especialmente hincapié en una invitación enviada a cerca de 10 mil personas en la que se les informa sobre fechas, lugares y horarios para participar en las elecciones. La gente también puede discutir sobre esa página. Un residente croata deplora no formar parte aún de la UE "pero espero poder votar pronto".

Facebook constituye una nueva plataforma en que todos los ciudadanos de los países miembros pueden juntos discutir sobre Europa. Pero Frank Jorgensen Wold alerta sobre el exceso de optimismo. Facebook como lugar de debate puede mejorar mucho todavía. Es cierto que, en la actualidad, los usuarios solo pueden publicar comentarios que se van incorporando cronológicamente. En los sitios de los foros especializados, por el contrario, un moderador organiza y modera el debate. Frank deplora que áun exista esta laguna en Facebook. Si continúa agrupando a más y más personas y el sitio continúa controlando la información sin permitir el debate, puede terminar por plantear un problema democrático.

Crisis de medio sexenio

José A. Crespo


La izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato llegara a la Presidencia


Fue en 1976 cuando el país inició un ciclo de diversas crisis de fin de sexenio, cada una más grave que la anterior. A veces dicha crisis fue sólo económica, otras sólo política, y en ocasiones de ambos tipos. En ese 1976 empezó a mostrarse el agotamiento del modelo de desarrollo que impulsó Miguel Alemán en 1946. En 1982 se generó la peor crisis desde 1929. En 1988, a la crisis económica —nueva devaluación, depauperización y elevada inflación— se le sumó otra político-electoral de gran envergadura. En 1994, otra crisis política —con estallido guerrillero y asesinato del candidato oficial—, culminó en una grave crisis económica. Finalmente, las medidas políticas y económicas tomadas por Ernesto Zedillo —un blindaje eficaz— permitieron llegar al primer fin de sexenio —en décadas— sin crisis una política ni económica. Era una gran oportunidad para superar el fatídico ciclo de caídas sexenales: había entusiasmo, confianza, credibilidad y legitimidad. Pero el Presidente en turno tenía que trabajar para ello, tomar las providencias necesarias, respetar las reglas escritas y no escritas de la nueva dinámica democrática.

Vicente Fox tenía conciencia de lo que las crisis previas habían representado al país: “Todos traemos todavía en la cabeza el descalabro aquel de 1994, nunca más queremos volver a vernos en aquellas circunstancias” (28/XI/03). Pero, debido a su ignorancia de la política y su falta de congruencia democrática, creyó que, se hiciese lo que hiciese, no volveríamos a caer en otra crisis: “La democracia es el bien máximo y una conquista que es irreversible” (1/XII/04). Sí, la democracia es un invaluable bien político, pero quién sabe de dónde sacó Fox que era irreversible. Al menos toda la literatura relativa a las transiciones democráticas advierte sobre la posibilidad de que, de ser descuidada, puede dar pasos para atrás y, en el extremo, venirse abajo.

Pero, con la premisa de la irreversibilidad de la democracia, no vio mayor problema en romper el frágil acuerdo democrático sentado durante el gobierno de Zedillo entre las diversas fuerzas políticas, al utilizar el aparato estatal para fines político-electorales, con el desafuero de Andrés López Obrador. Incluso, justo tras fracasar en ese lance, declaró: “Hoy México da ejemplo al mundo de legalidad… y fortaleza de sus instituciones” (7/VI/05). Todo lo contrario. Había quedado claro al mundo que el famoso “desafuero” tenía intencionalidad política, más que legal. Y, sobre todo, la izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato alcanzara la Presidencia. Eso predispuso a la izquierda y le sembró la convicción de que el primer gobierno de la alternancia intentaría pasar por encima de las reglas democráticas, pactadas por todos en la administración anterior.

Aparentemente, o al menos retóricamente, Fox, como antes Zedillo, estaba consciente de lo importante de la apertura política para preservar la estabilidad en general; la cerrazón implicaría nuevos problemas, tensiones, conflictos, que eventualmente podrían vulnerar la seguridad del país en diversos ámbitos: “Nunca más queremos ver o volver a ver quebrantos como aquel de diciembre de 1994… El mayor blindaje para el país el próximo año, será la realización de comicios tranquilos, alegres, de fuerte participación ciudadana, democráticos, confiables y apegados a la ley” (26/IX/05). En efecto, los comicios exitosos eran la mayor garantía de estabilidad nacional. Pero Fox mantuvo esa apertura sólo en el discurso, al repetir como mantra que la sucesión iba bien y la estabilidad estaba asegurada: “La estabilidad política y económica de México… gane quien gane las elecciones presidenciales de 2006” (9/II/05). Y varias veces aseguró que “La sucesión del 2006 va igualito que la del 2000” (2/XII/03). Sí, igualito. Y prematuramente cantaba victoria: “Se han disipado las tormentas, se ha aclarado el tiempo” (18/XII/04). En la víspera de la elección, cuando el clima estaba ya sumamente polarizado y ríspido, aseguraba que “el año 2006 va a ser un buen año, no será un sexto año de Gobierno como fueron otros” (17/IV/06). Después de los comicios, y habiendo fracasado por perderse el consenso sobre quién había ganado, minimizaba el conflicto resultante, al decir que se reducía “a una calle del país, nada más. Yo no le llamaría polarización a eso, sino debate democrático” (23/VIII/06). Bien por ese debate, como también calificaban los priistas el conflicto posterior a 1988. Por eso, lo de insistir en que se había evitado una nueva crisis de fin de sexenio (no sólo económica, sino política), podía augurar que “México tendrá en Felipe Calderón sus mejores seis años de la historia, porque llevará 12 sin crisis, sin devaluación, con estabilidad social (12/II/2007). Ojalá así hubiera sido, pero ahora es evidente que no. ¿Es la crisis económica responsabilidad de Fox o de Calderón? No. Viene del norte. Pero los excedentes del petróleo, que en esos años fueron muy elevados, fueron despilfarrados por Fox, y se perdió así una nueva oportunidad de fortalecimiento económico. En cambio, la crisis política que polarizó al país y aún se hace sentir, sí fue responsabilidad sobre todo de Fox (aunque también, en menor grado, de Calderón y de López Obrador, por distintas razones). ¿Y la crisis de seguridad, derivada de la lucha contra el narcotráfico? Pues sabemos que la militarización y la profundización de ese combate fue un recurso de Felipe para compensar su insuficiente legitimidad electoral. Ahora ha salido de control. El caso es que hoy enfrentamos una nueva crisis económica, política y de seguridad. No es una crisis de fin de sexenio, como las de antes, pero sí de mitad de sexenio. Y las cosas se le pueden complicar al gobierno aún más, si su margen de maniobra se reduce como consecuencia de la elección intermedia, una posibilidad que evidentemente no se puede descartar.

Crecimiento económico y desequilibrios territoriales en Perú ¿Algo está cambiando?

Por María Teresa Gallo Rivera

¿POR QUÉ IMPORTAN LAS DISPARIDADES TERRITORIALES?

EN AMÉRICA LATINA, gran parte de las desigualdades son disfuncionales y, por lo tanto, así deben entenderse también las disparidades territoriales. Las desigualdades disfuncionales aparecen por la escasez de oportunidades, la exclusión social y política de ciertos grupos de la población y otros tipos de discriminación; es decir, son de carácter estructural o histórico. Por el contrario, las desigualdades funcionales surgen en una economía de mercado como resultado de la adopción de riesgos, de la actividad empresarial, de la adquisición de habilidades y del ahorro. Por consiguiente, la desigualdad en América Latina no resulta un hecho natural, sino que es fruto de estructuras regresivas y políticas erradas que la han potenciado. Y es precisamente esta desigualdad y sus consecuentes efectos sobre la economía lo que subyace, sin duda, a las explicaciones de por qué un continente con potencial económico y humano ha producido, hasta el momento, resultados moderados en términos de crecimiento y desarrollo, así como déficits sociales agudos.

Numerosas investigaciones demuestran que las desigualdades en América Latina, entendidas en un sentido amplio (inequidad en la distribución del ingreso y desigualdad en el acceso a los activos productivos, al crédito, al sistema educativo y a las tecnologías de la información y la comunicación), generan efectos regresivos en la economía, en la vida personal y familiar, y en el desarrollo democrático al reducir el ahorro nacional, estrechar el mercado interno, deteriorar la salud pública, impedir la formación de capital humano calificado, menoscabar la confianza en las instituciones básicas y, por otra parte, al ser una de las causas centrales de la pobreza. Pero aún más crítica es la capacidad reproductora de las disparidades a partir de los circuitos perversos de la desigualdad que hacen que las polarizaciones y las estratificaciones tiendan a ampliarse y a perpetuarse.

Hay, por lo tanto, al menos tres razones que justifican la necesidad de poner atención a las disparidades territoriales: 1) razones éticas: si lo que se desea es una sociedad justa, donde el Estado garantice un mínimo de bienestar social, la dimensión territorial es pertinente, ya que hay una estrecha relación entre las desigualdades personales y las disparidades territoriales; 2) razones de legitimidad del Estado: si un grupo social con marcada identidad nacional y acción política se siente maltratado por la distribución desigual de oportunidades, podría desestabilizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad, al considerar ilegítimo el orden establecido; y 3) razones de eficiencia económica: la subutilización de recursos (tierra, mano de obra, infraestructuras y otros) en regiones atrasadas actúa en contra del bienestar del país; dicha subutilización se hace patente, por ejemplo, en menores tasas de participación en el mercado laboral o en la migración hacia regiones más prósperas, lo que genera ineficiencia económica por los altos costos de congestión en el mercado que trae consigo.

Estas consideraciones conducen a que su reconocimiento, así como la identificación de sus causas y posibles alternativas de solución, sea lo suficientemente sólido para llamar la atención sobre su repercusión en el bienestar general. Cabe destacar que la desigualdad puede desacelerar el crecimiento, bien al provocar inestabilidad política o fallas de mercado que, a su vez, pueden llevar a una desaceleración, o simplemente porque las personas tienen aversión a la desigualdad. En consecuencia, la perspectiva del análisis territorial de la desigualdad se caracteriza por poner el acento en la importancia del papel del espacio en las disparidades del ingreso, lo cual permite dejar al descubierto el potencial de las políticas territoriales para gestionar las disparidades personales.

LA “TIRANÍA DE LOS PROMEDIOS”

EN AMÉRICA LATINA Y LA CALIDAD DEL CRECIMIENTO
LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS que tradicionalmente se utilizan en el análisis de las disparidades territoriales hacen referencia a medidas como el PIB per cápita, el PIB por trabajador u otras similares que se centran en la evolución de variables económicas en un “sentido estrecho”, es decir, que no capturan la naturaleza multidimensional de los procesos de crecimiento. Esta simplificación limita la comprensión más amplia de los factores que condicionan el crecimiento económico, más aún en las economías latinoamericanas en las que hay grandes disparidades en la distribución de los ingresos personales —y por tanto territoriales—, de modo que los promedios resultan insuficientes al no revelar las verdaderas dinámicas y tendencias estructurales de las realidades subnacionales.

El análisis del crecimiento y del desarrollo a partir de variables agregadas, como los niveles de consumo, el crecimiento del empleo, las tasas de ahorro y otras, resulta adecuado porque ofrece un panorama general de la economía. Sin embargo, la gran mayoría es resultado de una serie de decisiones que se toman en el marco de la unidad familiar. Por ejemplo, las decisiones de cuántos hijos tener o cuánto ahorrar o consumir, o la incorporación al mercado de trabajo, sin duda, terminan influyendo en el comportamiento de variables agregadas. Así, conocer la dinámica de los territorios desde la actuación de los hogares permite explorar con mayor detalle el entorno en el que se gestan las principales decisiones económicas y sociales, que finalmente tienen repercusión en el ámbito regional y nacional, y, por consiguiente, diseñar las líneas de actuación más convenientes.

Junto con la mayor atención que cobra la escala territorial y familiar en el estudio de las disparidades territoriales, también van adquiriendo interés las nuevas dimensiones y los aspectos determinantes del crecimiento en los estudios empíricos. Esto significa que, si bien el crecimiento económico es imprescindible, no se necesita un crecimiento mayor, sino mejor. En este sentido, los esfuerzos realizados en el ámbito académico por incorporar en los análisis de crecimiento las dimensiones cualitativas del desarrollo —como la esperanza de vida, la tasa de fertilidad, las condiciones ambientales, la desigualdad en los ingresos, las instituciones políticas y religiosas, el capital social y otras— son una buena referencia al respecto.

POTENCIAR LOS ACTIVOS:
UNA VÍA PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL

DE ACUERDO CON EL ENFOQUE basado en los activos, la población pobre carece de activos, o bien sus activos son escasos o poco productivos. Los activos de los hogares son todos aquellos recursos que se utilizan para generar bienestar. Entre éstos se incluyen los activos tangibles, como el capital humano (edad, escolaridad y capacitación, estructura familiar, etc.), el capital natural (clima, agua y tierra), el capital físico (equipo, ganado y electricidad) y los activos financieros (crédito); los intangibles, como el capital social, la proximidad a los mercados, los servicios de educación y salud, y el empoderamiento, así como los factores específicos del lugar (acceso a infraestructura y servicios sociales); y los activos sociales, políticos e institucionales (redes sociales y políticas y la inclusión social).

Este marco está compuesto por cuatro elementos: a) los activos de los hogares (activos productivos, activos sociales, etc.); b) el entorno (políticas, instituciones y riesgos); c) el comportamiento de los hogares (estrategias de vida); y d) los resultados (bienestar del hogar). De este modo, los resultados en términos de bienestar dependerán de la interfaz activos-entorno y de su impacto en las decisiones sobre los medios de vida, por lo que todos los elementos deberán considerarse en conjunto. Este enfoque tiene el potencial de convertirse en una herramienta importante para la formulación y la orientación de políticas públicas, ya que, además de su efecto directo sobre el bienestar, los activos tienen efectos indirectos debido al impacto que ejercen en las decisiones sobre los medios de vida. Esto, a su vez, incide sobre las condiciones finales de bienestar.

Esta perspectiva permite derivar una relación entre el gasto (y por tanto, los niveles de desigualdad) y la posesión de activos de los hogares, a partir de la optimización de las decisiones de producción y consumo del hogar. La asociación de las asimetrías en los niveles de gasto de los hogares y sus activos, y su agregación a escala territorial, permite, en consecuencia, el conocimiento más profundo de las bases microeconómicas del crecimiento y del desarrollo regional.

Las virtudes de la aplicación de este enfoque al estudio de las disparidades territoriales pueden sintetizarse en dos. La primera es el conocimiento ex ante de las condiciones internas de los territorios (acumulación de activos productivos, generación de inversiones, etc.), como estrategia para mejorar la viabilidad y la eficacia de las políticas regionales. En otros términos, no se puede forzar a que determinadas políticas regionales surtan efecto en un entorno donde existen mecanismos o fuerzas que operan dentro del sistema y que hacen inviables las políticas. En segundo lugar, el enfoque de los activos desde la perspectiva territorial permite sentar las bases para que las políticas regionales no se limiten a mejorar transitoriamente el desempeño de los territorios, a partir de medidas compensatorias o de auxilio frente a determinadas contingencias coyunturales o las derivadas de transformaciones estructurales, sino que, por el contrario, puedan tener mayor impacto al afectar positivamente y en el largo plazo el proceso de acumulación de activos, su reproducción y la interacción positiva dentro del territorio, al tiempo que disminuye la vulnerabilidad social y se promueve la movilidad ascendente.

UNA RADIOGRAFÍA DE LAS DISPARIDADES TERRITORIALES EN PERÚ

LA PRIMACÍA URBANA —como expresión de la preponderancia demográfica y económica que la primera ciudad de un país tiende a poseer con respecto a su propia red urbana nacional y a la concentración espacial de la actividad económica— ha sido la fuente principal de las disparidades territoriales en Latinoamérica. La primacía de las ciudades capitales de provincia en Perú, y en especial de Lima, frente al resto del país es evidente cuando se analiza la información disponible: la alta concentración de la actividad productiva y financiera, así como las inequidades tributarias en Lima y en las principales ciudades de la Costa, muestran la severa segmentación del territorio y sus potencialidades. Lima por sí sola concentra el 43.5% de la producción nacional, aglomera el 33.45% de la Población Económicamente Activa (PEA), obtiene el 55% de la producción industrial y el 56% del comercio; concentra, además, el 55% del ingreso nacional y el 84% y el 86% de las colocaciones y depósitos financieros a nivel nacional, respectivamente.

La dimensión espacial de la pobreza y de las carencias en términos de acceso a los servicios básicos es otro rasgo de la distribución territorial desigual de los activos de los hogares y de las oportunidades de desarrollo en estos territorios. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema en Lima metropolitana se han mantenido claramente por debajo del promedio nacional y del promedio del resto del país durante el período comprendido entre 1997 y 2006; en Lima, en 2006, dos de cada diez habitantes fueron calificados como pobres y uno de cada diez vivía en condiciones de extrema pobreza, mientras que en Huancavelica —el departamento con las tasas más altas de pobreza— ocho de cada diez fueron calificados como pobres y siete de cada diez como pobres extremos.

En materia de desigualdad de ingresos, los avances han sido lentos —el índice de Gini ha pasado de 0.532 en 1997 a 0.505 en 2004—. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad se aprecia de manera más nítida cuando se analiza la distribución del ingreso por deciles o quintiles y por áreas geográficas. En 2003, el 20% más rico (quintil 5) de la población peruana concentraba el 55.17% de los ingresos, mientras que el 20% de la población más pobre (quintil 1) tenía apenas el 3.82% del ingreso. Por otra parte, la ratio entre el quintil 5 y el quintil 1 en las áreas urbanas fue superior (10.12 veces) al registrado en las áreas rurales (6.29).

CRECIMIENTO “SIN GOTEO”

NO CABE DUDA de que la economía peruana ha experimentado una notable recuperación en su desempeño económico en los últimos 15 años, tras alcanzar, a inicios de los noventa, uno de los niveles de crecimiento más bajos de las últimas cuatro décadas —similar al de inicios de los sesenta—; desde entonces, ha gozado de una notable recuperación y, en 2005, logró superar los niveles de PIB per cápita registrados a mediados de los setenta, los más altos en el último lustro. El desempeño de la economía peruana ha sido también notable, si se toma como marco de referencia el comportamiento promedio experimentado por los países de la región. En los últimos 10 años, ha registrado tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita sostenidas y con algunas oscilaciones, superiores a la media de la región.

Sin embargo, este buen desempeño macro de la economía peruana no ha ido acompañado de mayor bienestar en los hogares, lo que se conoce como crecimiento “sin goteo”. Al respecto, existen dos planteamientos sobre lo sucedido en los últimos años en la economía peruana. El primer planteamiento postula que el crecimiento experimentado por la economía peruana, al menos en el período de 2001 a 2005, sí ha permitido mejorar los ingresos familiares y, por lo tanto, reducir la pobreza. Los mecanismos de transmisión habrían funcionado del siguiente modo: un mayor crecimiento económico trae consigo una mayor demanda de insumos por parte de las empresas —entre ellos, la mano de obra—, lo cual se refleja en un aumento en el número de empleos y salarios, y, por lo tanto, en una elevación de los ingresos familiares que permite sufragar mayores gastos relacionados con la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud o la recreación.

Según este postulado, el canal de crecimiento (empleo-ingresos-gastos) se potenciaría aún más cuando: a) el crecimiento es “pro pobre”, es decir, está liderado por sectores intensivos en mano de obra —generalmente de baja calificación y donde se encuentran insertados los hogares pobres—, en los cuales las vinculaciones intersectoriales son mayores (por ejemplo, una tasa de crecimiento liderada por el sector de la construcción requerirá más mano de obra que si la misma tasa de crecimiento viene liderada por la gran minería), y b) los agentes económicos mantienen expectativas favorables en relación con un crecimiento sostenido; si, por el contrario, las empresas consideran que el crecimiento es transitorio y que existe una elevada incertidumbre sobre el futuro, no invertirán ni contratarán más mano de obra. Un tercer canal, aunque indirecto, consiste en que, mientras mayor sea el crecimiento económico, mayor será la recaudación y, por lo tanto, mayor podrá ser el crecimiento del gasto público que podrá orientarse a mayor gasto social e inversión en infraestructura, lo que redundará en una mejora de los ingresos familiares, directamente en el primer caso, y mediante mejoras de la productividad, en el segundo caso.

El segundo planteamiento que, desde mi punto de vista, se ajusta más a la realidad peruana sostiene que, a pesar de los sólidos y significativos avances en el plano macroeconómico, éstos no se han traducido en bienestar generalizado para la población y se mantienen las condiciones de desigualdad y exclusión vigentes en décadas pasadas. Una revisión de los principales agregados económicos demuestra que, a pesar de los esfuerzos por mantener bajos niveles de inflación e incrementar el gasto público social, no se han producido cambios significativos en cuanto a pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad se mantiene en niveles elevados, por lo que los beneficios del crecimiento se han visto contrarrestados por aumentos en la desigualdad. Ha tenido lugar el fenómeno del “empobrecimiento sin pobreza” que, además, parece haberse acentuado en los últimos años. Este fenómeno aparece cuando una buena parte de la población no pobre ve disminuir sus ingresos (o su consumo), a tal punto que no llega a cruzar la línea de la pobreza y, sin embargo, su posición final ha empeorado respecto a la anterior; paralelamente, no han existido cambios importantes en el porcentaje de pobreza global estimado durante dicho período o, en todo caso, se ha reducido.

El mercado de trabajo —que en una economía de mercado es el encargado de traducir el crecimiento en bienestar— no ha sido un elemento central en la estrategia de lucha contra la pobreza en Perú. El desempleo urbano presenta una tendencia creciente desde finales de los ochenta y en 2007 alcanzó un 8.4%, ligeramente por encima de la tasa de desempleo promedio vigente para la región (8%). Sin embargo, lo que más afecta a la economía peruana es el subempleo (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el subempleo urbano en 2001 fue de 47.6% de la población ocupada urbana), la informalidad (equivalente al 65% de la población ocupada urbana en 2003, según datos de la CEPAL, y que genera hasta el 10% del PIB total nacional, según el Ministerio del Trabajo, en 2004) y los bajos salarios (las remuneraciones medias reales no muestran signos de recuperación tras su drástica caída a finales de los ochenta).

La tesis de que el crecimiento ha sido “pro pobre”, sustentado en sectores con gran capacidad de generación de mano de obra, tampoco se correspondería plenamente con la realidad. Las tasas de crecimiento de los sectores de la construcción, la industria, la agricultura y la pesca han superado a las del sector de la minería sólo en los dos últimos años. Se requerirá un período mayor para poder evaluar en qué medida este comportamiento es sostenible y cómo el crecimiento de dichos sectores se traduce, efectivamente, en mayores encadenamientos sectoriales, más puestos de trabajo, mayor capacidad de gasto y bienestar para las familias más desfavorecidas.

La paradoja de los planos micro y macro en Perú se hace visible cuando se compara el ranking departamental a partir de los indicadores de PIB per cápita, gasto per cápita y las tasas de pobreza regionales; se aprecia que la posición que ocupan los territorios regionales es bastante diferenciada según el indicador que se utilice (véase Cuadro 1). Los departamentos de Pasco y Junín, localizados en la Sierra Central de Perú, y Ucayali, en la Selva, aparecen dentro del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de PIB per cápita, pese a presentar niveles de gasto per cápita que los sitúan por debajo del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de gasto per cápita. Puede observarse, además, que las tasas de pobreza son elevadas, especialmente en Pasco, donde siete de cada diez personas son pobres. Lo contrario sucede con los departamentos costeños de Tumbes y Lambayeque que se sitúan entre los diez con mejor gasto per cápita, pero cuyos niveles de PIB per cápita no les permiten situarse en las primeras diez posiciones de la clasificación.

LOS ACTIVOS DE LOS HOGARES Y EL CRECIMIENTO REGIONAL EN PERÚ

EXISTEN PROFUNDOS DIFERENCIALES en el acceso y la posesión de los activos por parte de los hogares, sean activos públicos, humanos, privados, financieros o sociales, según los niveles de ingreso o de gasto per cápita; así lo demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INEI. La variable de gastos del hogar (en lugar de la de ingresos) refleja de manera más adecuada los niveles de vida de la población, ya que incluye los recursos provenientes del crédito y del ahorro al que muchos hogares tienen que acudir para aliviar las fluctuaciones de sus ingresos como consecuencia de la coyuntura económica o por aspectos relacionados con el ciclo de vida. Además, el sector informal en Perú es muy importante en términos de empleo y se caracteriza por no llevar una contabilidad que separe el consumo productivo del consumo privado. Asimismo, se registra una importante participación de los familiares, lo cual imposibilita una buena estimación de los excedentes y, en consecuencia, de los ingresos de los informales.

Los principales resultados para el período de 1997 a 2006 son los siguientes:

• El gasto per cápita de los hogares limeños en 2006 fue 1.62 veces el valor promedio nacional. Con excepción de Lima y de toda la Costa, el gasto per cápita mensual del hogar de todas las demás regiones se encuentra por debajo del promedio nacional. Al analizar la evolución del gasto familiar a partir de la agrupación de los hogares según la edad que tenía el jefe del hogar en 1997 (“jóvenes”: menos de 30 años; “maduros”: entre 31 y 45 años; y “adultos-mayores”: mayores de 46 años), se encuentra que los hogares con jefes maduros muestran una tendencia creciente en el gasto per cápita familiar conforme aumenta su edad en la cohorte, mientras que los hogares de los jefes más jóvenes presentan, en general, una tendencia decreciente. En cambio, los hogares de los jefes adultos-mayores presentan una mayor estabilidad en sus niveles de gasto per cápita. Por otra parte, para las tres agrupaciones, son los hogares de Lima los que exhiben los mayores niveles de gasto per cápita familiar en todo el período analizado.
• En relación con las variables de capital humano, se corrobora la existencia de una desigual distribución territorial de la cantidad de horas trabajadas por el jefe del hogar; además, el número de horas trabajadas se asocia positivamente con mayores niveles de gasto per cápita del hogar. La participación en el mercado de trabajo es también diferenciada, en función del grupo de edad al que pertenezca el jefe del hogar: los más jóvenes presentan una tendencia creciente en relación con el número de horas mensuales trabajadas, mientras que los jefes de la segunda y tercera agrupación presentan tendencias más estables e inclusive decrecientes. La convergencia en horas trabajadas parece ser la excepción, más que la regla, cuando se analizan las diferentes agrupaciones; parece existir coincidencia en el número de horas trabajadas entre los maduros y los adultos-mayores de los hogares localizados en la Costa Sur, y entre los jóvenes y los maduros de los hogares localizados en la Selva.
• El número de años de educación del jefe del hogar se asocia de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar. Los años de educación de los jefes de hogar se incrementan ligeramente conforme aumenta la edad de los jefes más jóvenes; este ligero incremento se mantiene conforme éstos pasan al grupo de los maduros, pero va decreciendo en los últimos años de pertenencia a este grupo; finalmente, se produce un fuerte descenso cuando los jefes del hogar pertenecen al grupo de los adultos-mayores. Como parece lógico, no existe convergencia en el número de años de educación cursados por el jefe del hogar entre los tres grupos de edad en ningún dominio geográfico; los hogares que pertenecen al grupo más joven y que, a su vez, están localizados en la Costa (norte, centro y sur) y Sierra Sur presentan los mayores niveles de educación; en el caso de Lima metropolitana, los jefes de hogar maduros son los que tienen más años de educación. En cuanto a las relaciones entre las variables de capital humano y los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar, un factor determinante son las horas trabajadas al mes por el jefe del hogar y las horas promedio trabajadas por los hijos, aunque la participación de los hijos en el mercado laboral no necesariamente implique, en el corto plazo, ganancias en la tasa de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Se constata una relación inversa entre el indicador de pobreza y el gasto per cápita del hogar: un menor número de necesidades básicas insatisfechas se corresponde con un mayor nivel de gasto del hogar. En cuanto a la infraestructura pública, la relación entre las variables de acceso a servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) y el nivel de gasto familiar es directa; menores posibilidades de acceder a los servicios básicos se corresponden con menores niveles de gasto familiar. La conexión de luz dentro de la vivienda resultó ser un factor significativo, asociado de manera positiva con aumentos en el gasto per cápita familiar.
• En cuanto a las variables de capital privado, el acceso de los hogares a servicios de telefonía fija e Internet están igualmente asociados de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar, mientras que, en los departamentos donde los niveles de gasto per cápita de los hogares son reducidos, existirían mayores limitaciones para acceder a dichos servicios. La asociación positiva entre el capital privado y el gasto per cápita del hogar se constata también cuando se consideran las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Los patrones de ocupación de la vivienda son diferentes según los departamentos; como parece lógico, la densidad aumenta en aquellos hogares con menores niveles de gasto per cápita familiar; es decir, el hacinamiento es mayor en los hogares con menores recursos económicos. Por otro lado, se encuentra una relación positiva entre el valor de los bienes duraderos del hogar y el gasto per cápita.
• En cuanto a los activos financieros de los hogares, las posibilidades de acceder a un crédito para financiar los gastos del hogar se asocian de manera positiva con el nivel de gasto per cápita del hogar. Los mayores ingresos corrientes por transferencias, bien sean nacionales o del exterior o rentas de la propiedad monetaria, se corresponden con mayores niveles de gasto familiar. Hay que destacar que las remesas del exterior recibidas en los hogares explican de manera significativa las diferencias en las tasas de crecimiento del gasto regional.
• De las variables indicativas del capital o infraestructura social, ni el indicador de participación de algún miembro de la familia en instituciones u organizaciones sociales ni el grado de confianza otorgado por éstas a un conjunto de instituciones públicas resultaron significativos, aunque sólo se constató que una mayor confianza en las instituciones demostraría que los hogares gozan de mejores condiciones institucionales para realizar con mayor eficiencia su actividad y mejorar sus niveles de bienestar.

Cabe destacar que, dada la gran lentitud y la inercia de las disparidades territoriales en Perú, se sugiere un tratamiento diferenciado a la explicación de dos expresiones distintas de las disparidades: las de nivel y las de ritmo (tasas de crecimiento) del gasto familiar per cápita. En el caso de las primeras, se destaca que los cambios son más bien lentos. En el caso de las segundas, se acepta la posibilidad de relaciones de cambio y causalidad de más corto y mediano plazos, en las que la variabilidad en las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar departamental puede explicarse a partir de las distintas dotaciones de activos de los hogares.

El coeficiente de la variable retardada, siendo negativo y significativamente distinto de cero, podría indicar que se ha producido un acercamiento entre los ritmos de crecimiento del gasto regional durante el período analizado. Sin embargo, el elevado valor del coeficiente y su inercia cuando se condiciona el modelo por variables representativas de los activos de los hogares indicarían que las disparidades de equilibrio prácticamente se habrían alcanzado o que queda poco margen para ello; tampoco se reducen sustancialmente los años para disminuir la brecha a la mitad. En resumen, los resultados muestran que persisten diferencias marcadas en los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar promedio a escala departamental, y que estas diferencias están determinadas por la persistencia en la desigual dotación de activos de los hogares.

PERÚ ESTÁ CAMBIANDO, PERO LAS DISPARIDADES REGIONALES PERSISTEN

ESTE ARTÍCULO ha puesto de manifiesto que las disparidades territoriales se derivarían de las características de los hogares asociadas a las desigualdades en el ingreso, de la falta de control sobre los activos productivos y del escenario adverso para valorizar dichos activos. Así, el acceso y la posesión de activos se vuelven factores determinantes de la reducción de las disparidades territoriales en Perú, al afectar directamente el bienestar de los hogares y la movilidad social.
Es imposible negar que algo está cambiando en Perú, un país que ha crecido de manera continua en los últimos 6 años. Dichos cambios se perciben en un nuevo orden social y económico, que se ha sustentado en cambios importantes en la estructura de la propiedad, en la apertura al mercado y el papel subsidiario del Estado, y en las fuentes de financiamiento de la inversión. Pero este crecimiento se ha basado, como afirma Efraín Gonzales de Olarte en el último informe de 2007-2008 denominado “Pobreza, desigualdad y desarrollo en Perú”, en un modelo primario exportador y de servicios, con fuerte dependencia del exterior y con poca capacidad autónoma o de desarrollo endógeno, que no ha generado, mediante el mercado de trabajo, los eslabonamientos sectoriales y territoriales necesarios para que el crecimiento se redistribuya.
Si bien el crecimiento en los últimos años ha hecho retroceder ligeramente la pobreza, éste no ha tenido los mismos efectos sobre las desigualdades territoriales. Por ello, el principal reto al que se enfrentará la economía peruana en los próximos años es doble: a) el desafío de lograr un entorno “macro” que apueste por el bienestar de los hogares; en otros términos, lograr integrar mercados y territorios para generar efectos significativos en el mercado de trabajo y, consecuentemente, en los ingresos y gastos de los hogares y territorios más desfavorecidos; y b) a partir del enfoque de los activos de los hogares, diseñar estrategias para combatir de manera diferenciada las causas de la desigualdad entre los territorios regionales.

Es pertinente considerar dentro de las políticas regionales la disminución de las diferencias en las dotaciones de activos para lograr la “convergencia” o la reducción de la brecha en los niveles de gasto regional y en sus ritmos de crecimiento. Pero lo más importante es que los objetivos del crecimiento regional sostenido y la mejora de las condiciones de vida se conviertan en temas prioritarios para el país. Debemos aspirar a llegar a un punto en el que los pobres compartan las ganancias del país donde viven cuando éste crece y que los ricos compartan las penurias sociales en momentos de crisis. Para eso, deberá tomarse en consideración la diversidad de los hogares y de los diferentes territorios, y las secuencias, las prioridades y las estrategias de intervención que puedan plantearse deberán adecuarse a dichas realidades para garantizar tanto su éxito como su efectividad.

MARÍA TERESA GALLO RIVERA es Doctora en Economía por la Universidad de Alcalá e investigadora del área de Estudios Territoriales y Urbanos del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Sus líneas básicas de investigación se centran en la economía regional, fundamentalmente en el análisis del crecimiento y las disparidades regionales, así como en las áreas de desarrollo urbano y territorial.