José A. Crespo
En España, México tiene una imagen deplorable, sobre todo por el nivel de inseguridad y violencia derivados de la lucha entre y contra el crimen organizado. Casi lo único que se notifica en los noticieros de aquel país sobre México es cuántas cabezas cercenadas aparecieron o cuántos agentes del Estado fueron secuestrados y asesinados. Y también, de vez en vez, acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la confrontación contra los capos. Me tocó oír la conversación de unos comensales cercanos a mi mesa que planeaban dónde pasar sus vacaciones de inverno; surge de pronto el nombre de México, y uno de ellos de inmediato reclama: “¡A México ni locos! Ahí la seguridad está fuera de control. Lo que quiero es ir a descansar y estar tranquilo, no a arriesgar el pellejo”. Los demás asienten y entonces consideran algún otro país centroamericano, pues “tienen playas parecidas a las de México, pero allá no matan”. Al conversar con meseros o taxistas y al enterarse de nuestra nacionalidad mexicana, de inmediato afloran las condolencias por la violencia del narco y “hacen votos y tocan madera” para que nada parecido ocurra en su país, en cuyas ciudades, en efecto, se respira un aire de gran tranquilidad y seguridad a cualquier hora.
Lo paradójico es que el consumo de drogas y el número de adictos en España es muy superior al de México. De hecho, es el país con mayor consumo de Europa, incluida la liberalizada Holanda. Me dicen mis interlocutores hispanos que eso es mil veces preferible al combate frontal, policiaco y militar a la oferta de drogas, y menos peligroso socialmente. Ante lo cual no me queda más que conceder (pues es también mi convicción). El mismo argumento lo oí en un programa de debates de TV Española: uno de los participantes se quejaba del incremento de consumo de drogas en España, atribuyéndolo al libertinaje social permitido por el gobierno de izquierdas. De inmediato, otro polemista saltó asegurando que nada se lograría aplicando una estrategia de combate frontal contra los distribuidores de la droga, salvo perder los actuales niveles de seguridad y generar una oleada incontrolable de violencia; de nuevo, aparece el ejemplo de México para fortalecer el argumento, con el cual los demás participantes se manifiestan de acuerdo. La confrontación militar contra los cárteles no suele ser considera ahí como “valiente”, sino “absurda”. Se prefiere una política flexible ante las drogas y, en todo caso, dejar a los consumidores asumir la responsabilidad de los daños autoinfligidos, en tanto que el Estado haga trabajo de prevención y rehabilitación a quien lo requiera y solicite. No deja de ser paradójico el contraste de enorme seguridad y tranquilidad callejera en uno de los países que más consumen drogas en el mundo. ¿No debiera ser a la inversa? Algo están haciendo bien allá, que aquí no. Se dirá que precisamente los altos niveles de consumo se deben a la inactividad del Estado, pero ni en Holanda hay un consumo semejante. Y, en México, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa. Aquí, mientras tanto, en lugar de repensar la actual e ineficaz estrategia, se hacen propuestas cada vez más descabelladas, como la del alcalde Mauricio Fernández, de organizar “grupos de limpieza” que la experiencia de otros países indica que, además de vulnerar (aún más) el Estado de derecho, pronto se convierten en parte del problema. Más violencia en lugar de menos, propone como salida el alcalde de Garza García, y muchos tarambanas parecen coincidir con él. Aunque también, desde la Sagarpa, se manejó la opción de tomar al narco como ejemplo de productividad agropecuaria. Alta productividad, sin duda, que sólo se consigue… ¡cultivando precursores de las drogas! y, por lo mismo, altamente rentables.
MUESTRARIO. Raúl Plascencia representaba la continuidad de la lamentable gestión de José Luis Soberanes en la CNDH, mientras Emilio Álvarez Icaza prometía un cambio radical. Pero su demostrada autonomía en la CDHDF no es lo que se quiere para presidir instituciones “autónomas”. Al PAN, al PRI y al PVEM debe haberles parecido espectacular la gestión de Soberanes, algo con lo que no concuerda la gran mayoría de organizaciones, de activistas y de estudiosos de los derechos humanos en México.
Aquí, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa.
En España, México tiene una imagen deplorable, sobre todo por el nivel de inseguridad y violencia derivados de la lucha entre y contra el crimen organizado. Casi lo único que se notifica en los noticieros de aquel país sobre México es cuántas cabezas cercenadas aparecieron o cuántos agentes del Estado fueron secuestrados y asesinados. Y también, de vez en vez, acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la confrontación contra los capos. Me tocó oír la conversación de unos comensales cercanos a mi mesa que planeaban dónde pasar sus vacaciones de inverno; surge de pronto el nombre de México, y uno de ellos de inmediato reclama: “¡A México ni locos! Ahí la seguridad está fuera de control. Lo que quiero es ir a descansar y estar tranquilo, no a arriesgar el pellejo”. Los demás asienten y entonces consideran algún otro país centroamericano, pues “tienen playas parecidas a las de México, pero allá no matan”. Al conversar con meseros o taxistas y al enterarse de nuestra nacionalidad mexicana, de inmediato afloran las condolencias por la violencia del narco y “hacen votos y tocan madera” para que nada parecido ocurra en su país, en cuyas ciudades, en efecto, se respira un aire de gran tranquilidad y seguridad a cualquier hora.
Lo paradójico es que el consumo de drogas y el número de adictos en España es muy superior al de México. De hecho, es el país con mayor consumo de Europa, incluida la liberalizada Holanda. Me dicen mis interlocutores hispanos que eso es mil veces preferible al combate frontal, policiaco y militar a la oferta de drogas, y menos peligroso socialmente. Ante lo cual no me queda más que conceder (pues es también mi convicción). El mismo argumento lo oí en un programa de debates de TV Española: uno de los participantes se quejaba del incremento de consumo de drogas en España, atribuyéndolo al libertinaje social permitido por el gobierno de izquierdas. De inmediato, otro polemista saltó asegurando que nada se lograría aplicando una estrategia de combate frontal contra los distribuidores de la droga, salvo perder los actuales niveles de seguridad y generar una oleada incontrolable de violencia; de nuevo, aparece el ejemplo de México para fortalecer el argumento, con el cual los demás participantes se manifiestan de acuerdo. La confrontación militar contra los cárteles no suele ser considera ahí como “valiente”, sino “absurda”. Se prefiere una política flexible ante las drogas y, en todo caso, dejar a los consumidores asumir la responsabilidad de los daños autoinfligidos, en tanto que el Estado haga trabajo de prevención y rehabilitación a quien lo requiera y solicite. No deja de ser paradójico el contraste de enorme seguridad y tranquilidad callejera en uno de los países que más consumen drogas en el mundo. ¿No debiera ser a la inversa? Algo están haciendo bien allá, que aquí no. Se dirá que precisamente los altos niveles de consumo se deben a la inactividad del Estado, pero ni en Holanda hay un consumo semejante. Y, en México, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa. Aquí, mientras tanto, en lugar de repensar la actual e ineficaz estrategia, se hacen propuestas cada vez más descabelladas, como la del alcalde Mauricio Fernández, de organizar “grupos de limpieza” que la experiencia de otros países indica que, además de vulnerar (aún más) el Estado de derecho, pronto se convierten en parte del problema. Más violencia en lugar de menos, propone como salida el alcalde de Garza García, y muchos tarambanas parecen coincidir con él. Aunque también, desde la Sagarpa, se manejó la opción de tomar al narco como ejemplo de productividad agropecuaria. Alta productividad, sin duda, que sólo se consigue… ¡cultivando precursores de las drogas! y, por lo mismo, altamente rentables.
MUESTRARIO. Raúl Plascencia representaba la continuidad de la lamentable gestión de José Luis Soberanes en la CNDH, mientras Emilio Álvarez Icaza prometía un cambio radical. Pero su demostrada autonomía en la CDHDF no es lo que se quiere para presidir instituciones “autónomas”. Al PAN, al PRI y al PVEM debe haberles parecido espectacular la gestión de Soberanes, algo con lo que no concuerda la gran mayoría de organizaciones, de activistas y de estudiosos de los derechos humanos en México.
Aquí, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa.
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