Javier Corral Jurado
Por las posiciones que ya han expresado diversos legisladores del PRI en relación al presupuesto de egresos de la federación, más que un instrumento de redistribución del ingreso nacional hacia proyectos prioritarios, programas sociales y sectores de la población que mayormente lo necesitan, se está configurando literalmente un agandalle de recursos para el sindicato priísta de gobernadores, con miras a las elecciones del año que entra. Eso es muy delicado, entre otras cosas, porque el margen de redistribución del presupuesto, si mucho, llega al 10%. Lo demás está prácticamente etiquetado. Veremos cómo termina este segundo capítulo de la política económica propuesta por el Presidente Calderón, porque el primero en materia de ley de ingresos ha dejado una honda insatisfacción.
Conforme pasan los días, y las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias sobre diversos temas. Porque se trató de un proceso en el que concurrieron muy diversos actores y muy contradictorios intereses, en un momento muy deteriorado de la Hacienda pública, bajo todo tipo de presiones -políticas, económicas y partidistas -, y con una nueva correlación de fuerzas en la cámara de los diputados que, a los del PAN nos colocan en una enorme desventaja no sólo frente a la mayoría que por sí mismos representan el PRI y la Telebancada del Partido Verde, sino en varias de nuestras propuestas, frente al resto de los partidos.
El PAN tiene en el Senado, 50 miembros de 128, y entre los diputados, sólo 143 de 500. Esa es la primera realidad a tomar en cuenta, cierto es, derivada de nuestra derrota electoral del 5 de julio y ésta a su vez de las graves omisiones que como partido gobernante hemos tenido en los últimos 9 años en desmantelar el régimen autoritario, corporativo y clientelar que prohijó durante 70 años al PRI, y que su mantenimiento, lo ha reposicionado.
Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos los diputados y senadores votamos a favor de todo lo que se propuso. En una línea de consistencia política fuimos muchos diputados y senadores panistas que respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a la introducción de privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas del país. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores de Acción Nacional al interior de las bancadas, y entre cámaras.
Señalo privilegios indebidos porque, como lo mencioné en mi colaboración anterior, hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar tajadas de provecho personal, no sólo político sino también económico. En la difícil situación que viven los más en nuestro país, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad alguna de ofrecer argumentos, ni razones, cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes al mismo tiempo que se decretan esos aumentos o nuevas contribuciones para la población en general. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes, por más que se argumentara que era “o todo el paquete, o nada”.
Por eso varios votamos en contra de los tratamientos especiales que se dieron en el régimen de consolidación fiscal dentro de la Ley del impuesto sobre la renta que permitió diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas del país por los siguientes cinco años. El Presidente Calderón que había reclamado airado su responsabilidad a las grandes empresas de México en el pago de contribuciones, propuso originalmente que en el primer año, los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos, cumplieran con el 60% y el resto en pagos diferidos por cuatro años. Esa expectativa de ingreso significaba alrededor de 27 mil millones de pesos. La cámara de diputados al aprobar el esquema de consolidación bajó el primer pago al 40%. Aún así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el senado le rebajó otro 15%, y lo colocó en 25%. Votamos en contra.
Sostengo que no sólo la clase política está dejando de ver el caldo de cultivo que para la irritación social producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la enorme brecha de la desigualdad social que acumula desesperanza y desesperación. El 10% de la población mexicana acapara el 42% del ingreso; el segundo decil, diría la clase media, el 15% del ingreso. Todo lo demás es pobreza, y eso es estar parados bajo una bomba de tiempo que las celebraciones centenarias de nuestras dos revoluciones pueden detonar.
Por eso también un grupo importante de senadores y diputados panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando la cámara de senadores aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé con mi voto esa medida que además de recaudatoria es un instrumento eficaz contra el tabaquismo, la principal causa de muertes en nuestro país. Todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, las epidemias derivadas de virus como el sida o la influenza, etc, suman al año 30 mil muertes en nuestro país. El tabaco consigue la muerte de 60 mil personas al año.
Con más ganas y en mayor proporción diputados y senadores del PAN resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil en el país. Empresas altamente rentables, con altas tasas de retorno en sus inversiones y utilidades expoliadoras en los servicios que ofrecen, conquistaron finalmente bajo la presión directa de la voracidad insaciable de Televisa - la empresa que resultará más beneficiada - una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más tenso y desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la República de la defensa de esa indebida como inconstitucional exención fiscal, ha quedado un ambiente contrariado y desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política que anunció apenas el 2 de septiembre pasado.
No creo que haya un solo legislador federal que esté conforme o satisfecho con lo aprobado. Por eso digo que hay un sabor amargo del desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También supongo que hay unos que tienen más cara que otros, para dar razón de su conducta política. De lo que no tengo ninguna duda, es que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.
Por las posiciones que ya han expresado diversos legisladores del PRI en relación al presupuesto de egresos de la federación, más que un instrumento de redistribución del ingreso nacional hacia proyectos prioritarios, programas sociales y sectores de la población que mayormente lo necesitan, se está configurando literalmente un agandalle de recursos para el sindicato priísta de gobernadores, con miras a las elecciones del año que entra. Eso es muy delicado, entre otras cosas, porque el margen de redistribución del presupuesto, si mucho, llega al 10%. Lo demás está prácticamente etiquetado. Veremos cómo termina este segundo capítulo de la política económica propuesta por el Presidente Calderón, porque el primero en materia de ley de ingresos ha dejado una honda insatisfacción.
Conforme pasan los días, y las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias sobre diversos temas. Porque se trató de un proceso en el que concurrieron muy diversos actores y muy contradictorios intereses, en un momento muy deteriorado de la Hacienda pública, bajo todo tipo de presiones -políticas, económicas y partidistas -, y con una nueva correlación de fuerzas en la cámara de los diputados que, a los del PAN nos colocan en una enorme desventaja no sólo frente a la mayoría que por sí mismos representan el PRI y la Telebancada del Partido Verde, sino en varias de nuestras propuestas, frente al resto de los partidos.
El PAN tiene en el Senado, 50 miembros de 128, y entre los diputados, sólo 143 de 500. Esa es la primera realidad a tomar en cuenta, cierto es, derivada de nuestra derrota electoral del 5 de julio y ésta a su vez de las graves omisiones que como partido gobernante hemos tenido en los últimos 9 años en desmantelar el régimen autoritario, corporativo y clientelar que prohijó durante 70 años al PRI, y que su mantenimiento, lo ha reposicionado.
Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos los diputados y senadores votamos a favor de todo lo que se propuso. En una línea de consistencia política fuimos muchos diputados y senadores panistas que respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a la introducción de privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas del país. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores de Acción Nacional al interior de las bancadas, y entre cámaras.
Señalo privilegios indebidos porque, como lo mencioné en mi colaboración anterior, hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar tajadas de provecho personal, no sólo político sino también económico. En la difícil situación que viven los más en nuestro país, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad alguna de ofrecer argumentos, ni razones, cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes al mismo tiempo que se decretan esos aumentos o nuevas contribuciones para la población en general. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes, por más que se argumentara que era “o todo el paquete, o nada”.
Por eso varios votamos en contra de los tratamientos especiales que se dieron en el régimen de consolidación fiscal dentro de la Ley del impuesto sobre la renta que permitió diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas del país por los siguientes cinco años. El Presidente Calderón que había reclamado airado su responsabilidad a las grandes empresas de México en el pago de contribuciones, propuso originalmente que en el primer año, los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos, cumplieran con el 60% y el resto en pagos diferidos por cuatro años. Esa expectativa de ingreso significaba alrededor de 27 mil millones de pesos. La cámara de diputados al aprobar el esquema de consolidación bajó el primer pago al 40%. Aún así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el senado le rebajó otro 15%, y lo colocó en 25%. Votamos en contra.
Sostengo que no sólo la clase política está dejando de ver el caldo de cultivo que para la irritación social producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la enorme brecha de la desigualdad social que acumula desesperanza y desesperación. El 10% de la población mexicana acapara el 42% del ingreso; el segundo decil, diría la clase media, el 15% del ingreso. Todo lo demás es pobreza, y eso es estar parados bajo una bomba de tiempo que las celebraciones centenarias de nuestras dos revoluciones pueden detonar.
Por eso también un grupo importante de senadores y diputados panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando la cámara de senadores aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé con mi voto esa medida que además de recaudatoria es un instrumento eficaz contra el tabaquismo, la principal causa de muertes en nuestro país. Todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, las epidemias derivadas de virus como el sida o la influenza, etc, suman al año 30 mil muertes en nuestro país. El tabaco consigue la muerte de 60 mil personas al año.
Con más ganas y en mayor proporción diputados y senadores del PAN resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil en el país. Empresas altamente rentables, con altas tasas de retorno en sus inversiones y utilidades expoliadoras en los servicios que ofrecen, conquistaron finalmente bajo la presión directa de la voracidad insaciable de Televisa - la empresa que resultará más beneficiada - una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más tenso y desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la República de la defensa de esa indebida como inconstitucional exención fiscal, ha quedado un ambiente contrariado y desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política que anunció apenas el 2 de septiembre pasado.
No creo que haya un solo legislador federal que esté conforme o satisfecho con lo aprobado. Por eso digo que hay un sabor amargo del desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También supongo que hay unos que tienen más cara que otros, para dar razón de su conducta política. De lo que no tengo ninguna duda, es que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.
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