Javier Corral Jurado
Tras las elecciones del 5 de julio, que nos mostraron con crudeza la fragilidad del proyecto del PAN en el gobierno, se produjeron expresiones de preocupación y evaluación de los resultados. En foros y espacios del partido, incluido el gobierno, se realizaron autocríticas que derivaron en documentos y discursos que reconocieron omisiones y rezagos, y se plantearon retos y desafíos para encarar el futuro.
Una vez electo presidente del PAN, César Nava integró una comisión de análisis y reflexión que produjo un diagnóstico descarnado y realista de la situación del partido, enlistando las acciones a seguir para revertir la pérdida de la confianza ciudadana. No le faltó a ese documento flanco por cubrir, y su contenido público se concretó en un decálogo bien recibido por la militancia.
Poco antes de ese lance se había producido uno mayor, dada su influencia política en el partido y en la vida política del país. Con motivo de su tercer Informe, el Presidente pronunció un discurso en el que parecía recoger las reflexiones de la crítica y las propuestas de rectificación que desde variados sectores sociales se plantearon; de hecho, en su alocución del 2 de septiembre el presidente Calderón asumió la corresponsabilidad de los resultados electorales, llamó a las cosas por su nombre y desplegó una agenda de cambio y modernización política que suscitó entusiasmo y esperanza.
Fue rectificador el planteamiento, y afirmé que presenciábamos un quiebre en la conducta presidencial para impulsar reformas estructurales, aunque desde un amplio sector se opuso la incredulidad por pesimismo o desconfianza. El ambiente se colmó de ánimo al menos en el partido.
A casi cinco meses de las elecciones y tras esos pronunciamientos, la incertidumbre ha tomado lugar en la definición de la agenda planteada. Se carece hasta ahora de iniciativas concretas y en algunos hechos legislativos la intervención gubernamental ha sido contraria a los propósitos expresados. Quién sabe qué ha sucedido: es evidente que los resortes se han vuelto a aflojar y se pierde tiempo y ritmo en la ruta de proponer al Congreso u operar en el ámbito administrativo los cambios que el país necesita. Estamos a tres semanas de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura. Empieza a trocarse el ánimo en confusión.
De ello dan cuenta las diferencias de opinión entre diputados y senadores del PAN, con motivo de la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto; en la primera se han vuelto a otorgar privilegios indebidos a los poderes fácticos y en el segundo se relajaron las medidas de evaluación del desempeño, control y fiscalización del gasto público a las entidades federativas, y se eliminaron las sanciones por incumplimiento de ese ejercicio, en un año que tendrá elecciones locales en 13 estados, 11 de ellos para renovar gobernador. Por más reiterados que sean los llamados del Presidente al ejercicio transparente y honesto de esos recursos, sólo las sanciones legales disuadirán el desvío de recursos públicos a esas campañas electorales.
En ambos procesos se han generado contradicciones con la idea que nos planteamos para redefinir nuestra relación política con nuestro principal adversario, el PRI. Se sigue alargando inútilmente una alianza que sólo produce beneficios estratégicos al objetivo priísta de recuperar la Presidencia, y ni siquiera en esa meta son capaces de contemplar reformas institucionales que sirvan a todos.
Está más que claro que el PRI no participará de una reforma política para la gobernabilidad democrática del país, porque sus triunfos de 2009 lo tienen obnubilado bajo la idea de que con el mantenimiento del statu quo podría volver a gobernar muchos años más. Pero es tan precario el consenso social en torno del sistema de partidos, que ante la amenaza real de su regreso e intacto el sistema clientelar, corporativo y autoritario, radicaría en ello su propio colapso. Pero obviamente ello corresponde al análisis priísta.
Al PAN compete revisar y concretar las definiciones sobre la ruta trazada, en relación con nuestro ámbito partidista de competencia exclusiva, del que seremos responsables ante la historia; si la administración del presidente Calderón, por su inexcusable tarea de gobernabilidad, decide mantener la estrategia seguida hasta ahora, será entendible. En lo único que no podemos caer es en lo que Efraín González Luna llamó la “neurosis de la escaramuza”.
Diputado federal por el PAN
Tras las elecciones del 5 de julio, que nos mostraron con crudeza la fragilidad del proyecto del PAN en el gobierno, se produjeron expresiones de preocupación y evaluación de los resultados. En foros y espacios del partido, incluido el gobierno, se realizaron autocríticas que derivaron en documentos y discursos que reconocieron omisiones y rezagos, y se plantearon retos y desafíos para encarar el futuro.
Una vez electo presidente del PAN, César Nava integró una comisión de análisis y reflexión que produjo un diagnóstico descarnado y realista de la situación del partido, enlistando las acciones a seguir para revertir la pérdida de la confianza ciudadana. No le faltó a ese documento flanco por cubrir, y su contenido público se concretó en un decálogo bien recibido por la militancia.
Poco antes de ese lance se había producido uno mayor, dada su influencia política en el partido y en la vida política del país. Con motivo de su tercer Informe, el Presidente pronunció un discurso en el que parecía recoger las reflexiones de la crítica y las propuestas de rectificación que desde variados sectores sociales se plantearon; de hecho, en su alocución del 2 de septiembre el presidente Calderón asumió la corresponsabilidad de los resultados electorales, llamó a las cosas por su nombre y desplegó una agenda de cambio y modernización política que suscitó entusiasmo y esperanza.
Fue rectificador el planteamiento, y afirmé que presenciábamos un quiebre en la conducta presidencial para impulsar reformas estructurales, aunque desde un amplio sector se opuso la incredulidad por pesimismo o desconfianza. El ambiente se colmó de ánimo al menos en el partido.
A casi cinco meses de las elecciones y tras esos pronunciamientos, la incertidumbre ha tomado lugar en la definición de la agenda planteada. Se carece hasta ahora de iniciativas concretas y en algunos hechos legislativos la intervención gubernamental ha sido contraria a los propósitos expresados. Quién sabe qué ha sucedido: es evidente que los resortes se han vuelto a aflojar y se pierde tiempo y ritmo en la ruta de proponer al Congreso u operar en el ámbito administrativo los cambios que el país necesita. Estamos a tres semanas de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura. Empieza a trocarse el ánimo en confusión.
De ello dan cuenta las diferencias de opinión entre diputados y senadores del PAN, con motivo de la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto; en la primera se han vuelto a otorgar privilegios indebidos a los poderes fácticos y en el segundo se relajaron las medidas de evaluación del desempeño, control y fiscalización del gasto público a las entidades federativas, y se eliminaron las sanciones por incumplimiento de ese ejercicio, en un año que tendrá elecciones locales en 13 estados, 11 de ellos para renovar gobernador. Por más reiterados que sean los llamados del Presidente al ejercicio transparente y honesto de esos recursos, sólo las sanciones legales disuadirán el desvío de recursos públicos a esas campañas electorales.
En ambos procesos se han generado contradicciones con la idea que nos planteamos para redefinir nuestra relación política con nuestro principal adversario, el PRI. Se sigue alargando inútilmente una alianza que sólo produce beneficios estratégicos al objetivo priísta de recuperar la Presidencia, y ni siquiera en esa meta son capaces de contemplar reformas institucionales que sirvan a todos.
Está más que claro que el PRI no participará de una reforma política para la gobernabilidad democrática del país, porque sus triunfos de 2009 lo tienen obnubilado bajo la idea de que con el mantenimiento del statu quo podría volver a gobernar muchos años más. Pero es tan precario el consenso social en torno del sistema de partidos, que ante la amenaza real de su regreso e intacto el sistema clientelar, corporativo y autoritario, radicaría en ello su propio colapso. Pero obviamente ello corresponde al análisis priísta.
Al PAN compete revisar y concretar las definiciones sobre la ruta trazada, en relación con nuestro ámbito partidista de competencia exclusiva, del que seremos responsables ante la historia; si la administración del presidente Calderón, por su inexcusable tarea de gobernabilidad, decide mantener la estrategia seguida hasta ahora, será entendible. En lo único que no podemos caer es en lo que Efraín González Luna llamó la “neurosis de la escaramuza”.
Diputado federal por el PAN
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