Javier Corral Jurado
En lo que era una necesaria corrección, el Senado eliminó la madrugada del sábado por mayoría de votos de las bancadas del PAN y del PRD, que sumaron 58 votos contra 50, el transitorio de la ley federal de derechos que condonaba del pago de 5,600 millones de pesos a los que resulten concesionarios de una porción del espectro para telefonía móvil de tercera generación. No pasaron 24 horas, cuando en la madrugada del domingo, la cámara de diputados rescató por mayoría de votos de 252 contra 143, el absurdo privilegio fiscal.
Fue una combinación ilógica de actores e intereses políticos. Se formó mayoría con 180 diputados del PRI, con 47 del PAN, 17 del PVEM y 8 de Nueva Alianza. Quienes nos opusimos fuimos 68 diputados del PAN, 4 del PRI, 57 del PRD, 10 del PT y 4 de Convergencia. Hubo 27 abstenciones, 11 del PRI y 14 del PAN.
Revivir la condonación ha echado mano del absurdo: dicen que se trata de fomentar la competencia en un sector que necesita de ese “incentivo”. Se trata de una mezcla de desinformación con una falta de rubor ante la sociedad mexicana. El único nuevo jugador en servicios de telefonía móvil, es el cuasi monópolico concesionario de los servicios de televisión abierta: Televisa. Los demás participantes que han anunciado su interés en esa banda ya están en el mercado, e incluso no podrán ir a los segmentos de 30 mega hertz de la licitación porque rebasarían el límite impuesto por la Comisión Federal de Competencia, de 80 mega hertz, puesto que se trata de un recurso esencial.
Entre los nuevos argumentos que algunos se han sacado de la manga para justificar su aval a la medida es que, finalmente la CFC opinó favorablemente sobre el plazo de gracia de dos años a las empresas de telecomunicaciones.
Dicen que esa opinión los lleva a rescatar el transitorio que les regala a esas empresas dinero público. Quienes usan el oficio suscrito por Eduardo Pérez Mota, tienen el buen cuidado de omitir dos datos fundamentales, como que el mismísimo destinatario de esa opinión, el Senador Gustavo Madero Muñoz, coordinador de los senadores panistas votó en contra de esa exención al igual que la mayoría de los senadores que coordina porque, y he ahí el segundo dato, el documento opina desde el punto de vista de la materia exclusiva de ese órgano, la competencia. La opinión hace una aclaración de entrada: no prejuzga sobre aspectos tributarios o de política fiscal.
Más allá de que la opinión de Pérez Mota sea discutible en el tema mismo de la competencia, pues entre operadores de distintos rangos de la banda del espectro con características técnicas y económicas similares se han producido tratamientos diferentes - por lo que la medida resultaría discriminatoria en relación con el cobro de derechos y aprovechamientos- , lo cierto es que se deslinda de la parte fiscal, que al final de cuentas es el tema central.
La semana pasada escribí en este mismo espacio que la propuesta original del Senador Beltrones era conceder ese periodo de gracia sólo a los nuevos operadores entrantes “para incentivarlos en los años de fuerte inversión”, como si estuvieran tan pobrecitos que necesitaran del subsidio estatal. Pero ese esquema presentaba tal discriminación para los restantes jugadores en la misma banda que era predecible su impugnación legal con todo éxito. Para evitar que por la vía del amparo o de la acción de inconstitucionalidad, Televisa perdiera el cuantiosísimo regalo - pues es la empresa que por lo menos se quedará con uno de los segmentos de 30 mega hertz-, se extendió a los demás operadores y de ello resulta que el Estado mexicano en detrimento de su patrimonio, otorgará también una exención fiscal por dos años a dos de las empresas más rentables de telefonía móvil en el mundo: telcel y telefónica, que irán por sus 10 mega hertz cada una.
El otro argumento falaz, elevado a nombre de la competencia, es que la “subasta” dará un pago fuerte de entrada al erario. Hay incluso quienes hablan de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos. Lo interesante sería saber en qué se basan para decir eso, cuando el precio base determinado por la propia Secretaría de Hacienda de los 90 mega hertz es de 180 millones de pesos. Suponen que habrá puja hasta llegar a los 2 mil millones. Y si esto fuera cierto, la segunda pregunta es si quienes lo afirman, creen que ello es una cantidad mayor que 5,600 millones.
Conforme avanzó la polémica de este tema fue quedando claro que no hay argumento técnico, ni jurídico, ni económico o social que convalide un privilegio fiscal de esta dimensión. Y también fue más claro que la razón de este nuevo intento de atraco a la Nación, es estrictamente política y sus motivos tan absurdos como inaceptables. Se trata de convalidar una negociación del Senador Manlio Fabio Beltrones con Televisa, que por la vía de la exención de derechos, “resarce” la “pérdida” que esa empresa dice tener a costas de la reciente reforma electoral que prohibió la contratación comercial de propaganda electoral. El reembolso busca darse completito y copeteado.
En realidad estamos ante una disputa priísta por determinar quién se erige en el factótum de la relación con la televisión para las elecciones del 2012, y la competencia está, ni más ni menos, en quién le consigue más dinero a Televisa. Manlio no tiene el presupuesto del que Peña Nieto dispone para chorrear millones a la pantalla de la televisión comercial que lo ha inventado, pero tiene ley de derechos, y en el Congreso, él manda.
¿Y qué hace una parte del PAN en esa negociación?. ¿Fortalecer por ahora a Beltrones, en supuesto deblitamiento del gobernador Peña Nieto, para luego fortalecernos nosotros?. ¿Y la dura lección de los resultados electorales del 5 de julio, donde quedaron?.
Entre los que han concurrido de nueva cuenta con su voto, a levantar la exención que ya se había eliminado, varios tienen una clara conciencia de que se trata de una transacción indebida, de una componenda política. Y ahí está el asunto más grave, porque en menos de dos meses de funcionamiento de la nueva cámara de diputados y exactamente a dos del rectificador discurso del Presidente de la República, está apuñaleada la esperanza, nuevamente envenenado el ambiente político en general y entre nosotros los panistas en particular, por seguir consecuentando a los muchachos de la Televisión, que juegan y se ríen viendo cómo ellos pueden poner a operar a su servicio a las cámaras del Congreso de la Unión de la gran Nación Mexicana. Jugando al Monopoly, pero en serio, con el dinero que salga de los impuestos que acabamos de aprobar.
En lo que era una necesaria corrección, el Senado eliminó la madrugada del sábado por mayoría de votos de las bancadas del PAN y del PRD, que sumaron 58 votos contra 50, el transitorio de la ley federal de derechos que condonaba del pago de 5,600 millones de pesos a los que resulten concesionarios de una porción del espectro para telefonía móvil de tercera generación. No pasaron 24 horas, cuando en la madrugada del domingo, la cámara de diputados rescató por mayoría de votos de 252 contra 143, el absurdo privilegio fiscal.
Fue una combinación ilógica de actores e intereses políticos. Se formó mayoría con 180 diputados del PRI, con 47 del PAN, 17 del PVEM y 8 de Nueva Alianza. Quienes nos opusimos fuimos 68 diputados del PAN, 4 del PRI, 57 del PRD, 10 del PT y 4 de Convergencia. Hubo 27 abstenciones, 11 del PRI y 14 del PAN.
Revivir la condonación ha echado mano del absurdo: dicen que se trata de fomentar la competencia en un sector que necesita de ese “incentivo”. Se trata de una mezcla de desinformación con una falta de rubor ante la sociedad mexicana. El único nuevo jugador en servicios de telefonía móvil, es el cuasi monópolico concesionario de los servicios de televisión abierta: Televisa. Los demás participantes que han anunciado su interés en esa banda ya están en el mercado, e incluso no podrán ir a los segmentos de 30 mega hertz de la licitación porque rebasarían el límite impuesto por la Comisión Federal de Competencia, de 80 mega hertz, puesto que se trata de un recurso esencial.
Entre los nuevos argumentos que algunos se han sacado de la manga para justificar su aval a la medida es que, finalmente la CFC opinó favorablemente sobre el plazo de gracia de dos años a las empresas de telecomunicaciones.
Dicen que esa opinión los lleva a rescatar el transitorio que les regala a esas empresas dinero público. Quienes usan el oficio suscrito por Eduardo Pérez Mota, tienen el buen cuidado de omitir dos datos fundamentales, como que el mismísimo destinatario de esa opinión, el Senador Gustavo Madero Muñoz, coordinador de los senadores panistas votó en contra de esa exención al igual que la mayoría de los senadores que coordina porque, y he ahí el segundo dato, el documento opina desde el punto de vista de la materia exclusiva de ese órgano, la competencia. La opinión hace una aclaración de entrada: no prejuzga sobre aspectos tributarios o de política fiscal.
Más allá de que la opinión de Pérez Mota sea discutible en el tema mismo de la competencia, pues entre operadores de distintos rangos de la banda del espectro con características técnicas y económicas similares se han producido tratamientos diferentes - por lo que la medida resultaría discriminatoria en relación con el cobro de derechos y aprovechamientos- , lo cierto es que se deslinda de la parte fiscal, que al final de cuentas es el tema central.
La semana pasada escribí en este mismo espacio que la propuesta original del Senador Beltrones era conceder ese periodo de gracia sólo a los nuevos operadores entrantes “para incentivarlos en los años de fuerte inversión”, como si estuvieran tan pobrecitos que necesitaran del subsidio estatal. Pero ese esquema presentaba tal discriminación para los restantes jugadores en la misma banda que era predecible su impugnación legal con todo éxito. Para evitar que por la vía del amparo o de la acción de inconstitucionalidad, Televisa perdiera el cuantiosísimo regalo - pues es la empresa que por lo menos se quedará con uno de los segmentos de 30 mega hertz-, se extendió a los demás operadores y de ello resulta que el Estado mexicano en detrimento de su patrimonio, otorgará también una exención fiscal por dos años a dos de las empresas más rentables de telefonía móvil en el mundo: telcel y telefónica, que irán por sus 10 mega hertz cada una.
El otro argumento falaz, elevado a nombre de la competencia, es que la “subasta” dará un pago fuerte de entrada al erario. Hay incluso quienes hablan de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos. Lo interesante sería saber en qué se basan para decir eso, cuando el precio base determinado por la propia Secretaría de Hacienda de los 90 mega hertz es de 180 millones de pesos. Suponen que habrá puja hasta llegar a los 2 mil millones. Y si esto fuera cierto, la segunda pregunta es si quienes lo afirman, creen que ello es una cantidad mayor que 5,600 millones.
Conforme avanzó la polémica de este tema fue quedando claro que no hay argumento técnico, ni jurídico, ni económico o social que convalide un privilegio fiscal de esta dimensión. Y también fue más claro que la razón de este nuevo intento de atraco a la Nación, es estrictamente política y sus motivos tan absurdos como inaceptables. Se trata de convalidar una negociación del Senador Manlio Fabio Beltrones con Televisa, que por la vía de la exención de derechos, “resarce” la “pérdida” que esa empresa dice tener a costas de la reciente reforma electoral que prohibió la contratación comercial de propaganda electoral. El reembolso busca darse completito y copeteado.
En realidad estamos ante una disputa priísta por determinar quién se erige en el factótum de la relación con la televisión para las elecciones del 2012, y la competencia está, ni más ni menos, en quién le consigue más dinero a Televisa. Manlio no tiene el presupuesto del que Peña Nieto dispone para chorrear millones a la pantalla de la televisión comercial que lo ha inventado, pero tiene ley de derechos, y en el Congreso, él manda.
¿Y qué hace una parte del PAN en esa negociación?. ¿Fortalecer por ahora a Beltrones, en supuesto deblitamiento del gobernador Peña Nieto, para luego fortalecernos nosotros?. ¿Y la dura lección de los resultados electorales del 5 de julio, donde quedaron?.
Entre los que han concurrido de nueva cuenta con su voto, a levantar la exención que ya se había eliminado, varios tienen una clara conciencia de que se trata de una transacción indebida, de una componenda política. Y ahí está el asunto más grave, porque en menos de dos meses de funcionamiento de la nueva cámara de diputados y exactamente a dos del rectificador discurso del Presidente de la República, está apuñaleada la esperanza, nuevamente envenenado el ambiente político en general y entre nosotros los panistas en particular, por seguir consecuentando a los muchachos de la Televisión, que juegan y se ríen viendo cómo ellos pueden poner a operar a su servicio a las cámaras del Congreso de la Unión de la gran Nación Mexicana. Jugando al Monopoly, pero en serio, con el dinero que salga de los impuestos que acabamos de aprobar.
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