El ministro de la Suprema Corte de Justicia que está revisando el caso de la controvertida Ley Federal de Radio y Televisión, prepara una resolución para declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de esa legislación, según reportaron diversos medios de información.
El proyecto de dictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano propone anular los artículos 16, 17-G y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que manejan los temas de concesiones de radio y TV, su extensión a favor de los actuales concesionarios y la concentración de los servicios de telecomunicaciones.
El resto de los ministros de la Corte –que recibieron ayer el dictamen de su compañero Aguirre- analizará en breve el dictamen de Aguirre y resolverá si la ley, aprobada el año pasado por el Congreso, viola o no los principios constitucionales. La legislación fue ampliamente criticada por un grupo de senadores, quienes presentaron la controversia constitucional al argumentar que las reformas daban ventajas a las televisoras actuales e inhibían la participación de más competidores.
El ex senador priista Manuel Bartlett celebró el dictamen del ministro Anguiano. Bartlett fue un opositor a las reformas de la llamada “Ley Televisa” y, junto con otros 46 senadores, presentó en mayo de 2006 una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
“Dos de los asuntos que consideramos centrales es que se invalida el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión donde está el mayor despojo a la nación, además de que se invalida la subasta como el criterio definidor del otorgamiento de concesiones”, dijo Bartlett.
En una entrevista radiofónica, este viernes el senador panista Santiago Creel, reconoció que el proceso electoral de 2006 afectó la aprobación de la ley.
Las reformas a las leyes de Radio y Televisión se dieron “en medio de un proceso en donde los partidos están (estaban) compitiendo, necesitan de los espacios publicitarios para que sus candidatos puedan comunicarse con su audiencia con los electores potenciales y por su puesto que esa circunstancia descalifica la manera como se proceso y negoció esa ley”, dijo Creel.
“Las cosas fueron más bien una imposición que una negociación, en donde fue una sola visión y no la visión que surge de la pluralidad que surge de acuerdos”, dijo Creel, ocupó el cargo de Secretario de Gobernación durante el sexenio de Fox y fue precandidato de su partido a la presidencia de la República.
El coordinador de la fracción del PAN en la Cámara alta adelantó que si los ministros de la Corte no fallan en contra de la “Ley Televisa”, los legisladores podrían volver a reformar el marco legal de la televisión y la radio.
“Una de dos, o el cambio lo hace la Corte o lo hacemos nosotros”, señaló Creel.
El dictamen de Aguirre indica la inconstitucionalidad de algunos artículos de la nueva ley, tales como el 16, que señala que el término de la concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre otros.
También señala el artículo 28, que indica que los concesionarios de radiodifusión que deseen prestar otros servicios de telecomunicación deben presentar una solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la autoridad les requerirá un pago como contraprestación.
Según informes de algunos diarios es discriminatorio porque excluye a los permisionarios de la posibilidad de prestación de servicios de telecomunicaciones.
"El artículo 28 constitucional representa para los concesionarios radiodifusores una ventaja competitiva de entrada al mercado de las telecomunicaciones en perjuicio de particulares y concesionarios de telecomunicaciones sujetos a los procedimientos de solicitud de concesión; evita la concurrencia y libre competencia y fomenta la concentración de los servicios de telecomunicaciones”, dijo Bartlett.
El proyecto de dictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano propone anular los artículos 16, 17-G y 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que manejan los temas de concesiones de radio y TV, su extensión a favor de los actuales concesionarios y la concentración de los servicios de telecomunicaciones.
El resto de los ministros de la Corte –que recibieron ayer el dictamen de su compañero Aguirre- analizará en breve el dictamen de Aguirre y resolverá si la ley, aprobada el año pasado por el Congreso, viola o no los principios constitucionales. La legislación fue ampliamente criticada por un grupo de senadores, quienes presentaron la controversia constitucional al argumentar que las reformas daban ventajas a las televisoras actuales e inhibían la participación de más competidores.
El ex senador priista Manuel Bartlett celebró el dictamen del ministro Anguiano. Bartlett fue un opositor a las reformas de la llamada “Ley Televisa” y, junto con otros 46 senadores, presentó en mayo de 2006 una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
“Dos de los asuntos que consideramos centrales es que se invalida el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión donde está el mayor despojo a la nación, además de que se invalida la subasta como el criterio definidor del otorgamiento de concesiones”, dijo Bartlett.
En una entrevista radiofónica, este viernes el senador panista Santiago Creel, reconoció que el proceso electoral de 2006 afectó la aprobación de la ley.
Las reformas a las leyes de Radio y Televisión se dieron “en medio de un proceso en donde los partidos están (estaban) compitiendo, necesitan de los espacios publicitarios para que sus candidatos puedan comunicarse con su audiencia con los electores potenciales y por su puesto que esa circunstancia descalifica la manera como se proceso y negoció esa ley”, dijo Creel.
“Las cosas fueron más bien una imposición que una negociación, en donde fue una sola visión y no la visión que surge de la pluralidad que surge de acuerdos”, dijo Creel, ocupó el cargo de Secretario de Gobernación durante el sexenio de Fox y fue precandidato de su partido a la presidencia de la República.
El coordinador de la fracción del PAN en la Cámara alta adelantó que si los ministros de la Corte no fallan en contra de la “Ley Televisa”, los legisladores podrían volver a reformar el marco legal de la televisión y la radio.
“Una de dos, o el cambio lo hace la Corte o lo hacemos nosotros”, señaló Creel.
El dictamen de Aguirre indica la inconstitucionalidad de algunos artículos de la nueva ley, tales como el 16, que señala que el término de la concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre otros.
También señala el artículo 28, que indica que los concesionarios de radiodifusión que deseen prestar otros servicios de telecomunicación deben presentar una solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la autoridad les requerirá un pago como contraprestación.
Según informes de algunos diarios es discriminatorio porque excluye a los permisionarios de la posibilidad de prestación de servicios de telecomunicaciones.
"El artículo 28 constitucional representa para los concesionarios radiodifusores una ventaja competitiva de entrada al mercado de las telecomunicaciones en perjuicio de particulares y concesionarios de telecomunicaciones sujetos a los procedimientos de solicitud de concesión; evita la concurrencia y libre competencia y fomenta la concentración de los servicios de telecomunicaciones”, dijo Bartlett.
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