Javier Corral Jurado
En menos de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasó dramáticamente de la fiesta de la apertura a reuniones privadas en el tratamiento de asuntos relevantes para el país, en una ida y vuelta a la opacidad.
El 13 de noviembre de 2006, el tribunal pleno de la Suprema Corte acordó una de sus más importantes decisiones en transparencia para la administración de justicia: entregar a las partes, en los asuntos de su competencia, copia simple del denominado "problemario", un documento de trabajo que elabora el ministro ponente de algún asunto, donde identifica los problemas jurídicos que serán la ruta de su proyecto de resolución. Las partes pueden bajo esa información preparar sus alegatos ante el resto de los ministros en el último y definitivo tramo antes de su votación en el Pleno.
Cuando el pleno aprobó el acuerdo de entregar a las partes "el ´problemario´ que se acompaña a cada uno de los proyectos elaborados por los señores ministros o por las comisiones de secretarios de estudio y cuenta", manifestó en sus considerandos que lo hacía bajo "los firmes propósitos de incrementar la transparencia de sus funciones, hacer más accesible la información que genera y facilitar a quienes hayan ejercitado su derecho a la administración de justicia establecido en el artículo 17 constitucional, proporcionándoles elementos que contribuyan a dicho ejercicio".
Sin embargo, los firmes propósitos se topan con la dura realidad, la transparencia no es tal y el acuerdo se incumple en función del grado o nivel de intereses que se pongan en juego en las decisiones de la Corte. El tratamiento que se ha acordado dar a la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa es el más vivo ejemplo de esta lamentable contradicción entre las palabras y los hechos: se ha acordado "tratarla con el mayor sigilo posible", despojándonos a los promoventes de la acción y a nuestros representantes delegados legítimamente acreditados de tener acceso al "problemario", y se han previsto discusiones privadas, con peritos y entre los miembros del Pleno, para ir planchando el debate; el 21 de mayo, según me lo ha comunicado el propio ministro presidente de la Corte, será su discusión pública.
El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano ha formulado, sólo en forma oral y aún no por escrito, que quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad el 4 de mayo de 2006 ya hemos perdido legitimidad como actores al ya no tener nuestro carácter de senadores. Luego entonces, nos niega el derecho a conocer el "problemario" y nos deja en la indefensión. Poder argumentar sobre el proyecto y su formulación en un asunto tan complejo desde el punto de vista técnico, simple y sencillamente será imposible.
Esa tesis, a la que basta dejar transcurrir la duración de una legislatura, o la reconformación de fuerzas en el Congreso para inutilizar la acción promotora, desconoce que los promoventes fuimos una tercera parte de la entonces Cámara de Senadores (47), apegada a los requisitos señalados en el artículo 105 de la Constitución, fracción II, que no representamos al Senado sino a una minoría que no puede ser disuelta aun en este momento. Nuestros demandados son el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal que promulgó las reformas legales impugnadas.
La tesis ha sido enderezada contra la parte promovente, a quienes en los hechos se nos ha negado ya la entrada a los despachos de algunos ministros, particularmente del ponente. Los beneficiarios de la ley, estrictamente las empresas televisivas y los integrantes de la Cofetel han disfrutado de un picaporte y trato especial. ¿En qué carácter o representación legítima son recibidos los funcionarios de Televisa y sus empleados en el órgano regulador?
Sinceramente planteo que un asunto de esta naturaleza, del que depende la ampliación o no de la oferta comunicacional del país, que marcará el papel que la Corte decida jugar frente a los poderes fácticos, no debiera ser tratado así. Tampoco nos pueden conducir a urgar en las oficinas de los ministros para conseguir de manera indebida a lo que por acuerdo propio de la Corte tenemos derecho. Eso sólo distorsiona el proceso y vulnera la imparcialidad en la administración de la justicia. Independientemente de la manera en que lo resuelvan los ministros, este asunto es uno de los más importantes de la actual integración de la Corte.
Sí, ha sido un encontronazo ver y vivir una parte del acontecer judicial en lo que es su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes celebran ya la transparencia y el acceso a la información como elemento consolidado de nuestra democracia, largo es aún el camino y ardua será su conquista verdadera. El manejo escrupuloso que se ofreció en el caso de la ley Televisa está terminando en contrastante manoseo. Debiera atemperarse el entusiasmo por nuestros logros, largo es aún el camino de su concreción.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
En menos de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasó dramáticamente de la fiesta de la apertura a reuniones privadas en el tratamiento de asuntos relevantes para el país, en una ida y vuelta a la opacidad.
El 13 de noviembre de 2006, el tribunal pleno de la Suprema Corte acordó una de sus más importantes decisiones en transparencia para la administración de justicia: entregar a las partes, en los asuntos de su competencia, copia simple del denominado "problemario", un documento de trabajo que elabora el ministro ponente de algún asunto, donde identifica los problemas jurídicos que serán la ruta de su proyecto de resolución. Las partes pueden bajo esa información preparar sus alegatos ante el resto de los ministros en el último y definitivo tramo antes de su votación en el Pleno.
Cuando el pleno aprobó el acuerdo de entregar a las partes "el ´problemario´ que se acompaña a cada uno de los proyectos elaborados por los señores ministros o por las comisiones de secretarios de estudio y cuenta", manifestó en sus considerandos que lo hacía bajo "los firmes propósitos de incrementar la transparencia de sus funciones, hacer más accesible la información que genera y facilitar a quienes hayan ejercitado su derecho a la administración de justicia establecido en el artículo 17 constitucional, proporcionándoles elementos que contribuyan a dicho ejercicio".
Sin embargo, los firmes propósitos se topan con la dura realidad, la transparencia no es tal y el acuerdo se incumple en función del grado o nivel de intereses que se pongan en juego en las decisiones de la Corte. El tratamiento que se ha acordado dar a la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa es el más vivo ejemplo de esta lamentable contradicción entre las palabras y los hechos: se ha acordado "tratarla con el mayor sigilo posible", despojándonos a los promoventes de la acción y a nuestros representantes delegados legítimamente acreditados de tener acceso al "problemario", y se han previsto discusiones privadas, con peritos y entre los miembros del Pleno, para ir planchando el debate; el 21 de mayo, según me lo ha comunicado el propio ministro presidente de la Corte, será su discusión pública.
El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano ha formulado, sólo en forma oral y aún no por escrito, que quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad el 4 de mayo de 2006 ya hemos perdido legitimidad como actores al ya no tener nuestro carácter de senadores. Luego entonces, nos niega el derecho a conocer el "problemario" y nos deja en la indefensión. Poder argumentar sobre el proyecto y su formulación en un asunto tan complejo desde el punto de vista técnico, simple y sencillamente será imposible.
Esa tesis, a la que basta dejar transcurrir la duración de una legislatura, o la reconformación de fuerzas en el Congreso para inutilizar la acción promotora, desconoce que los promoventes fuimos una tercera parte de la entonces Cámara de Senadores (47), apegada a los requisitos señalados en el artículo 105 de la Constitución, fracción II, que no representamos al Senado sino a una minoría que no puede ser disuelta aun en este momento. Nuestros demandados son el Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal que promulgó las reformas legales impugnadas.
La tesis ha sido enderezada contra la parte promovente, a quienes en los hechos se nos ha negado ya la entrada a los despachos de algunos ministros, particularmente del ponente. Los beneficiarios de la ley, estrictamente las empresas televisivas y los integrantes de la Cofetel han disfrutado de un picaporte y trato especial. ¿En qué carácter o representación legítima son recibidos los funcionarios de Televisa y sus empleados en el órgano regulador?
Sinceramente planteo que un asunto de esta naturaleza, del que depende la ampliación o no de la oferta comunicacional del país, que marcará el papel que la Corte decida jugar frente a los poderes fácticos, no debiera ser tratado así. Tampoco nos pueden conducir a urgar en las oficinas de los ministros para conseguir de manera indebida a lo que por acuerdo propio de la Corte tenemos derecho. Eso sólo distorsiona el proceso y vulnera la imparcialidad en la administración de la justicia. Independientemente de la manera en que lo resuelvan los ministros, este asunto es uno de los más importantes de la actual integración de la Corte.
Sí, ha sido un encontronazo ver y vivir una parte del acontecer judicial en lo que es su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes celebran ya la transparencia y el acceso a la información como elemento consolidado de nuestra democracia, largo es aún el camino y ardua será su conquista verdadera. El manejo escrupuloso que se ofreció en el caso de la ley Televisa está terminando en contrastante manoseo. Debiera atemperarse el entusiasmo por nuestros logros, largo es aún el camino de su concreción.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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