Javier Corral Jurado
Sólo basta leer el desplegado publicado el 7 de septiembre por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para darnos cuenta de por qué las televisoras recurren, otra vez, a la burda distorsión informativa sobre la propuesta de reforma electoral, y reiteran el chantaje y la amenaza directa a quienes la promueven con proscribirlos de la pantalla: carecen de argumentos en su defensa, no sólo racionales o legales, sino legítimos, porque esconden el fundamento real de su resistencia.
Ayunos de razones para oponerse, inventan, falsifican e intentan inútilmente encontrar aliados donde no los tienen, “la academia, la investigación, el periodismo”, para ir juntos adonde siempre han despreciado acudir “a las mesas de diálogo convocadas por el H. Congreso”. “Tiempo de escuchar y recabar las sugerencias” siempre lo han pedido y muy pocas veces han expresado con claridad qué sí quieren y qué no, qué están dispuestos a ceder, en qué medida aportarán a la consolidación de la democracia como concesionarios de un bien de la nación. Pero la visión parte de reducir las elecciones sólo a un jugoso negocio por el que llegan a sus bolsillos miles de millones de pesos y a su influencia creciente, extraordinarias relaciones de poder.
Por eso en la campaña televisiva del fin de semana y sin duda la que nos espera en ésta han ocultado a sus auditorios de qué se trata la reforma. No les han dicho a sus televidentes que busca reducir considerablemente los gastos de las campañas y redestinar esos recursos a otros rubros sociales urgentes, pues entre otros apartados de gran valor y decisión política se prohíbe a los partidos adquirir tiempo en radio y televisión, esto es, no más gasto en spots. No dicen que de aprobarse las adiciones al artículo 41 de la Constitución, el acceso de los partidos a los medios electrónicos se hará a través del tiempo que el Estado disponga y que será asignado al IFE como autoridad única.
No dicen que según una adición al artículo 134 de la Constitución, “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Esa información vital ha sido negada a sus audiencias, a quienes con el tema de la remoción de los consejeros del IFE —argumento que por supuesto tiene asidero y parte de razón— se les encubre la defensa de sus propios intereses.
Amos y señores de la negociación subrepticia, del acuerdo en lo oscurito, de los refrendos pactados al final del año, aplaudidores de los decretos firmados en la madrugada en la suite de un hotel, y de las leyes aprobadas en siete minutos, ahora el duopolio televisivo está sumamente preocupado por “el cuidadoso sigilo en que se ha mantenido el contenido preciso del proyecto de reforma”. Lo podrán decir de la forma y tiempos en que se presentó el proyecto de dictamen, pero no de sus contenidos, quizá una de las discusiones más oreadas en los últimos años en el país, debate que ha contado en todo momento con la censura televisiva.
Esta vez el duopolio está perdido. Han cometido todos los errores posibles, que no hay dignidad política, por más endeble que lo sea, que aguantara los desplantes de la prepotencia y los abusos de su poder que llegó a creerse intocable. Han ido tan lejos y tanto le han jalado los bigotes al Estado que muy atrás se quedó la propuesta de que fuera solamente el IFE la instancia que contratara la publicidad comercial en materia electoral, ahora la prohibición es total.
¿Que la reforma condena a la desaparición a los medios pequeños? La queja es grotesca e inexacta. Pobre radiodifusión aquella que para subsistir necesita sólo de publicidad oficial o de campañas electorales; pero tampoco es cierto que sean depositarios de asignaciones presupuestales importantes. En las elecciones locales y no se diga en las federales, la mayor rebanada del pastel se la lleva el oligopolio radiofónico y el duopolio televisivo, como sucede en el conjunto de la publicidad.
Televisa y TV Azteca se llevan 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos al año. La radio representa 8% adicional. Esto es, no más de 15 empresas de medios concentran en México 66 % de los ingresos del mercado publicitario y son destinatarios de 60% del gasto total de los partidos en las campañas electorales.
En eso ha derivado el modelo electoral que hace de la mercadotecnia y del spot su estrategia fundamental: una correa de transmisión de dinero público a unas cuantas empresas privadas.
No es válida tampoco la queja de los radiodifusores pequeños, medianos, de provincia, independientes o como se quieran llamar, de que los metan al mismo costal de la televisión y que las reformas legales no sean capaces de distinguirlos entre uno y otro sistema; la timoratez tiene sus costos, y dejarse conducir por el tronar de los dedos de empleados de tercera categoría de las televisoras entraña responsabilidades y consecuencias. Superar el miedo es condición indispensable para exigir y ejercer la libertad.
En efecto, puede venir una andanada mediática contra los promotores de las reformas, pero el ruido pasará pronto, quizá en cuanto esté aprobada por el constituyente permanente. Si los legisladores acometen la decisión, terminarán siendo respetados por muchos, incluida la televisión. Que van a presionar, sin duda, pero sólo se deja presionar quien es susceptible de ser presionado.
La política adquirirá más libertad e independencia no sólo para resolver la agenda de la reforma de medios, sino otros temas fundamentales en los que la tv actúa como cómplice del statu quo. Sí, se trata de un acto de liberación, pues en medio no sólo está la posibilidad de campañas más baratas y cortas, también se ataca una relación indebida entre medios y poder, inadmisible en una democracia. Enhorabuena por el Congreso.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Sólo basta leer el desplegado publicado el 7 de septiembre por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para darnos cuenta de por qué las televisoras recurren, otra vez, a la burda distorsión informativa sobre la propuesta de reforma electoral, y reiteran el chantaje y la amenaza directa a quienes la promueven con proscribirlos de la pantalla: carecen de argumentos en su defensa, no sólo racionales o legales, sino legítimos, porque esconden el fundamento real de su resistencia.
Ayunos de razones para oponerse, inventan, falsifican e intentan inútilmente encontrar aliados donde no los tienen, “la academia, la investigación, el periodismo”, para ir juntos adonde siempre han despreciado acudir “a las mesas de diálogo convocadas por el H. Congreso”. “Tiempo de escuchar y recabar las sugerencias” siempre lo han pedido y muy pocas veces han expresado con claridad qué sí quieren y qué no, qué están dispuestos a ceder, en qué medida aportarán a la consolidación de la democracia como concesionarios de un bien de la nación. Pero la visión parte de reducir las elecciones sólo a un jugoso negocio por el que llegan a sus bolsillos miles de millones de pesos y a su influencia creciente, extraordinarias relaciones de poder.
Por eso en la campaña televisiva del fin de semana y sin duda la que nos espera en ésta han ocultado a sus auditorios de qué se trata la reforma. No les han dicho a sus televidentes que busca reducir considerablemente los gastos de las campañas y redestinar esos recursos a otros rubros sociales urgentes, pues entre otros apartados de gran valor y decisión política se prohíbe a los partidos adquirir tiempo en radio y televisión, esto es, no más gasto en spots. No dicen que de aprobarse las adiciones al artículo 41 de la Constitución, el acceso de los partidos a los medios electrónicos se hará a través del tiempo que el Estado disponga y que será asignado al IFE como autoridad única.
No dicen que según una adición al artículo 134 de la Constitución, “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Esa información vital ha sido negada a sus audiencias, a quienes con el tema de la remoción de los consejeros del IFE —argumento que por supuesto tiene asidero y parte de razón— se les encubre la defensa de sus propios intereses.
Amos y señores de la negociación subrepticia, del acuerdo en lo oscurito, de los refrendos pactados al final del año, aplaudidores de los decretos firmados en la madrugada en la suite de un hotel, y de las leyes aprobadas en siete minutos, ahora el duopolio televisivo está sumamente preocupado por “el cuidadoso sigilo en que se ha mantenido el contenido preciso del proyecto de reforma”. Lo podrán decir de la forma y tiempos en que se presentó el proyecto de dictamen, pero no de sus contenidos, quizá una de las discusiones más oreadas en los últimos años en el país, debate que ha contado en todo momento con la censura televisiva.
Esta vez el duopolio está perdido. Han cometido todos los errores posibles, que no hay dignidad política, por más endeble que lo sea, que aguantara los desplantes de la prepotencia y los abusos de su poder que llegó a creerse intocable. Han ido tan lejos y tanto le han jalado los bigotes al Estado que muy atrás se quedó la propuesta de que fuera solamente el IFE la instancia que contratara la publicidad comercial en materia electoral, ahora la prohibición es total.
¿Que la reforma condena a la desaparición a los medios pequeños? La queja es grotesca e inexacta. Pobre radiodifusión aquella que para subsistir necesita sólo de publicidad oficial o de campañas electorales; pero tampoco es cierto que sean depositarios de asignaciones presupuestales importantes. En las elecciones locales y no se diga en las federales, la mayor rebanada del pastel se la lleva el oligopolio radiofónico y el duopolio televisivo, como sucede en el conjunto de la publicidad.
Televisa y TV Azteca se llevan 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos al año. La radio representa 8% adicional. Esto es, no más de 15 empresas de medios concentran en México 66 % de los ingresos del mercado publicitario y son destinatarios de 60% del gasto total de los partidos en las campañas electorales.
En eso ha derivado el modelo electoral que hace de la mercadotecnia y del spot su estrategia fundamental: una correa de transmisión de dinero público a unas cuantas empresas privadas.
No es válida tampoco la queja de los radiodifusores pequeños, medianos, de provincia, independientes o como se quieran llamar, de que los metan al mismo costal de la televisión y que las reformas legales no sean capaces de distinguirlos entre uno y otro sistema; la timoratez tiene sus costos, y dejarse conducir por el tronar de los dedos de empleados de tercera categoría de las televisoras entraña responsabilidades y consecuencias. Superar el miedo es condición indispensable para exigir y ejercer la libertad.
En efecto, puede venir una andanada mediática contra los promotores de las reformas, pero el ruido pasará pronto, quizá en cuanto esté aprobada por el constituyente permanente. Si los legisladores acometen la decisión, terminarán siendo respetados por muchos, incluida la televisión. Que van a presionar, sin duda, pero sólo se deja presionar quien es susceptible de ser presionado.
La política adquirirá más libertad e independencia no sólo para resolver la agenda de la reforma de medios, sino otros temas fundamentales en los que la tv actúa como cómplice del statu quo. Sí, se trata de un acto de liberación, pues en medio no sólo está la posibilidad de campañas más baratas y cortas, también se ataca una relación indebida entre medios y poder, inadmisible en una democracia. Enhorabuena por el Congreso.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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