Javier Corral Jurado
La política legislativa, actividad indispensable y superior en el sistema democrático de la división de poderes, necesita condiciones especiales para concretar sus propósitos: identificar el objetivo esencial de las reformas que procesa —para lo que el método que escoja es su principal definición— y también el momento preciso, la época conveniente para enfrentar las consecuencias de sus actos, sobre todo si se tiene la voluntad de hacer prevalecer el interés público sobre los intereses particulares.
No siempre están a la vista los momentos propicios para las reformas, ni con frecuencia aparece una clase política reformadora, capaz de tomar el riesgo de agotarse en sí misma. El intenso calendario electoral, que nos tiene metidos casi todos los años en la disputa del poder federal o local, ha sido uno de los desincentivos para el acuerdo; por ello, hay que recalcarlo, homologar los procesos electorales a un mismo tiempo es uno de los mayores respiros que se puede dar a la República. Las grandes reformas necesitan tiempo intenso pero corto de competencia entre los partidos, y amplio espacio para la reflexión de largo plazo, en el que unos y otros evalúan su condición de poder y de oposición.
Las reformas que México necesita están inspiradas, dotadas de propuestas para diferentes escenarios, ampliamente consultadas, debatidas, pero les han faltado momento y hombres y mujeres dispuestos a superar las diferencias de la pluralidad de los parlamentos. Ello requiere visión profunda y una generosidad capaz de recoger la experiencia. Para acometer los cambios estructurales que el país demanda no sirven la simulación ni la mezquindad. Reconocer la validez de las ideas más allá de quien las formula es una característica de los demócratas.
México y su Congreso tienen hoy condiciones insuperables para concretar la alternancia política y la transición democrática en una reforma del Estado de hondo calado. No se debe dar pausa a que los intereses económicos o los poderes fácticos reinstalen su dinámica de presión, intimidación y chantaje, en la ruta de rescatar soberanía al Estado y dignidad a la política. Ahí se coloca el inicio de los trabajos del grupo plural para la reforma de las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones que el pasado jueves se instaló formalmente en el Senado, bajo el liderazgo que han decidido asumir en esta histórica empresa los coordinadores parlamentarios Santiago Creel (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD).
También la instalación del grupo de trabajo bicamaral que revisará el segundo tema de la reforma del Estado, Régimen de Estado y de Gobierno, particularmente en la figura de jefe de Gabinete, con el que el Congreso pretende aumentar su participación en un nuevo modelo de gobernabilidad democrática.
Ante propósitos tan esperanzadores y hechos tan concretos como la reforma constitucional en materia electoral, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, por acuerdo de su comité directivo y de su consejo consultivo, envió una carta a todos los diputados locales del país para sumarse a este momento reformador, y hacer del Constituyente Permanente consignado en el artículo 135 de la Constitución una de las mayores expresiones de voluntad política plena, coincidente entre su diversidad, frente a amenazas, presiones y la desinformación que despliegan los intereses que la resisten.
Dice el apoyo central de esa misiva: “Estamos convencidos de que esa normatividad tendrá un impacto positivo en nuestra vida política: campañas electorales más baratas, reforzamiento de la equidad en la competencia y una democracia más fuerte y menos dependiente del dinero. Eventualmente, además, esas disposiciones pueden incidir de manera colateral en una elevación del debate político que tanto requiere nuestro país. Por esas razones, los llamamos a refrendar y reforzar el importante paso que dio el Congreso de la Unión y aprobar las que, con el voto de ustedes, pueden convertirse en las nuevas normas constitucionales para la competencia política en este país”.
La carta de la Amedi, que contrasta con la enviada por la cúpula empresarial contra las reformas, ha tenido gran respuesta de varios legisladores, y en Colima y Jalisco ha sido referenciado su contenido a la hora en que las comisiones han aprobado dictaminarla. Es necesario ese aval pues la campaña distorsionadora ha tenido su efecto. Conforme a una encuesta nacional sobre la reforma constitucional en materia electoral, del Instituto de Mercadotecnia y Opinión de Guadalajara, que encabeza César Morones, la mayoría de las personas se mostró en desacuerdo, 48.9%, mientras que 43.9% estaba de acuerdo, teniendo como fuente de información básicamente a la tv. Sin embargo, cuando a la gente consultada se le informaba sobre los contenidos reales de la reforma, la opinión cambiaba de una manera radical: 80.7% a favor de que no se pueda comprar spots, 85% a favor de que no exista la posibilidad de campañas negativas, 87.2% a favor de la reduccion del tiempo de campañas, 80.7% a favor de la prohibición de propaganda gubernamental con fines de promoción personal.
Las reformas, su momento y reformadores también necesitan respaldo ciudadano, impulso social organizado, capaz de comprender que más allá de las diferencias lo que vale es el horizonte que se traza en el ideal que nos es común: un México mejor y más justo para todos.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
La política legislativa, actividad indispensable y superior en el sistema democrático de la división de poderes, necesita condiciones especiales para concretar sus propósitos: identificar el objetivo esencial de las reformas que procesa —para lo que el método que escoja es su principal definición— y también el momento preciso, la época conveniente para enfrentar las consecuencias de sus actos, sobre todo si se tiene la voluntad de hacer prevalecer el interés público sobre los intereses particulares.
No siempre están a la vista los momentos propicios para las reformas, ni con frecuencia aparece una clase política reformadora, capaz de tomar el riesgo de agotarse en sí misma. El intenso calendario electoral, que nos tiene metidos casi todos los años en la disputa del poder federal o local, ha sido uno de los desincentivos para el acuerdo; por ello, hay que recalcarlo, homologar los procesos electorales a un mismo tiempo es uno de los mayores respiros que se puede dar a la República. Las grandes reformas necesitan tiempo intenso pero corto de competencia entre los partidos, y amplio espacio para la reflexión de largo plazo, en el que unos y otros evalúan su condición de poder y de oposición.
Las reformas que México necesita están inspiradas, dotadas de propuestas para diferentes escenarios, ampliamente consultadas, debatidas, pero les han faltado momento y hombres y mujeres dispuestos a superar las diferencias de la pluralidad de los parlamentos. Ello requiere visión profunda y una generosidad capaz de recoger la experiencia. Para acometer los cambios estructurales que el país demanda no sirven la simulación ni la mezquindad. Reconocer la validez de las ideas más allá de quien las formula es una característica de los demócratas.
México y su Congreso tienen hoy condiciones insuperables para concretar la alternancia política y la transición democrática en una reforma del Estado de hondo calado. No se debe dar pausa a que los intereses económicos o los poderes fácticos reinstalen su dinámica de presión, intimidación y chantaje, en la ruta de rescatar soberanía al Estado y dignidad a la política. Ahí se coloca el inicio de los trabajos del grupo plural para la reforma de las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones que el pasado jueves se instaló formalmente en el Senado, bajo el liderazgo que han decidido asumir en esta histórica empresa los coordinadores parlamentarios Santiago Creel (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD).
También la instalación del grupo de trabajo bicamaral que revisará el segundo tema de la reforma del Estado, Régimen de Estado y de Gobierno, particularmente en la figura de jefe de Gabinete, con el que el Congreso pretende aumentar su participación en un nuevo modelo de gobernabilidad democrática.
Ante propósitos tan esperanzadores y hechos tan concretos como la reforma constitucional en materia electoral, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, por acuerdo de su comité directivo y de su consejo consultivo, envió una carta a todos los diputados locales del país para sumarse a este momento reformador, y hacer del Constituyente Permanente consignado en el artículo 135 de la Constitución una de las mayores expresiones de voluntad política plena, coincidente entre su diversidad, frente a amenazas, presiones y la desinformación que despliegan los intereses que la resisten.
Dice el apoyo central de esa misiva: “Estamos convencidos de que esa normatividad tendrá un impacto positivo en nuestra vida política: campañas electorales más baratas, reforzamiento de la equidad en la competencia y una democracia más fuerte y menos dependiente del dinero. Eventualmente, además, esas disposiciones pueden incidir de manera colateral en una elevación del debate político que tanto requiere nuestro país. Por esas razones, los llamamos a refrendar y reforzar el importante paso que dio el Congreso de la Unión y aprobar las que, con el voto de ustedes, pueden convertirse en las nuevas normas constitucionales para la competencia política en este país”.
La carta de la Amedi, que contrasta con la enviada por la cúpula empresarial contra las reformas, ha tenido gran respuesta de varios legisladores, y en Colima y Jalisco ha sido referenciado su contenido a la hora en que las comisiones han aprobado dictaminarla. Es necesario ese aval pues la campaña distorsionadora ha tenido su efecto. Conforme a una encuesta nacional sobre la reforma constitucional en materia electoral, del Instituto de Mercadotecnia y Opinión de Guadalajara, que encabeza César Morones, la mayoría de las personas se mostró en desacuerdo, 48.9%, mientras que 43.9% estaba de acuerdo, teniendo como fuente de información básicamente a la tv. Sin embargo, cuando a la gente consultada se le informaba sobre los contenidos reales de la reforma, la opinión cambiaba de una manera radical: 80.7% a favor de que no se pueda comprar spots, 85% a favor de que no exista la posibilidad de campañas negativas, 87.2% a favor de la reduccion del tiempo de campañas, 80.7% a favor de la prohibición de propaganda gubernamental con fines de promoción personal.
Las reformas, su momento y reformadores también necesitan respaldo ciudadano, impulso social organizado, capaz de comprender que más allá de las diferencias lo que vale es el horizonte que se traza en el ideal que nos es común: un México mejor y más justo para todos.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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