Javier Corral Jurado
Quién sabe de dónde tanto rubor, el PRI se rasga las vestiduras. En una especie de papel víctimal se tira al suelo, se llama ofendido, agraviado ante el desafío público que le ha lanzado el dirigente nacional del PAN para que defina si concurrirá en el Congreso a aprobar las reformas pendientes en materia penal y de combate al narcotráfico, o con su omisión legislativa, le seguirá haciendo el caldo gordo a los narcotraficantes.
Más allá del estilo o lenguaje que el dirigente del PAN utilice para llamarlos a colaborar en esa impostergable tarea, el tema esencial es la negativa a colaborar de los gobiernos locales del PRI en la lucha contra la delincuencia organizada y la de sus representantes en el Congreso para dotar de mejores instrumentos legales ese combate frontal.
Pero la polémica se ha ido por el tono y no por el fondo. Ya sabemos que en México lo anecdótico toma el lugar de lo fundamental, pero hay que advertir que esa orientación no es casual en este tema. El PRI se resiste blindar en serio a la política electoral del dinero del narco, los gobernadores se esconden en las faldas de la competencia exclusiva de la federación para escabullirse de la responsabilidad compartida y sus diputados y senadores tienen detenidos los dictámenes de iniciativas importantes enviadas por el Presidente de la República en dos temas que reconfigurarían la colaboración Estados-municipios-federación por una parte, y en un mayor aislamiento a la operación de las mafias del narcotráfico, por otra.
En el mayor problema que los mexicanos hemos enfrentado en materia de seguridad, el PRI no quiere hacerse cargo de nada, ni siquiera de la responsabilidad histórica de décadas de corrupción e inacción oficiales que prohijaron y acumularon los niveles actuales, tanto en la descomposición e infiltración de las corporaciones policiacas, como en la ausencia de un Estado democrático de derecho. Contestan con evasivas, sermones e insultos, incluso por parte de personajes a los que por supuesto la injuria no les queda, me refiero al caso del Senador Murillo Karam, de mejor nivel que en el que se colocó.
Siendo el de la inseguridad y la violencia el tema que más preocupa a la población, el PRI quiere confinar toda la responsabilidad a los gobiernos del PAN, lo hace sí en una estricta apuesta electoral, pero también lo imposibilita su propia historia, su modus operandi, la abultada carga de la complicidad de sexenio tras sexenio. A las supuestas víctimas de hoy, se les ha olvidado su papel victimario de ayer. Así, con gran descaro y a nombre de “la visión de Estado”.
Un seguimiento más riguroso de las declaraciones y los hechos de los dirigentes partidistas en esta materia daría claves más precisas para desentrañar los motivos de la actual confrontación verbal, pero también nos advertiría de una resistencia priísta a entrarle al toro por los cuernos.
Los medios de comunicación, salvo contadísima excepción, no dieron puntual seguimiento a la postura del PRI frente a la propuesta que hizo el PAN de blindar las campañas electorales - un documento con una docena de propuestas específicas en el escrutinio y vigilancia de los mecanismos financieros de los candidatos y los partidos -, pero que fue vergonzosa y delatora de su miedo a la inspección. Se dijeron anticipadamente espiados y perseguidos.
El narcomenudeo es, ni más ni menos, que la principal base de sustento y operación del narcotráfico en nuestro país. En la proliferación de lugares que comercian ilícitamente con estupefacientes, está el tejido mayor de su “base social”. El Presidente de la República presentó varias reformas a la legislación aplicable para que este delito sea perseguido también por las policías municipales y estatales y con ello establecer un frente común con la Federación para combatir frontal y eficazmente al narcomenudeo, pero el PRI dice que eso no se puede, aunque sepan que el 95% de las estructuras policiales del país son locales, y sólo el 5% federales.
Combatir el crimen organizado eficazmente requiere atacar su financiamiento, para ello se ha propuesto armonizar la legislación federal con las directrices internacionales en materia de combate al lavado de dinero, estableciendo medidas para la adecuada coordinación entre las autoridades fiscales y financieras y los órganos de justicia estatales y federales, pero también duerme el sueño de los justos en el Congreso.
Lo más grotesco es que la iniciativa, también del Presidente Calderón, para aprobar una legislación integral que extinga la propiedad y dominio de todos los bienes relacionados con los delincuentes, sus prestanombres y aquellos provenientes de la comisión de delitos del crimen organizado, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico, está detenida y oficialmente la representación priísta en el Senado ha dicho que no están de acuerdo con ella y la mantendrán detenida. Los delincuentes no sólo siguen operando desde dentro de las prisiones, sino que cuando logran salir, también recuperan los bienes asegurados.
Por supuesto que la pregunta es totalmente pertinente: ¿De qué lado está el PRI en la batalla contra el narcotráfico?.
Quién sabe de dónde tanto rubor, el PRI se rasga las vestiduras. En una especie de papel víctimal se tira al suelo, se llama ofendido, agraviado ante el desafío público que le ha lanzado el dirigente nacional del PAN para que defina si concurrirá en el Congreso a aprobar las reformas pendientes en materia penal y de combate al narcotráfico, o con su omisión legislativa, le seguirá haciendo el caldo gordo a los narcotraficantes.
Más allá del estilo o lenguaje que el dirigente del PAN utilice para llamarlos a colaborar en esa impostergable tarea, el tema esencial es la negativa a colaborar de los gobiernos locales del PRI en la lucha contra la delincuencia organizada y la de sus representantes en el Congreso para dotar de mejores instrumentos legales ese combate frontal.
Pero la polémica se ha ido por el tono y no por el fondo. Ya sabemos que en México lo anecdótico toma el lugar de lo fundamental, pero hay que advertir que esa orientación no es casual en este tema. El PRI se resiste blindar en serio a la política electoral del dinero del narco, los gobernadores se esconden en las faldas de la competencia exclusiva de la federación para escabullirse de la responsabilidad compartida y sus diputados y senadores tienen detenidos los dictámenes de iniciativas importantes enviadas por el Presidente de la República en dos temas que reconfigurarían la colaboración Estados-municipios-federación por una parte, y en un mayor aislamiento a la operación de las mafias del narcotráfico, por otra.
En el mayor problema que los mexicanos hemos enfrentado en materia de seguridad, el PRI no quiere hacerse cargo de nada, ni siquiera de la responsabilidad histórica de décadas de corrupción e inacción oficiales que prohijaron y acumularon los niveles actuales, tanto en la descomposición e infiltración de las corporaciones policiacas, como en la ausencia de un Estado democrático de derecho. Contestan con evasivas, sermones e insultos, incluso por parte de personajes a los que por supuesto la injuria no les queda, me refiero al caso del Senador Murillo Karam, de mejor nivel que en el que se colocó.
Siendo el de la inseguridad y la violencia el tema que más preocupa a la población, el PRI quiere confinar toda la responsabilidad a los gobiernos del PAN, lo hace sí en una estricta apuesta electoral, pero también lo imposibilita su propia historia, su modus operandi, la abultada carga de la complicidad de sexenio tras sexenio. A las supuestas víctimas de hoy, se les ha olvidado su papel victimario de ayer. Así, con gran descaro y a nombre de “la visión de Estado”.
Un seguimiento más riguroso de las declaraciones y los hechos de los dirigentes partidistas en esta materia daría claves más precisas para desentrañar los motivos de la actual confrontación verbal, pero también nos advertiría de una resistencia priísta a entrarle al toro por los cuernos.
Los medios de comunicación, salvo contadísima excepción, no dieron puntual seguimiento a la postura del PRI frente a la propuesta que hizo el PAN de blindar las campañas electorales - un documento con una docena de propuestas específicas en el escrutinio y vigilancia de los mecanismos financieros de los candidatos y los partidos -, pero que fue vergonzosa y delatora de su miedo a la inspección. Se dijeron anticipadamente espiados y perseguidos.
El narcomenudeo es, ni más ni menos, que la principal base de sustento y operación del narcotráfico en nuestro país. En la proliferación de lugares que comercian ilícitamente con estupefacientes, está el tejido mayor de su “base social”. El Presidente de la República presentó varias reformas a la legislación aplicable para que este delito sea perseguido también por las policías municipales y estatales y con ello establecer un frente común con la Federación para combatir frontal y eficazmente al narcomenudeo, pero el PRI dice que eso no se puede, aunque sepan que el 95% de las estructuras policiales del país son locales, y sólo el 5% federales.
Combatir el crimen organizado eficazmente requiere atacar su financiamiento, para ello se ha propuesto armonizar la legislación federal con las directrices internacionales en materia de combate al lavado de dinero, estableciendo medidas para la adecuada coordinación entre las autoridades fiscales y financieras y los órganos de justicia estatales y federales, pero también duerme el sueño de los justos en el Congreso.
Lo más grotesco es que la iniciativa, también del Presidente Calderón, para aprobar una legislación integral que extinga la propiedad y dominio de todos los bienes relacionados con los delincuentes, sus prestanombres y aquellos provenientes de la comisión de delitos del crimen organizado, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico, está detenida y oficialmente la representación priísta en el Senado ha dicho que no están de acuerdo con ella y la mantendrán detenida. Los delincuentes no sólo siguen operando desde dentro de las prisiones, sino que cuando logran salir, también recuperan los bienes asegurados.
Por supuesto que la pregunta es totalmente pertinente: ¿De qué lado está el PRI en la batalla contra el narcotráfico?.
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