Javier Corral Jurado
Felipe Calderón despojó de solemnidad uno de los más importantes anuncios que su gobierno ha hecho en relación con el tema de los medios de comunicación, en particular con el de la Televisión pública. Y quizá porque lo enredó en bromas y sorna no ha merecido el análisis de su trascendencia. Es probable que la forma escogida por Calderón -como si ahí mismo se le hubiere ocurrido-, busque no alterar demasiado el ánimo del duopolio televisivo privado, pero tal espontaneidad le ha restado importancia ante la opinión pública.
El Presidente instruyó a sus secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y a la de Educación, a poner en marcha una tercera cadena nacional de Televisión, a partir de la señal que el Canal 11 transmite en la banda VHF en el distrito federal y el Estado de México, y que retransmite en distintos canales en la banda UHF en otras 14 plazas en el país: Can Cun, Acapulco, Culiacán, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, Estado de Morelos, Playa del Carmen, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo.
En el 50 aniversario del Canal 11, presumiblemente bajo la tutela del Instituto Politécnico Nacional, el Presidente dijo: “Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales.. ah, no, el de comunicaciones y Transportes… ya no sé cuál, pero alguno de los dos o la Secretaria de Educación Pública, les voy a pedir, les voy a instruir a que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero ojalá Canal 11 pueda verse en todo el territorio nacional como una señal abierta”.
Calderón agregó: “Se que tomará tiempo y, por supuesto, habrá que ver en las propias frecuencias disponibles del gobierno federal, en fin, algo se les va a ocurrir, yo creo que… estoy seguro de eso”.
Digo que, en realidad lo que el Presidente Calderón instruyó, fue instalar una tercera cadena nacional de televisión. En ocho años de gobierno federal panista, el tema de crear una alternativa distinta al duopolio Televisa-Azteca ha sido tema recurrente, y ha dividido a los funcionarios al interior del gabinete en ambas administraciones, además de tensar las relaciones partido y gobierno. La forma en que, tanto el gobierno del Presidente Fox, como el de Calderón, han sucumbido a la presión de las televisoras ha reforzado el poder fáctico con que la Televisión actúa sobre y en contra de la política. A los dos gobiernos la Televisión les atoró sus intenciones de licitación de espectro para un nuevo operador.
Por ello que el Presidente anuncie tal propósito, y que además la alternativa sea una red nacional en manos del Estado, constituye una esperanza y un reforzamiento al proceso democratizador del país, y en especial del régimen jurídico de los medios electrónicos, pues resulta que las instituciones gubernamentales se quedaron mudas, incapaces de responder a las mismas ofensivas de los intereses particulares de los concesionarios, como es el caso del linchamiento que hasta la fecha realizan de la reforma constitucional y legal en materia electoral. Una cadena pública con cobertura nacional, que asegure la mayor extensión en el territorio nacional y en términos de población, sería un instrumento valiosísimo frente a la distorsión y la manipulación informativa.
La disponibilidad de espectro está documentada. Antes de concluir su desempeño como Subsecretario de Comunicaciones en la Administración de Vicente Fox, Jorge Alvarez Hott dejó un estudio de frecuencias disponibles para instalar no sólo una tercera, sino una cuarta y quinta cadenas con alcance de 85%, 70% y 50% respectivamente sobre el territorio nacional, combinando canales de las dos bandas en transmisión analógica.
Recursos hay suficientes para tal proyecto, no se requiere más que una reorientación de gasto y se convertiría en una inversión estratégica: sólo con la tercera parte de lo que el gobierno federal gasta en comunicación social y publicidad durante un año, se podrían instalar setenta repetidoras con las que la cobertura geográfica alcanzaría al 98% de la población del país. Otra cantidad similar de recursos podría aplicarse a extender la señal a lo largo y ancho del país que asegurara el vínculo entre la diversidad de regiones y culturas que conforman la identidad nacional. Sería un enorme paso en materia de derecho a la información.
Sí, es la primera vez que se expresa públicamente una instrucción así.
Es deseable que se cumpla, y que cuanto antes, se liberen los permisos bajo la coordinación de las dos secretarías que en efecto concurren a otorgarlos, la de Gobernación y Comunicaciones, según la ley; pero más deseable es que en realidad la de Educación Pública – vía el IPN -, la doten de un estatuto jurídico que convierta al Canal 11 en emisora cultural y educativa para todos los mexicanos, y que ahí asiente su operación, no sólo de membrete. Como en ningún otro momento, este Canal cuenta con recursos suficientes para producir y ampliar su cobertura; no obstante que atraviesa por la peor época de dirección, aún sus contenidos se mantienen y pueden ser mejorados considerablemente.
Ojalá, repitiendo al Presidente Calderón, que este anuncio no sea sólo un calambre que se le lanza a la televisión privada, sino una voluntad política real de restituirle a la sociedad, a través del derecho que el Estado tiene en esta materia, una auténtica televisión de servicio público, y no sólo de carácter gubernamental. Un equilibrio y contrapeso a los excesos y abusos de l duopolio.
Felipe Calderón despojó de solemnidad uno de los más importantes anuncios que su gobierno ha hecho en relación con el tema de los medios de comunicación, en particular con el de la Televisión pública. Y quizá porque lo enredó en bromas y sorna no ha merecido el análisis de su trascendencia. Es probable que la forma escogida por Calderón -como si ahí mismo se le hubiere ocurrido-, busque no alterar demasiado el ánimo del duopolio televisivo privado, pero tal espontaneidad le ha restado importancia ante la opinión pública.
El Presidente instruyó a sus secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y a la de Educación, a poner en marcha una tercera cadena nacional de Televisión, a partir de la señal que el Canal 11 transmite en la banda VHF en el distrito federal y el Estado de México, y que retransmite en distintos canales en la banda UHF en otras 14 plazas en el país: Can Cun, Acapulco, Culiacán, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, Estado de Morelos, Playa del Carmen, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo.
En el 50 aniversario del Canal 11, presumiblemente bajo la tutela del Instituto Politécnico Nacional, el Presidente dijo: “Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales.. ah, no, el de comunicaciones y Transportes… ya no sé cuál, pero alguno de los dos o la Secretaria de Educación Pública, les voy a pedir, les voy a instruir a que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero ojalá Canal 11 pueda verse en todo el territorio nacional como una señal abierta”.
Calderón agregó: “Se que tomará tiempo y, por supuesto, habrá que ver en las propias frecuencias disponibles del gobierno federal, en fin, algo se les va a ocurrir, yo creo que… estoy seguro de eso”.
Digo que, en realidad lo que el Presidente Calderón instruyó, fue instalar una tercera cadena nacional de televisión. En ocho años de gobierno federal panista, el tema de crear una alternativa distinta al duopolio Televisa-Azteca ha sido tema recurrente, y ha dividido a los funcionarios al interior del gabinete en ambas administraciones, además de tensar las relaciones partido y gobierno. La forma en que, tanto el gobierno del Presidente Fox, como el de Calderón, han sucumbido a la presión de las televisoras ha reforzado el poder fáctico con que la Televisión actúa sobre y en contra de la política. A los dos gobiernos la Televisión les atoró sus intenciones de licitación de espectro para un nuevo operador.
Por ello que el Presidente anuncie tal propósito, y que además la alternativa sea una red nacional en manos del Estado, constituye una esperanza y un reforzamiento al proceso democratizador del país, y en especial del régimen jurídico de los medios electrónicos, pues resulta que las instituciones gubernamentales se quedaron mudas, incapaces de responder a las mismas ofensivas de los intereses particulares de los concesionarios, como es el caso del linchamiento que hasta la fecha realizan de la reforma constitucional y legal en materia electoral. Una cadena pública con cobertura nacional, que asegure la mayor extensión en el territorio nacional y en términos de población, sería un instrumento valiosísimo frente a la distorsión y la manipulación informativa.
La disponibilidad de espectro está documentada. Antes de concluir su desempeño como Subsecretario de Comunicaciones en la Administración de Vicente Fox, Jorge Alvarez Hott dejó un estudio de frecuencias disponibles para instalar no sólo una tercera, sino una cuarta y quinta cadenas con alcance de 85%, 70% y 50% respectivamente sobre el territorio nacional, combinando canales de las dos bandas en transmisión analógica.
Recursos hay suficientes para tal proyecto, no se requiere más que una reorientación de gasto y se convertiría en una inversión estratégica: sólo con la tercera parte de lo que el gobierno federal gasta en comunicación social y publicidad durante un año, se podrían instalar setenta repetidoras con las que la cobertura geográfica alcanzaría al 98% de la población del país. Otra cantidad similar de recursos podría aplicarse a extender la señal a lo largo y ancho del país que asegurara el vínculo entre la diversidad de regiones y culturas que conforman la identidad nacional. Sería un enorme paso en materia de derecho a la información.
Sí, es la primera vez que se expresa públicamente una instrucción así.
Es deseable que se cumpla, y que cuanto antes, se liberen los permisos bajo la coordinación de las dos secretarías que en efecto concurren a otorgarlos, la de Gobernación y Comunicaciones, según la ley; pero más deseable es que en realidad la de Educación Pública – vía el IPN -, la doten de un estatuto jurídico que convierta al Canal 11 en emisora cultural y educativa para todos los mexicanos, y que ahí asiente su operación, no sólo de membrete. Como en ningún otro momento, este Canal cuenta con recursos suficientes para producir y ampliar su cobertura; no obstante que atraviesa por la peor época de dirección, aún sus contenidos se mantienen y pueden ser mejorados considerablemente.
Ojalá, repitiendo al Presidente Calderón, que este anuncio no sea sólo un calambre que se le lanza a la televisión privada, sino una voluntad política real de restituirle a la sociedad, a través del derecho que el Estado tiene en esta materia, una auténtica televisión de servicio público, y no sólo de carácter gubernamental. Un equilibrio y contrapeso a los excesos y abusos de l duopolio.
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