Javier Corral Jurado
La plataforma que Acción Nacional registró en el IFE, como la propuesta básica de su acción legislativa en la nueva conformación de la Cámara de Diputados, contiene definiciones muy relevantes que han escapado a la mirada de los medios, más entretenidos en lo anecdótico de las precampañas electorales que en la oferta programática que justifica la búsqueda del voto. El documento es fruto de la deliberación interna de los órganos directivos del PAN, fundamentalmente de su Consejo Nacional que en noviembre pasado, hizo un balance franco, profundo y con altura de miras de la situación política del país, y desde el cual partieron propuestas que se concretaron el pasado 14 de febrero en la plataforma 2009-2012.
La condición de Acción Nacional como partido gobernante en nuestro país hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio del Presidente Felipe Calderón, pues se trata del asidero programático que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En ejercicio comparativo con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reforma constitucional y legal en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a diversas exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.
De las definiciones que por ahora me interesa llamar la atención, son aquellas que se refieren – y que se vinculan entre sí -, al combate frontal de los monopolios y por la democratización y una mayor competencia en las Telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el capítulo de Economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, el poder sustancial de un agente económico en un mercado relevante, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en términos generales, los fenómenos de concentración, ocasionan precios excesivos tanto para los consumidores finales como para las empresas que dependen de sus insumos.
Por ello, las y los diputados de Acción Nacional tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia, las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, así como a las correlativas en los ordenamientos específicos, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.
Fortalecer el marco jurídico de la Comisión Federal de Competencia, para lograr una mejor regulación y eficiencia de los mercados, con objeto de eliminar los obstáculos al desarrollo que constituyen las actividades monopólicas u oligopólicas.
Este compromiso de Acción Nacional, deriva precisamente en abrir sectores en donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo del sector de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad del país, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.
La plataforma panista propone una reforma que fortalezca las capacidades y funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y entre las modificaciones legales incluye reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre las bases de un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos a este servicio, en particular a grupos étnicos, universidades y organismos comunitarios.
En nuestro país no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen al cumplimiento de las ofertas de los candidatos y de las plataformas de los partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en la cobertura noticiosa de las elecciones. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.
La del PAN es una plataforma que atiende la realidad, lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas de hondo calado y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa, se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.
La plataforma que Acción Nacional registró en el IFE, como la propuesta básica de su acción legislativa en la nueva conformación de la Cámara de Diputados, contiene definiciones muy relevantes que han escapado a la mirada de los medios, más entretenidos en lo anecdótico de las precampañas electorales que en la oferta programática que justifica la búsqueda del voto. El documento es fruto de la deliberación interna de los órganos directivos del PAN, fundamentalmente de su Consejo Nacional que en noviembre pasado, hizo un balance franco, profundo y con altura de miras de la situación política del país, y desde el cual partieron propuestas que se concretaron el pasado 14 de febrero en la plataforma 2009-2012.
La condición de Acción Nacional como partido gobernante en nuestro país hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio del Presidente Felipe Calderón, pues se trata del asidero programático que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En ejercicio comparativo con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reforma constitucional y legal en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a diversas exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.
De las definiciones que por ahora me interesa llamar la atención, son aquellas que se refieren – y que se vinculan entre sí -, al combate frontal de los monopolios y por la democratización y una mayor competencia en las Telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el capítulo de Economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, el poder sustancial de un agente económico en un mercado relevante, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en términos generales, los fenómenos de concentración, ocasionan precios excesivos tanto para los consumidores finales como para las empresas que dependen de sus insumos.
Por ello, las y los diputados de Acción Nacional tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia, las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, así como a las correlativas en los ordenamientos específicos, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.
Fortalecer el marco jurídico de la Comisión Federal de Competencia, para lograr una mejor regulación y eficiencia de los mercados, con objeto de eliminar los obstáculos al desarrollo que constituyen las actividades monopólicas u oligopólicas.
Este compromiso de Acción Nacional, deriva precisamente en abrir sectores en donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo del sector de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad del país, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.
La plataforma panista propone una reforma que fortalezca las capacidades y funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y entre las modificaciones legales incluye reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre las bases de un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos a este servicio, en particular a grupos étnicos, universidades y organismos comunitarios.
En nuestro país no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen al cumplimiento de las ofertas de los candidatos y de las plataformas de los partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en la cobertura noticiosa de las elecciones. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.
La del PAN es una plataforma que atiende la realidad, lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas de hondo calado y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa, se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.
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