La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, debe ser también ocasión para reconocer que la lucha por el derecho a la información en México ha sido una en la que las mujeres han tenido una participación referencial. En la construcción de la conciencia sobre un nuevo régimen jurídico para la comunicación, el esfuerzo más constante ha provenido de mujeres extraordinarias, situadas en la enseñanza, la investig ación y el periodismo.
Tanto la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación como el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación han sido los espacios desde donde se ha desplegado ese impulso y se ha orientado el análisis sobre los medios para nutrir el debate político con instrumentos académicos. Ambas iniciativas fueron empujadas por mujeres.
Con el riesgo de la omisión, debo apuntar algunos nombres. Pero siento la necesidad de expresar que el debate sobre la democratización de los medios se ha nutrido en los últimos 30 años con los estudios, la inteligencia y entusiasmo de Beatriz Solís Leree, Fátima Fernández Christlieb, Cristina Romo, Florence Toussaint, Alma Rosa Alba de la Selva, Patricia Ortega, Gabriela Warkentin, Lidia Camacho, Cecilia Cervantes Barba, Aimée Vega Montiel y Cecilia Quintanilla. Y en el ejercicio de la comunicación, esa discusión ha encontrado espacio y aliento en el periodismo de María Victoria Llamas (qepd), Socorro Díaz, Beatriz Pagés, Carmen Lira Saade, Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Patricia Arriaga, Sanjuana Martínez Montemayor, Graciela Ramírez, Sabina Berman, Denise Dresser, y de activistas sociales ejemplares como Lourdes Barbosa y Aleida Calleja.
Y aunque de ahí han provenido muchas de las luces más brillantes para transformar con sentido de justicia el sistema de medios, paradójicamente sus demandas son asignaturas pendientes de concretarse en la igualdad en el acceso a los derechos comunicativos de mujeres y hombres, pues si bien en diversas disposiciones jurídicas se refiere el rol que los medios deben jugar en el reconocimiento de ese acceso igualitario, lo cierto es que en la ley de la materia hasta ahora nada se ha logrado introducir.
De ahí que en el proceso legislativo que busca reformar las leyes de telecomunicaciones y de radio y tv sea no sólo pertinente sino de absoluta justicia incorporar la perspectiva de género en las nuevas definiciones legales.
Para ello la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres que preside Marcela Lagarde, basada en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 —que en su capítulo “Mujeres y Medios de Difusión” establece la necesidad de llamar a gobiernos y sectores involucrados a fomentar una política activa de incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas de comunicación—, ha desarrollado una propuesta que plantea “principios para una legislación mexicana que garantice el acceso de las mujeres a la comunicación e información”. Junto a lo presentado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en noviembre, los legisladores tendrán proyectos específicos con los que podrán encarnar el reiterado discurso a favor de los derechos de las mujeres y, más aún, hacer viables normas que ellos mismos han aprobado sin el mecanismo que las haga vinculantes, esto es, obligatorias.
La propuesta fue elaborada por Aimeé Vega Montiel, eslabón entre la Amedi y la Red de Investigadoras pues se desempeña en ambas asociaciones. Ésta esboza la situación de las mujeres en el mundo y sus posibilidades en la esfera de la comunicación y la información, a través de la producción, representación y recepción, así como su relación con las nuevas tecnologías de información.
Dice la exposición de motivos: “Con la designación de 1975 como el Año Internacional de la Mujer —cuando fue celebrada la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en México—, y de la Década para la Mujer, 1976-1986, inició el diagnóstico sobre su situación en el mundo. Lo que la revisión de la realidad y las políticas nacionales, regionales y mundiales sobre las mujeres evidenciaba era la violación de sus derechos en todos sus ámbitos y ciclos de vida, en reciprocidad con su marginalidad de la economía y de su poco o nulo acceso a los recursos para acceder a una ciudadanía plena. Un hecho originado por estas causas apuntaba al acceso negado a las mujeres a los medios de comunicación en términos de representación y empleo. Las imágenes estereotipadas de las mujeres en los medios, así como su escasa participación en ellos, fueron señaladas desde entonces —y hasta hoy— como poderosas barreras que dificultaban la universalidad de los derechos humanos”.
Está demostrado que el de la comunicación es un derecho social básico para ejercer otros derechos, para defender libertades. No pueden, las mujeres todas, prescindir de este tema en su agenda de vida, y a aquellas que tanto han contribuido a explicarlo, nuestro reconocimiento y gratitud. No podría dejar de mencionar que, en mi caso, esa comprensión y formación en el tema me la facilitó la excelente académica Beatriz Solís Leree, a quien tanto debo y quiero.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Tanto la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación como el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación han sido los espacios desde donde se ha desplegado ese impulso y se ha orientado el análisis sobre los medios para nutrir el debate político con instrumentos académicos. Ambas iniciativas fueron empujadas por mujeres.
Con el riesgo de la omisión, debo apuntar algunos nombres. Pero siento la necesidad de expresar que el debate sobre la democratización de los medios se ha nutrido en los últimos 30 años con los estudios, la inteligencia y entusiasmo de Beatriz Solís Leree, Fátima Fernández Christlieb, Cristina Romo, Florence Toussaint, Alma Rosa Alba de la Selva, Patricia Ortega, Gabriela Warkentin, Lidia Camacho, Cecilia Cervantes Barba, Aimée Vega Montiel y Cecilia Quintanilla. Y en el ejercicio de la comunicación, esa discusión ha encontrado espacio y aliento en el periodismo de María Victoria Llamas (qepd), Socorro Díaz, Beatriz Pagés, Carmen Lira Saade, Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Patricia Arriaga, Sanjuana Martínez Montemayor, Graciela Ramírez, Sabina Berman, Denise Dresser, y de activistas sociales ejemplares como Lourdes Barbosa y Aleida Calleja.
Y aunque de ahí han provenido muchas de las luces más brillantes para transformar con sentido de justicia el sistema de medios, paradójicamente sus demandas son asignaturas pendientes de concretarse en la igualdad en el acceso a los derechos comunicativos de mujeres y hombres, pues si bien en diversas disposiciones jurídicas se refiere el rol que los medios deben jugar en el reconocimiento de ese acceso igualitario, lo cierto es que en la ley de la materia hasta ahora nada se ha logrado introducir.
De ahí que en el proceso legislativo que busca reformar las leyes de telecomunicaciones y de radio y tv sea no sólo pertinente sino de absoluta justicia incorporar la perspectiva de género en las nuevas definiciones legales.
Para ello la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres que preside Marcela Lagarde, basada en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 —que en su capítulo “Mujeres y Medios de Difusión” establece la necesidad de llamar a gobiernos y sectores involucrados a fomentar una política activa de incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas de comunicación—, ha desarrollado una propuesta que plantea “principios para una legislación mexicana que garantice el acceso de las mujeres a la comunicación e información”. Junto a lo presentado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en noviembre, los legisladores tendrán proyectos específicos con los que podrán encarnar el reiterado discurso a favor de los derechos de las mujeres y, más aún, hacer viables normas que ellos mismos han aprobado sin el mecanismo que las haga vinculantes, esto es, obligatorias.
La propuesta fue elaborada por Aimeé Vega Montiel, eslabón entre la Amedi y la Red de Investigadoras pues se desempeña en ambas asociaciones. Ésta esboza la situación de las mujeres en el mundo y sus posibilidades en la esfera de la comunicación y la información, a través de la producción, representación y recepción, así como su relación con las nuevas tecnologías de información.
Dice la exposición de motivos: “Con la designación de 1975 como el Año Internacional de la Mujer —cuando fue celebrada la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en México—, y de la Década para la Mujer, 1976-1986, inició el diagnóstico sobre su situación en el mundo. Lo que la revisión de la realidad y las políticas nacionales, regionales y mundiales sobre las mujeres evidenciaba era la violación de sus derechos en todos sus ámbitos y ciclos de vida, en reciprocidad con su marginalidad de la economía y de su poco o nulo acceso a los recursos para acceder a una ciudadanía plena. Un hecho originado por estas causas apuntaba al acceso negado a las mujeres a los medios de comunicación en términos de representación y empleo. Las imágenes estereotipadas de las mujeres en los medios, así como su escasa participación en ellos, fueron señaladas desde entonces —y hasta hoy— como poderosas barreras que dificultaban la universalidad de los derechos humanos”.
Está demostrado que el de la comunicación es un derecho social básico para ejercer otros derechos, para defender libertades. No pueden, las mujeres todas, prescindir de este tema en su agenda de vida, y a aquellas que tanto han contribuido a explicarlo, nuestro reconocimiento y gratitud. No podría dejar de mencionar que, en mi caso, esa comprensión y formación en el tema me la facilitó la excelente académica Beatriz Solís Leree, a quien tanto debo y quiero.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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