Calando al IFE

José A. Crespo

TV Azteca y el Frente Amplio Progresista (formado por el PRD, Convergencia y el PT), hoy se unen para desafiar al IFE. Intentan eludir la ley electoral, “calando” al nuevo Consejo General del IFE para ver de qué está hecho (la televisora ya había empezado a hacerlo, al negarse a divulgar los mensajes de los partidos políticos conforme manda la ley a los concesionarios mediáticos). Ambos, FAP y TV Azteca, coincidieron en intentar abrir la puerta a la compra directa de publicidad política en los medios electrónicos por medio de un mensaje que convocaba al acto del 25 de marzo en el Zócalo, presidido por Andrés López Obrador. Algo que se supone quedó prohibido tanto en la Constitución como en el nuevo Código Electoral con miras a reducir el sobregasto publicitario de los partidos, por un lado, y a evitar la influencia política de los grandes poderes fácticos, por otro. Los dos presuntos infractores alegan que la ley electoral sólo proscribe la compra de mensajes de orden específicamente electoral y no de los de tipo político en general. Cosa que, de ser cierta, daría pie a que cualquier actor social o económico hiciera propaganda electoral velada al tratar temas generales.

¿Qué dice la ley? El artículo 41 constitucional estipula: “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. En este párrafo destaca la frase “en ningún momento”, es decir, no sólo durante los procesos electorales. Lo que sugiere que la restricción no se aplica sólo a temas electorales, sino también a los de orden político en general. De no ser así, esa prohibición hubiera quedado limitada sólo al proceso electoral y a las precampañas de los partidos. Por su parte, el artículo 345-b) del Cofipe estipula como una infracción cometida por ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o cualquier persona física o moral (es decir, a todos): “Contratar propaganda en radio y televisión… dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. El FAP y TV Azteca pueden argumentar que la emisión de marras no cae en ninguna de estas especificaciones (no hay promoción personal ni llamado al voto ni ataques en contra de ningún partido o precandidato ni respaldo en favor de otros).

Pero, por otro lado, el artículo 342-e) del Cofipe tipifica como una infracción: “La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión”. Este artículo no especifica que la publicidad prohibida deba ser específicamente electoral, sino habla de publicidad en general, que no puede contratarse de manera “directa” (es decir, por los partidos políticos) o por terceras personas (que en otra parte dice que no importa si son físicas o morales). Igualmente, el artículo 350 establece como una infracción por parte de concesionarios o permisionarios de radio y televisión: “La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular”. Aquí también se prohíbe genéricamente la venta de tiempo de transmisión a partidos o candidatos. El FAP alega que no se menciona como sujetos de esta proscripción a las coaliciones o a los frentes partidarios. Cierto, pero la lógica más elemental diría que si un frente está compuesto por partidos y éstos tienen prohibida la compra directa de promocionales, dicha limitación se extiende a frentes y coaliciones. Es obvio. De no ser así, los partidos simplemente crearían frentes con el propósito exclusivo de burlar la ley electoral y comprar espacio publicitario con mensajes políticos, pero veladamente también electorales.

Que TV Azteca ingenie este tipo de artilugios para eludir la ley no puede sorprender a nadie. Defiende sus intereses con el estilo que la caracteriza. Más lamentable es que el FAP caiga también en eso, aunque sea por razones distintas. Si de verdad la restricción se limitara a contenidos electorales, como aseguran quienes infringen ahora la ley, entonces cualquier actor político o económico podría comprar propaganda electoral con mensajes disfrazados de política general o política económica o política social o política exterior, en favor o en contra de un partido o candidato. Así lo hicieron los empresarios en 2006, cuyos mensajes sólo hablaban de la pequeña empresa, y de inflación. Como sea, si el IFE no sanciona a los infractores, quedará sumamente debilitado (y va a perder incluso su flamante dentadura) y la ley electoral será letra muerta, al menos en materia de publicidad política. Muchos otros actores muy pronto también van a “calar” al IFE. Esperemos que no lo encuentren ablandado.

Muestrario. El siempre lúcido gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, decidió financiar con fondos públicos un santuario en honor de los cristeros —obra prioritaria, sin duda—. Esto refleja, una vez más, la enorme dificultad que tienen los panistas para entender qué diablos es eso del “Estado laico”. Los diputados blanquiazules impidieron en el Congreso estatal que el mandatario explicara sus razones. La impunidad, ya no la rendición de cuentas, es la nueva bandera del PAN. Más allá de la insensibilidad política de este personaje, el asunto implica una nueva violación al artículo 130 constitucional. Ana Laura Magaloni sugiere que es un buen caso para que la Suprema Corte delimite nuevos alcances de ese precepto de la Constitución. No es mala idea. No es, pues, casualidad, que le llamen al destacado gobernador El Fox de Jalisco, lo que seguramente considera un gran honor y distinción.

El Tíbet está que arde

Claude Balsiger, un turista suizo de 25 años ha sido testigo de la revuelta de los monjes tibetanos contra las fuerzas chinas de ocupación. Nos relata hoy la intensa semana vivida en Lhasa, la capital del Tíbet.

Peregrinos en Lhasa (Foto: Nice Logo/ Flickr)

Estoy en un restaurante, e compañía de Chris, todo un reportero dicharachero que había conocido días antes. Tras el almuerzo, decidimos dar una vuelta por Bankhor Square, en pleno dentro de Lhasa, con la intención de cumplir con una Korá, una peregrinación en la más pura tradición budista. Asi que nos pusimos en marcha hacia el templo de Jokhang, cuestión de impregnarnos de los lugares santos de la ciudad. Sin embargo, justo en ese momento, la atmósfera mística que reina por lo general en Lhasa desaparece rasgada por los acontecimientos que ya conocemos.

Hay que estar sordo y ciego para no percatarse del gigantesco despliegue de policías de paisano y de unidades paramilitares que saturaba las calles. En un abrir y cerrar de ojos, además, pasan al ataque. En seguida nos damos cuenta del peligro que supone para unos turistas como nosotros encontrarse en mitad de su camino, pero por encima de toda prudencia los seguimos a la carrera, fascinados por el riesgo de la situación. Hasta bien entrada la noche permanecieron las manifestaciones en las calles. ¡Y no todos eran monjes! Los tibetanos son un pueblo al que es fácil atarse. Por todas partes, durante mi estancia en su país, he ido tejiendo intensas amistades. Todo el mundo ofrece de comer o una taza de té a la manteca de yack al paso por sus moradas.

En cambio, en su vida diaria, los tibetanos se ven sometidos sin piedad a controles y humillaciones. La represión sabe ser feroz. Por ejemplo, el mero hecho de guardar consigo una fotografía del Dalai Lama es merecedor de prisión sin contemplaciones. La presencia china en Lhasa es total. Uniformes en cada cruce de calles. Una ocupación militar masiva en toda regla: tal es la respuesta china a la cuestión tibetana.

Viernes 14 de marzo

El viernes, a la hora del desayuno, me encuentro con dos jóvenes tibetanos. Sentados junto a un ventanal panorámico bebemos nuestro Chai, el té. De mentalidad abierta, se expresan en un correcto inglés aprendido durante su exilio en India. De vuelta al Tíbet, fueron denunciados por un chivato al servicio de los chinos que se había infiltrado en su comunidad de inmigrantes.

Seguridad y policía en el exterior del templo de Jokhang (Foto: Nice Logo/flickr)

A pocos minutos de la una de la tarde, con la esperanza de poder reanudar de nuevo mi Korá, me dirijo de nuevo en dirección de Bakhor Square, el corazón histórico de Lhasa, más ocupado que nunca por las fuerzas policiales y militares. Todas las calles a mi alrededor son presa de una gran agitación. Cruzando de improviso una marea de viejas, niños y comerciantes huyendo a toda prisa, trato de remontar a contracorriente el pánico del momento.

La policía en el exterior del templo de Jokhang

A lo lejos, los gritos de la muchedumbre retumban como los de una turba de lobos hambrientos. Forzado por el tsunami humano a alejarme de esta calle, desemboco, desorientado, en mitad de una enorme avenida. Ante mí, un grupo de 400 o 500 personas vociferan entre el ruido de las caceroladas. Los adoquines vuelan con inusitada velocidad en dirección de un callejón por el que surge una escuadra de 50 policías solapados en sus escudos protectores. El gentío, preso de una rabia destructora considerable se precipita contra los hombres armados que mantienen con dificultad su posición e incluso buscan salir huyendo.

De inmediato, centenares de tibetanos se lanzan en su persecución. Traicionado por su origen, un anciano chino trata de cortarles el paso y es arrojado de inmediato al suelo por la riada humana encolerizada. Como si los puños levantados no bastaran, tres individuos fuera de sí blanden piedras mientras le increpan y amenazan. Sin poder quedarme quieto por más tiempo, avanzo hacia él y su bicicleta arrojada en el suelo. Un gesto quizás providencial. Juzgando preferible hacer valer mi nacionalidad para protegerle, levanto los brazos y grito: “¡Basta, basta! ¡Se acabó!”. El anciano se levanta sin prisas viendo alejarse a sus captores. Sin dejarle tiempo para contemplar la escena le llevo a tirones hacia una calleja en la que nos encontramos frente a un hombre de rostro redondo y abrasado de unos 30 años: “¡Usted no puede permanecer aquí!”, me espeta, “¡Debe marcharse de inmediato!”.

Por muy europeo que sea y muy en seguridad que me sienta, no puedo sino estremecerme ante el espectáculo de odio y violencia que se ha desarrollado ante mis ojos. ¿Acaso no es sorprendente ver a un pueblo tan amistoso y pacífico como el tibetano –que tiene como jefe y modelo espiritual al mismísimo Dalai Lama, militante de la no-violencia- dispuesto a matar a sangre fría a otros hombres? Hay otra cosa que tampoco me deja indiferente: escucharles reír.

Su felicidad parece inmensa. Por vez primera en cincuenta años, expresan con desenfado la oportunidad de desplazarse con entera libertad por las calles de su capital. A la puerta de las tiendas y los restaurantes, como una señal de afirmación de su identidad tibetana y protección, cuelgan largos retales de tela blanca.

Sábado 15 de marzo

Al alba, los tanques han invadido las calles. En las calles no respira ni un alma, a menos que se trate de soldados. A lo largo de toda la jornada es posible escuchar aquí y allá disparos y explosiones aislados. Hacia las cinco de la tarde, abandono el centro de la ciudad, escondido en una camioneta volando por entre las calles desiertas. Ya en carretera puedo observar decenas de coches calcinados, casas incendiadas y tiendas devoradas por las llamas.

Viéndolos patrullar metralletas en ristre, no le cabe una sola duda a mi entendimiento: ¡los soldados disparan a todo lo que se mueva! Por fin llegamos a un hotel de lujo situado al este de la capital. A penas hemos sacado un pie del vehículo que nos tiramos de cabeza en Internet y la telefonía. La recepción está infestada de policías de paisano que espían todos nuestros movimientos.

Domingo 16 de marzo

El ruido ensordecedor de las columnas de camiones y tanques avanzando por la carretera despierta a todos los clientes del hotel. El ejército chino ha decidido arrojarse sobre el Tíbet. Contamos hasta 120 camiones. A bordo de cada uno viajan 35 soldados. ¡Sin contar los tanques! El lunes, vuelven a dejarnos de nuevo circular por la ciudad. Los puestos de control militar han florecido por doquier, en cada esquina. Nos hacemos los suecos, o más bien los turistas que no tienen ni idea de lo que está pasando, logrando así pasar sin problemas los controles. Los soldados son de una juventud extrema. Como mucho de 16 años. Ante cualquier gesto fuera de control nos apuntan con sus armas. Un ambiente de profunda desolación planea sobre la ciudad.

Martes 18 de marzo: Katmandú

Le debemos nuestra salvación a un amigo que nos ha venido a recoger para llevarnos a Nepal. En Katmandú, una cincuentena de periodistas de todo el mundo viven en alerta. Durante todo el día nos persiguen a la caza de información e historias.

Europa apoya al Tíbet. En Bélgica y en Francia, arriba. En Polonia, o en Milán y Londres abajo.

La batalla por el PRD

Javier Corral Jurado

He sostenido que en México, de entre los tres principales partidos en el Congreso, sólo dos responden a eso que se constituye a partir de principios, plataformas, objetivos, valores y reglas. Que nacieron a la política acogidos por el deseo de cambio y transformación social, y no sólo bajo el impulso del poder por el poder. Lo pienso en primerísimo lugar del PAN, pero también de la genérica izquierda, en sus distintas etapas, como PCM, PMT, PSUM, o como PRD hoy.

Por ello mismo fueron capaces de sobrevivir tanto tiempo al PRI y luego remontarlo. Ninguna oposición en América Latina, ya fuera de izquierda, de derecha o de centro, fue condenada tanto tiempo a serlo como la mexicana. Pero el PRI, su padre el PRM y su abuelo el PNR, ayer maquinarias de poder basadas en la defraudación electoral y hoy simple empresa negociadora de intereses particulares, tuvo ese mérito indiscutible por ocho décadas.

De ahí que resulte penoso que en no pocas ocasiones los adversarios al PRI de siempre —que ya no por siempre—, que lo resistieron y lo combatieron con dignidad en el autoritarismo y en la derrota, se le asemejen.

He criticado cuando me parece que el PAN pierde figura y esencia de sus postulados frente a sus adversarios, que termina asemejándose a ellos. Y he de decir ahora que la izquierda perredista, que algún día quiso estar unida, rememora por estos días clásicas lecciones de desaseo electoral, de corporativismo y clientelismo de las mejoras épocas del PRI-gobierno.

Quien desde dentro tiene esa vergüenza, ofrece un duro diagnóstico y pide anular el proceso es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: “El partido, sucio y lastrado como se encuentra hoy por las violaciones a sus reglas internas y los vicios en las conductas de muchos de sus dirigentes y militantes, pierde su condición de instrumento de lucha por la soberanía de la nación y por la democracia”. Ya antes, Pablo Gómez había advertido que “si el PRD no cambia, será otro PRI; el relevo del dirigente es una posibilidad para que el partido recupere la salud o continúe con los vicios”.

Y por supuesto que es muy lamentable que esto le suceda a la principal oposición en México. Lo digo asomándome, más que desde la ventana adversaria, siempre recordando que los partidos son entidades de interés público, desde una sincera preocupación por el sistema de equilibrios y contrapesos de toda democracia.

Por ello, di puntual seguimiento al proceso. Todos los días se iba confirmando el escenario del desencuentro y la confrontación, hasta que Alejandro Encinas, candidato de Izquierda Unida, definió bien lo que se vive: más que una contienda democrática, una guerra civil. Se salió de los cauces la tradicional lucha de grupos o corrientes, ese reflejo complejo pero interesante de la pluralidad que habita en la izquierda. Estuvo atizado por el veneno más peligroso que se le puede inyectar a una organización diversa desde el liderazgo de mayor influencia: la intolerancia con que mira al país Andrés Manuel López Obrador. La manera en que dividió la contienda entre buenos y malos, patriotas y traidores, izquierdistas de verdad y agentes de la derecha. El dogmatismo que acompaña a sus posturas invadió el ambiente y volvió a blandir la espada amenazante de desprestigiar ante el pueblo a todo aquel que no secunde sus posiciones, por más contradictorias que resulten a la luz de sus propias palabras y compromisos anteriores.

Por ejemplo, insertó en la contienda interna el tema del petróleo para oponerse a una iniciativa que todavía ni existe, pero ello le permitió catalogar a quienes lo siguen a ciegas como nacionalistas y a los que no como desnacionalizados, siendo que fue él el único candidato a la Presidencia que en 2006 ofreció abrir la inversión privada en el sector energético, como se asienta en su proyecto de nación.

La intolerancia con que López Obrador se ha venido comportando frente a una corriente de su propio partido es la escalada mayor del maniqueísmo que hoy los tiene en un encarnizado enfrentamiento. Su desprecio por Nueva Izquierda que encabeza Jesús Ortega. Llamó “paleros” a los legisladores del PRD que votaron la reforma electoral, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, que recibió en su oficina de San Lázaro al secretario de Gobernación, le dijo que se había dejado agarrar la pierna. No sólo se había rebajado, como le respondió Zavaleta, a un buscapleitos de taberna; también decidió reducir su papel de autoproclamado presidente legítimo, pues terminó como coordinador, propagandista y mitinero de Alejandro Encinas. Ahí está, uno de los gérmenes de esta crisis perredista. Ojalá que por el bien de México la resuelvan bien.

Profesor de la FCPyS la UNAM

Pemex historia de un monopolio

Por Alberto Bello

Lázaro Cárdenas no fue quien prohibió la inversión privada en los hidrocarburos a mexicanos; lo hizo Ruiz Cortines en 1958.

La huelga declarada el 31 de mayo de 1937 por los trabajadores de la industria petrolera causó grandes molestias a la población y a la industria, pero nadie protestó.

Al contrario, durante los nueve días que duró, abundaron las muestras de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, creado en 1935, reclamaba una jornada laboral de 40 horas y una pensión por enfermedad.

El problema se agudizó meses después, cuando las 17 empresas, pertenecientes a firmas como Shell, Standard Oil o Gulf, de capital británico, holandés y estadounidense, desacataron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les había fijado el pago de un fondo mientras se resolvía el conflicto.

Tal desacato provocó la indignación del presidente Lázaro Cárdenas, quien tomó la decisión por la que pasaría a la historia: “(las empresas) lesionaron seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo… hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas”, argumentó en su discurso del 18 de marzo de 1938, al declarar la expropiación inmediata de todos los activos.

Un conflicto laboral, por tanto, es el origen de la nacionalización de la industria petrolera.

Capital y soberanía

Setenta años después, los argumentos para defender el monopolio estatal de Pemex son políticos: los hidrocarburos deben ser administrados por el Estado a través de Pemex; lo contrario, según los opositores a la participación privada en la explotación del crudo, implica privatizar, lo que implica... ¿ceder soberanía?

El análisis de las leyes y reglamentos de esa industria en las últimas siete décadas desvela muchos mitos: para empezar, que Cárdenas no se oponía a la inversión privada: “Podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo, por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan” (Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, promulgada el 30 de diciembre de 1939).

Lo mismo sucedía con refinerías y oleoductos, que hoy sólo pueden ser operados o construidos por Pemex: según el gobierno cardenista, en al artículo 12 del reglamento: “La Secretaría de la Economía Nacional podrá otorgar concesiones para la construcción de refinerías y oleoductos y para la distribución del gas…”.

La única condición era que esa inversión fuera hecha por ciudadanos o empresas mexicanos, y se aplicó por igual a todas las industrias, hasta la apertura comercial que inició en 1986 con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio por el presidente Miguel de la Madrid.

Hoy, dicha condición es más proteccionista que la vigente en las primeras dos décadas siguientes a la expropiación.

México es el único país del mundo que no permite ningún tipo de participación privada en exploración y producción de hidrocarburos, a diferencia de países como Cuba, Venezuela, China o Corea del Norte.

En México también está prohibido que inversionistas privados construyan refinerías o que transporten petróleo. Dado que la Secretaría de Hacienda controla de facto las finanzas de la paraestatal (en 2007, 36% de los ingresos del Estado procedieron de Pemex), y que la rentabilidad en la refinación es mucho menor que en la extracción y exportación de petróleo (Tasa Interna de Retorno de 20% frente a tasa superior a 100% en producción), nadie invierte en refinerías.

Pemex resolvió el problema en los años 90 al asociarse con Shell para construir la refinería Deer Park, en Texas. Pero México ya importa 30% de las gasolinas que consume.

Lo que sí dejó claro Cárdenas fue que el Estado tenía “el dominio directo… inalienable e indescriptible” de los hidrocarburos.

El presidente Ávila Camacho ratificó, en mayo de 1941, las decisiones de su antecesor, y en el artículo 6 de la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional se estableció que el gobierno llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo a través del órgano correspondiente, de las instituciones que creara la ley, o “mediante contratos con particulares o sociedades”.

El dominio sobre el petróleo propio es condición común en los países petroleros, que lo rentabilizan con el cobro de derechos e impuestos a las empresas concesionarias, con tasas de entre 50 y 90%.

Esto ha dado lugar a varios modelos de inversión: desde el de Statoil Noruega, que arrancó con 100% de participación extranjera en exploración de aguas profundas, en 1972, y ha generado una industria nacional, hasta el brasileño de Petrobras, que desarrolló su propia tecnología a partir de la salida a bolsa de la mitad de su capital, pero que no renuncia a asociarse con compañías para reducir riesgos y compartir tecnología. En Canadá hay más de 1,000 empresas explotando sus yacimientos en régimen de concesión, lo que ha llevado gran prosperidad a la región de Alberta.

Los motivos de Adolfo

En 1958, en el auge de la presidencia omnipotente del PRI, habían quedado atrás los embargos al petróleo mexicano que declararon, en los meses siguientes a la expropiación, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña; la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) obligó a los países aliados contra la Alemania nazi a aceptar el petróleo mexicano como oro.

Durante dos décadas, la inversión privada en hidrocarburos fue tolerada, aunque la ruptura del régimen jurídico que implicó la expropiación desanimó a muchos y sólo un inversionista apareció, en 1946. Fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien, 20 años después de la expropiación, declaró el monopolio del Estado en la industria petrolera.

“Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos”, estableció en el artículo segundo de su reglamento, e incluyó en esto gasolinas, gas y hasta la elaboración, almacenamiento y transporte de los derivados. En ese reglamento, el gobierno estableció los contratos de obras y prestación de servicios con privados, vigente hasta hoy.

En la exposición de motivos ante el Senado, Ruiz Cortines explicó qué propició esta decisión, que modificó el artículo 27 de la Constitución para prohibir las concesiones.

“Las necesidades del país y una mínima previsión del futuro de México”, dice la iniciativa, “requieren que las actividades de una industria de importancia tan vital para la nación sean no solamente controladas por el gobierno, sino monopolizadas por el Estado”. El petróleo, dice el texto, “no puede estar sometido al arbitrio de intereses privados”.

El presidente lanzó entonces el reto: “El gobierno debe abocarse a la explotación integral del petróleo”. La justificación de esa decisión, que entonces no implicó ningún acto jurídico contra empresa alguna, contenía argumentos de fondo para darle a Pemex el monopolio de la explotación petrolera.

Primero, garantizar el autoabastecimiento. “(el Gobierno debe) estar en aptitud de asegurar los suministros de petróleo y sus derivados que el país requiera”.

Segundo, la ausencia de inversionistas nacionales interesados en las concesiones de explotación o refinación: “No se ha realizado la explotación del petróleo por medio de contratos con individuos o sociedades... la iniciativa privada se ha abstenido de hacer uso de ese derecho, lo que revela que no es ésta una forma adecuada de explotación del petróleo nacional”.

Tercero, el tamaño de las inversiones. “Los proyectos y programas de la industria petrolera implican la necesidad de inversiones considerables y a largos plazos que, en nuestro medio económico, sólo el Estado está en condiciones de satisfacer”.

Los problemas estructurales del sector en México llevan a legisladores del PRI y el PAN a cuestionar si los argumentos de 1958 siguen vigentes, y a proponer una reforma ‘cardenista’.

Se agota el yacimiento de Cantarell y se consume más gasolina importada, lo que rompe el principio del autoabastecimiento. Hay inversionistas de peso en México, nacionales o internacionales, con suficiente capacidad financiera, dispuestos a tomar proyectos de largo plazo.

Las aguas profundas

El diagnóstico de Pemex es que no puede explorar ni producir en aguas profundas en el medio plazo. La tecnología necesaria es propiedad de multinacionales del sector, y el riesgo de hacerlo es grande, como ha comprobado la paraestatal en proyectos en aguas con menos de 1,000 metros de profundidad.

Las reservas probadas del crudo mexicano alcanzan para nueve años. La exploración en aguas profundas vía asociaciones dio a las compañías petroleras estatales de Brasil, Noruega, Cuba, Venezuela o a las estadounidenses que exploran aguas fronterizas, la posibilidad de enriquecerse en este año de precios récord de petróleo.

El Congreso debatirá este mes una reforma energética, pero los legisladores ya anunciaron que no habrá cambios en profundidad. Todo sea en nombre del general Lázaro Cárdenas, que jamás prohibió la inversión privada.

Coches en la ciudad, ¿fin de una era?

Se trata de la bestia negra de todos los políticos europeos. En otra época, simbolizaba la libertad y la independencia. Actualmente, se encuentra en el punto de mira de cualquier responsable político que se haga respetar, especialmente en las grandes ciudades.

En septiembre de 2005, Londres se convirtió en la primera gran ciudad que instaló un peaje en las calles denominado "London congestion charge". Todo vehículo que quisiese acceder al centro de la ciudad entre las 7 y 18 horas de lunes a viernes debía pagar 8 libras (unos 10,70€).

Política antivehículos en toda Europa

Ken Livingstone, alcalde de la capital británica e instigador de la caza a las cuatro ruedas, no tiene pensado parar aquí. Próximamente aplicará una tasa de 200 libras (268€) a los camiones más pesados y más contaminantes. Además, los camiones de más de 12 toneladas que no respeten las normas europeas en medioambiente deberán pagar una tasa de 1.000 libras (1.340€). Y dicha política antivehículos es emulada en toda Europa.

En Alemania tanto en Berlín como el Colonia y Hanovre, alrededor de Stuttgart y próximamente en 20 ciudades más allá del Rhin, tienen intención de limitar el tráfico urbano gracias a un sistema de etiquetas adhesivas verdes, amarillas y rojas según el grado de emisión de CO2 del vehículo.
A principios de año y bajo el impulso de la alcaldesa de Milán, Letizia Moratti, se ha implantado el sistema ECOPASS. Dicho sistema otorga el derecho a los conductores de vehículos menos contaminantes a acceder a la capital lombarda a determinadas horas (de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:30). Todo ello se efectúa bajo el control de patrullas de policías de tráfico y cámaras de vigilancia.

¿Qué pasa con París?

En víspera de las elecciones municipales en Francia, los candidatos a alcalde de París revelan sus objetivos. El presente equipo de gobierno local liderado por Bertand Delanoë (Partido socialista), además de la intensificación del servicio de transporte público, reveló uno de sus proyectos estrella: el autolib o autoservicio de pequeños vehículos movidos por electricidad.

Françoise de Panafieu (UMP) apoya el proyecto Métrophérique de la RATP. Con el fin de facilitar la circulación de París a los diferentes distritos, se está estudiando la posibilidad de unir todos los enlaces de metro bajo tierra por un sistema de vías de conexión. La candidata por el partido de la derecha también ha declarado estar de acuerdo con la implantación de autopistas dentro del centro metropolitano de París pero manifestó su deseo de realizar previamente una consulta popular en la aglomeración parisina acerca de la posibilidad de un instalar peaje urbano.

Del lado de los Verdes se escuchan los discursos más radicales. Denis Baupin, cabeza de lista y actual adjunto al alcalde de París y encargado del transporte y la circulación, se compromete a establecer peaje en los distritos y autopistas de acceso a la ciudad financiando con el dinero recaudado el sistema de transporte público.
Una cosa es segura: los coches se han vuelto políticamente incorrectos.

-Johara BOUKABOUS

Los bemoles de abril

Javier Corral

Una vez que pase la Se-mana Santa, los legisladores se encontrarán con el reto de una nueva ley de medios. Lo resolverán en medio de presiones con miras a las próximas elecciones, de estrictos intereses económicos de los grupos mediáticos y de gobernabilidad y prioridades legislativas de la actual administración. Entre presiones y bemoles, abril será clave.

No habrá otra oportunidad mayor que el presente periodo ordinario de sesiones, ni mayor incentivo para esa empresa legislativa que la resistencia actual de las televisoras a cumplir las recientes reformas en la transmisión de los spots y programas de los partidos políticos en los tiempos de Estado. Si la prepotencia y el cinismo de los dueños de la televisión no conmueve la dignidad de la clase política, está perdida ésta.

Los actuales concesionarios no están dispuestos a ceder ni un milímetro de su poder ni a transformar el modelo de relación con los políticos. Las medias tintas con que se escribieron las sanciones en el Cofipe —en caso de incumplimiento—, no sólo permiten este maniobrar, sino que en la competencia electoral se vuelven ineficaces.

De manera particular se espera que el Senado cumpla su cometido; esa esperanza se basa en el liderazgo y la solidez con que Santiago Creel y Carlos Navarrete han asumido esta reforma, y que los legisladores de esas bancadas partidarias en el grupo plural han reiterado su compromiso y han sido explícitos en señalar temas ineludibles de una iniciativa que dé pie a un nuevo marco jurídico. El PRI como siempre, mantiene un juego doble, y paga por ver si la oposición al gobierno del Presidente Calderón logra ponerse de acuerdo con el PAN en una materia compleja que acarrea, sin duda, costos políticos en el corto plazo. Mientras, aprovechan el tema para congraciarse con los dueños de medios, a quienes ofrecen ser dique de contención.

El gobierno del presidente Calderón tiene como prioridad las reformas económicas, y aunque tiene motivos y convicciones para empujar otras de carácter político y social, ha subordinado su acción a las primeras. Toda la carne está echada en el asador de la reforma energética, y en esa apuesta, el petróleo se vuelve contra la urgencia del reconocimiento de derechos sociales aplazados; frente al derecho a la información se presenta otra vez el “venero que escrituró el diablo”, como lo llamara el poeta López Velarde.

A las dificultades de ese proceso se agrega la particular resistencia en la Cámara de Diputados no sólo a cargo de los representantes directos de las televisoras en el PRI, encabezados por Emilio Gamboa. También en el PAN hay quienes se oponen a que avance esta reforma, y desestimulan el trabajo conjunto entre diputados y senadores, de tal forma que cuando una eventual reforma llegue a la colegisladora, se argumente falta de acuerdo entre grupos parlamentarios del mismo partido. En el PRD de la Cámara de Diputados hay más desinterés que temor.

Es este periodo de sesiones en el que debemos insistir, y enfocar bien las baterías de una acción social indispensable sobre el conjunto de los legisladores. Participar en ese esfuerzo dependerá del interés por México, y por el mejoramiento de nuestra vida democrática. La posibilidad de auténticas reformas para México no pueden estar a merced de unos cuantos negociantes, es clave recurrir a cada uno en todos los partidos para confrontarlos con esa responsabilidad histórica contra los monopolios que devoran al país y frenan el desarrollo.

La televisión mexicana es sin duda una de las más concentradas en el mundo. Solamente dos empresas dominan a la audiencia nacional. En el país hay 461 estaciones de televisión comercial. De ellas, 94% son propiedad de dos compañías. Televisa tiene 56% de las estaciones comerciales en México y Azteca el 38%. Dos tercios de la inversión publicitaria benefician a Televisa y el resto a la otra empresa. El 72% de la audiencia nacional se concentra en canales de Televisa. Cada una de esas dos empresas tiene dos cadenas nacionales y Televisa posee, al mismo tiempo, un sistema de repetidoras adicionales con las que puede articular una tercera cadena.

Televisa es el único caso en el mundo en el que una empresa posee cuatro señales de televisión abierta (2, 4, 5, 9) en una misma plaza, que ni más ni menos es la capital del país; el espacio de salida necesario para otras cadenas nacionales. Y tiene otra frecuencia (Canal 46) en la banda UHF (ahora restringida), pero la banda es para tv abierta. Es un fenómeno de concentración singular en el mundo: 56% del espectro para tv comercial; 100% de televisión satelital; 35% de fibra óptica; 38% del Cable. Avanza hacia tener las cuatro plataformas de transmisión de contenidos.

Esta es nuestra realidad de modelo comunicacional, y cambiarla dependerá de lo que estemos dispuestos a hacer en los próximos días, desde el ámbito en el que cada quien pueda influir. Vendrían muchos años de mejores cosas para la nación.

Profesor de la FCPyS

El autogobierno de la tv

Javier Corral Jurado

A través de dos conferencias impartidas en el Colegio de Francia en 1996 y retransmitidas por París Premiere en ese mismo año, que se recogieron además en el libro Sobre la televisión en la colección Argumentos de Anagrama, el destacado sociólogo Pierre Bourdieu desarrolla un estudio sobre la censura invisible en la televisión, y el manejo distorsionador de lo que pudo ser “un extraordinario instrumento de la democracia directa” y ha evolucionado hacia convertirse en un instrumento de “opresión simbólica”.

Están vivas sus reflexiones y no es menos actual su conclusión al conceder a la televisión una fuerza peligrosa sobre la política y la democracia, no sólo por la paradoja de ocultar mostrando, sino porque en el campo de la política, “y en particular en el jurídico, pone en tela de juicio los derechos de la autonomía”.

Desde entonces y hasta la fecha, varios han abundado sobre el fenómeno de la televisión como poder desbordado de su función esencial. “Mediocracia” ha sido el término con el que se ha identificado la distorsión y se ha señalado el predominio de lo mediático sobre lo estatal, lo cultural, lo político.

Así, antes que a Bourdieu, le había preocupado a Karl Popper la evolución hacia lo peor de la televisión en su relación con la educación, y después Giovanni Sartori alertó sobre la sustitución de ese poder fáctico de la televisión sobre los poderes formales, la disminución de los contenidos de la democracia a manos de la “videopolítica”. Luigi Ferrajoli la ha considerado también un problema central a solucionar en el sistema democrático al catalogarla como “probablemente el poder político más penetrante e insidioso, que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda”.

En nuestro país son muchos los estudios que han desarrollado esos peligros, esa dependencia, ese condicionamiento. Pero nadie ha plasmado esa significación como Raúl Trejo Delarbre en Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos. No se refiere al gobierno de los mediocres, sino a la hegemonía de los medios, a su poder, incluso ideológico, que “con influencia en ocasiones mayor a la de cualquier otra entidad o institución, alcanzan los conglomerados mediáticos en el mundo contemporáneo”.

No ha faltado pues el análisis, la aguda perspectiva de quienes han alertado las consecuencias de dejar intocado ese fenómeno. Los efectos están hoy a la vista de todos y las consecuencias de no atajar, de seguir posponiendo la acción del Estado a favor de la sociedad en este ámbito son altísimas. Los días que corren están colmados de esa preponderancia de los medios, y están a la vista los efectos nocivos de la omisión legislativa para contrarrestar uno de los ejes en el que descansa esa supremacía: la enorme concentración de los medios en unas cuantas manos.

Sabedores de que podría venir esa acción, la televisión se atrinchera y desafía al Estado. Se ríen, sí, a carcajada abierta de la reforma constitucional que en materia electoral los obliga a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los spots de los partidos políticos. Con la mano en la cintura han dispuesto que no pasarán, en una acción concertada de las dos principales cadenas de televisión, que reitera la colusión de intereses de quienes se dicen competencia entre sí, pero que a la hora del cumplimiento de las obligaciones legales actúan como una misma cosa: “el autogobierno de la televisión”.

Quieren sentado al IFE, negociando la ley, los horarios, la duración de los spots, la frecuencia. Saben que no hay acción del Estado que los alcance, y tienen bien medida a la clase gobernante, en sus debilidades, en la estrecha mirada de sus pretensiones reformadoras, en sus indecisiones, en sus indefiniciones, y de ahí se lanzan. Porque cada omisión o titubeo de la clase política los ensancha. La debilidad del gobierno los fortalece. Las contradicciones entre los legisladores es su río revuelto.

Cada que un legislador dice que no hay condiciones para una nueva ley de medios, saben que hay quienes quieren negociar con ellos la no reforma. Cada que sueltan sus amenazas y las autoridades salen corriendo, provocan más. Y ahora resulta que Pemex les regresará los recursos que la reforma electoral recuperó para el erario, en la compra no sólo de anuncios promocionales de la reforma energética, sino también comentarios positivos de sus conductores para un proceso que se decidirá entre los legisladores y no con niveles de audiencia.

Cuando la televisión censura a los líderes del parlamento, y el conjunto no dice nada, la televisión gana poder y crece la posibilidad de que se lo haga a cualquiera.

O lo que es peor, cuando algunos se atreven a denunciar el hecho, tímidamente por cierto, de la forma en que TV Azteca y Televisa han disminuido la presencia de los coordinadores del Senado en los noticiarios de la televisión, y uno de ellos reaparece súbitamente con gran intensidad, la televisión triunfa en su estrategia de dividir y vencer. Manlio Fabio Beltrones pasó de 19 notas informativas en tres meses y medio en Televisa, a 28 minutos ininterrumpidos en un mismo día.

Cuando la televisión atiza el fuego contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, le manda un mensaje al gobierno de la raja que se puede sacar de conductas vulnerables y ponerlo, en un par de días, en el más serio predicamento de su compromiso ético. Y a la vez le ofrece su manto protector, para demostrarle lo que puede ser como aliada, al abrirle al funcionario los espacios más privilegiados para que la nación —que pasa por Canal 2— escuche la defensa del secretario.

Lo mediático condiciona lo político, y la agenda de reformas prospera o sucumbe según el acuerdo de esos intereses. Es la triste historia que se repite, y crece en esa fórmula autodestructiva de cuando la mediocracia se junta con la mediocridad.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Teléfono intervenido

Raúl Trejo Delarbre

La grabación publicada por Proceso muestra en toda su vulgaridad al director de Información de Televisa: "Ya lleva un mes de incendiaria; desde hace un mes va a todos los foros; nos mienta madres, pide que nos quiten canales". En esos términos Javier Tejado Dondé se refería a la periodista Carmen Aristegui. La grabación de la charla que sostuvieron dos funcionarios del consorcio mediático le permitió a Proceso asegurar en su portada del 24 de febrero pasado: "Fue de Televisa la conjura contra Aristegui".

Así lo han creído, porque así quisieron creerlo, muchos simpatizantes de la dinámica periodista que fue despedida de XEW al comenzar el año. Como han estado convencidos de que la culpa de la salida de Aristegui del noticiero matutino de esa emisora es de la cúpula de Televisa y no del grupo español PRISA -consorcios, ambos, que comparten la propiedad de la cadena radiofónica-, no pocos lectores y radioescuchas encontraron en aquel reportaje la confirmación de tales certezas.

Sin embargo en esa conversación lo único que se confirma es la torpeza política, verbal e incluso jurídica de los abogados de Televisa. Allí Tejado le pide a Joaquín Balcárcel, vicepresidente jurídico de la empresa, que intervenga ante otras firmas de telecomunicaciones para que respalden las reformas que fueron conocidas como Ley Televisa y que estaban siendo discutidas en el Senado. De paso, aprovecha para despotricar contra la periodista que les daba espacio en su noticiero a impugnadores de aquellas modificaciones legales.

"Ella es la vocera de todos estos grupos que han vivido durante 10 años de golpear a los medios electrónicos", se queja Tejado con un patético desconocimiento de las razones que llevaron a muy diversos sectores de la sociedad a oponerse a la Ley Televisa.

También ignoraba, a pesar de que en la posición que ocupa supuestamente tiene oportunidad de recibir información muy variada, qué se decía y por parte de quiénes acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

Tejado Dondé le adjudica a Carmen Aristegui puntos de vista que la periodista nunca manifestó en un foro sobre ese tema que se realizó en Ciudad Universitaria.

Lo que no se infiere de la transcripción publicada por el semanario es que el despido de Aristegui haya obedecido a una conjura del consorcio. La conversación ocurrió en marzo de 2006. Diez meses más tarde Televisa Radio le renovó a esa periodista su contrato anual sin que aquellas animosidades hubieran sido suficientes para impedirlo. (La deplorable remoción de Aristegui de su espacio radiofónico la comentamos en emeequis 102, en circulación el 14 de enero pasado).

Proceso no les explica a sus lectores cómo obtuvo la grabación de la charla telefónica. El autor de la nota, Jenaro Villamil, es sin duda el reportero especializado en medios más conocedor de ese tema en la prensa mexicana. Pero el reportaje del 24 de febrero se limita a transcribir la filtración que alguien le proporcionó a esa revista. Allí no hay aportación periodística alguna.

La grabación es evidentemente ilegal. Alguien interceptó el teléfono de Javier Tejado. Hace un par de años El Universal publicó fragmentos de otras grabaciones obtenidas al intervenir la línea telefónica de ese funcionario de Televisa. Proceso indica que esta grabación "es distinta" a las que dio a conocer El Universal sin aclarar si se trata de la misma intercepción telefónica.

Esas grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita. Los ciudadanos y grupos que impugnan a Televisa y cuyo empeño fue respaldado el año pasado por la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales las reformas emprendidas para favorecer los intereses de las televisoras, tendrían que cuestionar los procedimientos periodísticos ilegales aunque de ellos resulten declaraciones que confirman nuestros recelos y conjeturas. En cambio, durante las últimas semanas hemos leído y escuchado aplausos a la publicación de la charla entre los abogados del consorcio.

En la disputa por la claridad en los medios de comunicación, los tramposos e ilegales han sido aquellos que defienden los privilegios de Televisa y otras empresas. El único monopolio que no vale la pena disputarles es el de la prepotencia y el abuso contra derechos sociales e individuales. Es un asunto de principios. Y también, si se quiere, de elegancia.

Mujeres en frecuencia

Javier Corral Jurado

La celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, debe ser también ocasión para reconocer que la lucha por el derecho a la información en México ha sido una en la que las mujeres han tenido una participación referencial. En la construcción de la conciencia sobre un nuevo régimen jurídico para la comunicación, el esfuerzo más constante ha provenido de mujeres extraordinarias, situadas en la enseñanza, la investig ación y el periodismo.

Tanto la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación como el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación han sido los espacios desde donde se ha desplegado ese impulso y se ha orientado el análisis sobre los medios para nutrir el debate político con instrumentos académicos. Ambas iniciativas fueron empujadas por mujeres.

Con el riesgo de la omisión, debo apuntar algunos nombres. Pero siento la necesidad de expresar que el debate sobre la democratización de los medios se ha nutrido en los últimos 30 años con los estudios, la inteligencia y entusiasmo de Beatriz Solís Leree, Fátima Fernández Christlieb, Cristina Romo, Florence Toussaint, Alma Rosa Alba de la Selva, Patricia Ortega, Gabriela Warkentin, Lidia Camacho, Cecilia Cervantes Barba, Aimée Vega Montiel y Cecilia Quintanilla. Y en el ejercicio de la comunicación, esa discusión ha encontrado espacio y aliento en el periodismo de María Victoria Llamas (qepd), Socorro Díaz, Beatriz Pagés, Carmen Lira Saade, Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Patricia Arriaga, Sanjuana Martínez Montemayor, Graciela Ramírez, Sabina Berman, Denise Dresser, y de activistas sociales ejemplares como Lourdes Barbosa y Aleida Calleja.

Y aunque de ahí han provenido muchas de las luces más brillantes para transformar con sentido de justicia el sistema de medios, paradójicamente sus demandas son asignaturas pendientes de concretarse en la igualdad en el acceso a los derechos comunicativos de mujeres y hombres, pues si bien en diversas disposiciones jurídicas se refiere el rol que los medios deben jugar en el reconocimiento de ese acceso igualitario, lo cierto es que en la ley de la materia hasta ahora nada se ha logrado introducir.

De ahí que en el proceso legislativo que busca reformar las leyes de telecomunicaciones y de radio y tv sea no sólo pertinente sino de absoluta justicia incorporar la perspectiva de género en las nuevas definiciones legales.

Para ello la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres que preside Marcela Lagarde, basada en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 —que en su capítulo “Mujeres y Medios de Difusión” establece la necesidad de llamar a gobiernos y sectores involucrados a fomentar una política activa de incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas de comunicación—, ha desarrollado una propuesta que plantea “principios para una legislación mexicana que garantice el acceso de las mujeres a la comunicación e información”. Junto a lo presentado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en noviembre, los legisladores tendrán proyectos específicos con los que podrán encarnar el reiterado discurso a favor de los derechos de las mujeres y, más aún, hacer viables normas que ellos mismos han aprobado sin el mecanismo que las haga vinculantes, esto es, obligatorias.

La propuesta fue elaborada por Aimeé Vega Montiel, eslabón entre la Amedi y la Red de Investigadoras pues se desempeña en ambas asociaciones. Ésta esboza la situación de las mujeres en el mundo y sus posibilidades en la esfera de la comunicación y la información, a través de la producción, representación y recepción, así como su relación con las nuevas tecnologías de información.

Dice la exposición de motivos: “Con la designación de 1975 como el Año Internacional de la Mujer —cuando fue celebrada la I Conferencia Mundial sobre la Mujer en México—, y de la Década para la Mujer, 1976-1986, inició el diagnóstico sobre su situación en el mundo. Lo que la revisión de la realidad y las políticas nacionales, regionales y mundiales sobre las mujeres evidenciaba era la violación de sus derechos en todos sus ámbitos y ciclos de vida, en reciprocidad con su marginalidad de la economía y de su poco o nulo acceso a los recursos para acceder a una ciudadanía plena. Un hecho originado por estas causas apuntaba al acceso negado a las mujeres a los medios de comunicación en términos de representación y empleo. Las imágenes estereotipadas de las mujeres en los medios, así como su escasa participación en ellos, fueron señaladas desde entonces —y hasta hoy— como poderosas barreras que dificultaban la universalidad de los derechos humanos”.

Está demostrado que el de la comunicación es un derecho social básico para ejercer otros derechos, para defender libertades. No pueden, las mujeres todas, prescindir de este tema en su agenda de vida, y a aquellas que tanto han contribuido a explicarlo, nuestro reconocimiento y gratitud. No podría dejar de mencionar que, en mi caso, esa comprensión y formación en el tema me la facilitó la excelente académica Beatriz Solís Leree, a quien tanto debo y quiero.

Profesor de la FCPyS de la UNAM