Ernesto Villanueva
En la democracia directa la reducida polis hacía posible la comunicación sin intermediarios entre gobernantes y gobernados. En las sociedades modernas las cosas han cambiado por completo. La convivencia democrática requiere de los medios de información para establecer contacto entre gobernantes y gobernados. Más aún, los medios se han vuelto los principales intermediarios entre las fuentes públicas y privadas de información y los individuos.
No hay duda: se necesita información para poder decidir y participar en forma activa en la formación de la voluntad política, que se hace regularmente a través de lo que se conoce como opinión pública, cuya presencia en las sociedades democráticas es esencial. Es aquí, sin embargo, donde surgen diversas preguntas: ¿cómo garantizar que la información que reciben los ciudadanos a través de los medios es una información fidedigna? ¿Cómo saber si la información que se proporciona busca satisfacer el derecho a la información o pretende satisfacer un interés ajeno? ¿Qué medios de defensa tienen los ciudadanos tanto frente a las fuentes públicas de información como de cara a los medios que suministran las noticias? La programación televisiva, el manejo editorial de los noticiarios y las políticas informativas de la prensa, empiezan a ser vistos con mayor detenimiento que antaño por un sector reducido, pero creciente, de eso que se denomina la sociedad civil.
Un punto preeliminar que es importante resolver es el relativo al debate sobre las nociones de verdad, veracidad y objetividad informativa íntimamente relacionado con los medios como fuentes de información para decidir. Tirios y troyanos coinciden en que los medios deben brindar información lo más cercana a los acontecimientos fácticos que reportan. ¿Pero qué es eso? Vamos, incluso desde el punto de vista ético, ¿existe la "verdad" o la "objetividad" informativa? Por supuesto, el sentido común aconseja que debiera existir. Y es que el valor deontológico de la verdad, de la veracidad y de la objetividad adquiere importancia en la medida en que se convierte en una cualidad de la información a la que el ciudadano tiene derecho a recibir. ¿Cómo podría el ciudadano, sino fuese así, participar en la comunidad al carecer de información de calidad? El interés deontológico en este valor aparece como un deslinde a la noción de "desinformación" que se había promovido en el periodo de la guerra fría para manipular a los públicos a propósito de las fortalezas y debilidades de los modelos de régimen político imperantes. Cabe mencionar, sin embargo, que verdad y veracidad no tienen un significado idéntico dentro del derecho de la información, aunque así pareciera a primera impresión. Y es que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, por ejemplo, define como equivalentes ambos vocablos. Para este diccionario el concepto "veraz" significa: "Que dice, usa o profesa siempre la verdad". Por tanto, informar con veracidad sería poner en forma datos y hechos verdaderos. En el ejercicio periodístico apelar a la verdad es, por supuesto, un principio deseable, pero no siempre es posible. Para Niceto Blázquez "la crisis del concepto de verdad en el campo de la reflexión filosófica ha repercutido profundamente en el de la teoría de la información. El interés por la verdad se ha desplazado hacia la libertad y este fenómeno se ha traducido en el desprestigio progresivo del concepto de verdad con predominio del concepto de veracidad" (El desafío ético de la información, Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2000, p. 198). De ahí, por tanto, que se haya formulado una distinción entre verdad y veracidad por cuanto se refiere a su exigibilidad. El Tribunal Constitucional Español lo ha puesto en claro en distintas sentencias: "Es doctrina reiterada de este Tribunal que el requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones. La información rectamente obtenida y difundida ha de ser protegida, aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente" (STC 178/1993 F. 5). De esta suerte, la veracidad es un ingrediente esencial de la verdad, pero no es la verdad misma. Acaso pueda ser la búsqueda de la verdad. El problema más grave aquí es la posibilidad de que la información de los medios se convierta en la verdad a nivel de percepción, aunque no lo sea. Como afirma Ignacio Ramonet: "¿Qué es verdadero y qué es falso? El sistema en el que evolucionamos funciona de la manera siguiente: si todos los media dicen que algo es verdad, es verdad. Si la prensa, la radio o la televisión dicen que algo es verdad, eso es verdad incluso si es falso. Los conceptos de verdad y mentira varían de esta forma lógicamente. El receptor no tiene criterios de apreciación, ya que no puede orientarse más que confrontando unos media con otros. Y si todos dicen lo mismo está obligado a admitir que ésa es la verdad" (La tiranía de la comunicación, Madrid, Temas de debate, 1998, p. 51). Así pues, la veracidad debe ser una tarea básica de los medios. La veracidad permite errores en la forma o de naturaleza adjetiva, pero un apego a los hechos en el fondo o en la parte sustantiva o, en todo caso, si bien no se informa la verdad lo que se informe debe ser verdadero. Desde el punto de vista deontológico sería deseable que la información que proporcionan los medios fuese verdadera, pero es ética y jurídicamente exigible (en España, no en México) que sea por lo menos veraz.
La objetividad, por su parte, es un concepto acuñado en Estados Unidos para referirse básicamente al contenido que nutre la noción de verdad-veracidad. Se trata de un concepto que ha caído en desuso y ha sido sustituido en nuestro entorno por las nociones de veracidad-verdad. Bien afirma Niceto Blázquez que: "En sentido amplio y generoso, cabe hablar de objetividad informativa del objeto u objetividad fundamental de la realidad, y del sujeto emisor al mismo tiempo sin contradecirnos. En este segundo caso nos referimos a la actitud y voluntad del emisor de decir las cosas de acuerdo con la objetividad del objeto. La objetividad 'subjetiva' equivale a la sinceridad y transparencia del emisor. La objetividad así entendida viene a ser lo mismo que la virtud moral de la veracidad o sinceración" (Loc. Cit.). Y efectivamente en Estados Unidos ha habido una homologación valorativa de la noción objetividad con veracidad.
Pidamos a los medios lo que nos pueden ofrecer. Existe un principio que afirma que nadie está obligado a lo imposible. Y en este sentido, lo que razonablemente habría que exigir permanentemente a los medios es que sean veraces en el tratamiento informativo, pero jamás se les podría pedir que traduzcan la verdad en la noticia porque sólo tendríamos la garantía del silencio. Lo anterior, sin embargo, requiere de lograr esa armonía entre lo que requiere la comunidad y lo que éticamente debe proporcionar el medio.
El punto central gira sobre la calidad de la información a la que se hacía referencia al principio de esta entrega. Informar e informarse es, ni duda cabe, una tarea capital de la democracia. La información es un conjunto de datos y conocimientos puestos en forma; es decir, organizados para que puedan ser aprovechados de la mejor manera por los ciudadanos. Pero qué tipo de datos y conocimientos se requieren para oxigenar una sociedad democrática, y qué responsabilidades deben asumir los medios con la sociedad en la medida en que su presencia se explica sólo en cuanto sirven a la propia comunidad, son interrogantes que deben ser examinadas. El desarrollo histórico de las sociedades ha replanteado el papel que deben jugar los medios. Ni libertades absolutas ni límites arbitrarios es hoy la fórmula que sintetiza la teoría de la responsabilidad social que nace en la primera mitad del siglo pasado gracias a un estudio fundamental conducido por el rector Hutchins de la Universidad de Chicago, que nunca fue traducido al español, pero que valdría la pena hacerlo, pues su contenido sigue siendo de gran actualidad. En este informe la Comisión Hutchins cuestiona las teorías libertarias que reivindicaban las libertades absolutas de la prensa de los siglos XVIII y XIX en estos términos: "La noción de derechos, sin costo, incondicionales, conferidos por el creador al nacimiento fue un maravilloso principio para luchar contra los gobiernos arbitrarios y tuvo un trabajo histórico por hacer. Pero en el contexto de una libertad política obtenida, la necesidad de establecer límites se vuelve evidente" (The Commision on the Freedom of the Press. A Free and Responsible Press, University of Chicago Press, Chicago, 1947, p. 121). A nadie escapa, por supuesto, que las libertades informativas son la columna vertebral para la salud y la sana reproducción de un régimen democrático. Pero las libertades sin dirección o sin rumbo carecen de sentido para la comunidad; es decir, de utilidad social. En realidad las libertades informativas sólo se explican en el fondo si satisfacen un derecho fundamental: el derecho a la información del público. La libertad de expresión; es decir, el derecho a emitir ideas, opiniones y juicios de valor por cualquier medio, y la libertad de información; el derecho de buscar, procesar y difundir hechos de carácter noticioso, constituyen herramientas de intermediación entre el origen informativo, las fuentes públicas y privadas, y el destinatario final, el individuo. Más todavía, los medios, a través del ejercicio de estas dos libertades habilitan al individuo para ser ciudadano, para participar en la toma pública de decisiones. Mientras las libertades de expresión e información son medios, el derecho a la información es un fin; se trata, pues, de conceptos correlacionados, pero diferentes.
El sobredimensionamiento ocasional de las libertades informativas, acaso explique que persistan quienes crean que se trata de derechos absolutos. La correcta medida es justo al contrario: a mayor preeminencia de los medios en la vida social, mayor responsabilidad pública. Esta dualidad libertad-responsabilidad es una de las grandes aportaciones del reporte Hutchins que tiene, además, el mérito de haber elaborado el primer diagnóstico multidisciplinario sobre la necesaria vinculación entre medios y sociedad y de elaborar una agenda nueva de la prensa, bajo los siguientes argumentos: "Hay contradicción entre la idea tradicional de la libertad de la prensa y su necesaria contrapartida de responsabilidad. La responsabilidad, como el respeto de las leyes, no es en sí un obstáculo a la libertad; por el contrario, puede ser la auténtica expresión de una libertad positiva. Pero se opone a la libertad de indiferencia... Es demasiado frecuente hoy que la pretendida libertad de la prensa sea solamente una forma de irresponsabilidad social. La prensa debe saber que sus errores y sus pasiones han cesado de pertenecer al dominio privado para convertirse en enemigos públicos. Si ella se equivoca, es la opinión la que se equivoca. Ya no es posible concederle, como a cada uno, el derecho al error o incluso tener razón a medias. Nos encontramos aquí de cara a un verdadero dilema: la prensa debe ser una actividad libre y privada, por lo tanto humana y falible; y, sin embargo, no tiene derecho al error, pues cumple un servicio público. Aquí tampoco hay solución perfecta; pero lo que es indispensable es que la prensa esté sujeta al interés general y que participe activamente. Conservará su independencia si es normalmente digna de ella o, al menos, se esfuerza por llegar a serlo. En el caso contrario, es inevitable pasado cierto margen de desfallecimiento que el Estado retire los derechos considerados como adquiridos. Poseer una prensa libre no es, para una sociedad, un objetivo contingente, sino una rigurosa necesidad, pues tomada en su conjunto, la prensa es la autoexpresión inmediata de cada momento de la historia, y esta expresión debe ser auténtica. Una buena parte del contenido de los periódicos tiene, ciertamente, una apariencia fugitiva; los periodistas parecen, a veces, complacerse en la improvisación, y admiten fácilmente que sus obras, al ser destinadas solamente a despertar un interés momentáneo, no requieren muchos cuidados. Ahora bien: precisamente porque la imagen que dan es la de un día, es también la imagen para todos. Es preciso que la prensa sea libre porque esta libertad es la condición de su autenticidad; pero esta autenticidad depende también de su firme deseo de acoger todas las manifestaciones del espíritu humano" (Ibid., pp. 129-133).
En los últimos años, en México se ha podido atestiguar cómo los medios han adquirido un papel central y cómo se han dado reformas legales que coadyuvan a blindar las libertades informativas. En esa lógica se inscriben las normas de despenalización de los delitos contra el honor en el Distrito Federal y la creación jurídica del secreto profesional del periodista. Ese proceso de reforma jurídica no ha sido compensado, empero, por una voluntad identificable de los medios por hacer de la ética periodística un valor cotidiano. Y eso sólo puede pasar en la medida en que se brinde carta de naturalización a las veedurías u observatorios de medios que formen receptores críticos y que hagan balances sobre contenidos mediáticos. Muy poco se ha avanzado en ese terreno en el país. Es tiempo de ensayar esos mecanismos de participación ciudadana para buscar ese complicadísimo balance entre libertad y responsabilidad, buscando la máxima libertad que sea posible con la mínima responsabilidad que sea necesaria en una democracia.
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En la democracia directa la reducida polis hacía posible la comunicación sin intermediarios entre gobernantes y gobernados. En las sociedades modernas las cosas han cambiado por completo. La convivencia democrática requiere de los medios de información para establecer contacto entre gobernantes y gobernados. Más aún, los medios se han vuelto los principales intermediarios entre las fuentes públicas y privadas de información y los individuos.
No hay duda: se necesita información para poder decidir y participar en forma activa en la formación de la voluntad política, que se hace regularmente a través de lo que se conoce como opinión pública, cuya presencia en las sociedades democráticas es esencial. Es aquí, sin embargo, donde surgen diversas preguntas: ¿cómo garantizar que la información que reciben los ciudadanos a través de los medios es una información fidedigna? ¿Cómo saber si la información que se proporciona busca satisfacer el derecho a la información o pretende satisfacer un interés ajeno? ¿Qué medios de defensa tienen los ciudadanos tanto frente a las fuentes públicas de información como de cara a los medios que suministran las noticias? La programación televisiva, el manejo editorial de los noticiarios y las políticas informativas de la prensa, empiezan a ser vistos con mayor detenimiento que antaño por un sector reducido, pero creciente, de eso que se denomina la sociedad civil.
Un punto preeliminar que es importante resolver es el relativo al debate sobre las nociones de verdad, veracidad y objetividad informativa íntimamente relacionado con los medios como fuentes de información para decidir. Tirios y troyanos coinciden en que los medios deben brindar información lo más cercana a los acontecimientos fácticos que reportan. ¿Pero qué es eso? Vamos, incluso desde el punto de vista ético, ¿existe la "verdad" o la "objetividad" informativa? Por supuesto, el sentido común aconseja que debiera existir. Y es que el valor deontológico de la verdad, de la veracidad y de la objetividad adquiere importancia en la medida en que se convierte en una cualidad de la información a la que el ciudadano tiene derecho a recibir. ¿Cómo podría el ciudadano, sino fuese así, participar en la comunidad al carecer de información de calidad? El interés deontológico en este valor aparece como un deslinde a la noción de "desinformación" que se había promovido en el periodo de la guerra fría para manipular a los públicos a propósito de las fortalezas y debilidades de los modelos de régimen político imperantes. Cabe mencionar, sin embargo, que verdad y veracidad no tienen un significado idéntico dentro del derecho de la información, aunque así pareciera a primera impresión. Y es que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, por ejemplo, define como equivalentes ambos vocablos. Para este diccionario el concepto "veraz" significa: "Que dice, usa o profesa siempre la verdad". Por tanto, informar con veracidad sería poner en forma datos y hechos verdaderos. En el ejercicio periodístico apelar a la verdad es, por supuesto, un principio deseable, pero no siempre es posible. Para Niceto Blázquez "la crisis del concepto de verdad en el campo de la reflexión filosófica ha repercutido profundamente en el de la teoría de la información. El interés por la verdad se ha desplazado hacia la libertad y este fenómeno se ha traducido en el desprestigio progresivo del concepto de verdad con predominio del concepto de veracidad" (El desafío ético de la información, Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2000, p. 198). De ahí, por tanto, que se haya formulado una distinción entre verdad y veracidad por cuanto se refiere a su exigibilidad. El Tribunal Constitucional Español lo ha puesto en claro en distintas sentencias: "Es doctrina reiterada de este Tribunal que el requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones. La información rectamente obtenida y difundida ha de ser protegida, aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente" (STC 178/1993 F. 5). De esta suerte, la veracidad es un ingrediente esencial de la verdad, pero no es la verdad misma. Acaso pueda ser la búsqueda de la verdad. El problema más grave aquí es la posibilidad de que la información de los medios se convierta en la verdad a nivel de percepción, aunque no lo sea. Como afirma Ignacio Ramonet: "¿Qué es verdadero y qué es falso? El sistema en el que evolucionamos funciona de la manera siguiente: si todos los media dicen que algo es verdad, es verdad. Si la prensa, la radio o la televisión dicen que algo es verdad, eso es verdad incluso si es falso. Los conceptos de verdad y mentira varían de esta forma lógicamente. El receptor no tiene criterios de apreciación, ya que no puede orientarse más que confrontando unos media con otros. Y si todos dicen lo mismo está obligado a admitir que ésa es la verdad" (La tiranía de la comunicación, Madrid, Temas de debate, 1998, p. 51). Así pues, la veracidad debe ser una tarea básica de los medios. La veracidad permite errores en la forma o de naturaleza adjetiva, pero un apego a los hechos en el fondo o en la parte sustantiva o, en todo caso, si bien no se informa la verdad lo que se informe debe ser verdadero. Desde el punto de vista deontológico sería deseable que la información que proporcionan los medios fuese verdadera, pero es ética y jurídicamente exigible (en España, no en México) que sea por lo menos veraz.
La objetividad, por su parte, es un concepto acuñado en Estados Unidos para referirse básicamente al contenido que nutre la noción de verdad-veracidad. Se trata de un concepto que ha caído en desuso y ha sido sustituido en nuestro entorno por las nociones de veracidad-verdad. Bien afirma Niceto Blázquez que: "En sentido amplio y generoso, cabe hablar de objetividad informativa del objeto u objetividad fundamental de la realidad, y del sujeto emisor al mismo tiempo sin contradecirnos. En este segundo caso nos referimos a la actitud y voluntad del emisor de decir las cosas de acuerdo con la objetividad del objeto. La objetividad 'subjetiva' equivale a la sinceridad y transparencia del emisor. La objetividad así entendida viene a ser lo mismo que la virtud moral de la veracidad o sinceración" (Loc. Cit.). Y efectivamente en Estados Unidos ha habido una homologación valorativa de la noción objetividad con veracidad.
Pidamos a los medios lo que nos pueden ofrecer. Existe un principio que afirma que nadie está obligado a lo imposible. Y en este sentido, lo que razonablemente habría que exigir permanentemente a los medios es que sean veraces en el tratamiento informativo, pero jamás se les podría pedir que traduzcan la verdad en la noticia porque sólo tendríamos la garantía del silencio. Lo anterior, sin embargo, requiere de lograr esa armonía entre lo que requiere la comunidad y lo que éticamente debe proporcionar el medio.
El punto central gira sobre la calidad de la información a la que se hacía referencia al principio de esta entrega. Informar e informarse es, ni duda cabe, una tarea capital de la democracia. La información es un conjunto de datos y conocimientos puestos en forma; es decir, organizados para que puedan ser aprovechados de la mejor manera por los ciudadanos. Pero qué tipo de datos y conocimientos se requieren para oxigenar una sociedad democrática, y qué responsabilidades deben asumir los medios con la sociedad en la medida en que su presencia se explica sólo en cuanto sirven a la propia comunidad, son interrogantes que deben ser examinadas. El desarrollo histórico de las sociedades ha replanteado el papel que deben jugar los medios. Ni libertades absolutas ni límites arbitrarios es hoy la fórmula que sintetiza la teoría de la responsabilidad social que nace en la primera mitad del siglo pasado gracias a un estudio fundamental conducido por el rector Hutchins de la Universidad de Chicago, que nunca fue traducido al español, pero que valdría la pena hacerlo, pues su contenido sigue siendo de gran actualidad. En este informe la Comisión Hutchins cuestiona las teorías libertarias que reivindicaban las libertades absolutas de la prensa de los siglos XVIII y XIX en estos términos: "La noción de derechos, sin costo, incondicionales, conferidos por el creador al nacimiento fue un maravilloso principio para luchar contra los gobiernos arbitrarios y tuvo un trabajo histórico por hacer. Pero en el contexto de una libertad política obtenida, la necesidad de establecer límites se vuelve evidente" (The Commision on the Freedom of the Press. A Free and Responsible Press, University of Chicago Press, Chicago, 1947, p. 121). A nadie escapa, por supuesto, que las libertades informativas son la columna vertebral para la salud y la sana reproducción de un régimen democrático. Pero las libertades sin dirección o sin rumbo carecen de sentido para la comunidad; es decir, de utilidad social. En realidad las libertades informativas sólo se explican en el fondo si satisfacen un derecho fundamental: el derecho a la información del público. La libertad de expresión; es decir, el derecho a emitir ideas, opiniones y juicios de valor por cualquier medio, y la libertad de información; el derecho de buscar, procesar y difundir hechos de carácter noticioso, constituyen herramientas de intermediación entre el origen informativo, las fuentes públicas y privadas, y el destinatario final, el individuo. Más todavía, los medios, a través del ejercicio de estas dos libertades habilitan al individuo para ser ciudadano, para participar en la toma pública de decisiones. Mientras las libertades de expresión e información son medios, el derecho a la información es un fin; se trata, pues, de conceptos correlacionados, pero diferentes.
El sobredimensionamiento ocasional de las libertades informativas, acaso explique que persistan quienes crean que se trata de derechos absolutos. La correcta medida es justo al contrario: a mayor preeminencia de los medios en la vida social, mayor responsabilidad pública. Esta dualidad libertad-responsabilidad es una de las grandes aportaciones del reporte Hutchins que tiene, además, el mérito de haber elaborado el primer diagnóstico multidisciplinario sobre la necesaria vinculación entre medios y sociedad y de elaborar una agenda nueva de la prensa, bajo los siguientes argumentos: "Hay contradicción entre la idea tradicional de la libertad de la prensa y su necesaria contrapartida de responsabilidad. La responsabilidad, como el respeto de las leyes, no es en sí un obstáculo a la libertad; por el contrario, puede ser la auténtica expresión de una libertad positiva. Pero se opone a la libertad de indiferencia... Es demasiado frecuente hoy que la pretendida libertad de la prensa sea solamente una forma de irresponsabilidad social. La prensa debe saber que sus errores y sus pasiones han cesado de pertenecer al dominio privado para convertirse en enemigos públicos. Si ella se equivoca, es la opinión la que se equivoca. Ya no es posible concederle, como a cada uno, el derecho al error o incluso tener razón a medias. Nos encontramos aquí de cara a un verdadero dilema: la prensa debe ser una actividad libre y privada, por lo tanto humana y falible; y, sin embargo, no tiene derecho al error, pues cumple un servicio público. Aquí tampoco hay solución perfecta; pero lo que es indispensable es que la prensa esté sujeta al interés general y que participe activamente. Conservará su independencia si es normalmente digna de ella o, al menos, se esfuerza por llegar a serlo. En el caso contrario, es inevitable pasado cierto margen de desfallecimiento que el Estado retire los derechos considerados como adquiridos. Poseer una prensa libre no es, para una sociedad, un objetivo contingente, sino una rigurosa necesidad, pues tomada en su conjunto, la prensa es la autoexpresión inmediata de cada momento de la historia, y esta expresión debe ser auténtica. Una buena parte del contenido de los periódicos tiene, ciertamente, una apariencia fugitiva; los periodistas parecen, a veces, complacerse en la improvisación, y admiten fácilmente que sus obras, al ser destinadas solamente a despertar un interés momentáneo, no requieren muchos cuidados. Ahora bien: precisamente porque la imagen que dan es la de un día, es también la imagen para todos. Es preciso que la prensa sea libre porque esta libertad es la condición de su autenticidad; pero esta autenticidad depende también de su firme deseo de acoger todas las manifestaciones del espíritu humano" (Ibid., pp. 129-133).
En los últimos años, en México se ha podido atestiguar cómo los medios han adquirido un papel central y cómo se han dado reformas legales que coadyuvan a blindar las libertades informativas. En esa lógica se inscriben las normas de despenalización de los delitos contra el honor en el Distrito Federal y la creación jurídica del secreto profesional del periodista. Ese proceso de reforma jurídica no ha sido compensado, empero, por una voluntad identificable de los medios por hacer de la ética periodística un valor cotidiano. Y eso sólo puede pasar en la medida en que se brinde carta de naturalización a las veedurías u observatorios de medios que formen receptores críticos y que hagan balances sobre contenidos mediáticos. Muy poco se ha avanzado en ese terreno en el país. Es tiempo de ensayar esos mecanismos de participación ciudadana para buscar ese complicadísimo balance entre libertad y responsabilidad, buscando la máxima libertad que sea posible con la mínima responsabilidad que sea necesaria en una democracia.
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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