Año 2012. México se encuentra envuelto en una tensa contienda electoral. Millones de electores se preparan para ir a las urnas y elegir al presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, tres gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, 10 congresos locales, centenares de ayuntamientos, la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del DF. Tres candidatos a la Presidencia, postulados por el PRI, PAN y PRD y sus respectivos aliados, recorren el país en busca de votos. El IFE y los institutos electorales locales cuidan que todos los eslabones del proceso estén bien afinados: desde el padrón hasta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pasando por la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios en las casillas o la confección de las actas, boletas, urnas y demás materiales necesarios para que el día de la elección se instalen 135 mil casillas. El Tribunal desahoga distintos recursos interpuestos por los partidos. Los medios intentan hacer una cobertura equilibrada, profesional y objetiva de los planteamientos de los candidatos. El IFE, mes a mes, entrega a los partidos el financiamiento público a que tienen derecho, establece los topes a los gastos de campaña y se esmera en hacer realidad el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación electrónicos. "Los partidos políticos -dice la Constitución- en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión". De tal suerte que será a través de los tiempos de Estado que podrán difundir sus mensajes. Con ello se busca generar condiciones equitativas en la contienda y abaratar su costo.
Ahora bien, supongamos siguiendo este ejercicio de (poca) imaginación, que un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir. Recordemos, como si hiciera falta, que el país solamente ha vivido comicios medianamente parejos en las últimas cuatro contiendas federales (1997-2006).
Es por ello que la propia Constitución establece: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular". Su sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad.
Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el Cofipe, pero que como fue violada durante el proceso electoral del 2006, el legislador juzgó necesario elevarla a rango constitucional.
Se entiende -aunque no se justifica- que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esa disposición (y también por la que impide a los partidos comprar tiempos en esos medios de comunicación), porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.
También un grupo de intelectuales ha recurrido a la vía del amparo para intentar revertir esa disposición a la que consideran violatoria de la libertad de expresión. Están en su derecho pero (creo) no tienen razón. Podrán (la mayoría de ellos tienen espacios en la prensa y un buen número en radio y televisión) expresar con absoluta libertad sus opiniones sobre candidatos y partidos, sus juicios sobre dichos y hechos, militar activamente a favor o en contra de quien deseen, es decir, podrán ejercer su libertad de expresión sin más límites que los que fija la ley. Ahora bien, lo que no podrán hacer es comprar tiempo en radio y televisión para hacer eso mismo. Y esa restricción se justifica por lo anteriormente señalado y que vuelvo a repetir: la búsqueda de equidad en la contienda.
Las elecciones son reconocidas por todas las fuerzas políticas significativas del país como la única vía legítima para llegar a ocupar cargos de gobierno y legislativos. Y esa convicción es parte del basamento que permite la convivencia y competencia de la pluralidad que cruza a México. Pero los procesos electorales libres, equitativos, legales y legítimos son una construcción. No son fruto de la inercia. Se trata de una cadena en la que todos los eslabones deben estar perfectamente alineados para lograr que el proceso sea reconocido como justo y limpio. Y uno de los eslabones más significativos es el de las condiciones en las que transcurre la competencia. Si las condiciones son equitativas la vía electoral y la coexistencia de la diversidad tienden a fortalecerse, pero si ello no es así, si existen ventajas flagrantes para uno de los contendientes, la espiral de conflictos y la deslegitimación de las propias elecciones toman el relevo.
Las normas deben leerse y analizarse en su contexto. Y es en el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales en donde estamos obligados a evaluar la pertinente prohibición para que "terceros" compren publicidad electoral en radio y televisión.
Ahora bien, supongamos siguiendo este ejercicio de (poca) imaginación, que un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir. Recordemos, como si hiciera falta, que el país solamente ha vivido comicios medianamente parejos en las últimas cuatro contiendas federales (1997-2006).
Es por ello que la propia Constitución establece: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular". Su sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad.
Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el Cofipe, pero que como fue violada durante el proceso electoral del 2006, el legislador juzgó necesario elevarla a rango constitucional.
Se entiende -aunque no se justifica- que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esa disposición (y también por la que impide a los partidos comprar tiempos en esos medios de comunicación), porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.
También un grupo de intelectuales ha recurrido a la vía del amparo para intentar revertir esa disposición a la que consideran violatoria de la libertad de expresión. Están en su derecho pero (creo) no tienen razón. Podrán (la mayoría de ellos tienen espacios en la prensa y un buen número en radio y televisión) expresar con absoluta libertad sus opiniones sobre candidatos y partidos, sus juicios sobre dichos y hechos, militar activamente a favor o en contra de quien deseen, es decir, podrán ejercer su libertad de expresión sin más límites que los que fija la ley. Ahora bien, lo que no podrán hacer es comprar tiempo en radio y televisión para hacer eso mismo. Y esa restricción se justifica por lo anteriormente señalado y que vuelvo a repetir: la búsqueda de equidad en la contienda.
Las elecciones son reconocidas por todas las fuerzas políticas significativas del país como la única vía legítima para llegar a ocupar cargos de gobierno y legislativos. Y esa convicción es parte del basamento que permite la convivencia y competencia de la pluralidad que cruza a México. Pero los procesos electorales libres, equitativos, legales y legítimos son una construcción. No son fruto de la inercia. Se trata de una cadena en la que todos los eslabones deben estar perfectamente alineados para lograr que el proceso sea reconocido como justo y limpio. Y uno de los eslabones más significativos es el de las condiciones en las que transcurre la competencia. Si las condiciones son equitativas la vía electoral y la coexistencia de la diversidad tienden a fortalecerse, pero si ello no es así, si existen ventajas flagrantes para uno de los contendientes, la espiral de conflictos y la deslegitimación de las propias elecciones toman el relevo.
Las normas deben leerse y analizarse en su contexto. Y es en el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales en donde estamos obligados a evaluar la pertinente prohibición para que "terceros" compren publicidad electoral en radio y televisión.
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