Se agita en estos días una querella intelectual sobre los efectos de la prohibición constitucional para que terceros contraten publicidad en radio y televisión, orientada a influir en las preferencias electorales. De un lado, un grupo de intelectuales alza la bandera de la libertad de expresión, para ellos amenazada al limitar la libertad de comercio, y del otro, voces también de enorme prestigio justifican la restricción a la compra de spots publicitarios por particulares, en nombre de la equidad que reclama la democracia.
El punto de vista de los primeros ha encontrado en las empresas televisoras y radiofónicas del país una cobertura intensa y extensa; sus argumentos se propagan como si sus palabras salieran de la Biblia misma, “lo dijo Aguilar Camín”. Los argumentos y las ideas de los que defienden la reforma -desplegados en brillantes artículos periodísticos- se han topado con la censura, el veto reiterado y la exclusión en la pantalla televisiva. Y nada han dicho los libertarios sobre los censurados. Parece que no causa extrañeza que no haya contrapunto.
Es complejo creer en la buena fe -ya no digo en la razón, que me parece les falta- de quienes defienden la libertad de expresión coexistiendo con la censura. Una discusión sobre la constitucionalidad de la reforma electoral y sus consecuencias para la libertad de expresión lo menos que debiera suscitar es un debate, sí, en los mismos medios de comunicación que tan pródigos en descalificaciones y tan ayunos en argumentos y elementos informativos se han ofrecido a sus audiencias al tratar este tema. Un debate entre los ciudadanos a quienes la opinión pública les reconoce luces brillantes, y no deben contemporizar con el manejo soviético de la televisión comercial.
Bien por Héctor Aguilar Camín, que ha escrito dos deslindes: uno sobre el manejo que del tema ha hecho TV Azteca y otro sobre las presiones indebidas hacia la Suprema Corte, lo que confirma su talante de intelectual y demócrata. Pero, ¿y Televisa? ¿Y el resto de los intelectuales libertarios?
No son bandos, ni se organiza la crítica o la defensa de la reforma electoral de acuerdo a las formaciones tradicionales de los grupos intelectuales mexicanos, o desde las revistas culturales y políticas que acogen a esos pensadores. Se entremezclan miembros de distintas corrientes en uno y otro lados; pero unos tienen televisión y otros no. ¿No les dice esto algo a los que presentaron el amparo en defensa de la libertad de expresión? ¿No tendría más impacto también defender la libertad de los demás? ¿Preguntarse por los dos comunicadores de mayor prestigio y audiencia del país expulsados hasta la fecha de la radio? ¿Por los vetados, los linchados, los perseguidos por la televisión?
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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