(apro).- Pocas empresas en México como Televisa y TV Azteca pueden presumir una capacidad de influencia tan eficaz en el Congreso. Los meses de mayo y junio este poder se exhibió con toda su crudeza. No deja de ser paradójico que en el periodo extraordinario que aprobó el fin del ritual presidencialista del “Día del Informe” y eliminó el “veto de bolsillo” que ejerce el titular del Ejecutivo sobre las iniciativas aprobadas en las cámaras legislativas, el Senado de la República haya instaurado el veto televisivo y aceptara la guillotina política contra Santiago Creel, que pasó a ser excoordinador de la bancada del PAN.
El cese de Creel fue la antesala para frenar una ley que afectaba los intereses del binomio televisivo (la iniciativa de Ricardo García Cervantes, 20 de junio 2008), pero también mandó a la “congeladora” una Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que debería sustituir a la Ley Televisa e incorporar los criterios de la Suprema Corte de Justicia, emitidos hace exactamente un año (junio 2007) en materia de autonomía del organismo regulador, disponibilidad del espectro y límites a la concentración mediática.
Las televisoras aplicaron la teoría del efecto dominó: se cae Creel, vetan una ley vinculada a la agenda de la reforma electoral y, de paso, evitan que sus efectos puedan operar en los comicios federales de 2009 (el 28 de octubre de este año inicia formalmente el proceso electoral). Al mismo tiempo, presionan a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva amparos de intelectuales y televisoras en contra de la reforma electoral.
¿En dónde radica la clave del veto de la telecracia? ¿Se trata sólo de rating y de la adicción a la pantalla que tiene la clase política mexicana de estos tiempos? ¿Serán Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego más astutos que sus predecesores en la relación medios-poder? ¿Su éxito en los salones de cabildeo legislativo se traduce también en un control de la opinión pública?
Para responder a estas preguntas tan abiertas, propongo hacer una revisión de los tres que ejes que describen los alcances y límites del poder televisivo:
1. El negocio del tiempo: Las televisoras no sólo hacen negocio de un bien público escaso --el espectro radioeléctrico--, sino de un insumo político muy valioso: el tiempo. En esencia, el negocio del rating no consiste en medir el puntaje de audiencia de un programa, sino en vender el tiempo de mayor audiencia masiva y “exportarlo” a otras áreas de la industria.
El acceso a la pantalla es venta de tiempo y espacio (ahí está Enrique Peña Nieto y sus ilegales contratos con Televisa a través de TV Promo para comprar tiempo en espacios informativos). Los contenidos a favor o en contra se miden en tiempo de pantalla, al igual que la popularidad, el carisma o el “posicionamiento de marca” o branding.
A diferencia de los políticos, las televisoras no tienen prisa. Televisa y TV Azteca tienen ventaja porque funcionan, de facto, como propietarias del tiempo en pantalla y saben explotar al máximo la prisa de los políticos. Aplican y reproducen una nueva regla no escrita del sistema mexicano: el rating sustituyó a las clientelas y al “dedazo” presidencial; y el marketing a los partidos y a la carrera política.
En septiembre de 2007, los políticos mexicanos tenían prisa por aprobar la reforma constitucional en materia electoral: Calderón, para no deberles más favores a quienes le han cobrado altos intereses por su presidencia deficitaria en legitimidad; el PAN, PRI y PRD, para saldar la vergüenza de aprobar la Ley Televisa en siete minutos en la Cámara de Diputados (5 diciembre 2005); y sus dirigencias y figuras políticas, para que estos cambios se hicieran antes de la agenda de los comicios federales de 2009 y antes de la reforma energética.
La habilidad de las televisoras consistió en esperar que ambos procesos se empataran para presionar mejor (elecciones y reforma energética). Dilataron a través de amparos la operatividad de los cambios constitucionales y apretaron en el momento clave: cuando Calderón y un sector del PRI están urgidos de sacar una “reforma mínima” a Pemex antes de la consulta capitalina del 27 de julio y antes del 1 de septiembre. Y le pusieron un precio a la prisa de Calderón: la cabeza de Santiago Creel a cambio de tiempo en pantalla para difundir a los defensores de la reforma calderonista a Pemex. Lo mismo les vendieron a Beatriz Paredes, a Manlio Fabio Beltrones y a Enrique Peña Nieto, entre otros priistas, con aspiraciones presidenciales.
Ahora tienen a su favor los tiempos: dominando al Congreso, posponen la configuración de los órganos reguladores del sector (Cofetel, SCT), aun cuando la Suprema Corte haya definido el 24 de junio que dos comisionados de Cofetel deben salir (Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca). De la SCT ya obtuvieron lo que querían: el 12 de junio se les entregó el refrendo a 134 concesiones de radio y se ratificó el pacto con las televisoras.
2). La pretensión de uniformidad: Se ha insistido que el problema más grave en la estructura de los medios electrónicos en México es el fenómeno de la concentración. No hay duda que el sector está monopolizado. Televisa acapara con sus tres cadenas nacionales 66% de las 465 concesiones, tiene 52% de las audiencias y concentra 70% de la publicidad en pantalla comercial. TV Azteca tiene 28 por ciento de las concesiones, 21% de la audiencia y 25% de la publicidad (2007). Entre ambas acaparan 90% de las audiencias en televisión.
Este problema estructural se agrava a raíz de la crisis política posterior a los comicios del 2006. A cambio de darle tiempo en pantalla y dotarlo de visibilidad, el gobierno de Calderón presionó para lograr la uniformidad de los contenidos, sobre todo, en materia informativa.
Junto con las televisoras, los 5 grandes grupos radiofónicos dominantes (ACIR, Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula e Imagen) han aceptado este pacto con Los Pinos. A cambio, 80% del presupuesto en gasto de comunicación social que ejercerá en 2008 la administración federal se destinará a estas empresas. El monto es de 4 mil 890 millones de pesos, más de 1 mil 300 millones que el año anterior (Proceso 1651). También se pagaron con el refrendo de 134 concesiones de radio (12 de junio Monterrey).
Televisa ha obtenido otro logro: dilatar el tiempo para que Telmex se incorpore a la competencia por el triple play.
La uniformidad es el maquillaje de una credibilidad y una legitimidad no otorgadas en 2006. Por eso, concesionarios y gobierno cerraron filas para “limpiar” el espectro de voces discordantes. En 2008 salieron del aire los dos periodistas radiofónicos de mayor audiencia: Carmen Aristegui, en WRadio, y José Gutiérrez Vivó, dueño de Monitor.
“Censura preventiva” definió el analista Luis Linares Zapata al mecanismo para despedir a Aristegui de la radio comercial (La Jornada). El mensaje fue entendido por todos los informadores y comunicadores electrónicos: quien se atreva a ser autónomo y ejercer un periodismo de mínimo rigor se volverá discordante.
La “censura preventiva” se aplicó en el caso de Creel. Contradictorio, inconsistente, con demasiados compromisos poco transparentes con las televisoras durante su paso por Gobernación, Creel resultó ser la víctima propiciatoria de la pretensión de uniformidad televisiva y calderonista.
3). La opinión pública a modo: De los tres elementos, éste es el más engañoso y el punto débil de las televisoras. La televisión vende la idea de que sus audiencias son las que generan la opinión pública dominante. Y los políticos creen que un elevado rating es sinónimo de opinión favorable y, peor aún, de credibilidad. Este es el “mito genial” de estos tiempos. La televisión no sólo segmenta los contenidos (5 minutos entre corte comercial), sino también la realidad, los escándalos mediáticos, los debates importantes, su programación y las audiencias.
Ya no existen más las audiencias masivas impasibles, “manipulables” a golpes de pantalla. Las audiencias se han segmentado, eligen, discriminan información y opinión; y en muchos casos ejercen el zapping como único elemento de control ante la uniformidad de contenidos.
Como le sucedió al PRI desde 1968, Televisa y TV Azteca perdieron credibilidad y aún no se han enterado. Las verdaderas audiencias que generan opinión pública son las audiencias deliberativas, las que adoptan un punto de vista y, por tanto, una convicción. Estas audiencias deliberativas ven la televisión, generan rating, pero no se guían sólo a partir de los contenidos en pantalla en los asuntos públicos. Son una minoría, pero han ganado las batallas simbólicas y políticas recientes.
Umberto Eco escribió hace 24 años su ensayo sobre la “guerrilla semiológica”. En esencia, propuso que para cambiar la televisión era más importante transformar la actitud del receptor frente al mensaje y al medio. Él popularizó el término de “recepción crítica”. De alguna manera, en México las “guerrillas semiológicas” se han configurado en audiencias deliberativas, esencialmente críticas ante los medios electrónicos.
Son las audiencias que derrotaron a la Ley Televisa antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que apoyaron la reforma constitucional en 2007, que se oponen a la privatización de Pemex y que, según las distintas encuestas, respaldan entre 60 y 75% la necesidad de una consulta en materia energética. Un segmento de esas audiencias consideran a Creel –a pesar de no haber tenido tiempo en pantalla-- el político panista mejor perfilado para el 2012. Son las mismas audiencias que opinan que la salida de Aristegui y el cierre de Monitor constituyen hechos de censura.
¿Se traducen estas audiencias en ciudadanía y en votos? No necesariamente. Sin embargo, esa opinión pública no tiene prisa y no es uniforme. No va con los tiempos de las televisoras ni de los políticos. Su victoria es a mediano y largo plazos.
El cese de Creel fue la antesala para frenar una ley que afectaba los intereses del binomio televisivo (la iniciativa de Ricardo García Cervantes, 20 de junio 2008), pero también mandó a la “congeladora” una Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que debería sustituir a la Ley Televisa e incorporar los criterios de la Suprema Corte de Justicia, emitidos hace exactamente un año (junio 2007) en materia de autonomía del organismo regulador, disponibilidad del espectro y límites a la concentración mediática.
Las televisoras aplicaron la teoría del efecto dominó: se cae Creel, vetan una ley vinculada a la agenda de la reforma electoral y, de paso, evitan que sus efectos puedan operar en los comicios federales de 2009 (el 28 de octubre de este año inicia formalmente el proceso electoral). Al mismo tiempo, presionan a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva amparos de intelectuales y televisoras en contra de la reforma electoral.
¿En dónde radica la clave del veto de la telecracia? ¿Se trata sólo de rating y de la adicción a la pantalla que tiene la clase política mexicana de estos tiempos? ¿Serán Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego más astutos que sus predecesores en la relación medios-poder? ¿Su éxito en los salones de cabildeo legislativo se traduce también en un control de la opinión pública?
Para responder a estas preguntas tan abiertas, propongo hacer una revisión de los tres que ejes que describen los alcances y límites del poder televisivo:
1. El negocio del tiempo: Las televisoras no sólo hacen negocio de un bien público escaso --el espectro radioeléctrico--, sino de un insumo político muy valioso: el tiempo. En esencia, el negocio del rating no consiste en medir el puntaje de audiencia de un programa, sino en vender el tiempo de mayor audiencia masiva y “exportarlo” a otras áreas de la industria.
El acceso a la pantalla es venta de tiempo y espacio (ahí está Enrique Peña Nieto y sus ilegales contratos con Televisa a través de TV Promo para comprar tiempo en espacios informativos). Los contenidos a favor o en contra se miden en tiempo de pantalla, al igual que la popularidad, el carisma o el “posicionamiento de marca” o branding.
A diferencia de los políticos, las televisoras no tienen prisa. Televisa y TV Azteca tienen ventaja porque funcionan, de facto, como propietarias del tiempo en pantalla y saben explotar al máximo la prisa de los políticos. Aplican y reproducen una nueva regla no escrita del sistema mexicano: el rating sustituyó a las clientelas y al “dedazo” presidencial; y el marketing a los partidos y a la carrera política.
En septiembre de 2007, los políticos mexicanos tenían prisa por aprobar la reforma constitucional en materia electoral: Calderón, para no deberles más favores a quienes le han cobrado altos intereses por su presidencia deficitaria en legitimidad; el PAN, PRI y PRD, para saldar la vergüenza de aprobar la Ley Televisa en siete minutos en la Cámara de Diputados (5 diciembre 2005); y sus dirigencias y figuras políticas, para que estos cambios se hicieran antes de la agenda de los comicios federales de 2009 y antes de la reforma energética.
La habilidad de las televisoras consistió en esperar que ambos procesos se empataran para presionar mejor (elecciones y reforma energética). Dilataron a través de amparos la operatividad de los cambios constitucionales y apretaron en el momento clave: cuando Calderón y un sector del PRI están urgidos de sacar una “reforma mínima” a Pemex antes de la consulta capitalina del 27 de julio y antes del 1 de septiembre. Y le pusieron un precio a la prisa de Calderón: la cabeza de Santiago Creel a cambio de tiempo en pantalla para difundir a los defensores de la reforma calderonista a Pemex. Lo mismo les vendieron a Beatriz Paredes, a Manlio Fabio Beltrones y a Enrique Peña Nieto, entre otros priistas, con aspiraciones presidenciales.
Ahora tienen a su favor los tiempos: dominando al Congreso, posponen la configuración de los órganos reguladores del sector (Cofetel, SCT), aun cuando la Suprema Corte haya definido el 24 de junio que dos comisionados de Cofetel deben salir (Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca). De la SCT ya obtuvieron lo que querían: el 12 de junio se les entregó el refrendo a 134 concesiones de radio y se ratificó el pacto con las televisoras.
2). La pretensión de uniformidad: Se ha insistido que el problema más grave en la estructura de los medios electrónicos en México es el fenómeno de la concentración. No hay duda que el sector está monopolizado. Televisa acapara con sus tres cadenas nacionales 66% de las 465 concesiones, tiene 52% de las audiencias y concentra 70% de la publicidad en pantalla comercial. TV Azteca tiene 28 por ciento de las concesiones, 21% de la audiencia y 25% de la publicidad (2007). Entre ambas acaparan 90% de las audiencias en televisión.
Este problema estructural se agrava a raíz de la crisis política posterior a los comicios del 2006. A cambio de darle tiempo en pantalla y dotarlo de visibilidad, el gobierno de Calderón presionó para lograr la uniformidad de los contenidos, sobre todo, en materia informativa.
Junto con las televisoras, los 5 grandes grupos radiofónicos dominantes (ACIR, Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula e Imagen) han aceptado este pacto con Los Pinos. A cambio, 80% del presupuesto en gasto de comunicación social que ejercerá en 2008 la administración federal se destinará a estas empresas. El monto es de 4 mil 890 millones de pesos, más de 1 mil 300 millones que el año anterior (Proceso 1651). También se pagaron con el refrendo de 134 concesiones de radio (12 de junio Monterrey).
Televisa ha obtenido otro logro: dilatar el tiempo para que Telmex se incorpore a la competencia por el triple play.
La uniformidad es el maquillaje de una credibilidad y una legitimidad no otorgadas en 2006. Por eso, concesionarios y gobierno cerraron filas para “limpiar” el espectro de voces discordantes. En 2008 salieron del aire los dos periodistas radiofónicos de mayor audiencia: Carmen Aristegui, en WRadio, y José Gutiérrez Vivó, dueño de Monitor.
“Censura preventiva” definió el analista Luis Linares Zapata al mecanismo para despedir a Aristegui de la radio comercial (La Jornada). El mensaje fue entendido por todos los informadores y comunicadores electrónicos: quien se atreva a ser autónomo y ejercer un periodismo de mínimo rigor se volverá discordante.
La “censura preventiva” se aplicó en el caso de Creel. Contradictorio, inconsistente, con demasiados compromisos poco transparentes con las televisoras durante su paso por Gobernación, Creel resultó ser la víctima propiciatoria de la pretensión de uniformidad televisiva y calderonista.
3). La opinión pública a modo: De los tres elementos, éste es el más engañoso y el punto débil de las televisoras. La televisión vende la idea de que sus audiencias son las que generan la opinión pública dominante. Y los políticos creen que un elevado rating es sinónimo de opinión favorable y, peor aún, de credibilidad. Este es el “mito genial” de estos tiempos. La televisión no sólo segmenta los contenidos (5 minutos entre corte comercial), sino también la realidad, los escándalos mediáticos, los debates importantes, su programación y las audiencias.
Ya no existen más las audiencias masivas impasibles, “manipulables” a golpes de pantalla. Las audiencias se han segmentado, eligen, discriminan información y opinión; y en muchos casos ejercen el zapping como único elemento de control ante la uniformidad de contenidos.
Como le sucedió al PRI desde 1968, Televisa y TV Azteca perdieron credibilidad y aún no se han enterado. Las verdaderas audiencias que generan opinión pública son las audiencias deliberativas, las que adoptan un punto de vista y, por tanto, una convicción. Estas audiencias deliberativas ven la televisión, generan rating, pero no se guían sólo a partir de los contenidos en pantalla en los asuntos públicos. Son una minoría, pero han ganado las batallas simbólicas y políticas recientes.
Umberto Eco escribió hace 24 años su ensayo sobre la “guerrilla semiológica”. En esencia, propuso que para cambiar la televisión era más importante transformar la actitud del receptor frente al mensaje y al medio. Él popularizó el término de “recepción crítica”. De alguna manera, en México las “guerrillas semiológicas” se han configurado en audiencias deliberativas, esencialmente críticas ante los medios electrónicos.
Son las audiencias que derrotaron a la Ley Televisa antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que apoyaron la reforma constitucional en 2007, que se oponen a la privatización de Pemex y que, según las distintas encuestas, respaldan entre 60 y 75% la necesidad de una consulta en materia energética. Un segmento de esas audiencias consideran a Creel –a pesar de no haber tenido tiempo en pantalla-- el político panista mejor perfilado para el 2012. Son las mismas audiencias que opinan que la salida de Aristegui y el cierre de Monitor constituyen hechos de censura.
¿Se traducen estas audiencias en ciudadanía y en votos? No necesariamente. Sin embargo, esa opinión pública no tiene prisa y no es uniforme. No va con los tiempos de las televisoras ni de los políticos. Su victoria es a mediano y largo plazos.
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