Por María Teresa Gallo Rivera
¿POR QUÉ IMPORTAN LAS DISPARIDADES TERRITORIALES?
EN AMÉRICA LATINA, gran parte de las desigualdades son disfuncionales y, por lo tanto, así deben entenderse también las disparidades territoriales. Las desigualdades disfuncionales aparecen por la escasez de oportunidades, la exclusión social y política de ciertos grupos de la población y otros tipos de discriminación; es decir, son de carácter estructural o histórico. Por el contrario, las desigualdades funcionales surgen en una economía de mercado como resultado de la adopción de riesgos, de la actividad empresarial, de la adquisición de habilidades y del ahorro. Por consiguiente, la desigualdad en América Latina no resulta un hecho natural, sino que es fruto de estructuras regresivas y políticas erradas que la han potenciado. Y es precisamente esta desigualdad y sus consecuentes efectos sobre la economía lo que subyace, sin duda, a las explicaciones de por qué un continente con potencial económico y humano ha producido, hasta el momento, resultados moderados en términos de crecimiento y desarrollo, así como déficits sociales agudos.
Numerosas investigaciones demuestran que las desigualdades en América Latina, entendidas en un sentido amplio (inequidad en la distribución del ingreso y desigualdad en el acceso a los activos productivos, al crédito, al sistema educativo y a las tecnologías de la información y la comunicación), generan efectos regresivos en la economía, en la vida personal y familiar, y en el desarrollo democrático al reducir el ahorro nacional, estrechar el mercado interno, deteriorar la salud pública, impedir la formación de capital humano calificado, menoscabar la confianza en las instituciones básicas y, por otra parte, al ser una de las causas centrales de la pobreza. Pero aún más crítica es la capacidad reproductora de las disparidades a partir de los circuitos perversos de la desigualdad que hacen que las polarizaciones y las estratificaciones tiendan a ampliarse y a perpetuarse.
Hay, por lo tanto, al menos tres razones que justifican la necesidad de poner atención a las disparidades territoriales: 1) razones éticas: si lo que se desea es una sociedad justa, donde el Estado garantice un mínimo de bienestar social, la dimensión territorial es pertinente, ya que hay una estrecha relación entre las desigualdades personales y las disparidades territoriales; 2) razones de legitimidad del Estado: si un grupo social con marcada identidad nacional y acción política se siente maltratado por la distribución desigual de oportunidades, podría desestabilizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad, al considerar ilegítimo el orden establecido; y 3) razones de eficiencia económica: la subutilización de recursos (tierra, mano de obra, infraestructuras y otros) en regiones atrasadas actúa en contra del bienestar del país; dicha subutilización se hace patente, por ejemplo, en menores tasas de participación en el mercado laboral o en la migración hacia regiones más prósperas, lo que genera ineficiencia económica por los altos costos de congestión en el mercado que trae consigo.
Estas consideraciones conducen a que su reconocimiento, así como la identificación de sus causas y posibles alternativas de solución, sea lo suficientemente sólido para llamar la atención sobre su repercusión en el bienestar general. Cabe destacar que la desigualdad puede desacelerar el crecimiento, bien al provocar inestabilidad política o fallas de mercado que, a su vez, pueden llevar a una desaceleración, o simplemente porque las personas tienen aversión a la desigualdad. En consecuencia, la perspectiva del análisis territorial de la desigualdad se caracteriza por poner el acento en la importancia del papel del espacio en las disparidades del ingreso, lo cual permite dejar al descubierto el potencial de las políticas territoriales para gestionar las disparidades personales.
LA “TIRANÍA DE LOS PROMEDIOS”
EN AMÉRICA LATINA Y LA CALIDAD DEL CRECIMIENTO
LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS que tradicionalmente se utilizan en el análisis de las disparidades territoriales hacen referencia a medidas como el PIB per cápita, el PIB por trabajador u otras similares que se centran en la evolución de variables económicas en un “sentido estrecho”, es decir, que no capturan la naturaleza multidimensional de los procesos de crecimiento. Esta simplificación limita la comprensión más amplia de los factores que condicionan el crecimiento económico, más aún en las economías latinoamericanas en las que hay grandes disparidades en la distribución de los ingresos personales —y por tanto territoriales—, de modo que los promedios resultan insuficientes al no revelar las verdaderas dinámicas y tendencias estructurales de las realidades subnacionales.
El análisis del crecimiento y del desarrollo a partir de variables agregadas, como los niveles de consumo, el crecimiento del empleo, las tasas de ahorro y otras, resulta adecuado porque ofrece un panorama general de la economía. Sin embargo, la gran mayoría es resultado de una serie de decisiones que se toman en el marco de la unidad familiar. Por ejemplo, las decisiones de cuántos hijos tener o cuánto ahorrar o consumir, o la incorporación al mercado de trabajo, sin duda, terminan influyendo en el comportamiento de variables agregadas. Así, conocer la dinámica de los territorios desde la actuación de los hogares permite explorar con mayor detalle el entorno en el que se gestan las principales decisiones económicas y sociales, que finalmente tienen repercusión en el ámbito regional y nacional, y, por consiguiente, diseñar las líneas de actuación más convenientes.
Junto con la mayor atención que cobra la escala territorial y familiar en el estudio de las disparidades territoriales, también van adquiriendo interés las nuevas dimensiones y los aspectos determinantes del crecimiento en los estudios empíricos. Esto significa que, si bien el crecimiento económico es imprescindible, no se necesita un crecimiento mayor, sino mejor. En este sentido, los esfuerzos realizados en el ámbito académico por incorporar en los análisis de crecimiento las dimensiones cualitativas del desarrollo —como la esperanza de vida, la tasa de fertilidad, las condiciones ambientales, la desigualdad en los ingresos, las instituciones políticas y religiosas, el capital social y otras— son una buena referencia al respecto.
POTENCIAR LOS ACTIVOS:
UNA VÍA PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL
DE ACUERDO CON EL ENFOQUE basado en los activos, la población pobre carece de activos, o bien sus activos son escasos o poco productivos. Los activos de los hogares son todos aquellos recursos que se utilizan para generar bienestar. Entre éstos se incluyen los activos tangibles, como el capital humano (edad, escolaridad y capacitación, estructura familiar, etc.), el capital natural (clima, agua y tierra), el capital físico (equipo, ganado y electricidad) y los activos financieros (crédito); los intangibles, como el capital social, la proximidad a los mercados, los servicios de educación y salud, y el empoderamiento, así como los factores específicos del lugar (acceso a infraestructura y servicios sociales); y los activos sociales, políticos e institucionales (redes sociales y políticas y la inclusión social).
Este marco está compuesto por cuatro elementos: a) los activos de los hogares (activos productivos, activos sociales, etc.); b) el entorno (políticas, instituciones y riesgos); c) el comportamiento de los hogares (estrategias de vida); y d) los resultados (bienestar del hogar). De este modo, los resultados en términos de bienestar dependerán de la interfaz activos-entorno y de su impacto en las decisiones sobre los medios de vida, por lo que todos los elementos deberán considerarse en conjunto. Este enfoque tiene el potencial de convertirse en una herramienta importante para la formulación y la orientación de políticas públicas, ya que, además de su efecto directo sobre el bienestar, los activos tienen efectos indirectos debido al impacto que ejercen en las decisiones sobre los medios de vida. Esto, a su vez, incide sobre las condiciones finales de bienestar.
Esta perspectiva permite derivar una relación entre el gasto (y por tanto, los niveles de desigualdad) y la posesión de activos de los hogares, a partir de la optimización de las decisiones de producción y consumo del hogar. La asociación de las asimetrías en los niveles de gasto de los hogares y sus activos, y su agregación a escala territorial, permite, en consecuencia, el conocimiento más profundo de las bases microeconómicas del crecimiento y del desarrollo regional.
Las virtudes de la aplicación de este enfoque al estudio de las disparidades territoriales pueden sintetizarse en dos. La primera es el conocimiento ex ante de las condiciones internas de los territorios (acumulación de activos productivos, generación de inversiones, etc.), como estrategia para mejorar la viabilidad y la eficacia de las políticas regionales. En otros términos, no se puede forzar a que determinadas políticas regionales surtan efecto en un entorno donde existen mecanismos o fuerzas que operan dentro del sistema y que hacen inviables las políticas. En segundo lugar, el enfoque de los activos desde la perspectiva territorial permite sentar las bases para que las políticas regionales no se limiten a mejorar transitoriamente el desempeño de los territorios, a partir de medidas compensatorias o de auxilio frente a determinadas contingencias coyunturales o las derivadas de transformaciones estructurales, sino que, por el contrario, puedan tener mayor impacto al afectar positivamente y en el largo plazo el proceso de acumulación de activos, su reproducción y la interacción positiva dentro del territorio, al tiempo que disminuye la vulnerabilidad social y se promueve la movilidad ascendente.
UNA RADIOGRAFÍA DE LAS DISPARIDADES TERRITORIALES EN PERÚ
LA PRIMACÍA URBANA —como expresión de la preponderancia demográfica y económica que la primera ciudad de un país tiende a poseer con respecto a su propia red urbana nacional y a la concentración espacial de la actividad económica— ha sido la fuente principal de las disparidades territoriales en Latinoamérica. La primacía de las ciudades capitales de provincia en Perú, y en especial de Lima, frente al resto del país es evidente cuando se analiza la información disponible: la alta concentración de la actividad productiva y financiera, así como las inequidades tributarias en Lima y en las principales ciudades de la Costa, muestran la severa segmentación del territorio y sus potencialidades. Lima por sí sola concentra el 43.5% de la producción nacional, aglomera el 33.45% de la Población Económicamente Activa (PEA), obtiene el 55% de la producción industrial y el 56% del comercio; concentra, además, el 55% del ingreso nacional y el 84% y el 86% de las colocaciones y depósitos financieros a nivel nacional, respectivamente.
La dimensión espacial de la pobreza y de las carencias en términos de acceso a los servicios básicos es otro rasgo de la distribución territorial desigual de los activos de los hogares y de las oportunidades de desarrollo en estos territorios. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema en Lima metropolitana se han mantenido claramente por debajo del promedio nacional y del promedio del resto del país durante el período comprendido entre 1997 y 2006; en Lima, en 2006, dos de cada diez habitantes fueron calificados como pobres y uno de cada diez vivía en condiciones de extrema pobreza, mientras que en Huancavelica —el departamento con las tasas más altas de pobreza— ocho de cada diez fueron calificados como pobres y siete de cada diez como pobres extremos.
En materia de desigualdad de ingresos, los avances han sido lentos —el índice de Gini ha pasado de 0.532 en 1997 a 0.505 en 2004—. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad se aprecia de manera más nítida cuando se analiza la distribución del ingreso por deciles o quintiles y por áreas geográficas. En 2003, el 20% más rico (quintil 5) de la población peruana concentraba el 55.17% de los ingresos, mientras que el 20% de la población más pobre (quintil 1) tenía apenas el 3.82% del ingreso. Por otra parte, la ratio entre el quintil 5 y el quintil 1 en las áreas urbanas fue superior (10.12 veces) al registrado en las áreas rurales (6.29).
CRECIMIENTO “SIN GOTEO”
NO CABE DUDA de que la economía peruana ha experimentado una notable recuperación en su desempeño económico en los últimos 15 años, tras alcanzar, a inicios de los noventa, uno de los niveles de crecimiento más bajos de las últimas cuatro décadas —similar al de inicios de los sesenta—; desde entonces, ha gozado de una notable recuperación y, en 2005, logró superar los niveles de PIB per cápita registrados a mediados de los setenta, los más altos en el último lustro. El desempeño de la economía peruana ha sido también notable, si se toma como marco de referencia el comportamiento promedio experimentado por los países de la región. En los últimos 10 años, ha registrado tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita sostenidas y con algunas oscilaciones, superiores a la media de la región.
Sin embargo, este buen desempeño macro de la economía peruana no ha ido acompañado de mayor bienestar en los hogares, lo que se conoce como crecimiento “sin goteo”. Al respecto, existen dos planteamientos sobre lo sucedido en los últimos años en la economía peruana. El primer planteamiento postula que el crecimiento experimentado por la economía peruana, al menos en el período de 2001 a 2005, sí ha permitido mejorar los ingresos familiares y, por lo tanto, reducir la pobreza. Los mecanismos de transmisión habrían funcionado del siguiente modo: un mayor crecimiento económico trae consigo una mayor demanda de insumos por parte de las empresas —entre ellos, la mano de obra—, lo cual se refleja en un aumento en el número de empleos y salarios, y, por lo tanto, en una elevación de los ingresos familiares que permite sufragar mayores gastos relacionados con la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud o la recreación.
Según este postulado, el canal de crecimiento (empleo-ingresos-gastos) se potenciaría aún más cuando: a) el crecimiento es “pro pobre”, es decir, está liderado por sectores intensivos en mano de obra —generalmente de baja calificación y donde se encuentran insertados los hogares pobres—, en los cuales las vinculaciones intersectoriales son mayores (por ejemplo, una tasa de crecimiento liderada por el sector de la construcción requerirá más mano de obra que si la misma tasa de crecimiento viene liderada por la gran minería), y b) los agentes económicos mantienen expectativas favorables en relación con un crecimiento sostenido; si, por el contrario, las empresas consideran que el crecimiento es transitorio y que existe una elevada incertidumbre sobre el futuro, no invertirán ni contratarán más mano de obra. Un tercer canal, aunque indirecto, consiste en que, mientras mayor sea el crecimiento económico, mayor será la recaudación y, por lo tanto, mayor podrá ser el crecimiento del gasto público que podrá orientarse a mayor gasto social e inversión en infraestructura, lo que redundará en una mejora de los ingresos familiares, directamente en el primer caso, y mediante mejoras de la productividad, en el segundo caso.
El segundo planteamiento que, desde mi punto de vista, se ajusta más a la realidad peruana sostiene que, a pesar de los sólidos y significativos avances en el plano macroeconómico, éstos no se han traducido en bienestar generalizado para la población y se mantienen las condiciones de desigualdad y exclusión vigentes en décadas pasadas. Una revisión de los principales agregados económicos demuestra que, a pesar de los esfuerzos por mantener bajos niveles de inflación e incrementar el gasto público social, no se han producido cambios significativos en cuanto a pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad se mantiene en niveles elevados, por lo que los beneficios del crecimiento se han visto contrarrestados por aumentos en la desigualdad. Ha tenido lugar el fenómeno del “empobrecimiento sin pobreza” que, además, parece haberse acentuado en los últimos años. Este fenómeno aparece cuando una buena parte de la población no pobre ve disminuir sus ingresos (o su consumo), a tal punto que no llega a cruzar la línea de la pobreza y, sin embargo, su posición final ha empeorado respecto a la anterior; paralelamente, no han existido cambios importantes en el porcentaje de pobreza global estimado durante dicho período o, en todo caso, se ha reducido.
El mercado de trabajo —que en una economía de mercado es el encargado de traducir el crecimiento en bienestar— no ha sido un elemento central en la estrategia de lucha contra la pobreza en Perú. El desempleo urbano presenta una tendencia creciente desde finales de los ochenta y en 2007 alcanzó un 8.4%, ligeramente por encima de la tasa de desempleo promedio vigente para la región (8%). Sin embargo, lo que más afecta a la economía peruana es el subempleo (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el subempleo urbano en 2001 fue de 47.6% de la población ocupada urbana), la informalidad (equivalente al 65% de la población ocupada urbana en 2003, según datos de la CEPAL, y que genera hasta el 10% del PIB total nacional, según el Ministerio del Trabajo, en 2004) y los bajos salarios (las remuneraciones medias reales no muestran signos de recuperación tras su drástica caída a finales de los ochenta).
La tesis de que el crecimiento ha sido “pro pobre”, sustentado en sectores con gran capacidad de generación de mano de obra, tampoco se correspondería plenamente con la realidad. Las tasas de crecimiento de los sectores de la construcción, la industria, la agricultura y la pesca han superado a las del sector de la minería sólo en los dos últimos años. Se requerirá un período mayor para poder evaluar en qué medida este comportamiento es sostenible y cómo el crecimiento de dichos sectores se traduce, efectivamente, en mayores encadenamientos sectoriales, más puestos de trabajo, mayor capacidad de gasto y bienestar para las familias más desfavorecidas.
La paradoja de los planos micro y macro en Perú se hace visible cuando se compara el ranking departamental a partir de los indicadores de PIB per cápita, gasto per cápita y las tasas de pobreza regionales; se aprecia que la posición que ocupan los territorios regionales es bastante diferenciada según el indicador que se utilice (véase Cuadro 1). Los departamentos de Pasco y Junín, localizados en la Sierra Central de Perú, y Ucayali, en la Selva, aparecen dentro del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de PIB per cápita, pese a presentar niveles de gasto per cápita que los sitúan por debajo del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de gasto per cápita. Puede observarse, además, que las tasas de pobreza son elevadas, especialmente en Pasco, donde siete de cada diez personas son pobres. Lo contrario sucede con los departamentos costeños de Tumbes y Lambayeque que se sitúan entre los diez con mejor gasto per cápita, pero cuyos niveles de PIB per cápita no les permiten situarse en las primeras diez posiciones de la clasificación.
LOS ACTIVOS DE LOS HOGARES Y EL CRECIMIENTO REGIONAL EN PERÚ
EXISTEN PROFUNDOS DIFERENCIALES en el acceso y la posesión de los activos por parte de los hogares, sean activos públicos, humanos, privados, financieros o sociales, según los niveles de ingreso o de gasto per cápita; así lo demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INEI. La variable de gastos del hogar (en lugar de la de ingresos) refleja de manera más adecuada los niveles de vida de la población, ya que incluye los recursos provenientes del crédito y del ahorro al que muchos hogares tienen que acudir para aliviar las fluctuaciones de sus ingresos como consecuencia de la coyuntura económica o por aspectos relacionados con el ciclo de vida. Además, el sector informal en Perú es muy importante en términos de empleo y se caracteriza por no llevar una contabilidad que separe el consumo productivo del consumo privado. Asimismo, se registra una importante participación de los familiares, lo cual imposibilita una buena estimación de los excedentes y, en consecuencia, de los ingresos de los informales.
Los principales resultados para el período de 1997 a 2006 son los siguientes:
• El gasto per cápita de los hogares limeños en 2006 fue 1.62 veces el valor promedio nacional. Con excepción de Lima y de toda la Costa, el gasto per cápita mensual del hogar de todas las demás regiones se encuentra por debajo del promedio nacional. Al analizar la evolución del gasto familiar a partir de la agrupación de los hogares según la edad que tenía el jefe del hogar en 1997 (“jóvenes”: menos de 30 años; “maduros”: entre 31 y 45 años; y “adultos-mayores”: mayores de 46 años), se encuentra que los hogares con jefes maduros muestran una tendencia creciente en el gasto per cápita familiar conforme aumenta su edad en la cohorte, mientras que los hogares de los jefes más jóvenes presentan, en general, una tendencia decreciente. En cambio, los hogares de los jefes adultos-mayores presentan una mayor estabilidad en sus niveles de gasto per cápita. Por otra parte, para las tres agrupaciones, son los hogares de Lima los que exhiben los mayores niveles de gasto per cápita familiar en todo el período analizado.
• En relación con las variables de capital humano, se corrobora la existencia de una desigual distribución territorial de la cantidad de horas trabajadas por el jefe del hogar; además, el número de horas trabajadas se asocia positivamente con mayores niveles de gasto per cápita del hogar. La participación en el mercado de trabajo es también diferenciada, en función del grupo de edad al que pertenezca el jefe del hogar: los más jóvenes presentan una tendencia creciente en relación con el número de horas mensuales trabajadas, mientras que los jefes de la segunda y tercera agrupación presentan tendencias más estables e inclusive decrecientes. La convergencia en horas trabajadas parece ser la excepción, más que la regla, cuando se analizan las diferentes agrupaciones; parece existir coincidencia en el número de horas trabajadas entre los maduros y los adultos-mayores de los hogares localizados en la Costa Sur, y entre los jóvenes y los maduros de los hogares localizados en la Selva.
• El número de años de educación del jefe del hogar se asocia de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar. Los años de educación de los jefes de hogar se incrementan ligeramente conforme aumenta la edad de los jefes más jóvenes; este ligero incremento se mantiene conforme éstos pasan al grupo de los maduros, pero va decreciendo en los últimos años de pertenencia a este grupo; finalmente, se produce un fuerte descenso cuando los jefes del hogar pertenecen al grupo de los adultos-mayores. Como parece lógico, no existe convergencia en el número de años de educación cursados por el jefe del hogar entre los tres grupos de edad en ningún dominio geográfico; los hogares que pertenecen al grupo más joven y que, a su vez, están localizados en la Costa (norte, centro y sur) y Sierra Sur presentan los mayores niveles de educación; en el caso de Lima metropolitana, los jefes de hogar maduros son los que tienen más años de educación. En cuanto a las relaciones entre las variables de capital humano y los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar, un factor determinante son las horas trabajadas al mes por el jefe del hogar y las horas promedio trabajadas por los hijos, aunque la participación de los hijos en el mercado laboral no necesariamente implique, en el corto plazo, ganancias en la tasa de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Se constata una relación inversa entre el indicador de pobreza y el gasto per cápita del hogar: un menor número de necesidades básicas insatisfechas se corresponde con un mayor nivel de gasto del hogar. En cuanto a la infraestructura pública, la relación entre las variables de acceso a servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) y el nivel de gasto familiar es directa; menores posibilidades de acceder a los servicios básicos se corresponden con menores niveles de gasto familiar. La conexión de luz dentro de la vivienda resultó ser un factor significativo, asociado de manera positiva con aumentos en el gasto per cápita familiar.
• En cuanto a las variables de capital privado, el acceso de los hogares a servicios de telefonía fija e Internet están igualmente asociados de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar, mientras que, en los departamentos donde los niveles de gasto per cápita de los hogares son reducidos, existirían mayores limitaciones para acceder a dichos servicios. La asociación positiva entre el capital privado y el gasto per cápita del hogar se constata también cuando se consideran las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Los patrones de ocupación de la vivienda son diferentes según los departamentos; como parece lógico, la densidad aumenta en aquellos hogares con menores niveles de gasto per cápita familiar; es decir, el hacinamiento es mayor en los hogares con menores recursos económicos. Por otro lado, se encuentra una relación positiva entre el valor de los bienes duraderos del hogar y el gasto per cápita.
• En cuanto a los activos financieros de los hogares, las posibilidades de acceder a un crédito para financiar los gastos del hogar se asocian de manera positiva con el nivel de gasto per cápita del hogar. Los mayores ingresos corrientes por transferencias, bien sean nacionales o del exterior o rentas de la propiedad monetaria, se corresponden con mayores niveles de gasto familiar. Hay que destacar que las remesas del exterior recibidas en los hogares explican de manera significativa las diferencias en las tasas de crecimiento del gasto regional.
• De las variables indicativas del capital o infraestructura social, ni el indicador de participación de algún miembro de la familia en instituciones u organizaciones sociales ni el grado de confianza otorgado por éstas a un conjunto de instituciones públicas resultaron significativos, aunque sólo se constató que una mayor confianza en las instituciones demostraría que los hogares gozan de mejores condiciones institucionales para realizar con mayor eficiencia su actividad y mejorar sus niveles de bienestar.
Cabe destacar que, dada la gran lentitud y la inercia de las disparidades territoriales en Perú, se sugiere un tratamiento diferenciado a la explicación de dos expresiones distintas de las disparidades: las de nivel y las de ritmo (tasas de crecimiento) del gasto familiar per cápita. En el caso de las primeras, se destaca que los cambios son más bien lentos. En el caso de las segundas, se acepta la posibilidad de relaciones de cambio y causalidad de más corto y mediano plazos, en las que la variabilidad en las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar departamental puede explicarse a partir de las distintas dotaciones de activos de los hogares.
El coeficiente de la variable retardada, siendo negativo y significativamente distinto de cero, podría indicar que se ha producido un acercamiento entre los ritmos de crecimiento del gasto regional durante el período analizado. Sin embargo, el elevado valor del coeficiente y su inercia cuando se condiciona el modelo por variables representativas de los activos de los hogares indicarían que las disparidades de equilibrio prácticamente se habrían alcanzado o que queda poco margen para ello; tampoco se reducen sustancialmente los años para disminuir la brecha a la mitad. En resumen, los resultados muestran que persisten diferencias marcadas en los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar promedio a escala departamental, y que estas diferencias están determinadas por la persistencia en la desigual dotación de activos de los hogares.
PERÚ ESTÁ CAMBIANDO, PERO LAS DISPARIDADES REGIONALES PERSISTEN
ESTE ARTÍCULO ha puesto de manifiesto que las disparidades territoriales se derivarían de las características de los hogares asociadas a las desigualdades en el ingreso, de la falta de control sobre los activos productivos y del escenario adverso para valorizar dichos activos. Así, el acceso y la posesión de activos se vuelven factores determinantes de la reducción de las disparidades territoriales en Perú, al afectar directamente el bienestar de los hogares y la movilidad social.
Es imposible negar que algo está cambiando en Perú, un país que ha crecido de manera continua en los últimos 6 años. Dichos cambios se perciben en un nuevo orden social y económico, que se ha sustentado en cambios importantes en la estructura de la propiedad, en la apertura al mercado y el papel subsidiario del Estado, y en las fuentes de financiamiento de la inversión. Pero este crecimiento se ha basado, como afirma Efraín Gonzales de Olarte en el último informe de 2007-2008 denominado “Pobreza, desigualdad y desarrollo en Perú”, en un modelo primario exportador y de servicios, con fuerte dependencia del exterior y con poca capacidad autónoma o de desarrollo endógeno, que no ha generado, mediante el mercado de trabajo, los eslabonamientos sectoriales y territoriales necesarios para que el crecimiento se redistribuya.
Si bien el crecimiento en los últimos años ha hecho retroceder ligeramente la pobreza, éste no ha tenido los mismos efectos sobre las desigualdades territoriales. Por ello, el principal reto al que se enfrentará la economía peruana en los próximos años es doble: a) el desafío de lograr un entorno “macro” que apueste por el bienestar de los hogares; en otros términos, lograr integrar mercados y territorios para generar efectos significativos en el mercado de trabajo y, consecuentemente, en los ingresos y gastos de los hogares y territorios más desfavorecidos; y b) a partir del enfoque de los activos de los hogares, diseñar estrategias para combatir de manera diferenciada las causas de la desigualdad entre los territorios regionales.
Es pertinente considerar dentro de las políticas regionales la disminución de las diferencias en las dotaciones de activos para lograr la “convergencia” o la reducción de la brecha en los niveles de gasto regional y en sus ritmos de crecimiento. Pero lo más importante es que los objetivos del crecimiento regional sostenido y la mejora de las condiciones de vida se conviertan en temas prioritarios para el país. Debemos aspirar a llegar a un punto en el que los pobres compartan las ganancias del país donde viven cuando éste crece y que los ricos compartan las penurias sociales en momentos de crisis. Para eso, deberá tomarse en consideración la diversidad de los hogares y de los diferentes territorios, y las secuencias, las prioridades y las estrategias de intervención que puedan plantearse deberán adecuarse a dichas realidades para garantizar tanto su éxito como su efectividad.
MARÍA TERESA GALLO RIVERA es Doctora en Economía por la Universidad de Alcalá e investigadora del área de Estudios Territoriales y Urbanos del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Sus líneas básicas de investigación se centran en la economía regional, fundamentalmente en el análisis del crecimiento y las disparidades regionales, así como en las áreas de desarrollo urbano y territorial.
¿POR QUÉ IMPORTAN LAS DISPARIDADES TERRITORIALES?
EN AMÉRICA LATINA, gran parte de las desigualdades son disfuncionales y, por lo tanto, así deben entenderse también las disparidades territoriales. Las desigualdades disfuncionales aparecen por la escasez de oportunidades, la exclusión social y política de ciertos grupos de la población y otros tipos de discriminación; es decir, son de carácter estructural o histórico. Por el contrario, las desigualdades funcionales surgen en una economía de mercado como resultado de la adopción de riesgos, de la actividad empresarial, de la adquisición de habilidades y del ahorro. Por consiguiente, la desigualdad en América Latina no resulta un hecho natural, sino que es fruto de estructuras regresivas y políticas erradas que la han potenciado. Y es precisamente esta desigualdad y sus consecuentes efectos sobre la economía lo que subyace, sin duda, a las explicaciones de por qué un continente con potencial económico y humano ha producido, hasta el momento, resultados moderados en términos de crecimiento y desarrollo, así como déficits sociales agudos.
Numerosas investigaciones demuestran que las desigualdades en América Latina, entendidas en un sentido amplio (inequidad en la distribución del ingreso y desigualdad en el acceso a los activos productivos, al crédito, al sistema educativo y a las tecnologías de la información y la comunicación), generan efectos regresivos en la economía, en la vida personal y familiar, y en el desarrollo democrático al reducir el ahorro nacional, estrechar el mercado interno, deteriorar la salud pública, impedir la formación de capital humano calificado, menoscabar la confianza en las instituciones básicas y, por otra parte, al ser una de las causas centrales de la pobreza. Pero aún más crítica es la capacidad reproductora de las disparidades a partir de los circuitos perversos de la desigualdad que hacen que las polarizaciones y las estratificaciones tiendan a ampliarse y a perpetuarse.
Hay, por lo tanto, al menos tres razones que justifican la necesidad de poner atención a las disparidades territoriales: 1) razones éticas: si lo que se desea es una sociedad justa, donde el Estado garantice un mínimo de bienestar social, la dimensión territorial es pertinente, ya que hay una estrecha relación entre las desigualdades personales y las disparidades territoriales; 2) razones de legitimidad del Estado: si un grupo social con marcada identidad nacional y acción política se siente maltratado por la distribución desigual de oportunidades, podría desestabilizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad, al considerar ilegítimo el orden establecido; y 3) razones de eficiencia económica: la subutilización de recursos (tierra, mano de obra, infraestructuras y otros) en regiones atrasadas actúa en contra del bienestar del país; dicha subutilización se hace patente, por ejemplo, en menores tasas de participación en el mercado laboral o en la migración hacia regiones más prósperas, lo que genera ineficiencia económica por los altos costos de congestión en el mercado que trae consigo.
Estas consideraciones conducen a que su reconocimiento, así como la identificación de sus causas y posibles alternativas de solución, sea lo suficientemente sólido para llamar la atención sobre su repercusión en el bienestar general. Cabe destacar que la desigualdad puede desacelerar el crecimiento, bien al provocar inestabilidad política o fallas de mercado que, a su vez, pueden llevar a una desaceleración, o simplemente porque las personas tienen aversión a la desigualdad. En consecuencia, la perspectiva del análisis territorial de la desigualdad se caracteriza por poner el acento en la importancia del papel del espacio en las disparidades del ingreso, lo cual permite dejar al descubierto el potencial de las políticas territoriales para gestionar las disparidades personales.
LA “TIRANÍA DE LOS PROMEDIOS”
EN AMÉRICA LATINA Y LA CALIDAD DEL CRECIMIENTO
LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS que tradicionalmente se utilizan en el análisis de las disparidades territoriales hacen referencia a medidas como el PIB per cápita, el PIB por trabajador u otras similares que se centran en la evolución de variables económicas en un “sentido estrecho”, es decir, que no capturan la naturaleza multidimensional de los procesos de crecimiento. Esta simplificación limita la comprensión más amplia de los factores que condicionan el crecimiento económico, más aún en las economías latinoamericanas en las que hay grandes disparidades en la distribución de los ingresos personales —y por tanto territoriales—, de modo que los promedios resultan insuficientes al no revelar las verdaderas dinámicas y tendencias estructurales de las realidades subnacionales.
El análisis del crecimiento y del desarrollo a partir de variables agregadas, como los niveles de consumo, el crecimiento del empleo, las tasas de ahorro y otras, resulta adecuado porque ofrece un panorama general de la economía. Sin embargo, la gran mayoría es resultado de una serie de decisiones que se toman en el marco de la unidad familiar. Por ejemplo, las decisiones de cuántos hijos tener o cuánto ahorrar o consumir, o la incorporación al mercado de trabajo, sin duda, terminan influyendo en el comportamiento de variables agregadas. Así, conocer la dinámica de los territorios desde la actuación de los hogares permite explorar con mayor detalle el entorno en el que se gestan las principales decisiones económicas y sociales, que finalmente tienen repercusión en el ámbito regional y nacional, y, por consiguiente, diseñar las líneas de actuación más convenientes.
Junto con la mayor atención que cobra la escala territorial y familiar en el estudio de las disparidades territoriales, también van adquiriendo interés las nuevas dimensiones y los aspectos determinantes del crecimiento en los estudios empíricos. Esto significa que, si bien el crecimiento económico es imprescindible, no se necesita un crecimiento mayor, sino mejor. En este sentido, los esfuerzos realizados en el ámbito académico por incorporar en los análisis de crecimiento las dimensiones cualitativas del desarrollo —como la esperanza de vida, la tasa de fertilidad, las condiciones ambientales, la desigualdad en los ingresos, las instituciones políticas y religiosas, el capital social y otras— son una buena referencia al respecto.
POTENCIAR LOS ACTIVOS:
UNA VÍA PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL
DE ACUERDO CON EL ENFOQUE basado en los activos, la población pobre carece de activos, o bien sus activos son escasos o poco productivos. Los activos de los hogares son todos aquellos recursos que se utilizan para generar bienestar. Entre éstos se incluyen los activos tangibles, como el capital humano (edad, escolaridad y capacitación, estructura familiar, etc.), el capital natural (clima, agua y tierra), el capital físico (equipo, ganado y electricidad) y los activos financieros (crédito); los intangibles, como el capital social, la proximidad a los mercados, los servicios de educación y salud, y el empoderamiento, así como los factores específicos del lugar (acceso a infraestructura y servicios sociales); y los activos sociales, políticos e institucionales (redes sociales y políticas y la inclusión social).
Este marco está compuesto por cuatro elementos: a) los activos de los hogares (activos productivos, activos sociales, etc.); b) el entorno (políticas, instituciones y riesgos); c) el comportamiento de los hogares (estrategias de vida); y d) los resultados (bienestar del hogar). De este modo, los resultados en términos de bienestar dependerán de la interfaz activos-entorno y de su impacto en las decisiones sobre los medios de vida, por lo que todos los elementos deberán considerarse en conjunto. Este enfoque tiene el potencial de convertirse en una herramienta importante para la formulación y la orientación de políticas públicas, ya que, además de su efecto directo sobre el bienestar, los activos tienen efectos indirectos debido al impacto que ejercen en las decisiones sobre los medios de vida. Esto, a su vez, incide sobre las condiciones finales de bienestar.
Esta perspectiva permite derivar una relación entre el gasto (y por tanto, los niveles de desigualdad) y la posesión de activos de los hogares, a partir de la optimización de las decisiones de producción y consumo del hogar. La asociación de las asimetrías en los niveles de gasto de los hogares y sus activos, y su agregación a escala territorial, permite, en consecuencia, el conocimiento más profundo de las bases microeconómicas del crecimiento y del desarrollo regional.
Las virtudes de la aplicación de este enfoque al estudio de las disparidades territoriales pueden sintetizarse en dos. La primera es el conocimiento ex ante de las condiciones internas de los territorios (acumulación de activos productivos, generación de inversiones, etc.), como estrategia para mejorar la viabilidad y la eficacia de las políticas regionales. En otros términos, no se puede forzar a que determinadas políticas regionales surtan efecto en un entorno donde existen mecanismos o fuerzas que operan dentro del sistema y que hacen inviables las políticas. En segundo lugar, el enfoque de los activos desde la perspectiva territorial permite sentar las bases para que las políticas regionales no se limiten a mejorar transitoriamente el desempeño de los territorios, a partir de medidas compensatorias o de auxilio frente a determinadas contingencias coyunturales o las derivadas de transformaciones estructurales, sino que, por el contrario, puedan tener mayor impacto al afectar positivamente y en el largo plazo el proceso de acumulación de activos, su reproducción y la interacción positiva dentro del territorio, al tiempo que disminuye la vulnerabilidad social y se promueve la movilidad ascendente.
UNA RADIOGRAFÍA DE LAS DISPARIDADES TERRITORIALES EN PERÚ
LA PRIMACÍA URBANA —como expresión de la preponderancia demográfica y económica que la primera ciudad de un país tiende a poseer con respecto a su propia red urbana nacional y a la concentración espacial de la actividad económica— ha sido la fuente principal de las disparidades territoriales en Latinoamérica. La primacía de las ciudades capitales de provincia en Perú, y en especial de Lima, frente al resto del país es evidente cuando se analiza la información disponible: la alta concentración de la actividad productiva y financiera, así como las inequidades tributarias en Lima y en las principales ciudades de la Costa, muestran la severa segmentación del territorio y sus potencialidades. Lima por sí sola concentra el 43.5% de la producción nacional, aglomera el 33.45% de la Población Económicamente Activa (PEA), obtiene el 55% de la producción industrial y el 56% del comercio; concentra, además, el 55% del ingreso nacional y el 84% y el 86% de las colocaciones y depósitos financieros a nivel nacional, respectivamente.
La dimensión espacial de la pobreza y de las carencias en términos de acceso a los servicios básicos es otro rasgo de la distribución territorial desigual de los activos de los hogares y de las oportunidades de desarrollo en estos territorios. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema en Lima metropolitana se han mantenido claramente por debajo del promedio nacional y del promedio del resto del país durante el período comprendido entre 1997 y 2006; en Lima, en 2006, dos de cada diez habitantes fueron calificados como pobres y uno de cada diez vivía en condiciones de extrema pobreza, mientras que en Huancavelica —el departamento con las tasas más altas de pobreza— ocho de cada diez fueron calificados como pobres y siete de cada diez como pobres extremos.
En materia de desigualdad de ingresos, los avances han sido lentos —el índice de Gini ha pasado de 0.532 en 1997 a 0.505 en 2004—. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad se aprecia de manera más nítida cuando se analiza la distribución del ingreso por deciles o quintiles y por áreas geográficas. En 2003, el 20% más rico (quintil 5) de la población peruana concentraba el 55.17% de los ingresos, mientras que el 20% de la población más pobre (quintil 1) tenía apenas el 3.82% del ingreso. Por otra parte, la ratio entre el quintil 5 y el quintil 1 en las áreas urbanas fue superior (10.12 veces) al registrado en las áreas rurales (6.29).
CRECIMIENTO “SIN GOTEO”
NO CABE DUDA de que la economía peruana ha experimentado una notable recuperación en su desempeño económico en los últimos 15 años, tras alcanzar, a inicios de los noventa, uno de los niveles de crecimiento más bajos de las últimas cuatro décadas —similar al de inicios de los sesenta—; desde entonces, ha gozado de una notable recuperación y, en 2005, logró superar los niveles de PIB per cápita registrados a mediados de los setenta, los más altos en el último lustro. El desempeño de la economía peruana ha sido también notable, si se toma como marco de referencia el comportamiento promedio experimentado por los países de la región. En los últimos 10 años, ha registrado tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita sostenidas y con algunas oscilaciones, superiores a la media de la región.
Sin embargo, este buen desempeño macro de la economía peruana no ha ido acompañado de mayor bienestar en los hogares, lo que se conoce como crecimiento “sin goteo”. Al respecto, existen dos planteamientos sobre lo sucedido en los últimos años en la economía peruana. El primer planteamiento postula que el crecimiento experimentado por la economía peruana, al menos en el período de 2001 a 2005, sí ha permitido mejorar los ingresos familiares y, por lo tanto, reducir la pobreza. Los mecanismos de transmisión habrían funcionado del siguiente modo: un mayor crecimiento económico trae consigo una mayor demanda de insumos por parte de las empresas —entre ellos, la mano de obra—, lo cual se refleja en un aumento en el número de empleos y salarios, y, por lo tanto, en una elevación de los ingresos familiares que permite sufragar mayores gastos relacionados con la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud o la recreación.
Según este postulado, el canal de crecimiento (empleo-ingresos-gastos) se potenciaría aún más cuando: a) el crecimiento es “pro pobre”, es decir, está liderado por sectores intensivos en mano de obra —generalmente de baja calificación y donde se encuentran insertados los hogares pobres—, en los cuales las vinculaciones intersectoriales son mayores (por ejemplo, una tasa de crecimiento liderada por el sector de la construcción requerirá más mano de obra que si la misma tasa de crecimiento viene liderada por la gran minería), y b) los agentes económicos mantienen expectativas favorables en relación con un crecimiento sostenido; si, por el contrario, las empresas consideran que el crecimiento es transitorio y que existe una elevada incertidumbre sobre el futuro, no invertirán ni contratarán más mano de obra. Un tercer canal, aunque indirecto, consiste en que, mientras mayor sea el crecimiento económico, mayor será la recaudación y, por lo tanto, mayor podrá ser el crecimiento del gasto público que podrá orientarse a mayor gasto social e inversión en infraestructura, lo que redundará en una mejora de los ingresos familiares, directamente en el primer caso, y mediante mejoras de la productividad, en el segundo caso.
El segundo planteamiento que, desde mi punto de vista, se ajusta más a la realidad peruana sostiene que, a pesar de los sólidos y significativos avances en el plano macroeconómico, éstos no se han traducido en bienestar generalizado para la población y se mantienen las condiciones de desigualdad y exclusión vigentes en décadas pasadas. Una revisión de los principales agregados económicos demuestra que, a pesar de los esfuerzos por mantener bajos niveles de inflación e incrementar el gasto público social, no se han producido cambios significativos en cuanto a pobreza y extrema pobreza, y la desigualdad se mantiene en niveles elevados, por lo que los beneficios del crecimiento se han visto contrarrestados por aumentos en la desigualdad. Ha tenido lugar el fenómeno del “empobrecimiento sin pobreza” que, además, parece haberse acentuado en los últimos años. Este fenómeno aparece cuando una buena parte de la población no pobre ve disminuir sus ingresos (o su consumo), a tal punto que no llega a cruzar la línea de la pobreza y, sin embargo, su posición final ha empeorado respecto a la anterior; paralelamente, no han existido cambios importantes en el porcentaje de pobreza global estimado durante dicho período o, en todo caso, se ha reducido.
El mercado de trabajo —que en una economía de mercado es el encargado de traducir el crecimiento en bienestar— no ha sido un elemento central en la estrategia de lucha contra la pobreza en Perú. El desempleo urbano presenta una tendencia creciente desde finales de los ochenta y en 2007 alcanzó un 8.4%, ligeramente por encima de la tasa de desempleo promedio vigente para la región (8%). Sin embargo, lo que más afecta a la economía peruana es el subempleo (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el subempleo urbano en 2001 fue de 47.6% de la población ocupada urbana), la informalidad (equivalente al 65% de la población ocupada urbana en 2003, según datos de la CEPAL, y que genera hasta el 10% del PIB total nacional, según el Ministerio del Trabajo, en 2004) y los bajos salarios (las remuneraciones medias reales no muestran signos de recuperación tras su drástica caída a finales de los ochenta).
La tesis de que el crecimiento ha sido “pro pobre”, sustentado en sectores con gran capacidad de generación de mano de obra, tampoco se correspondería plenamente con la realidad. Las tasas de crecimiento de los sectores de la construcción, la industria, la agricultura y la pesca han superado a las del sector de la minería sólo en los dos últimos años. Se requerirá un período mayor para poder evaluar en qué medida este comportamiento es sostenible y cómo el crecimiento de dichos sectores se traduce, efectivamente, en mayores encadenamientos sectoriales, más puestos de trabajo, mayor capacidad de gasto y bienestar para las familias más desfavorecidas.
La paradoja de los planos micro y macro en Perú se hace visible cuando se compara el ranking departamental a partir de los indicadores de PIB per cápita, gasto per cápita y las tasas de pobreza regionales; se aprecia que la posición que ocupan los territorios regionales es bastante diferenciada según el indicador que se utilice (véase Cuadro 1). Los departamentos de Pasco y Junín, localizados en la Sierra Central de Perú, y Ucayali, en la Selva, aparecen dentro del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de PIB per cápita, pese a presentar niveles de gasto per cápita que los sitúan por debajo del grupo de los diez departamentos con mejores niveles de gasto per cápita. Puede observarse, además, que las tasas de pobreza son elevadas, especialmente en Pasco, donde siete de cada diez personas son pobres. Lo contrario sucede con los departamentos costeños de Tumbes y Lambayeque que se sitúan entre los diez con mejor gasto per cápita, pero cuyos niveles de PIB per cápita no les permiten situarse en las primeras diez posiciones de la clasificación.
LOS ACTIVOS DE LOS HOGARES Y EL CRECIMIENTO REGIONAL EN PERÚ
EXISTEN PROFUNDOS DIFERENCIALES en el acceso y la posesión de los activos por parte de los hogares, sean activos públicos, humanos, privados, financieros o sociales, según los niveles de ingreso o de gasto per cápita; así lo demuestra la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INEI. La variable de gastos del hogar (en lugar de la de ingresos) refleja de manera más adecuada los niveles de vida de la población, ya que incluye los recursos provenientes del crédito y del ahorro al que muchos hogares tienen que acudir para aliviar las fluctuaciones de sus ingresos como consecuencia de la coyuntura económica o por aspectos relacionados con el ciclo de vida. Además, el sector informal en Perú es muy importante en términos de empleo y se caracteriza por no llevar una contabilidad que separe el consumo productivo del consumo privado. Asimismo, se registra una importante participación de los familiares, lo cual imposibilita una buena estimación de los excedentes y, en consecuencia, de los ingresos de los informales.
Los principales resultados para el período de 1997 a 2006 son los siguientes:
• El gasto per cápita de los hogares limeños en 2006 fue 1.62 veces el valor promedio nacional. Con excepción de Lima y de toda la Costa, el gasto per cápita mensual del hogar de todas las demás regiones se encuentra por debajo del promedio nacional. Al analizar la evolución del gasto familiar a partir de la agrupación de los hogares según la edad que tenía el jefe del hogar en 1997 (“jóvenes”: menos de 30 años; “maduros”: entre 31 y 45 años; y “adultos-mayores”: mayores de 46 años), se encuentra que los hogares con jefes maduros muestran una tendencia creciente en el gasto per cápita familiar conforme aumenta su edad en la cohorte, mientras que los hogares de los jefes más jóvenes presentan, en general, una tendencia decreciente. En cambio, los hogares de los jefes adultos-mayores presentan una mayor estabilidad en sus niveles de gasto per cápita. Por otra parte, para las tres agrupaciones, son los hogares de Lima los que exhiben los mayores niveles de gasto per cápita familiar en todo el período analizado.
• En relación con las variables de capital humano, se corrobora la existencia de una desigual distribución territorial de la cantidad de horas trabajadas por el jefe del hogar; además, el número de horas trabajadas se asocia positivamente con mayores niveles de gasto per cápita del hogar. La participación en el mercado de trabajo es también diferenciada, en función del grupo de edad al que pertenezca el jefe del hogar: los más jóvenes presentan una tendencia creciente en relación con el número de horas mensuales trabajadas, mientras que los jefes de la segunda y tercera agrupación presentan tendencias más estables e inclusive decrecientes. La convergencia en horas trabajadas parece ser la excepción, más que la regla, cuando se analizan las diferentes agrupaciones; parece existir coincidencia en el número de horas trabajadas entre los maduros y los adultos-mayores de los hogares localizados en la Costa Sur, y entre los jóvenes y los maduros de los hogares localizados en la Selva.
• El número de años de educación del jefe del hogar se asocia de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar. Los años de educación de los jefes de hogar se incrementan ligeramente conforme aumenta la edad de los jefes más jóvenes; este ligero incremento se mantiene conforme éstos pasan al grupo de los maduros, pero va decreciendo en los últimos años de pertenencia a este grupo; finalmente, se produce un fuerte descenso cuando los jefes del hogar pertenecen al grupo de los adultos-mayores. Como parece lógico, no existe convergencia en el número de años de educación cursados por el jefe del hogar entre los tres grupos de edad en ningún dominio geográfico; los hogares que pertenecen al grupo más joven y que, a su vez, están localizados en la Costa (norte, centro y sur) y Sierra Sur presentan los mayores niveles de educación; en el caso de Lima metropolitana, los jefes de hogar maduros son los que tienen más años de educación. En cuanto a las relaciones entre las variables de capital humano y los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar, un factor determinante son las horas trabajadas al mes por el jefe del hogar y las horas promedio trabajadas por los hijos, aunque la participación de los hijos en el mercado laboral no necesariamente implique, en el corto plazo, ganancias en la tasa de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Se constata una relación inversa entre el indicador de pobreza y el gasto per cápita del hogar: un menor número de necesidades básicas insatisfechas se corresponde con un mayor nivel de gasto del hogar. En cuanto a la infraestructura pública, la relación entre las variables de acceso a servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) y el nivel de gasto familiar es directa; menores posibilidades de acceder a los servicios básicos se corresponden con menores niveles de gasto familiar. La conexión de luz dentro de la vivienda resultó ser un factor significativo, asociado de manera positiva con aumentos en el gasto per cápita familiar.
• En cuanto a las variables de capital privado, el acceso de los hogares a servicios de telefonía fija e Internet están igualmente asociados de manera positiva con los niveles de gasto per cápita del hogar, mientras que, en los departamentos donde los niveles de gasto per cápita de los hogares son reducidos, existirían mayores limitaciones para acceder a dichos servicios. La asociación positiva entre el capital privado y el gasto per cápita del hogar se constata también cuando se consideran las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar.
• Los patrones de ocupación de la vivienda son diferentes según los departamentos; como parece lógico, la densidad aumenta en aquellos hogares con menores niveles de gasto per cápita familiar; es decir, el hacinamiento es mayor en los hogares con menores recursos económicos. Por otro lado, se encuentra una relación positiva entre el valor de los bienes duraderos del hogar y el gasto per cápita.
• En cuanto a los activos financieros de los hogares, las posibilidades de acceder a un crédito para financiar los gastos del hogar se asocian de manera positiva con el nivel de gasto per cápita del hogar. Los mayores ingresos corrientes por transferencias, bien sean nacionales o del exterior o rentas de la propiedad monetaria, se corresponden con mayores niveles de gasto familiar. Hay que destacar que las remesas del exterior recibidas en los hogares explican de manera significativa las diferencias en las tasas de crecimiento del gasto regional.
• De las variables indicativas del capital o infraestructura social, ni el indicador de participación de algún miembro de la familia en instituciones u organizaciones sociales ni el grado de confianza otorgado por éstas a un conjunto de instituciones públicas resultaron significativos, aunque sólo se constató que una mayor confianza en las instituciones demostraría que los hogares gozan de mejores condiciones institucionales para realizar con mayor eficiencia su actividad y mejorar sus niveles de bienestar.
Cabe destacar que, dada la gran lentitud y la inercia de las disparidades territoriales en Perú, se sugiere un tratamiento diferenciado a la explicación de dos expresiones distintas de las disparidades: las de nivel y las de ritmo (tasas de crecimiento) del gasto familiar per cápita. En el caso de las primeras, se destaca que los cambios son más bien lentos. En el caso de las segundas, se acepta la posibilidad de relaciones de cambio y causalidad de más corto y mediano plazos, en las que la variabilidad en las tasas de crecimiento del gasto per cápita familiar departamental puede explicarse a partir de las distintas dotaciones de activos de los hogares.
El coeficiente de la variable retardada, siendo negativo y significativamente distinto de cero, podría indicar que se ha producido un acercamiento entre los ritmos de crecimiento del gasto regional durante el período analizado. Sin embargo, el elevado valor del coeficiente y su inercia cuando se condiciona el modelo por variables representativas de los activos de los hogares indicarían que las disparidades de equilibrio prácticamente se habrían alcanzado o que queda poco margen para ello; tampoco se reducen sustancialmente los años para disminuir la brecha a la mitad. En resumen, los resultados muestran que persisten diferencias marcadas en los ritmos de crecimiento del gasto per cápita familiar promedio a escala departamental, y que estas diferencias están determinadas por la persistencia en la desigual dotación de activos de los hogares.
PERÚ ESTÁ CAMBIANDO, PERO LAS DISPARIDADES REGIONALES PERSISTEN
ESTE ARTÍCULO ha puesto de manifiesto que las disparidades territoriales se derivarían de las características de los hogares asociadas a las desigualdades en el ingreso, de la falta de control sobre los activos productivos y del escenario adverso para valorizar dichos activos. Así, el acceso y la posesión de activos se vuelven factores determinantes de la reducción de las disparidades territoriales en Perú, al afectar directamente el bienestar de los hogares y la movilidad social.
Es imposible negar que algo está cambiando en Perú, un país que ha crecido de manera continua en los últimos 6 años. Dichos cambios se perciben en un nuevo orden social y económico, que se ha sustentado en cambios importantes en la estructura de la propiedad, en la apertura al mercado y el papel subsidiario del Estado, y en las fuentes de financiamiento de la inversión. Pero este crecimiento se ha basado, como afirma Efraín Gonzales de Olarte en el último informe de 2007-2008 denominado “Pobreza, desigualdad y desarrollo en Perú”, en un modelo primario exportador y de servicios, con fuerte dependencia del exterior y con poca capacidad autónoma o de desarrollo endógeno, que no ha generado, mediante el mercado de trabajo, los eslabonamientos sectoriales y territoriales necesarios para que el crecimiento se redistribuya.
Si bien el crecimiento en los últimos años ha hecho retroceder ligeramente la pobreza, éste no ha tenido los mismos efectos sobre las desigualdades territoriales. Por ello, el principal reto al que se enfrentará la economía peruana en los próximos años es doble: a) el desafío de lograr un entorno “macro” que apueste por el bienestar de los hogares; en otros términos, lograr integrar mercados y territorios para generar efectos significativos en el mercado de trabajo y, consecuentemente, en los ingresos y gastos de los hogares y territorios más desfavorecidos; y b) a partir del enfoque de los activos de los hogares, diseñar estrategias para combatir de manera diferenciada las causas de la desigualdad entre los territorios regionales.
Es pertinente considerar dentro de las políticas regionales la disminución de las diferencias en las dotaciones de activos para lograr la “convergencia” o la reducción de la brecha en los niveles de gasto regional y en sus ritmos de crecimiento. Pero lo más importante es que los objetivos del crecimiento regional sostenido y la mejora de las condiciones de vida se conviertan en temas prioritarios para el país. Debemos aspirar a llegar a un punto en el que los pobres compartan las ganancias del país donde viven cuando éste crece y que los ricos compartan las penurias sociales en momentos de crisis. Para eso, deberá tomarse en consideración la diversidad de los hogares y de los diferentes territorios, y las secuencias, las prioridades y las estrategias de intervención que puedan plantearse deberán adecuarse a dichas realidades para garantizar tanto su éxito como su efectividad.
MARÍA TERESA GALLO RIVERA es Doctora en Economía por la Universidad de Alcalá e investigadora del área de Estudios Territoriales y Urbanos del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Sus líneas básicas de investigación se centran en la economía regional, fundamentalmente en el análisis del crecimiento y las disparidades regionales, así como en las áreas de desarrollo urbano y territorial.
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