José A. Crespo
La izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato llegara a la Presidencia
Fue en 1976 cuando el país inició un ciclo de diversas crisis de fin de sexenio, cada una más grave que la anterior. A veces dicha crisis fue sólo económica, otras sólo política, y en ocasiones de ambos tipos. En ese 1976 empezó a mostrarse el agotamiento del modelo de desarrollo que impulsó Miguel Alemán en 1946. En 1982 se generó la peor crisis desde 1929. En 1988, a la crisis económica —nueva devaluación, depauperización y elevada inflación— se le sumó otra político-electoral de gran envergadura. En 1994, otra crisis política —con estallido guerrillero y asesinato del candidato oficial—, culminó en una grave crisis económica. Finalmente, las medidas políticas y económicas tomadas por Ernesto Zedillo —un blindaje eficaz— permitieron llegar al primer fin de sexenio —en décadas— sin crisis una política ni económica. Era una gran oportunidad para superar el fatídico ciclo de caídas sexenales: había entusiasmo, confianza, credibilidad y legitimidad. Pero el Presidente en turno tenía que trabajar para ello, tomar las providencias necesarias, respetar las reglas escritas y no escritas de la nueva dinámica democrática.
Vicente Fox tenía conciencia de lo que las crisis previas habían representado al país: “Todos traemos todavía en la cabeza el descalabro aquel de 1994, nunca más queremos volver a vernos en aquellas circunstancias” (28/XI/03). Pero, debido a su ignorancia de la política y su falta de congruencia democrática, creyó que, se hiciese lo que hiciese, no volveríamos a caer en otra crisis: “La democracia es el bien máximo y una conquista que es irreversible” (1/XII/04). Sí, la democracia es un invaluable bien político, pero quién sabe de dónde sacó Fox que era irreversible. Al menos toda la literatura relativa a las transiciones democráticas advierte sobre la posibilidad de que, de ser descuidada, puede dar pasos para atrás y, en el extremo, venirse abajo.
Pero, con la premisa de la irreversibilidad de la democracia, no vio mayor problema en romper el frágil acuerdo democrático sentado durante el gobierno de Zedillo entre las diversas fuerzas políticas, al utilizar el aparato estatal para fines político-electorales, con el desafuero de Andrés López Obrador. Incluso, justo tras fracasar en ese lance, declaró: “Hoy México da ejemplo al mundo de legalidad… y fortaleza de sus instituciones” (7/VI/05). Todo lo contrario. Había quedado claro al mundo que el famoso “desafuero” tenía intencionalidad política, más que legal. Y, sobre todo, la izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato alcanzara la Presidencia. Eso predispuso a la izquierda y le sembró la convicción de que el primer gobierno de la alternancia intentaría pasar por encima de las reglas democráticas, pactadas por todos en la administración anterior.
Aparentemente, o al menos retóricamente, Fox, como antes Zedillo, estaba consciente de lo importante de la apertura política para preservar la estabilidad en general; la cerrazón implicaría nuevos problemas, tensiones, conflictos, que eventualmente podrían vulnerar la seguridad del país en diversos ámbitos: “Nunca más queremos ver o volver a ver quebrantos como aquel de diciembre de 1994… El mayor blindaje para el país el próximo año, será la realización de comicios tranquilos, alegres, de fuerte participación ciudadana, democráticos, confiables y apegados a la ley” (26/IX/05). En efecto, los comicios exitosos eran la mayor garantía de estabilidad nacional. Pero Fox mantuvo esa apertura sólo en el discurso, al repetir como mantra que la sucesión iba bien y la estabilidad estaba asegurada: “La estabilidad política y económica de México… gane quien gane las elecciones presidenciales de 2006” (9/II/05). Y varias veces aseguró que “La sucesión del 2006 va igualito que la del 2000” (2/XII/03). Sí, igualito. Y prematuramente cantaba victoria: “Se han disipado las tormentas, se ha aclarado el tiempo” (18/XII/04). En la víspera de la elección, cuando el clima estaba ya sumamente polarizado y ríspido, aseguraba que “el año 2006 va a ser un buen año, no será un sexto año de Gobierno como fueron otros” (17/IV/06). Después de los comicios, y habiendo fracasado por perderse el consenso sobre quién había ganado, minimizaba el conflicto resultante, al decir que se reducía “a una calle del país, nada más. Yo no le llamaría polarización a eso, sino debate democrático” (23/VIII/06). Bien por ese debate, como también calificaban los priistas el conflicto posterior a 1988. Por eso, lo de insistir en que se había evitado una nueva crisis de fin de sexenio (no sólo económica, sino política), podía augurar que “México tendrá en Felipe Calderón sus mejores seis años de la historia, porque llevará 12 sin crisis, sin devaluación, con estabilidad social (12/II/2007). Ojalá así hubiera sido, pero ahora es evidente que no. ¿Es la crisis económica responsabilidad de Fox o de Calderón? No. Viene del norte. Pero los excedentes del petróleo, que en esos años fueron muy elevados, fueron despilfarrados por Fox, y se perdió así una nueva oportunidad de fortalecimiento económico. En cambio, la crisis política que polarizó al país y aún se hace sentir, sí fue responsabilidad sobre todo de Fox (aunque también, en menor grado, de Calderón y de López Obrador, por distintas razones). ¿Y la crisis de seguridad, derivada de la lucha contra el narcotráfico? Pues sabemos que la militarización y la profundización de ese combate fue un recurso de Felipe para compensar su insuficiente legitimidad electoral. Ahora ha salido de control. El caso es que hoy enfrentamos una nueva crisis económica, política y de seguridad. No es una crisis de fin de sexenio, como las de antes, pero sí de mitad de sexenio. Y las cosas se le pueden complicar al gobierno aún más, si su margen de maniobra se reduce como consecuencia de la elección intermedia, una posibilidad que evidentemente no se puede descartar.
La izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato llegara a la Presidencia
Fue en 1976 cuando el país inició un ciclo de diversas crisis de fin de sexenio, cada una más grave que la anterior. A veces dicha crisis fue sólo económica, otras sólo política, y en ocasiones de ambos tipos. En ese 1976 empezó a mostrarse el agotamiento del modelo de desarrollo que impulsó Miguel Alemán en 1946. En 1982 se generó la peor crisis desde 1929. En 1988, a la crisis económica —nueva devaluación, depauperización y elevada inflación— se le sumó otra político-electoral de gran envergadura. En 1994, otra crisis política —con estallido guerrillero y asesinato del candidato oficial—, culminó en una grave crisis económica. Finalmente, las medidas políticas y económicas tomadas por Ernesto Zedillo —un blindaje eficaz— permitieron llegar al primer fin de sexenio —en décadas— sin crisis una política ni económica. Era una gran oportunidad para superar el fatídico ciclo de caídas sexenales: había entusiasmo, confianza, credibilidad y legitimidad. Pero el Presidente en turno tenía que trabajar para ello, tomar las providencias necesarias, respetar las reglas escritas y no escritas de la nueva dinámica democrática.
Vicente Fox tenía conciencia de lo que las crisis previas habían representado al país: “Todos traemos todavía en la cabeza el descalabro aquel de 1994, nunca más queremos volver a vernos en aquellas circunstancias” (28/XI/03). Pero, debido a su ignorancia de la política y su falta de congruencia democrática, creyó que, se hiciese lo que hiciese, no volveríamos a caer en otra crisis: “La democracia es el bien máximo y una conquista que es irreversible” (1/XII/04). Sí, la democracia es un invaluable bien político, pero quién sabe de dónde sacó Fox que era irreversible. Al menos toda la literatura relativa a las transiciones democráticas advierte sobre la posibilidad de que, de ser descuidada, puede dar pasos para atrás y, en el extremo, venirse abajo.
Pero, con la premisa de la irreversibilidad de la democracia, no vio mayor problema en romper el frágil acuerdo democrático sentado durante el gobierno de Zedillo entre las diversas fuerzas políticas, al utilizar el aparato estatal para fines político-electorales, con el desafuero de Andrés López Obrador. Incluso, justo tras fracasar en ese lance, declaró: “Hoy México da ejemplo al mundo de legalidad… y fortaleza de sus instituciones” (7/VI/05). Todo lo contrario. Había quedado claro al mundo que el famoso “desafuero” tenía intencionalidad política, más que legal. Y, sobre todo, la izquierda quedó convencida de que había la determinación del gobierno para impedir que por la vía de las urnas su candidato alcanzara la Presidencia. Eso predispuso a la izquierda y le sembró la convicción de que el primer gobierno de la alternancia intentaría pasar por encima de las reglas democráticas, pactadas por todos en la administración anterior.
Aparentemente, o al menos retóricamente, Fox, como antes Zedillo, estaba consciente de lo importante de la apertura política para preservar la estabilidad en general; la cerrazón implicaría nuevos problemas, tensiones, conflictos, que eventualmente podrían vulnerar la seguridad del país en diversos ámbitos: “Nunca más queremos ver o volver a ver quebrantos como aquel de diciembre de 1994… El mayor blindaje para el país el próximo año, será la realización de comicios tranquilos, alegres, de fuerte participación ciudadana, democráticos, confiables y apegados a la ley” (26/IX/05). En efecto, los comicios exitosos eran la mayor garantía de estabilidad nacional. Pero Fox mantuvo esa apertura sólo en el discurso, al repetir como mantra que la sucesión iba bien y la estabilidad estaba asegurada: “La estabilidad política y económica de México… gane quien gane las elecciones presidenciales de 2006” (9/II/05). Y varias veces aseguró que “La sucesión del 2006 va igualito que la del 2000” (2/XII/03). Sí, igualito. Y prematuramente cantaba victoria: “Se han disipado las tormentas, se ha aclarado el tiempo” (18/XII/04). En la víspera de la elección, cuando el clima estaba ya sumamente polarizado y ríspido, aseguraba que “el año 2006 va a ser un buen año, no será un sexto año de Gobierno como fueron otros” (17/IV/06). Después de los comicios, y habiendo fracasado por perderse el consenso sobre quién había ganado, minimizaba el conflicto resultante, al decir que se reducía “a una calle del país, nada más. Yo no le llamaría polarización a eso, sino debate democrático” (23/VIII/06). Bien por ese debate, como también calificaban los priistas el conflicto posterior a 1988. Por eso, lo de insistir en que se había evitado una nueva crisis de fin de sexenio (no sólo económica, sino política), podía augurar que “México tendrá en Felipe Calderón sus mejores seis años de la historia, porque llevará 12 sin crisis, sin devaluación, con estabilidad social (12/II/2007). Ojalá así hubiera sido, pero ahora es evidente que no. ¿Es la crisis económica responsabilidad de Fox o de Calderón? No. Viene del norte. Pero los excedentes del petróleo, que en esos años fueron muy elevados, fueron despilfarrados por Fox, y se perdió así una nueva oportunidad de fortalecimiento económico. En cambio, la crisis política que polarizó al país y aún se hace sentir, sí fue responsabilidad sobre todo de Fox (aunque también, en menor grado, de Calderón y de López Obrador, por distintas razones). ¿Y la crisis de seguridad, derivada de la lucha contra el narcotráfico? Pues sabemos que la militarización y la profundización de ese combate fue un recurso de Felipe para compensar su insuficiente legitimidad electoral. Ahora ha salido de control. El caso es que hoy enfrentamos una nueva crisis económica, política y de seguridad. No es una crisis de fin de sexenio, como las de antes, pero sí de mitad de sexenio. Y las cosas se le pueden complicar al gobierno aún más, si su margen de maniobra se reduce como consecuencia de la elección intermedia, una posibilidad que evidentemente no se puede descartar.
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