Concordia basada en la ley

Jesús Reyes-Heroles G.G.

A partir del lunes 5 de septiembre, Felipe Calderón es el presidente electo de México. Como consecuencia de una elección muy cerrada, el triunfo de Calderón, del cual hubo múltiples indicadores desde el 2 de julio, tuvo que esperar para ser reconocido legalmente. Una elección tan cerrada, con una diferencia de 0.56%, pone a prueba a cualquier sistema electoral. Hoy, al haber concluido el proceso establecido en la ley, puede afirmarse que nuestro sistema electoral resistió una prueba sumamente extrema. Del comportamiento de la ciudadanía durante la jornada electoral, del funcionamiento de las instituciones electorales, y de que se hayan cumplido a cabalidad todas las etapas del proceso legal correspondiente, pueden estar orgullosos los mexicanos.

Sin embargo, algunos insisten en no reconocer al nuevo presidente de México. A la luz de toda la información generada y no generada durante el proceso postelectoral, ese no-reconocimiento proviene de una cultura política contestataria que encuentra fuerza en el cuestionamiento sistemático de todo aquello que no coincida exactamente con el punto de vista de la parte perdedora, lo que inevitablemente desemboca en desdén y rechazo de las instituciones y, por esa vía, en la ilegalidad.

Por eso es relevante el contenido de la intervención final que hizo el magistrado Leonel Castillo, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De sus pertinentes observaciones destaca su señalamiento de que si bien el pueblo ejerce la soberanía, es por medio de los representantes populares, Ejecutivo y Legislativo, señalando que por consiguiente en ninguna parte es posible la democracia sin reglas y que México no es excepción.

Al describir las actividades del Tribunal, señaló que lo que se hizo el martes pasado, es verificar si esas reglas -cualidades- necesarias para declarar válida una elección se cumplieron o no. Agregó que es un dictamen de control de calidad de la elección, afirmando que estas se cumplieron en lo fundamental.

De particular trascendencia es su afirmación de que "la legalidad de un proceso electoral confirma y ratifica la legitimidad del representante electo". Complementó sus ideas señalando que la política electoral está sujeta a reglas, que no todos podemos intervenir ni todos somos candidatos, y que se necesita jugar un rol que conjuntamente se establece de antemano. Concluyó señalando que salirse del rol asignado implica poner en riesgo el bien de todos, que es el producto de una elección democrática, y que en ese acto llegaba a su fin un nuevo ejercicio de la soberanía popular por el pueblo en el proceso electoral.

Por otra parte, el saldo social de la elección es de lamentar. Los mexicanos quedamos muy divididos y desorientados. El proceso de reconciliación para avanzar en esta nueva etapa de la historia de México será complejo. Los eventos de los últimos dos meses hicieron aflorar las múltiples tensiones que vienen operando en la sociedad mexicana desde hace varias décadas y para las cuales el país no ha encontrado vías de solución.

En estas mismas páginas, el miércoles pasado David Ibarra nos obsequió un párrafo que resume dicha situación con extraordinaria claridad: "Los escollos a la reforma del pacto social derivan de que la estructura social arroja polarización y exclusión de grupos importantes de la población; renovación incompleta de las élites después de un cuarto de siglo de reformas; capas numerosas e importantes de la sociedad sin influencia en los asuntos públicos; brotes cotidianos de ingobernabilidad; divisiones internas que transforman a los procesos electorales en teatro de descalificaciones.

"La izquierda ya no podría identificarse simplemente con los trabajadores del sector moderno de la economía, dejando de lado las demandas de mujeres, informales, jóvenes o excluidos, ni impulsar utopías desarraigadas de las posibilidades reales de la economía. La derecha no debiera limitarse a defender la visión y privilegios de élites en proceso de extinción, sino concentrar esfuerzos en impulsar el crecimiento, cuidar del empleo y ofrecer cuanto antes concesiones distributivas aplazadas más allá de lo razonable. El diagnóstico resultante es nítido: hay mucho que reconstruir por cuanto a la descomposición del modelo proteccionista-corporativista, a lo que se añade la tarea inconclusa de conciliar la racionalidad de la mano invisible del mercado con la voluntad igualitaria, humanista de la democracia sustantiva".

La realidad del país hoy es que Felipe Calderón es el próximo presidente de México y que, por tanto, habrá de enfrentar la compleja situación económica, política y social que sintetiza David Ibarra. Para cumplir con ese mandato, requiere de la concurrencia de todos los mexicanos.

Que Calderón es el próximo presidente es un hecho definitivo aunque algunos insistan en negarlo, en un escapismo que en ese grupo se presenta con frecuencia cuando se trata de actos de autoridad, en especial de sentencias judiciales. Para ellos, el cumplimiento de la norma es optativo, y sujeto a una valoración de su pertinencia conforme a criterios políticos, sociales o de índole desconocida. La falta de "definitividad" de las resoluciones judiciales es una de las causas de la fragilidad del estado de derecho en México. Al considerarlas no definitivas, todo se vuelve negociable, elástico, discrecional y sujeto a corrupción.

Por contra, que México siga hundido en la polarización, la falta de progreso, la inseguridad y la ilegalidad no tiene que ser una condición definitiva. El desafío radica en acercar a los extremos, inventar un nuevo lenguaje para la concordia, adoptar todos una actitud de sencillez y humildad en el diálogo, reconocer y respetar la diversidad de posiciones políticas como esencia de una sociedad plural y democrática. La historia da muchas vueltas, pues como afirmó el magistrado Leonel Castillo, los que hoy ganan mañana pueden perder y los que hoy pierden pueden ganar, con la ley y las sentencias del Tribunal.

Economista