La agenda posible

Jorge Fernández Menéndez

Ayer, el presidente electo Felipe Calderón presentó su propuesta de agenda nacional a los partidos políticos, con la intención de poder llegar a una agenda legislativa respaldada por una mayoría en el Congreso que permita, tanto al gobierno como a los partidos que la apoyen, avanzar en sus objetivos.


Es una buena idea porque se aprendió del error cometido por el equipo de transición del presidente Fox que, sin asumir que no tenía mayoría propia en el Congreso, comenzó a dar por hechas propuestas que nunca fueron aprobadas, desde la generalización del IVA hasta la reforma energética. Ahora Calderón plantea, según lo que ha trascendido de los documentos entregados a la dirigencia de cada uno de los partidos, una serie de medidas que parecen estar destinadas a encontrar acuerdos de base por lo menos con el PRI y la mayoría de los partidos pequeños, incluido alguno de los que participaron en la coalición Por el Bien de Todos. Hasta el PRD, si no estuviera atrapado en la cárcel que él mismo se impuso (¿qué sentirán los verdaderos dirigentes perredistas cuando cita López Obrador a los legisladores para darles órdenes de qué pueden hacer y qué no en el futuro?, ¿recordarán los verdaderos hombres y mujeres de izquierda cuando se burlaban de los priistas levantadedos?), podría participar ampliamente en muchos de los puntos de esta agenda, que coincide con varios de los intereses de su partido.


Lo importante es comenzar por lo que no propone la agenda: no propone IVA en medicinas y alimentos ni la privatización de Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Si cualquiera de esos puntos hubiera estado en esta agenda nacional cualquier otro capítulo de la misma se hubiera estancado, sobre todo en la negociación con el priismo que, a su vez, como ocurrió en la pasada Legislatura, se dividiría por ello. Paradójicamente, hoy para la futura administración de Calderón no sólo es importante mantener una buena relación con el PRI sino lograr que exista por lo menos un polo hegemónico en ese partido con el que pueda llegar a acuerdos, independientemente de las negociaciones que pudiera establecer con otros partidos: recordemos que con 206 diputados, al PAN le faltan apenas 45 votos para tener mayoría en la Cámara baja.


¿Qué es, entonces, lo que se propone? En el ámbito energético reformas profundas a las empresas públicas para hacerlas mucho más eficientes. Probablemente se podrán regular mejor, para bajar los costos, los contratos de servicios múltiples, una propuesta en la que están trabajando desde semanas atrás los senadores Francisco Labastida y Fernando Lozano. En el tema fiscal no se aborda el IVA, pero ahí está para debatir la propuesta de Calderón de establecer una reducción del ISR (siguiendo la línea que adoptó Irlanda, un país que en Calderón y en muchos otros observadores despierta profundo interés, por la rapidez con que pasó de un grado bajo de calidad de vida a tener uno de los más altos de Europa) que, complementada con otras medidas que amplíen la recaudación, puede ser atractiva para distintos grupos políticos y de interés. Pero sobre todo en la agenda se habla de simplificación de procesos, de aumentar la eficiencia recaudatoria e impedir la evasión fiscal, tres objetivos que será difícil que no cuenten con el apoyo de los otros partidos. También se incluye en lo presupuestal reformular los esquemas de distribución de recursos a estados y municipios, que es una demanda de muchos gobernadores. Ello implicaría mayor descentralización pero tendría que exigir mayor control y transparencia.


Es importante que uno de los capítulos centrales de la propuesta gire en torno a la seguridad pública y el combate al crimen organizado. En el equipo de transición del Presidente electo saben que en los próximos meses los parámetros de la administración se establecerán, en buena medida, de la actitud que tome al respecto. Es prácticamente unánime la opinión de que esta administración, a pesar de los esfuerzos realizados y de algunos funcionarios que realmente trabajaron bien en esos temas, jamás le supo y le pudo tomar el pulso a la seguridad interna y ésta se les fue una y otra vez de las manos. En la propuesta se impulsan varias de las medidas planteadas en el reciente acuerdo adoptado entre las autoridades y la Conago (medidas que, y eso explica por qué estamos tan mal en este ámbito, ya habían sido aprobadas desde 1996-98 y nunca se terminaron de concretar por la displicencia de los estados y los municipios y por la poca atención que desde 2000 y hasta el año pasado le puso al sistema de seguridad pública la presente administración), pero va mucho más allá en aspectos centrales ligados a la coordinación policial, la centralización de mandos y las coordinaciones sobre las distintas agencias, entre muchos otros aspectos. Un capítulo clave se relaciona con el Estado de derecho y el Poder Judicial: sin reformas allí ninguna labor policial mejorará sustancialmente la seguridad pública.


Hay un capítulo muy amplio de reformas políticas en las que están más interesados los partidos que la sociedad: allí existen pendientes de tiempo atrás, como la existencia de fechas únicas para los procesos electorales (Michoacán acaba de aprobar una reforma en ese sentido; antes lo han realizado otros estados y esa sería, sin duda, una medida que ayudaría a reducir los costos de la política y aumentaría la gobernabilidad) y la reducción del número de legisladores, incluida la posibilidad de su reelección, algo tan necesario como resistido por las burocracias partidarias. Hay mucho más (en forma destacada esa bomba de tiempo que es el sistema de pensiones en instituciones públicas), pero lo importante es que esta agenda se basa en las reformas posibles y de amplio espectro, no en las ideales, que no tienen, por buenas o malas razones, viabilidad política.