16 de septiembre de 2006

Partidos políticos y transparencia

Vanessa Díaz

Al hablar de democracia también hablamos de partidos políticos y de transparencia.

Si bien existen diversos matices, según el tratamiento que de este tema hacen diferentes intelectuales, podríamos decir que la concepción moderna de democracia, la "democracia representativa y participativa", hace referencia a un sistema político basado en el poder popular en el sentido de que la titularidad del poder pertenece al pueblo, mientras que su ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos por los ciudadanos. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral; se reduce la función del pueblo a esta elección entre las alternativas presentadas, elección que es siempre entre personas y no entre políticas.

Este rol limitado asignado al pueblo genera un sentimiento de menor responsabilidad respecto del ejercicio del poder; pero los partidos políticos solamente son asociaciones privadas creadas en el ejercicio del derecho fundamental de asociación y tienen un papel fundamental: "promover la participación del pueblo en la vida democrática"; es precisamente este papel con el que cobran interés público. Ahora bien, hay democracia cuando hay oposición y es que los partidos políticos garantizan la pluralidad, manifiestan la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación, pero de ningún modo se debe perder de vista que los verdaderos sujetos de la democracia son los ciudadanos.

Hoy en día, los partidos no son un vínculo del ciudadano con sus representantes, son el vehículo de sus propios intereses; no existe un ordenamiento jurídico que garantice su democracia interna. El Instituto Federal Electoral por su parte tiene facultades para conocer de los recursos públicos de los partidos, porque es el organismo que los otorga, vigila su gasto para que cumpla con las normas y límites de éste según lo establece la ley y los partidos también son parte integrante del IFE según señala el artículo 41 constitucional, instancia que tiene la obligación de informar públicamente sobre el gasto realizado por éstos; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no hace ninguna referencia a los partidos y por lo que respecta a las leyes estatales determinan que lo único que es catalogado como información pública son los informes de los partidos, no los partidos en sí. ¿Deben los partidos políticos someterse a las mismas reglas de transparencia que las entidades públicas?

En gran medida, los funcionarios electos son simplemente un reflejo de la sociedad que representan; sin embargo, los requerimientos financieros para entrar a la competencia política parecen ser cada vez mayores, creando exclusión política para quienes no pueden cubrir los altos costos; en los países que usan listas partidarias, algunos candidatos pagan fuertes sumas de dinero para ser incorporados en éstas; la regulación de transparencia de los partidos se ha desarrollado en los últimos 30 años.

Para la Organización de Estados Americanos se deben fijar claramente el ámbito de la ley y definir los términos, los procedimientos, formatos y umbrales, incluyendo las contribuciones en especie y los préstamos para el financiamiento de la actividad política; deben garantizar la rendición de cuentas designando quién es específicamente responsable del cumplimiento de la ley; establecer directrices claras para su aplicación y sanciones por incumplimiento, y que permitir que el público inspeccione la información divulgada sobre el financiamiento de la actividad política.

La transparencia exige dos condiciones: 1) que los candidatos y los partidos declaren en detalle los ingresos y gastos, y 2) que las declaraciones sobre el financiamiento de campañas y partidos se suministren al público en forma oportuna. Como resultado tendríamos un electorado más instruido e informado y por tanto mejor preparado para ejercer sus derechos en la democracia, y los medios de comunicación y la sociedad quedan mejor habilitados para dar seguimiento al dinero, estableciendo un control sobre los políticos

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