Precariedad fiscal

Jesús Reyes-Heroles G.G.

Desde inicios de los 80 la economía mexicana no ha sido capaz de crecer con rapidez y generar empleos bien remunerados para quienes cada año se incorporan al mercado de trabajo. El resultado ha sido la permanencia terca de una pobreza (capacidades) que abarca a 24.6% de la población y de una distribución del ingreso extraordinariamente concentrada: 10% de las familias más acomodadas recibe 36.6% del ingreso total. Ambos fenómenos han dado lugar a una marca da polarización social cuyos efectos políticos fueron evidentes el 2 de julio de 2006.

Los intentos por explicar este insatisfactorio desempeño de la economía del país se han dado desde todos los ángulos y atalayas intelectuales. Las coincidencias son muchas, sobre todo en cuanto a la insuficiencia de la inversión total como motor del crecimiento, a ineficiencias heredadas del periodo proteccionista, a concesiones excesivas a sindicatos y grupos de interés en el estilo corporativista de gobiernos priístas, a la prevalencia de estructuras de mercado no competitivas, esto es, de monopolios y oligopolios que ejercen su poder de mercado en detrimento de la competitividad de la economía y del bienestar de los consumidores. Recientemente se ha puesto mayor énfasis en identificar las causas de la lenta mejora de la productividad, que se ha reflejado en un deterioro de la competitividad. Es alarmante la velocidad a la cual la posición relativa de México se ha deteriorado en prácticamente todos los rankings de competitividad. Esta semana se divulgó que en el último ejercicio del WEF, el país se ubicó en la posición 58 de 125.

Este último enfoque ha arrojado luz acerca de la contribución del gobierno al desarrollo económico y a políticas de apoyo a las clases más necesitadas. Salvo contadas excepciones (Progresa/Oportunidades), las opiniones coinciden en que el sector público no está cumpliendo con sus funciones o que lo hace en términos muy deficientes por su eficacia o calidad.

Estas innegables fallas de la actividad gubernamental han generado una irreflexiva satanización del rol del gobierno, que se proyecta como el peor de los males. Sectores importantes de la población perciben que el gobierno es una carga para los ciudadanos, que funciona mal, que su contribución al crecimiento y bienestar es nimia, y que ineficiencia y corrupción caracterizan su operación. A partir de esto concluyen y postulan que lo mejor para el país sería contener sus actividades a mínimos que, por cierto, pocas veces se definen en términos objetivos.

Esta concepción del gobierno, su situación y su misión han producido una gran resistencia para allegarle los ingresos necesarios a fin de que pueda cumplir las funciones que le corresponden, lo que se traduce en una deficiente gestión, que a su vez genera más rechazo a pagar impuestos y otras cuotas. México ha perdido claridad acerca del rol del sector público y su complementariedad con el privado. Su sociedad está confundida. Sus ciudadanos exigen un gobierno de primer mundo sin tener que pagarlo. Si se lo cobran, no lo pagan, en un alarde de cinismo fiscal.

En los hechos, esto se ha traducido en un país caracterizado por la precariedad fiscal. La seguridad pública está colapsada, en buena medida por falta de recursos. La mitad de la población no tiene acceso a servicios médicos prepagados y los recibe de un sistema público que los raciona y ofrece de calidad ínfima. La inversión pública del gobierno federal, sin considerar las empresas energéticas, ha caído a los niveles más bajos de las últimas décadas (0.7% del Producto Interno Bruto en 2005). Los cuellos de botella en carreteras e infraestructura hidráulica son agobiantes. Por si fuera poco, las inversiones de las empresas públicas del sector energía han acumulado rezagos sustanciales; en electricidad esto afecta la calidad del servicio y la respuesta oportuna a quien lo solicite; en Pemex dan lugar a un agotamiento acelerado de las reservas de hidrocarburos, importaciones sustanciales de gasolina, y a una dependencia creciente de gas natural del exterior.

La situación no es mejor a nivel estatal. Prácticamente todos los gobiernos de las entidades federativas enfrentan graves limitaciones de recursos, lo que impide que atiendan los rezagos acumulados en materia de educación, salud e infraestructura. Quizá el caso más grave sea el de los municipios, incapaces de desarrollar infraestructura urbana al ritmo que crece su población, con el consecuente deterioro del hábitat. Además, los municipios no están en condiciones de responder a demandas mínimas de su población en materia de seguridad pública, basura, agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estas insuficiencias dañan gravemente el medio ambiente y las condiciones de vida de la población en general.

Por último, son bien conocidas las deficiencias de los servicios de las instituciones de seguridad social, así como los graves problemas financieros que enfrentan a raíz, principalmente, de regímenes pensionarios generosos para sus empleados. Si esto no es "precariedad fiscal", ¿qué es?

El fenómeno espejo de dicha precariedad es la insuficiencia de los ingresos del sector público. Durante décadas la recaudación ha sido muy inferior a la mínima necesaria para que México se desarrolle. Por ejemplo, información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en 2003 los ingresos fiscales totales alcanzaron 19% del PIB, mientras que el promedio OCDE fue 36.2%. Además, en México esos ingresos, que incluyen impuestos vinculados con el petróleo, aumentaron de 16.0% en 1980 a 19.0% en 2003, mientras que los de Turquía aumentaron de 17.9% a 32.8%, Grecia de 24.2% a 35.3%, y Corea de 15.1% a 25.3%. En esos países el desarrollo económico se aceleró de la mano de un aumento de la recaudación, precisamente porque el desarrollo requiere que el gobierno cuente con recursos para sustentar el desenvolvimiento del país, lo que no implica tasas más altas. Mientras en México perdure el cinismo fiscal, la prosperidad se nos escapará.

Economista