Intereses convergentes

Javier Corral Jurado

Es interesante presenciar en estos días cómo se mueven los representantes de los grandes grupos dominantes en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Cómo recibe diversos tratamientos la innovación tecnológica y de manera particular el fenómeno de la convergencia de servicios a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que se ajustan mucho más a una idea de apropiación particular que de uso social de los bienes de la nación. En este tema abundan razones de estricto carácter técnico y mercantil, y en muy pocas ocasiones se argumenta, a partir de las potencialidades reales que tiene el encuentro entre teleco municaciones y la digitalización de la informática, la manera en que esta convergencia nos puede hacer más sociedad humana, cómo se multiplicarán y ampliarán los contenidos para que se exprese la pluralidad política y la diversidad cultural, cómo se garantizará el acceso y el servicio universal de los ciudadanos a estos servicios.

Hasta ahora el arrebato tecnológico no ha sido tratado con neutralidad, y la convergencia sirve para reforzar el mundo de los negocios, y consolidar la concentración mediática en unas cuantas manos. Es el modelo que ha distorsionado la llamada Sociedad de la Información. Esto es lo que se entresaca de la discusión actual sobre el proyecto de Acuerdo para la Convergencia de servicios fijos de telefonía local y tv y audio restringidos a través de las redes de telecomunicaciones. Los intereses particulares buscan imponer su visión por encima de la función social, se reduce a una disputa por lograr exenciones, conseguir privilegios legales, evitar contraprestaciones, eludir obligaciones consignadas en sus originales títulos de concesión, alargar los tiempos para adecuar la tecnología y evitar la competencia lo más que se pueda, y es cuando también queda clara la ausencia de una política de Estado y de autoridades comprometidas con un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En el caso mexicano la distorsión es mayor, al presenciar que los reguladores o las autoridades del sector están directamente vinculadas a los intereses de los regulados, y entonces poco importan los usuarios finales de los servicios. La autoridad ligada o cooptada por las empresas, no puede establecer el necesario equilibrio del conjunto de los intereses que cada parte reclama como todo, porque atiende la consigna de quienes ahí los llevaron.

Este martes la Cofemer deberá emitir su dictamen total final sobre el proyecto de Convergencia que elaboró la SCT. No es el gran documento que requiere la competencia, pero en efecto, es mejor que su primera versión. Se trata de un acuerdo que permitirá a los operadores de sistemas de televisión y audio restringidos dar telefonía fija de servicio local, y a su vez permitirá a los operadores de telefonía fija en el servicio local ofrecer tv restringida.

Este acuerdo de convergencia tecnológica ha suscitado divergencia de posiciones, incluso entre operadores dominantes en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que con frecuencia simulan o encubren sus diferencias, y utilizan a otros actores para presentar sus verdaderos puntos de vista; pero al final, todo recae en una negociación entre los grandes del teléfono y la tv. Mucho hay de ello en el intercambio de desplegados, opiniones y respuestas que a propósito de ese proyecto hemos visto en los últimos días. Grotesca como pocas, resulta la opinión de la "nueva" Cofetel, que en el minuto final de la discusión exige respeto a su "autonomía plena" y a sus "facultades exclusivas".

Pero también es importante señalar que a diferencia, la conducta de la Comisión Federal de Competencia es excepcional y muy ajena a ese manejo varias veces manipulador que han tenido los interesados directos y otras instancias reguladoras.

A la insistencia de ese órgano que preside Eduardo Pérez Motta le deberemos hacer avanzar cláusulas importantes. Desde octubre de 2005, en cumplimiento de su función de velar por la competencia y la libre concurrencia de esta convergencia, estableció condiciones para evitar fenómenos de concentración y prácticas discriminatorias, o barreras artificiales a la entrada de nuevos jugadores. No encontró razón técnica alguna para detener la competencia entre este tipo de prestadores de servicios, pero señaló el cumplimiento de obligaciones específicas (condiciones asimétricas) al operador dominante de la telefonía, Telmex, para entrar en el nuevo mercado de tv restringida: la interconexión de las redes, que asegure la interoperabilidad de éstas y la portabilidad de los números, esto es, el derecho del usuario a mantener su número telefónico independientemente que decida cambiarse de empresa, en cuanto a telefonía fija.

Después de un estira y afloje, y una vez que la Cofemer devolvió el 16 de julio a la SCT su primer proyecto para incorporar esas condiciones, cosa que ocurrió en la nueva entrega del pasado 26 de agosto, han quedado incorporadas las exigencias de la Cofeco, y su necesaria intervención en el proceso en que un mismo agente participe de manera simultánea, mediante dos o más concesiones, en la propiedad, operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones dentro de la misma localidad o área de servicio local. Luego veremos si en realidad Telmex cumple estas obligaciones o las elude, como lo ha hecho con la mitad de las que tiene incorporadas en su título de concesión.

Profesor de la FCPyS de la UNAM