29 de septiembre de 2006

La agenda posible

Jorge Fernández Menéndez

Ayer, el presidente electo Felipe Calderón presentó su propuesta de agenda nacional a los partidos políticos, con la intención de poder llegar a una agenda legislativa respaldada por una mayoría en el Congreso que permita, tanto al gobierno como a los partidos que la apoyen, avanzar en sus objetivos.


Es una buena idea porque se aprendió del error cometido por el equipo de transición del presidente Fox que, sin asumir que no tenía mayoría propia en el Congreso, comenzó a dar por hechas propuestas que nunca fueron aprobadas, desde la generalización del IVA hasta la reforma energética. Ahora Calderón plantea, según lo que ha trascendido de los documentos entregados a la dirigencia de cada uno de los partidos, una serie de medidas que parecen estar destinadas a encontrar acuerdos de base por lo menos con el PRI y la mayoría de los partidos pequeños, incluido alguno de los que participaron en la coalición Por el Bien de Todos. Hasta el PRD, si no estuviera atrapado en la cárcel que él mismo se impuso (¿qué sentirán los verdaderos dirigentes perredistas cuando cita López Obrador a los legisladores para darles órdenes de qué pueden hacer y qué no en el futuro?, ¿recordarán los verdaderos hombres y mujeres de izquierda cuando se burlaban de los priistas levantadedos?), podría participar ampliamente en muchos de los puntos de esta agenda, que coincide con varios de los intereses de su partido.


Lo importante es comenzar por lo que no propone la agenda: no propone IVA en medicinas y alimentos ni la privatización de Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Si cualquiera de esos puntos hubiera estado en esta agenda nacional cualquier otro capítulo de la misma se hubiera estancado, sobre todo en la negociación con el priismo que, a su vez, como ocurrió en la pasada Legislatura, se dividiría por ello. Paradójicamente, hoy para la futura administración de Calderón no sólo es importante mantener una buena relación con el PRI sino lograr que exista por lo menos un polo hegemónico en ese partido con el que pueda llegar a acuerdos, independientemente de las negociaciones que pudiera establecer con otros partidos: recordemos que con 206 diputados, al PAN le faltan apenas 45 votos para tener mayoría en la Cámara baja.


¿Qué es, entonces, lo que se propone? En el ámbito energético reformas profundas a las empresas públicas para hacerlas mucho más eficientes. Probablemente se podrán regular mejor, para bajar los costos, los contratos de servicios múltiples, una propuesta en la que están trabajando desde semanas atrás los senadores Francisco Labastida y Fernando Lozano. En el tema fiscal no se aborda el IVA, pero ahí está para debatir la propuesta de Calderón de establecer una reducción del ISR (siguiendo la línea que adoptó Irlanda, un país que en Calderón y en muchos otros observadores despierta profundo interés, por la rapidez con que pasó de un grado bajo de calidad de vida a tener uno de los más altos de Europa) que, complementada con otras medidas que amplíen la recaudación, puede ser atractiva para distintos grupos políticos y de interés. Pero sobre todo en la agenda se habla de simplificación de procesos, de aumentar la eficiencia recaudatoria e impedir la evasión fiscal, tres objetivos que será difícil que no cuenten con el apoyo de los otros partidos. También se incluye en lo presupuestal reformular los esquemas de distribución de recursos a estados y municipios, que es una demanda de muchos gobernadores. Ello implicaría mayor descentralización pero tendría que exigir mayor control y transparencia.


Es importante que uno de los capítulos centrales de la propuesta gire en torno a la seguridad pública y el combate al crimen organizado. En el equipo de transición del Presidente electo saben que en los próximos meses los parámetros de la administración se establecerán, en buena medida, de la actitud que tome al respecto. Es prácticamente unánime la opinión de que esta administración, a pesar de los esfuerzos realizados y de algunos funcionarios que realmente trabajaron bien en esos temas, jamás le supo y le pudo tomar el pulso a la seguridad interna y ésta se les fue una y otra vez de las manos. En la propuesta se impulsan varias de las medidas planteadas en el reciente acuerdo adoptado entre las autoridades y la Conago (medidas que, y eso explica por qué estamos tan mal en este ámbito, ya habían sido aprobadas desde 1996-98 y nunca se terminaron de concretar por la displicencia de los estados y los municipios y por la poca atención que desde 2000 y hasta el año pasado le puso al sistema de seguridad pública la presente administración), pero va mucho más allá en aspectos centrales ligados a la coordinación policial, la centralización de mandos y las coordinaciones sobre las distintas agencias, entre muchos otros aspectos. Un capítulo clave se relaciona con el Estado de derecho y el Poder Judicial: sin reformas allí ninguna labor policial mejorará sustancialmente la seguridad pública.


Hay un capítulo muy amplio de reformas políticas en las que están más interesados los partidos que la sociedad: allí existen pendientes de tiempo atrás, como la existencia de fechas únicas para los procesos electorales (Michoacán acaba de aprobar una reforma en ese sentido; antes lo han realizado otros estados y esa sería, sin duda, una medida que ayudaría a reducir los costos de la política y aumentaría la gobernabilidad) y la reducción del número de legisladores, incluida la posibilidad de su reelección, algo tan necesario como resistido por las burocracias partidarias. Hay mucho más (en forma destacada esa bomba de tiempo que es el sistema de pensiones en instituciones públicas), pero lo importante es que esta agenda se basa en las reformas posibles y de amplio espectro, no en las ideales, que no tienen, por buenas o malas razones, viabilidad política.

Los límites de la democracia

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Precariedad fiscal

Jesús Reyes-Heroles G.G.

Desde inicios de los 80 la economía mexicana no ha sido capaz de crecer con rapidez y generar empleos bien remunerados para quienes cada año se incorporan al mercado de trabajo. El resultado ha sido la permanencia terca de una pobreza (capacidades) que abarca a 24.6% de la población y de una distribución del ingreso extraordinariamente concentrada: 10% de las familias más acomodadas recibe 36.6% del ingreso total. Ambos fenómenos han dado lugar a una marca da polarización social cuyos efectos políticos fueron evidentes el 2 de julio de 2006.

Los intentos por explicar este insatisfactorio desempeño de la economía del país se han dado desde todos los ángulos y atalayas intelectuales. Las coincidencias son muchas, sobre todo en cuanto a la insuficiencia de la inversión total como motor del crecimiento, a ineficiencias heredadas del periodo proteccionista, a concesiones excesivas a sindicatos y grupos de interés en el estilo corporativista de gobiernos priístas, a la prevalencia de estructuras de mercado no competitivas, esto es, de monopolios y oligopolios que ejercen su poder de mercado en detrimento de la competitividad de la economía y del bienestar de los consumidores. Recientemente se ha puesto mayor énfasis en identificar las causas de la lenta mejora de la productividad, que se ha reflejado en un deterioro de la competitividad. Es alarmante la velocidad a la cual la posición relativa de México se ha deteriorado en prácticamente todos los rankings de competitividad. Esta semana se divulgó que en el último ejercicio del WEF, el país se ubicó en la posición 58 de 125.

Este último enfoque ha arrojado luz acerca de la contribución del gobierno al desarrollo económico y a políticas de apoyo a las clases más necesitadas. Salvo contadas excepciones (Progresa/Oportunidades), las opiniones coinciden en que el sector público no está cumpliendo con sus funciones o que lo hace en términos muy deficientes por su eficacia o calidad.

Estas innegables fallas de la actividad gubernamental han generado una irreflexiva satanización del rol del gobierno, que se proyecta como el peor de los males. Sectores importantes de la población perciben que el gobierno es una carga para los ciudadanos, que funciona mal, que su contribución al crecimiento y bienestar es nimia, y que ineficiencia y corrupción caracterizan su operación. A partir de esto concluyen y postulan que lo mejor para el país sería contener sus actividades a mínimos que, por cierto, pocas veces se definen en términos objetivos.

Esta concepción del gobierno, su situación y su misión han producido una gran resistencia para allegarle los ingresos necesarios a fin de que pueda cumplir las funciones que le corresponden, lo que se traduce en una deficiente gestión, que a su vez genera más rechazo a pagar impuestos y otras cuotas. México ha perdido claridad acerca del rol del sector público y su complementariedad con el privado. Su sociedad está confundida. Sus ciudadanos exigen un gobierno de primer mundo sin tener que pagarlo. Si se lo cobran, no lo pagan, en un alarde de cinismo fiscal.

En los hechos, esto se ha traducido en un país caracterizado por la precariedad fiscal. La seguridad pública está colapsada, en buena medida por falta de recursos. La mitad de la población no tiene acceso a servicios médicos prepagados y los recibe de un sistema público que los raciona y ofrece de calidad ínfima. La inversión pública del gobierno federal, sin considerar las empresas energéticas, ha caído a los niveles más bajos de las últimas décadas (0.7% del Producto Interno Bruto en 2005). Los cuellos de botella en carreteras e infraestructura hidráulica son agobiantes. Por si fuera poco, las inversiones de las empresas públicas del sector energía han acumulado rezagos sustanciales; en electricidad esto afecta la calidad del servicio y la respuesta oportuna a quien lo solicite; en Pemex dan lugar a un agotamiento acelerado de las reservas de hidrocarburos, importaciones sustanciales de gasolina, y a una dependencia creciente de gas natural del exterior.

La situación no es mejor a nivel estatal. Prácticamente todos los gobiernos de las entidades federativas enfrentan graves limitaciones de recursos, lo que impide que atiendan los rezagos acumulados en materia de educación, salud e infraestructura. Quizá el caso más grave sea el de los municipios, incapaces de desarrollar infraestructura urbana al ritmo que crece su población, con el consecuente deterioro del hábitat. Además, los municipios no están en condiciones de responder a demandas mínimas de su población en materia de seguridad pública, basura, agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estas insuficiencias dañan gravemente el medio ambiente y las condiciones de vida de la población en general.

Por último, son bien conocidas las deficiencias de los servicios de las instituciones de seguridad social, así como los graves problemas financieros que enfrentan a raíz, principalmente, de regímenes pensionarios generosos para sus empleados. Si esto no es "precariedad fiscal", ¿qué es?

El fenómeno espejo de dicha precariedad es la insuficiencia de los ingresos del sector público. Durante décadas la recaudación ha sido muy inferior a la mínima necesaria para que México se desarrolle. Por ejemplo, información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en 2003 los ingresos fiscales totales alcanzaron 19% del PIB, mientras que el promedio OCDE fue 36.2%. Además, en México esos ingresos, que incluyen impuestos vinculados con el petróleo, aumentaron de 16.0% en 1980 a 19.0% en 2003, mientras que los de Turquía aumentaron de 17.9% a 32.8%, Grecia de 24.2% a 35.3%, y Corea de 15.1% a 25.3%. En esos países el desarrollo económico se aceleró de la mano de un aumento de la recaudación, precisamente porque el desarrollo requiere que el gobierno cuente con recursos para sustentar el desenvolvimiento del país, lo que no implica tasas más altas. Mientras en México perdure el cinismo fiscal, la prosperidad se nos escapará.

Economista

26 de septiembre de 2006

Televisa-Telmex

Javier Corral Jurado

El control de las redes y la monopolización de la producción y distribución de contenidos es el eje de la nueva dominación social del modelo neoliberal capitalista. Su consolidación sería el hecho más funesto para el desarrollo igualitario y democrático de nuestro continente, puesto que en nombre de libertades, de los avances tecnológicos y de la "sociedad de la información", se está erigiendo la dictadura internacional más expoliadora de cualquier época.

En México, los dos grupos económicos que detentan redes y contenidos está a punto de concretar su alianza estratégica para asegurarse larga y poderosa vida, perpetuando sus condiciones monopólicas en el mercado de las telecomunicaciones y la televisión, a partir del acuerdo de convergencia tecnológica que plantea la posibilidad de que Telmex ofrezca también el servicio de tv. Para ese propósito cuentan con la obsecuencia, rayana en servidumbre y entreguismo, del Presidente de la República, Vicente Fox.

Al principio de la discusión sobre el acuerdo de convergencia, Telmex y Televisa simularon un desencuentro y externaron opiniones encontradas en torno al proyecto. Las discrepancias se reflejaron en el ámbito de autoridad que cada uno de esos consorcios tiene bajo su captura, Televisa dueña de la Cofetel, y Telmex mandamás en la SCT. Pero ya se pusieron de acuerdo, y Fox no tendrá de otra más que ordenar su publicación.

Si antes no importó que el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, enviara un dictamen técnico al Presidente para que vetara las reformas legales que estaban bajo su conocimiento, jurisdicción y competencia directa, ¿por qué habrían de hacerle caso a Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda, que envió hace tres semanas una carta a Cerisola solicitándole que antes de publicar el acuerdo "enviara a la SHCP los estudios y dictámenes económico-financieros de los beneficios económicos que debiera recibir el Gobierno Federal por la modificación del Título de Concesión de Telmex, y el dictamen jurídico de la SCT respecto de la viabilidad de la modificación".

Gil Díaz tiene razón, ¿cómo es posible que modificar el título de concesión a Telmex no representará ningún pago al Estado? Contradictoriamente a su posición frente a la Ley Televisa, la SCT ha salido públicamente a decir que no se necesita cobrar a Telmex por autorizarle el nuevo servicio.

Esta respuesta ignora que al vender Telmex a finales de 1990, el gobierno vendió esencialmente dos negocios: la telefonía local y de larga distancia nacional e internacional fija, y una concesión de telefonía móvil a nivel nacional. La venta excluyó explícitamente el negocio de televisión, así como la posibilidad de que los dueños de Televisa pudieran comprar Telmex. De haberse vendido sin estas restricciones, el precio de venta habría sido mayor. Esta afirmación es de sentido común y bien conocida. El valor de mercado de una empresa depende del valor esperado de su capacidad de generar flujo de efectivo. Si a Telmex se le permite entrar al negocio de televisión va a poder generar mayores ingresos.

Aparentemente Televisa estaba en contra, y eso representaba para Fox un problema. Pero ya se amarraron mediante una alianza para lograr una sociedad en materia de contenidos, y eso sí representa un peligro para México, porque se traduce en varias cosas: la empresa de Slim no va a entrar a competir con Televisa y Tv Azteca; la alianza de Telmex con ambas empresas va a ocasionar que las televisoras puedan realizar prácticas discriminatorias en favor de Telmex y en contra de otros proveedores de transporte de comunicaciones de Internet de banda ancha. Hay que recordar que la banda ancha es una infraestructura clave para el desarrollo del país en la parte económica, social y política.

La discriminación de las televisoras en favor de Telmex y/o en contra de terceros permitirá a Telmex crear un (cuasi) monopolio en la banda ancha en el país. Presas de periódicas prácticas de discriminación, las empresas de tv por cable y otras redes de transporte de banda ancha verán mermado su valor y podrán ser fácilmente adquiridas o desplazadas del mercado. Por otra parte, en la medida que Telmex obtenga el monopolio en la banda ancha permitirá a Televisa y Tv Azteca limitar el acceso a otras empresas que quieran competir en el mercado de televisión con otros contenidos. Telmex puede dificultar que sus usuarios de banda ancha tengan acceso a contenidos de otros proveedores, como actualmente restringe que sus usuarios accedan a servicios de telefonía IP.

México no tiene un marco regulatorio mínimo que impida discriminaciones entre el operador dominante de la red y proveedores oligopólicos de contenidos en contra de otras redes y proveedores de contenidos competitivos. El daño para el país del acuerdo ampliado con la alianza Telmex-Televisa-Tv Azteca es enorme de cara al futuro. ¿Quién podrá defendernos? ¿Eduardo Pérez Motta, embatido por el propio Ejecutivo Federal en una controversia constitucional? ¿El Congreso? Pobre país.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

25 de septiembre de 2006

Ser de izquierda

SERGIO SARMIENTO

Ser de izquierda no implica ser intolerante ni insultar ni agredir a aquellos que no piensan como uno.

Ser de izquierda no significa rechazar las instituciones de un país o la democracia. En otros países del mundo, la izquierda es una corriente política que construye y fortalece instituciones. Sólo en México, donde subsiste una izquierda contestataria y nihilista, piensa la izquierda que su papel es destruir las instituciones.

Ser de izquierda no quiere decir que hay que abstenerse de utilizar la fuerza pública para mantener el estado de derecho. Los partidos de izquierda que llegan al poder en otros lugares del mundo son muy conscientes de la importancia de impedir violaciones a la ley y no tienen miedo de utilizar la fuerza pública para defender los derechos de los ciudadanos.

Ser de izquierda no tiene por qué llevar a la creación de un gobierno que favorezca a grupos especiales de interés, como sindicatos, vendedores ambulantes, taxistas piratas, invasores de tierras o empresarios que financian campañas electorales. Todo lo contrario, los gobiernos que son realmente de izquierda toman medidas para beneficiar a todo el conjunto de la sociedad. Son los regímenes fascistas y corporativistas, cuya retórica busca parecerse a la de aquellos que provienen de la izquierda, los que actúan para beneficiar solamente a unos cuantos grupos especiales.

Ser de izquierda no significa que uno deba aceptar solamente los resultados de las elecciones que uno gana y rechazar los que uno pierde. La izquierda democrática en el mundo acepta las reglas de los procesos electorales. Cuando sus candidatos pierden comicios, reconocen el resultado y trabajan desde la oposición para promover sus estrategias y políticas de gobierno.

Ser de izquierda no implica exigir el derecho de privatizar las calles para beneficio de unos cuantos. Los gobiernos de izquierda entienden que las vías de comunicación pertenecen a la comunidad y que no pueden entregarse a grupos de poder para promover sus propios intereses económicos o políticos.

Ser de izquierda no le da a uno el derecho de obstaculizar el libre tránsito o la actividad económica de los demás. Por el contrario, la izquierda moderna en el mundo entiende que a toda la sociedad, pero especialmente a los más pobres, les conviene que haya libre tránsito, comercio e inversión productiva. A nadie realmente de izquierda en el mundo se le ocurriría bloquear la actividad económica de una ciudad con el fin de derrocar a un gobierno electo democráticamente.

Ser de izquierda es una responsabilidad enorme. No es un título que uno pueda asumir gratuitamente porque suena mejor en un discurso que decir que uno es de derecha.

Ser de izquierda quiere decir que uno busca combatir la pobreza y la desigualdad social. Que promueve uno políticas que buscan dar a todos, sin importar su situación económica o social al nacer, las mismas oportunidades que aquellos que nacen en una cuna más privilegiada.

Ser de izquierda implica promover una educación más amplia y de mejor calidad para todos, especialmente los más pobres. Quien defiende esta ideología no puede justificar que se deje a aquellos que más necesitan de la educación sin instrucción con el fin de promover los intereses de un grupo gremial.

Ser de izquierda significa respetar la voluntad popular reflejada en las urnas. La verdadera izquierda ha sido demócrata desde hace mucho tiempo. El estalinismo no es realmente de izquierda.

Ser de izquierda implica aplicar políticas económicas sensatas que promuevan la inversión, el crecimiento y la creación de empleos. Obliga también a mantener una tasa de inflación reducida para evitar el deterioro del poder de compra de los ingresos de quienes menos tienen.

Ser de izquierda quiere decir que uno se esfuerza por construir una sociedad mejor en el futuro y no por destruir o mandar al diablo a la sociedad del presente.

Por todas estas razones, y muchas más, me queda claro que muchos de los políticos en nuestro país que dicen ser de izquierda simplemente no lo son. Tenemos una izquierda que hunde sus raíces en el estalinismo, en el autoritarismo, en el corporativismo del viejo PRI, pero que difícilmente está dispuesto a seguir las reglas y las ilusiones de la izquierda moderna, de la izquierda demócrata, de la izquierda que hemos visto prosperar en España, en Francia, en Chile y en otros países más.

Ser de izquierda es un privilegio pero también una obligación. Pero nuestra izquierda mexicana, con pocas excepciones, simplemente no es de izquierda.

19 de septiembre de 2006

No perder el partido

Javier Corral Jurado

El pasado fin de semana, Acción Nacional cumplió 67 años de su fundación, obra que en infatigable animación e inteligente convocatoria contó con la generosidad de don Manuel Gómez Morín, el chihuahuense que además de darle vida, lo dirigió en sus primeros diez años. Etapa en la que don Manuel, dicho por otro ilustre de los fundadores, Efraín González Luna, "instauró métodos y estilos, definió objetivos, fue jefe y recluta, maestro y aprendiz, propagandista y candidato, periodista y tribuno".

Por su conducta ética y la coherencia de su trayectoria, Gómez Morín pudo fundar al PAN, y precisamente por ello "fue el primero en defender del peligro de la dependencia personal" al partido que organizó para la tarea esencial que marcó su destino: la rehabilitación moral de la política, la democratización de la vida pública, el establecimiento del bien común, como el conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a la persona desarrollarse en la comunidad.

Esa definición nutrió el origen del PAN, y en el momento actual es muy conveniente saber con qué tanto de aquel aliento seguimos respirando, cuántos de aquellos principios nos siguen inspirando, en qué parte del camino, por qué y por quiénes se abandonaron algunos de los motivos originales que nos convocaron. Sobre todo ahora, en que nuestra celebración ha tenido un discreto cumpleaños, y quizá lo más terrible, el que no podamos pronunciar como el fundador que, "conmemoramos con regocijo sereno, y sin sombras".

Siento que estamos en el momento más crítico de la vida del PAN, paradójicamente cuando pareciera que estamos en el mejor momento. Nos ha pasado lo que el propio Felipe Calderón alertaba con genuina angustia hace una década: que debíamos ganar el gobierno, sin perder el partido. Crece nuestra capacidad de acción en el ámbito del poder, aumenta la destreza para tejer y operar alianzas, pero perdemos fuerza moral, y nos debilitamos de lo que hemos sido siempre: referente de ética en la política.

Se sucede un deterioro mayor conforme más espacios logramos, y no necesariamente han sido estos últimos meses un encuentro con principios y valores. Sí, pienso que vivimos una ruptura de carácter ético, y que en más de un campo hemos interrumpido el estilo y la tradición democrática que dejaron plasmada los fundadores, en el ejemplo de su insobornable conducta política personal y en la meridiana visión con que expresaron propósitos y programas.

Contrario a nuestras más puras esencias, aparecen alianzas absolutamente cuestionables. La imagen de nuestro jefe nacional distribuyendo propaganda a favor del PRI en Chiapas, es una fotografía dolorosa que plantea el nivel del problema. ¿Alguna vez, alguien en el PAN se imaginó que recolectaríamos fondos para el PRI? La aceptación de la transversalidad partidaria de la profesora Elba Esther Gordillo, hoy con más influencia sobre el presidente electo que cualquier órgano estatutario del partido. El acuerpamiento a Ulises Ruiz en Oaxaca; la connivencia con Víctor Flores, uno de los representantes más prototípicos del sindicalismo corrupto.

La organización del partido se ve cada vez más centralizada. Crecen las delegaciones, y se debilita la otrora incuestionable soberanía de la militancia; cada vez se anulan más convenciones y asambleas, y se designan candidatos y autoridades partidistas afines al grupo dirigente. La absurda apuesta por la campaña del miedo deja un antecedente funesto, no sólo para la necesaria gobernabilidad de la nueva administración del presidente Calderón, sino para las siguientes elecciones locales y las intermedias del 2009. El dinero como mayor insumo en la estrategia electoral, nos coloca en manos del capital privado. Y no puedo dejar de mencionar la manera en que decisiones legislativas se han supeditado, no a los méritos de las normas sino a la conveniencia política del momento, y al intercambio de favores en campaña.

Hace un par de semanas recibí -con afecto- la sugerencia de un compañero de partido de abandonar la discusión pública de nuestras dolencias, y agotarlas en el debate interno, con la respetable fórmula de que la ropa sucia se lava en casa. Independientemente de que suscribo que con criterios de lavandera no llegaremos a ningún lado, añado que además las instancias propicias para ese debate han ido perdiendo cada vez más su capacidad y nivel deliberativo. Hace mucho que no tenemos aquellas reuniones de Consejo, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, en donde los argumentos se disputaban entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, y no como ahora, entre el mal menor, o lo que es peor, de que el fin justifica los medios. La crítica acre con que identificábamos el irracional método de la violencia que siempre ha sido tentación en la izquierda.

Debemos orear el debate de las ideas, si en efecto queremos rescatar al partido que, "desde el fondo de su corazón", fundó Gómez Morín.

A Luis Herrera González, por su ejemplo.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

16 de septiembre de 2006

Partidos políticos y transparencia

Vanessa Díaz

Al hablar de democracia también hablamos de partidos políticos y de transparencia.

Si bien existen diversos matices, según el tratamiento que de este tema hacen diferentes intelectuales, podríamos decir que la concepción moderna de democracia, la "democracia representativa y participativa", hace referencia a un sistema político basado en el poder popular en el sentido de que la titularidad del poder pertenece al pueblo, mientras que su ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos por los ciudadanos. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral; se reduce la función del pueblo a esta elección entre las alternativas presentadas, elección que es siempre entre personas y no entre políticas.

Este rol limitado asignado al pueblo genera un sentimiento de menor responsabilidad respecto del ejercicio del poder; pero los partidos políticos solamente son asociaciones privadas creadas en el ejercicio del derecho fundamental de asociación y tienen un papel fundamental: "promover la participación del pueblo en la vida democrática"; es precisamente este papel con el que cobran interés público. Ahora bien, hay democracia cuando hay oposición y es que los partidos políticos garantizan la pluralidad, manifiestan la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación, pero de ningún modo se debe perder de vista que los verdaderos sujetos de la democracia son los ciudadanos.

Hoy en día, los partidos no son un vínculo del ciudadano con sus representantes, son el vehículo de sus propios intereses; no existe un ordenamiento jurídico que garantice su democracia interna. El Instituto Federal Electoral por su parte tiene facultades para conocer de los recursos públicos de los partidos, porque es el organismo que los otorga, vigila su gasto para que cumpla con las normas y límites de éste según lo establece la ley y los partidos también son parte integrante del IFE según señala el artículo 41 constitucional, instancia que tiene la obligación de informar públicamente sobre el gasto realizado por éstos; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no hace ninguna referencia a los partidos y por lo que respecta a las leyes estatales determinan que lo único que es catalogado como información pública son los informes de los partidos, no los partidos en sí. ¿Deben los partidos políticos someterse a las mismas reglas de transparencia que las entidades públicas?

En gran medida, los funcionarios electos son simplemente un reflejo de la sociedad que representan; sin embargo, los requerimientos financieros para entrar a la competencia política parecen ser cada vez mayores, creando exclusión política para quienes no pueden cubrir los altos costos; en los países que usan listas partidarias, algunos candidatos pagan fuertes sumas de dinero para ser incorporados en éstas; la regulación de transparencia de los partidos se ha desarrollado en los últimos 30 años.

Para la Organización de Estados Americanos se deben fijar claramente el ámbito de la ley y definir los términos, los procedimientos, formatos y umbrales, incluyendo las contribuciones en especie y los préstamos para el financiamiento de la actividad política; deben garantizar la rendición de cuentas designando quién es específicamente responsable del cumplimiento de la ley; establecer directrices claras para su aplicación y sanciones por incumplimiento, y que permitir que el público inspeccione la información divulgada sobre el financiamiento de la actividad política.

La transparencia exige dos condiciones: 1) que los candidatos y los partidos declaren en detalle los ingresos y gastos, y 2) que las declaraciones sobre el financiamiento de campañas y partidos se suministren al público en forma oportuna. Como resultado tendríamos un electorado más instruido e informado y por tanto mejor preparado para ejercer sus derechos en la democracia, y los medios de comunicación y la sociedad quedan mejor habilitados para dar seguimiento al dinero, estableciendo un control sobre los políticos

12 de septiembre de 2006

Demoler o reformar

Javier Corral Jurado

Es un acto de irracionalidad política descalificar de tajo a todas las instituciones en el país y, literalmente, mandarlas al diablo. Como lo es, de insensibilidad política, seguir con la cantaleta de que las cosas están bien, y que las instituciones muestran su fortaleza, que funcionan con normalidad. Son las visiones desprovistas del más mínimo ejercicio de objetividad y autocrítica, convertidas en posiciones extremas que así quieren ver dividida, o reducida, a la sociedad mexicana. Sus máximos representantes son, Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox, en efecto, tan distantes entre sí, pero a la vez tan parecidos.

No es conveniente que se hereden o, peor aun, se asuman esas visiones como extensión de la lucha electoral pasada. Entre la demolición y el país de las maravillas, debemos encontrarnos con el México de los avances ciertos y el de los rezagos abundantes. Una revisión de lo que realmente somos y tenemos, en comparación con lo que queremos ser y llegar a tener. No creo que México deba ser reinventado, sino redescubierto en sus potencialidades, ajustado a la dinámica política y social su régimen constitucional, en suma, la tan traída y llevada Reforma del Estado.

Ahí está desde hace más de una década, apuntada con claridad y no menos valor, la agenda de reformas legales y constitucionales para que la nación se reconcilie y sienta como propias las formas de representación política. Una evaluación objetiva de muchas de nuestras instituciones, para adecuarlas al campo de la realidad, y que se orienten a la consolidación de un sistema democrático, en el que no sólo las elecciones se resuelvan con limpieza e imparcialidad, sino que florezca y se practique una cultura democrática y una participación ciudadana amplia, con mecanismos legales que aseguren esa expresión, base fundamental de lo que llamamos vida democrática.

Este ejercicio debemos hacerlo en el país, todos los sectores a partir del reconocimiento de una realidad tan evidente que pareciera inútil insistir en ello: somos una sociedad heterogénea, con razgos cada vez más precisos de nuestra pluralidad política, con una de las mayores diversidades culturales de América Latina. El problema mayor es que el origen del poder, y la representación de nuestras instituciones, no sólo disminuye en su base social de apoyo, sino que excluye y, hasta cierto punto, expulsa al resto de los actores sociales. El grupo social más numeroso y con los mayores rezagos, no sólo resiente el abandono sino las decisiones en su contra.

El momento nos obliga a pensar más allá del escrutinio aritmético, que, sin duda, en nuestra sistema constitucional y legal es lo que convalida moral y legítimamente el poder, pero no asegura por si mismo la acción del gobierno. En la democracia se gana o se pierde por un voto, es cierto; pero la democracia es algo más que ganar elecciones, es sistema de vida y forma de gobierno, y esa visión de Estado es la que necesitamos desarrollar para los próximos años, y la que debe convertirse en un requisito fundamental tanto en la acción del Congreso, como del nuevo Ejecutivo Federal.

A propósito de las disfunciones de la representación, Miguel Carbonell ha transcrito en su libro sobre "Reforma Constitucional" un párrafo de Carl Schmidt, quien en su Tratado de Legalidad y Legitimidad, señala que "el método de formación de la voluntad por la simple verificación de la mayoría tiene sentido y es admisible cuando puede presuponerse la homogeneidad sustancial de todo el pueblo. En este caso, la votación adversa a la minoría no significa una derrota para ésta, sino que el escrutinio permite simplemente poner al descubierto una concordancia y una armonía anteriores y que existían en forma latente. Si se suprime el presupuesto de la homogeneidad nacional indivisible, entonces el funcionalismo sin objeto ni contenido, resultante de la verificación puramente aritmética de la mayoría, excluirá toda neutralidad y toda objetividad; será tan sólo el despotismo de una mayoría cuantitativamente mayor o menor sobre la minoría vencida en el escrutinio y, por tanto, subyugada. Entonces se acaba la identidad democrática entre gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que obedecen; la mayoría manda y la minoría tiene que obedecer. Incluso dejará de existir la aditividad aritmética, porque razonablemente sólo puede sumarse lo homogéneo".

Es la riqueza de nuestra pluralidad, y el vigor y la insistencia del reclamo de inclusión de los menos favorecidos, lo que puede convertir el momento actual en la oportunidad de llevar adelante las reformas necesarias. Los grandes intereses que a lo largo de estos años se han dedicado a parar, boicotear o descalificar diversas iniciativas legales que buscaron actualizar el orden jurídico, son hoy, paradójicamente, los mejores aliados de quienes descalifican totalmente a las instituciones. Tampoco nos asombre que, beneficiarios del inmovilismo, secunden al Presidente de la República en su abultada certidumbre de que en México los problemas se resuelven, marcha como nunca, y son los renegados de siempre quienes así no lo reconocen.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

8 de septiembre de 2006

Concordia basada en la ley

Jesús Reyes-Heroles G.G.

A partir del lunes 5 de septiembre, Felipe Calderón es el presidente electo de México. Como consecuencia de una elección muy cerrada, el triunfo de Calderón, del cual hubo múltiples indicadores desde el 2 de julio, tuvo que esperar para ser reconocido legalmente. Una elección tan cerrada, con una diferencia de 0.56%, pone a prueba a cualquier sistema electoral. Hoy, al haber concluido el proceso establecido en la ley, puede afirmarse que nuestro sistema electoral resistió una prueba sumamente extrema. Del comportamiento de la ciudadanía durante la jornada electoral, del funcionamiento de las instituciones electorales, y de que se hayan cumplido a cabalidad todas las etapas del proceso legal correspondiente, pueden estar orgullosos los mexicanos.

Sin embargo, algunos insisten en no reconocer al nuevo presidente de México. A la luz de toda la información generada y no generada durante el proceso postelectoral, ese no-reconocimiento proviene de una cultura política contestataria que encuentra fuerza en el cuestionamiento sistemático de todo aquello que no coincida exactamente con el punto de vista de la parte perdedora, lo que inevitablemente desemboca en desdén y rechazo de las instituciones y, por esa vía, en la ilegalidad.

Por eso es relevante el contenido de la intervención final que hizo el magistrado Leonel Castillo, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De sus pertinentes observaciones destaca su señalamiento de que si bien el pueblo ejerce la soberanía, es por medio de los representantes populares, Ejecutivo y Legislativo, señalando que por consiguiente en ninguna parte es posible la democracia sin reglas y que México no es excepción.

Al describir las actividades del Tribunal, señaló que lo que se hizo el martes pasado, es verificar si esas reglas -cualidades- necesarias para declarar válida una elección se cumplieron o no. Agregó que es un dictamen de control de calidad de la elección, afirmando que estas se cumplieron en lo fundamental.

De particular trascendencia es su afirmación de que "la legalidad de un proceso electoral confirma y ratifica la legitimidad del representante electo". Complementó sus ideas señalando que la política electoral está sujeta a reglas, que no todos podemos intervenir ni todos somos candidatos, y que se necesita jugar un rol que conjuntamente se establece de antemano. Concluyó señalando que salirse del rol asignado implica poner en riesgo el bien de todos, que es el producto de una elección democrática, y que en ese acto llegaba a su fin un nuevo ejercicio de la soberanía popular por el pueblo en el proceso electoral.

Por otra parte, el saldo social de la elección es de lamentar. Los mexicanos quedamos muy divididos y desorientados. El proceso de reconciliación para avanzar en esta nueva etapa de la historia de México será complejo. Los eventos de los últimos dos meses hicieron aflorar las múltiples tensiones que vienen operando en la sociedad mexicana desde hace varias décadas y para las cuales el país no ha encontrado vías de solución.

En estas mismas páginas, el miércoles pasado David Ibarra nos obsequió un párrafo que resume dicha situación con extraordinaria claridad: "Los escollos a la reforma del pacto social derivan de que la estructura social arroja polarización y exclusión de grupos importantes de la población; renovación incompleta de las élites después de un cuarto de siglo de reformas; capas numerosas e importantes de la sociedad sin influencia en los asuntos públicos; brotes cotidianos de ingobernabilidad; divisiones internas que transforman a los procesos electorales en teatro de descalificaciones.

"La izquierda ya no podría identificarse simplemente con los trabajadores del sector moderno de la economía, dejando de lado las demandas de mujeres, informales, jóvenes o excluidos, ni impulsar utopías desarraigadas de las posibilidades reales de la economía. La derecha no debiera limitarse a defender la visión y privilegios de élites en proceso de extinción, sino concentrar esfuerzos en impulsar el crecimiento, cuidar del empleo y ofrecer cuanto antes concesiones distributivas aplazadas más allá de lo razonable. El diagnóstico resultante es nítido: hay mucho que reconstruir por cuanto a la descomposición del modelo proteccionista-corporativista, a lo que se añade la tarea inconclusa de conciliar la racionalidad de la mano invisible del mercado con la voluntad igualitaria, humanista de la democracia sustantiva".

La realidad del país hoy es que Felipe Calderón es el próximo presidente de México y que, por tanto, habrá de enfrentar la compleja situación económica, política y social que sintetiza David Ibarra. Para cumplir con ese mandato, requiere de la concurrencia de todos los mexicanos.

Que Calderón es el próximo presidente es un hecho definitivo aunque algunos insistan en negarlo, en un escapismo que en ese grupo se presenta con frecuencia cuando se trata de actos de autoridad, en especial de sentencias judiciales. Para ellos, el cumplimiento de la norma es optativo, y sujeto a una valoración de su pertinencia conforme a criterios políticos, sociales o de índole desconocida. La falta de "definitividad" de las resoluciones judiciales es una de las causas de la fragilidad del estado de derecho en México. Al considerarlas no definitivas, todo se vuelve negociable, elástico, discrecional y sujeto a corrupción.

Por contra, que México siga hundido en la polarización, la falta de progreso, la inseguridad y la ilegalidad no tiene que ser una condición definitiva. El desafío radica en acercar a los extremos, inventar un nuevo lenguaje para la concordia, adoptar todos una actitud de sencillez y humildad en el diálogo, reconocer y respetar la diversidad de posiciones políticas como esencia de una sociedad plural y democrática. La historia da muchas vueltas, pues como afirmó el magistrado Leonel Castillo, los que hoy ganan mañana pueden perder y los que hoy pierden pueden ganar, con la ley y las sentencias del Tribunal.

Economista

5 de septiembre de 2006

Intereses convergentes

Javier Corral Jurado

Es interesante presenciar en estos días cómo se mueven los representantes de los grandes grupos dominantes en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Cómo recibe diversos tratamientos la innovación tecnológica y de manera particular el fenómeno de la convergencia de servicios a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que se ajustan mucho más a una idea de apropiación particular que de uso social de los bienes de la nación. En este tema abundan razones de estricto carácter técnico y mercantil, y en muy pocas ocasiones se argumenta, a partir de las potencialidades reales que tiene el encuentro entre teleco municaciones y la digitalización de la informática, la manera en que esta convergencia nos puede hacer más sociedad humana, cómo se multiplicarán y ampliarán los contenidos para que se exprese la pluralidad política y la diversidad cultural, cómo se garantizará el acceso y el servicio universal de los ciudadanos a estos servicios.

Hasta ahora el arrebato tecnológico no ha sido tratado con neutralidad, y la convergencia sirve para reforzar el mundo de los negocios, y consolidar la concentración mediática en unas cuantas manos. Es el modelo que ha distorsionado la llamada Sociedad de la Información. Esto es lo que se entresaca de la discusión actual sobre el proyecto de Acuerdo para la Convergencia de servicios fijos de telefonía local y tv y audio restringidos a través de las redes de telecomunicaciones. Los intereses particulares buscan imponer su visión por encima de la función social, se reduce a una disputa por lograr exenciones, conseguir privilegios legales, evitar contraprestaciones, eludir obligaciones consignadas en sus originales títulos de concesión, alargar los tiempos para adecuar la tecnología y evitar la competencia lo más que se pueda, y es cuando también queda clara la ausencia de una política de Estado y de autoridades comprometidas con un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En el caso mexicano la distorsión es mayor, al presenciar que los reguladores o las autoridades del sector están directamente vinculadas a los intereses de los regulados, y entonces poco importan los usuarios finales de los servicios. La autoridad ligada o cooptada por las empresas, no puede establecer el necesario equilibrio del conjunto de los intereses que cada parte reclama como todo, porque atiende la consigna de quienes ahí los llevaron.

Este martes la Cofemer deberá emitir su dictamen total final sobre el proyecto de Convergencia que elaboró la SCT. No es el gran documento que requiere la competencia, pero en efecto, es mejor que su primera versión. Se trata de un acuerdo que permitirá a los operadores de sistemas de televisión y audio restringidos dar telefonía fija de servicio local, y a su vez permitirá a los operadores de telefonía fija en el servicio local ofrecer tv restringida.

Este acuerdo de convergencia tecnológica ha suscitado divergencia de posiciones, incluso entre operadores dominantes en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que con frecuencia simulan o encubren sus diferencias, y utilizan a otros actores para presentar sus verdaderos puntos de vista; pero al final, todo recae en una negociación entre los grandes del teléfono y la tv. Mucho hay de ello en el intercambio de desplegados, opiniones y respuestas que a propósito de ese proyecto hemos visto en los últimos días. Grotesca como pocas, resulta la opinión de la "nueva" Cofetel, que en el minuto final de la discusión exige respeto a su "autonomía plena" y a sus "facultades exclusivas".

Pero también es importante señalar que a diferencia, la conducta de la Comisión Federal de Competencia es excepcional y muy ajena a ese manejo varias veces manipulador que han tenido los interesados directos y otras instancias reguladoras.

A la insistencia de ese órgano que preside Eduardo Pérez Motta le deberemos hacer avanzar cláusulas importantes. Desde octubre de 2005, en cumplimiento de su función de velar por la competencia y la libre concurrencia de esta convergencia, estableció condiciones para evitar fenómenos de concentración y prácticas discriminatorias, o barreras artificiales a la entrada de nuevos jugadores. No encontró razón técnica alguna para detener la competencia entre este tipo de prestadores de servicios, pero señaló el cumplimiento de obligaciones específicas (condiciones asimétricas) al operador dominante de la telefonía, Telmex, para entrar en el nuevo mercado de tv restringida: la interconexión de las redes, que asegure la interoperabilidad de éstas y la portabilidad de los números, esto es, el derecho del usuario a mantener su número telefónico independientemente que decida cambiarse de empresa, en cuanto a telefonía fija.

Después de un estira y afloje, y una vez que la Cofemer devolvió el 16 de julio a la SCT su primer proyecto para incorporar esas condiciones, cosa que ocurrió en la nueva entrega del pasado 26 de agosto, han quedado incorporadas las exigencias de la Cofeco, y su necesaria intervención en el proceso en que un mismo agente participe de manera simultánea, mediante dos o más concesiones, en la propiedad, operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones dentro de la misma localidad o área de servicio local. Luego veremos si en realidad Telmex cumple estas obligaciones o las elude, como lo ha hecho con la mitad de las que tiene incorporadas en su título de concesión.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

3 de septiembre de 2006

Balance de la apertura

Ernesto Villanueva
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde coordina el área de derecho de la información.


En poco más de cuatro años México ha dado un giro vertiginoso en materia de apertura informativa. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por unanimidad en el Congreso de la Unión el 30 de abril de 2002 y la aprobación de 28 leyes estatales constituyen el mejor ejemplo de esta afirmación. Es una de las reformas estructurales más importantes del país, cuyos efectos poco a poco se están viendo en políticas públicas, toma de decisiones personales e institucionales, combate a la corrupción y fomento de un periodismo de investigación. En cuatro años hay un conjunto de lecciones aprendidas significativas. Veamos.

Primero. La lucha por el acceso a la información en México tuvo el sentido de la oportunidad y la pertinencia. A partir de 2000, académicos, organizaciones sociales con el acompañamiento de los principales medios de comunicación pusieron en la agenda del debate nacional el tema. No sólo eso. En lo que se denominó el Grupo Oaxaca se pasó de ideas genéricas a una estrategia puntual que supuso la redacción de un proyecto de ley y un mecanismo de socialización así como el cabildeo legislativo sobre la ley. En este punto hubo que vencer resistencias de todo tipo. Desde aquellas formadas en el desconocimiento de la trascendencia del tema hasta aquellas preocupadas precisamente por la importancia política, económica y social de la apertura. Hubo al final del día sólo dos iniciativas a debate (una tercera presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa, del PRD, fue retomada por el documento inspirado en el Grupo Oaxaca), la de todos los partidos de oposición y la presentada por el partido en el gobierno, Acción Nacional. En un hecho histórico de compromiso con el país, la Cámara de Diputados permitió la participación directa de los expertos del gobierno y del Grupo Oaxaca para discutir artículo por artículo. Se llegó así a una redacción de consenso y se aprobó la mejor ley en la materia que las circunstancias políticas de ese momento permitieron.

Segundo. La renuncia voluntaria de los miembros del Grupo Oaxaca a formar parte del órgano regulador independiente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para evitar suspicacias de todo tipo, encareció los costos para que el gobierno federal designara a cualquier persona. Se pudo integrar en esa oportunidad un pleno del IFAI con una apreciable autonomía en sus decisiones y una voluntad significativa por la apertura. Acaso precisamente por eso hace poco hubo un intento fallido de un grupo de senadores del PAN por llevar a cabo una reforma legal que acotara la definitividad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados a informar, quizá una de las conquistas más importantes de nuestra ley.

Tercero. En estos años paradójicamente se pudo constatar cómo en México el proceso de apertura informativa ha tenido una etapa de crecimiento, mientras en Estados Unidos (que nos sirvió de modelo inicial) ha existido una regresión a raíz de los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001. En América Latina parece haber buenos deseos y una coincidencia en la importancia del tema. La realidad, empero, no va por el mismo camino que las expresiones públicas. Si bien existen iniciativas de ley en todos los países de la región, no se han construido, sin embargo, los consensos necesarios para su aprobación correspondiente, salvo en Panamá, Perú y República Dominicana. En Chile y Colombia las normas de procedimientos administrativos contienen dosis importantes de transparencia de la gestión pública. En Argentina, finalmente, un decreto presidencial se ha convertido en un primer paso en el ámbito nacional de ese país sudamericano.

Cuarto. No todo en México es miel sobre hojuelas, a pesar del saldo favorable en términos generales. El diseño institucional y las políticas públicas de implementación de las 28 leyes aprobadas registran diferencias contrastantes. En algunos casos, la ley es simplemente un fetiche y cumple un cometido formal. En otros, los esfuerzos porque la ley se cumpla avanzan lentamente, pero avanzan al fin y al cabo. Y sólo excepcionalmente hay una dosis razonable de cumplimiento. únicamente en cuatro estados de la República se ha creado hasta ahora un muro infranqueable para la transparencia como derecho: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco.

A pesar de todo, lentamente se ha formado una comunidad de transparencia que en sus diferencias coincide en este común denominador. Y esa unidad explica que la distancia que separa la prédica de la práctica cada día sea menos grande.