Javier Corral Jurado
Dice el segundo párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente" .
En los renglones anteriores está contenida la llamada facultad de veto del Presidente de la República a leyes aprobadas por el Congreso. A esa prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo apeló, infructuosamente, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que el presidente Vicente Fox objetara las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como ley Televisa, que mañana 11 de abril cumplen un año de haber sido promulgadas.
Son varias las etapas bochornosas de ese proceso legislativo indigno, pero ninguna tan contradictoria como el apresuramiento y la forma en que Fox refrendó las reformas. Al proceso en su conjunto que aprobó las reformas -y a la distancia de un año prácticamente está armado todo el rompecabezas de intereses y operadores que las hacen posibles- podemos calificarlo no sólo como uno de los actos de mayor sometimiento político al imperio mediático, sino también como un proceso de negociación político-electoral al que concurrieron en distintos momentos los tres principales partidos y sus candidatos presidenciales. La fase de publicación a cargo de Fox es una de las más ilustrativas de su desdoblamiento ético y político. Pifia en el sueño democrático de una lucha vencida por la acción de unos cuantos.
De oponerse a las reformas, congratularse del "parón" que se les dio en el Senado en diciembre de 2005, Fox pasó a ser uno más de los cabilderos de Televisa en la víspera de la votación en el Senado el 30 de marzo de 2006; de varios senadores panistas que votarían en contra logró ubicar a uno en la abstención y corrigió el sentido negativo de otros dos. A los intereses electorales puestos en juego para la aprobación de la ley, sumó su interés personal, aún indescifrable.
Por ello sonaron tan falsas sus palabras en Cancún, Quintana Roo, ese viernes 7 de abril, cuando a nombre de la nueva división de poderes, de la autonomía del Congreso y del avance democrático, felicitó las reformas. El mandatario dio la bienvenida a cualquier acción futura del Legislativo para "enriquecer" el proceso, y destacó el carácter "democrático" del proceso aplicado en su aprobación, al ser una ley que nadie impuso, como seguramente ocurrió -dijo- con la anterior, donde los gobiernos procedieron "a su modo y conveniencia".
Sólo tres días antes, el 4 de abril, había recibido, de su secretario de Comunicaciones, 53 observaciones para vetar lo aprobado en el Congreso. La respuesta pública a ese dictamen técnico rayó en el cinismo: "El presidente nunca conoció el oficio de la SCT", declaró su vocero Rubén Aguilar, omitiendo un dato fundamental: La Consejería Jurídica con fecha 5 de abril -sólo unas horas después de haberlo recibido- le regresó al secretario Cerisola su oficio de observaciones porque nadie se las había pedido.
Pero para el encargado del despacho de los asuntos relativos a la nueva legislación no había duda, había que dejar por escrito su postura y "advertir de disposiciones contrarias a la Constitución".
Entre las cosas sobresalientes de ese dictamen, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -"toda vez que la información que fuera solicitada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal resulta relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad"-, advierte: "El debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico. El doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador.
"El trato preferencial y los derechos que se obsequian a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.
"El otorgamiento de una concesión seguirá siendo discrecional y sujeto a presiones. Propicia que sólo grupos económicamente fuertes puedan acceder a las frecuencias. Se abre la posibilidad a la inversión extranjera hasta 100%, cuando la tecnología evolucione y existan servicios móviles en estas bandas".
Cerisola le reafirmó a Fox la idea central del debate que se tuvo en el Senado: "Como quedó redactada la reforma, existe el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico".
Es imposible olvidarnos de ese 11 de abril, que mañana cumple un año impune.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Dice el segundo párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente" .
En los renglones anteriores está contenida la llamada facultad de veto del Presidente de la República a leyes aprobadas por el Congreso. A esa prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo apeló, infructuosamente, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que el presidente Vicente Fox objetara las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como ley Televisa, que mañana 11 de abril cumplen un año de haber sido promulgadas.
Son varias las etapas bochornosas de ese proceso legislativo indigno, pero ninguna tan contradictoria como el apresuramiento y la forma en que Fox refrendó las reformas. Al proceso en su conjunto que aprobó las reformas -y a la distancia de un año prácticamente está armado todo el rompecabezas de intereses y operadores que las hacen posibles- podemos calificarlo no sólo como uno de los actos de mayor sometimiento político al imperio mediático, sino también como un proceso de negociación político-electoral al que concurrieron en distintos momentos los tres principales partidos y sus candidatos presidenciales. La fase de publicación a cargo de Fox es una de las más ilustrativas de su desdoblamiento ético y político. Pifia en el sueño democrático de una lucha vencida por la acción de unos cuantos.
De oponerse a las reformas, congratularse del "parón" que se les dio en el Senado en diciembre de 2005, Fox pasó a ser uno más de los cabilderos de Televisa en la víspera de la votación en el Senado el 30 de marzo de 2006; de varios senadores panistas que votarían en contra logró ubicar a uno en la abstención y corrigió el sentido negativo de otros dos. A los intereses electorales puestos en juego para la aprobación de la ley, sumó su interés personal, aún indescifrable.
Por ello sonaron tan falsas sus palabras en Cancún, Quintana Roo, ese viernes 7 de abril, cuando a nombre de la nueva división de poderes, de la autonomía del Congreso y del avance democrático, felicitó las reformas. El mandatario dio la bienvenida a cualquier acción futura del Legislativo para "enriquecer" el proceso, y destacó el carácter "democrático" del proceso aplicado en su aprobación, al ser una ley que nadie impuso, como seguramente ocurrió -dijo- con la anterior, donde los gobiernos procedieron "a su modo y conveniencia".
Sólo tres días antes, el 4 de abril, había recibido, de su secretario de Comunicaciones, 53 observaciones para vetar lo aprobado en el Congreso. La respuesta pública a ese dictamen técnico rayó en el cinismo: "El presidente nunca conoció el oficio de la SCT", declaró su vocero Rubén Aguilar, omitiendo un dato fundamental: La Consejería Jurídica con fecha 5 de abril -sólo unas horas después de haberlo recibido- le regresó al secretario Cerisola su oficio de observaciones porque nadie se las había pedido.
Pero para el encargado del despacho de los asuntos relativos a la nueva legislación no había duda, había que dejar por escrito su postura y "advertir de disposiciones contrarias a la Constitución".
Entre las cosas sobresalientes de ese dictamen, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -"toda vez que la información que fuera solicitada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal resulta relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad"-, advierte: "El debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico. El doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador.
"El trato preferencial y los derechos que se obsequian a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.
"El otorgamiento de una concesión seguirá siendo discrecional y sujeto a presiones. Propicia que sólo grupos económicamente fuertes puedan acceder a las frecuencias. Se abre la posibilidad a la inversión extranjera hasta 100%, cuando la tecnología evolucione y existan servicios móviles en estas bandas".
Cerisola le reafirmó a Fox la idea central del debate que se tuvo en el Senado: "Como quedó redactada la reforma, existe el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico".
Es imposible olvidarnos de ese 11 de abril, que mañana cumple un año impune.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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