En México, la transparencia vive varias velocidades y ritmos. En el ámbito del Ejecutivo federal las cosas van razonablemente bien. En los otros poderes federales, órganos constitucionales autónomos y estados federados hay de todo.
Pero una de las zonas de mayor opacidad reside en las relaciones entre los trabajadores y sus representantes. Es paradójico que buena parte de los trabajadores no conozca a sus líderes y, por ende, las formas y modos de la vida sindical.
Menos aún, por supuesto, se puede saber en la vida cotidiana cuánto y para qué se destinan las cuotas sindicales. Vamos, incluso el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que son normas que debieran ser públicas, permanecen a buen recaudo.
De vez en cuando, en casos como el de los trabajadores mineros, la vida sindical adquiere visibilidad mediática circunstancial y temporal para regresar, sin embargo, a su bajo perfil o áreas marginales de atención pública habituales.
El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, se trata de uno de los temas inexplorados sobre los que se ha escrito poco, hay escasa doctrina y casi nula aplicación, así sea indirecta vía solicitudes de información a las secretarías del Trabajo federal y locales.
La presencia de las organizaciones civiles sobre el tema también brilla por su ausencia. El temor fundado por la eventual afectación a la integridad física de quienes se atrevan a ahondar sobre esta cuestión es una de las razones básicas que explican que ni trabajadores ni activistas sociales se empleen a fondo en promover prioritariamente la transparencia sindical.
En el ámbito político, una de las primeras monedas de cambio de legisladores para discutir la viabilidad de una ley de acceso o su reforma es "encorchetar" o dejar fuera el tema sindical para que el proceso legislativo pueda salir adelante.
En el mundo empresarial tampoco hay precisamente grandes incentivos para la transparencia sindical. Se prefiere pragmáticamente cumplir con el expediente de contar con un sindicato a modo y negociar bajo el agua que sujetarse a las reglas de la apertura y la claridad.
En ese contexto de incentivos mínimos o ausentes en el debate argumental, cualquiera pensaría que no hay nada que hacer. Que el interés de los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, es un bien sacrificable porque así debe ser como principio. Que la democracia informativa admite casos de excepción como la transparencia sindical, cuya discusión es preferible dejarla sólo a los núcleos duros de la marginalidad. Hay aquí desconocimiento sobre el valor de la transparencia en los sindicatos. Veamos. La transparencia en los sindicatos debería ser un tema de la agenda pública por varias razones:
A) Porque otorgaría poder a los trabajadores sobre el destino de sus recursos y defensa de sus intereses y los de sus familias. B) Porque permitiría contar con herramientas para acotar o reducir los casos de corrupción donde pierden por igual la empresa y los trabajadores, quienes pagan esos costos. C) Porque los sindicatos son personas privadas, pero no tienen datos personales en cuanto a su organización y funcionamiento, razón por la cual no hay una causal de exclusión de la apertura informativa. D) Porque en el contexto nacional la inclusión expresa de la transparencia sindical en las leyes de acceso a la información es un asunto de interés público en analogía al caso de los partidos políticos.
Así se ha ido entendiendo por fortuna en el ámbito del derecho extranjero y a nivel nacional. En el primer caso, el artículo cuarto, numeral dos de la Ley de Acceso a la Información de Polonia prevé a los sindicatos como sujetos obligados (recuérdese la gran tradición de lucha sindical de ese país).
Lo mismo sucede con la ley de Estonia y de algunos otros países bálticos y nórdicos. En México, las leyes de acceso a la información de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Morelos y Nuevo León en mayor o menor medida también prevén garantías de acceso a la información sobre los sindicatos y su funcionamiento.
Se trata de un tema que ahora que ha salido a la palestra pública por casos de corrupción difícilmente podrá dejarse de lado para bien del país.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Pero una de las zonas de mayor opacidad reside en las relaciones entre los trabajadores y sus representantes. Es paradójico que buena parte de los trabajadores no conozca a sus líderes y, por ende, las formas y modos de la vida sindical.
Menos aún, por supuesto, se puede saber en la vida cotidiana cuánto y para qué se destinan las cuotas sindicales. Vamos, incluso el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que son normas que debieran ser públicas, permanecen a buen recaudo.
De vez en cuando, en casos como el de los trabajadores mineros, la vida sindical adquiere visibilidad mediática circunstancial y temporal para regresar, sin embargo, a su bajo perfil o áreas marginales de atención pública habituales.
El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, se trata de uno de los temas inexplorados sobre los que se ha escrito poco, hay escasa doctrina y casi nula aplicación, así sea indirecta vía solicitudes de información a las secretarías del Trabajo federal y locales.
La presencia de las organizaciones civiles sobre el tema también brilla por su ausencia. El temor fundado por la eventual afectación a la integridad física de quienes se atrevan a ahondar sobre esta cuestión es una de las razones básicas que explican que ni trabajadores ni activistas sociales se empleen a fondo en promover prioritariamente la transparencia sindical.
En el ámbito político, una de las primeras monedas de cambio de legisladores para discutir la viabilidad de una ley de acceso o su reforma es "encorchetar" o dejar fuera el tema sindical para que el proceso legislativo pueda salir adelante.
En el mundo empresarial tampoco hay precisamente grandes incentivos para la transparencia sindical. Se prefiere pragmáticamente cumplir con el expediente de contar con un sindicato a modo y negociar bajo el agua que sujetarse a las reglas de la apertura y la claridad.
En ese contexto de incentivos mínimos o ausentes en el debate argumental, cualquiera pensaría que no hay nada que hacer. Que el interés de los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, es un bien sacrificable porque así debe ser como principio. Que la democracia informativa admite casos de excepción como la transparencia sindical, cuya discusión es preferible dejarla sólo a los núcleos duros de la marginalidad. Hay aquí desconocimiento sobre el valor de la transparencia en los sindicatos. Veamos. La transparencia en los sindicatos debería ser un tema de la agenda pública por varias razones:
A) Porque otorgaría poder a los trabajadores sobre el destino de sus recursos y defensa de sus intereses y los de sus familias. B) Porque permitiría contar con herramientas para acotar o reducir los casos de corrupción donde pierden por igual la empresa y los trabajadores, quienes pagan esos costos. C) Porque los sindicatos son personas privadas, pero no tienen datos personales en cuanto a su organización y funcionamiento, razón por la cual no hay una causal de exclusión de la apertura informativa. D) Porque en el contexto nacional la inclusión expresa de la transparencia sindical en las leyes de acceso a la información es un asunto de interés público en analogía al caso de los partidos políticos.
Así se ha ido entendiendo por fortuna en el ámbito del derecho extranjero y a nivel nacional. En el primer caso, el artículo cuarto, numeral dos de la Ley de Acceso a la Información de Polonia prevé a los sindicatos como sujetos obligados (recuérdese la gran tradición de lucha sindical de ese país).
Lo mismo sucede con la ley de Estonia y de algunos otros países bálticos y nórdicos. En México, las leyes de acceso a la información de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Morelos y Nuevo León en mayor o menor medida también prevén garantías de acceso a la información sobre los sindicatos y su funcionamiento.
Se trata de un tema que ahora que ha salido a la palestra pública por casos de corrupción difícilmente podrá dejarse de lado para bien del país.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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