El proceso legislativo para la reforma del Estado dio inicio formalmente con la aprobación de la ley que da método a su negociación, organiza la ejecución técnica, define los temas principales, establece un mecanismo de consulta especializada y conforma un órgano dictaminador que incluye directamente a los presidentes de los partidos. La ley compromete además a los legisladores a concretar la reforma en un año, y aunque no hay cargo, descuento o rebaja de sus dietas si no lo cumplen, siempre estará pendiendo la peor espada a la que se puede enfrentar un político, que es la sanción de la opinión pública, sobre todo si se identifica que el proceso fue fársico.
He ahí el principal cuestionamiento que muchos nos hacemos de esa convocatoria que en esta semana pone en operación su secretariado técnico: ¿existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe clase política reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución? ¿Sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del gobierno? ¿Sin reubicar a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?
Si en la exposición de motivos de toda iniciativa legal y en los considerandos de todo dictamen legislativo se encuentra el espíritu de la ley, es claro que los legisladores federales tienen toda la decisión de acometer tan honda tarea. No otra conclusión resulta de leer el diagnóstico -brutalmente cierto- que sobre el deterioro de nuestras instituciones pone en sus considerandos el dictamen aprobado por el Senado, cámara de origen en este empeño, y a cuya cabeza se ha puesto el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ese texto impecable fue suscrito por unanimidad de los miembros que integran la Cámara Alta y dice en su sexto párrafo: "La necesidad de emprender una profunda reforma del Estado está presente desde hace casi 20 años. Desde entonces se ha ido avanzando en la legislación mexicana sobre todo en el aspecto electoral y aun nuestra democracia ha dado muestras, por un lado, de imperfecciones, y por otro lado, pareciera que la cultura autoritaria y antidemocrática ha mostrado una gran capacidad de autoconservación y supervivencia. Estamos ya en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, de profundización de las desigualdades, de estancamiento del progreso económico, de desbordamiento de la delincuencia y de la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en las esferas del Estado".
¿Qué debe corresponder a esa descripción terrible del país? Una acción con valor y valores de los representantes populares. Valentía, que no es ausencia de miedo, sino conciencia clara de cómo superarlo, sobre todo en un sector mayoritario de la política que vulnerable por sus faltas bien acreditadas ha ido perdiendo voz y arrojo ante el chantaje, amenaza e intimidación de los poderes fácticos.
¿Quiénes la harán? Fundamentalmente, los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios y los legisladores presidentes e integrantes de las comisiones legislativas encargadas de la materia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Del estudio de esos perfiles, pocos son los que han acreditado en el campo de los hechos voluntad transformadora, y en las distintas posiciones que se han desempeñado más bien han actuado contra el Estado, o cediendo su soberanía en áreas estratégicas, o debilitando su función rectora en actividades prioritarias, o dejando en el mercado competencias del Estado a través de ineficaces y costosas privatizaciones. Algunos de ellos han sido reformadores sí, pero al revés.
Quizá por su conformación más experimentada, un número menor de integrantes en relación con la Cámara de Diputados, así como el ritmo de maratón que supone su duración de seis años, el Senado aparece como el espacio idóneo para el mayor impulso. No digo que vive ahí una clase política dispuesta a agotarse con sus reformas, incluso dispuesta a jubilarse para darle porvenir al futuro, pero sí tienen mejores condiciones.
En la Cámara de Diputados no se vislumbran esas condiciones. Pues no sólo está ausente también la corresponsabilidad que el PRD debiera asumir como segunda fuerza electoral del país en la negociación y construcción de acuerdos, sino la bancada priísta está bajo la férula de Emilio Gamboa Patrón, quien tiene sin duda virtudes personales estimables, pero entre ellas por supuesto no está el ser un espíritu reformador, más bien ha actuado en defensa del statu quo. Por más que Héctor Larios, el diputado coordinador de la bancada panista, tenga la visión y la decisión de provocar cambios importantes en la estructura jurídica del Estado mexicano, entre las fobias del PRD y los intereses muy particulares de esa conducción priísta quedará atrapado.
Lo importante es que ya empezó el proceso, y tendremos un año, sólo un año, para darnos cuenta si se pudo, y si era en serio.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
He ahí el principal cuestionamiento que muchos nos hacemos de esa convocatoria que en esta semana pone en operación su secretariado técnico: ¿existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe clase política reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución? ¿Sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del gobierno? ¿Sin reubicar a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?
Si en la exposición de motivos de toda iniciativa legal y en los considerandos de todo dictamen legislativo se encuentra el espíritu de la ley, es claro que los legisladores federales tienen toda la decisión de acometer tan honda tarea. No otra conclusión resulta de leer el diagnóstico -brutalmente cierto- que sobre el deterioro de nuestras instituciones pone en sus considerandos el dictamen aprobado por el Senado, cámara de origen en este empeño, y a cuya cabeza se ha puesto el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ese texto impecable fue suscrito por unanimidad de los miembros que integran la Cámara Alta y dice en su sexto párrafo: "La necesidad de emprender una profunda reforma del Estado está presente desde hace casi 20 años. Desde entonces se ha ido avanzando en la legislación mexicana sobre todo en el aspecto electoral y aun nuestra democracia ha dado muestras, por un lado, de imperfecciones, y por otro lado, pareciera que la cultura autoritaria y antidemocrática ha mostrado una gran capacidad de autoconservación y supervivencia. Estamos ya en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, de profundización de las desigualdades, de estancamiento del progreso económico, de desbordamiento de la delincuencia y de la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en las esferas del Estado".
¿Qué debe corresponder a esa descripción terrible del país? Una acción con valor y valores de los representantes populares. Valentía, que no es ausencia de miedo, sino conciencia clara de cómo superarlo, sobre todo en un sector mayoritario de la política que vulnerable por sus faltas bien acreditadas ha ido perdiendo voz y arrojo ante el chantaje, amenaza e intimidación de los poderes fácticos.
¿Quiénes la harán? Fundamentalmente, los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios y los legisladores presidentes e integrantes de las comisiones legislativas encargadas de la materia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Del estudio de esos perfiles, pocos son los que han acreditado en el campo de los hechos voluntad transformadora, y en las distintas posiciones que se han desempeñado más bien han actuado contra el Estado, o cediendo su soberanía en áreas estratégicas, o debilitando su función rectora en actividades prioritarias, o dejando en el mercado competencias del Estado a través de ineficaces y costosas privatizaciones. Algunos de ellos han sido reformadores sí, pero al revés.
Quizá por su conformación más experimentada, un número menor de integrantes en relación con la Cámara de Diputados, así como el ritmo de maratón que supone su duración de seis años, el Senado aparece como el espacio idóneo para el mayor impulso. No digo que vive ahí una clase política dispuesta a agotarse con sus reformas, incluso dispuesta a jubilarse para darle porvenir al futuro, pero sí tienen mejores condiciones.
En la Cámara de Diputados no se vislumbran esas condiciones. Pues no sólo está ausente también la corresponsabilidad que el PRD debiera asumir como segunda fuerza electoral del país en la negociación y construcción de acuerdos, sino la bancada priísta está bajo la férula de Emilio Gamboa Patrón, quien tiene sin duda virtudes personales estimables, pero entre ellas por supuesto no está el ser un espíritu reformador, más bien ha actuado en defensa del statu quo. Por más que Héctor Larios, el diputado coordinador de la bancada panista, tenga la visión y la decisión de provocar cambios importantes en la estructura jurídica del Estado mexicano, entre las fobias del PRD y los intereses muy particulares de esa conducción priísta quedará atrapado.
Lo importante es que ya empezó el proceso, y tendremos un año, sólo un año, para darnos cuenta si se pudo, y si era en serio.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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