Javier Corral Jurado
El desempeño de las televisoras en la audiencia ante el Senado marcó el referente de la discusión sobre la legislación de medios, pues mostró la apuesta de poder, el ejercicio de fuerza y la prepotencia desde la que están dispuestos a mantener privilegios y evitar a toda costa la competencia.
Ese tenor ha quedado más que demostrado en la minimización que sobre las actividades del Congreso han hecho las dos televisoras, pero más, sin duda, por el manejo gangsteril de TV Azteca contra el Senado, incluido por supuesto el golpeteo de los spots de la semana pasada.
El hecho, aunque menor en el conjunto de sus tropelías, es sujeto de medidas administrativas pues la Ley de Radio y Televisión prevé “la alteración de boletines oficiales o informaciones del gobierno” como una infracción que se sanciona con multa, irrisoria si se quiere pero que deriva de una competencia de ejercicio obligatorio, no potestativo. La autoridad ha de aplicar esas sanciones que, además, constituyen importantes antecedentes en el expediente de cumplimiento legal que debe ser valorado al momento de refrendar o no esas concesiones.
Si en México existiera ese proceso, TV Azteca hubiera perdido desde hace tiempo su concesión. Pero no, ha ensanchado una historia de impunidad y desafío al estado de derecho en uno de los peores manejos de la televisión concesionada.
Desde la desincorporación de Imevisión la empresa ha contado con favoritismo, protección, complicidad y disimulo legal de un amplio universo de autoridades. Su compra fue uno de los procesos más cuestionados en el sexenio de Salinas de Gortari, y desde las sombras de esa “subasta” hasta hoy se cometen todo tipo de agresiones a las instituciones. Siempre en nombre de la justicia, la libertad, el mercado, la legalidad y la democracia. En nombre de la justicia por el asesinato de Paco Stanley, el concesionario Ricardo Salinas Pliego llamó casi a la sedición en una transmisión en la que desafió al Estado; lanzó un linchamiento contra Cuauhtémoc Cárdenas, a quien responsabilizó de todos los males, y formuló, para el memorial de excesos e irresponsabilidades mediáticas, preguntas inolvidables: “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?”.
En el estricto sentido el concesionario tenía algo de razón: para él no ha habido autoridad; su acción no ha conocido límite legal y la espiral de su reto permanente al Estado lo ha prestigiado en el mundo de la excepción jurídica. Por ello pudo asaltar —sin responsabilidad hasta la fecha— con un comando armado el cerro del Chiquihuite y usurpar el Canal 40. En sus noticiarios los conductores se pitorrean del derecho de réplica que exigen los personajes a los que calumnian, difaman, denostan. A Isaac Saba le enderezaron una campaña de linchamiento cuando se atrevió a solicitar una licitación para una nueva cadena de televisión. La competencia y los contrapesos que exigen para otros tienen como límite sus intereses. Saba no sólo perdió el empeño de una mayor oferta televisiva, sino también el aliento que terminó por agolpar el silencio oficial.
En nombre del mercado —metido en el negocio bancario y las transferencias financieras, depositario de buena parte de las remesas que llegan desde el exterior— Salinas Pliego litigó desde la pantalla su resistencia a la Ley del Mercado de Valores, tratando de detener disposiciones de transparencia al conjunto de accionistas en estas actividades. El entonces diputado e impulsor de la legislación, Gustavo Madero, fue embatido por TV Azteca y se le acusó de todo tipo de infundios.
Cuando la Corte debatió la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa y resolvió invalidar varias de sus normas, TV Azteca —cólera de Televisa en ese abuso— comparó las decisiones de los ministros con la represión de 1968. Alternó imágenes de tanquetas y bayonetas desplegadas en Tletelolco con escenas del debate de los ministros, e intercalaba las imágenes de los ex presidentes Díaz Ordaz y Echeverría con la del ministro ponente Sergio Aguirre Anguiano.
El uso de la pantalla no sólo tiene la ofensiva frente a decisiones adminstrativas, legislativas o judiciales. Es fundamentalmente mercantil, ya sea para descalificar a un competidor en alguno de los giros en que participa —caso de la aseguradora ING— o para entrar a fuerza a nuevos negocios. Los simpáticos reportajes sobre el monopolio taxista en el aeropuerto capitalino y sus altos cobros coincidieron un genuino malestar ciudadano con su pretensión de operar un servicio de transporte terrestre.
Subproductos de esa estrategia empresarial, sus principales conductores y reporteros se acomodan a todo. Enfilan la entrevista interesada, el análisis parcial, se arma la mesa redonda pactada entre voces que atizan el fuego encendido por ellos mismos, acompañan el manejo desinformativo encuestas tendenciosas.
Ejemplo de mentira y ocultamiento a la vez, la campaña de la televisora sobre la reforma electoral debe ser referente obligado en escuelas de periodismo de lo que nunca debiera ser un medio. Si la autoridad abdica de su deber, la sociedad debe tomar cartas en el asunto. Hay que mostrar a nuestros alumnos —quienes nos dedicamos a la tarea formativa— la magnificación, la falsificación y cómo TV Azteca violenta el sentido ético del periodismo y vulnera la libertad de expresión, de prensa y el derecho de las personas a la información.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
El desempeño de las televisoras en la audiencia ante el Senado marcó el referente de la discusión sobre la legislación de medios, pues mostró la apuesta de poder, el ejercicio de fuerza y la prepotencia desde la que están dispuestos a mantener privilegios y evitar a toda costa la competencia.
Ese tenor ha quedado más que demostrado en la minimización que sobre las actividades del Congreso han hecho las dos televisoras, pero más, sin duda, por el manejo gangsteril de TV Azteca contra el Senado, incluido por supuesto el golpeteo de los spots de la semana pasada.
El hecho, aunque menor en el conjunto de sus tropelías, es sujeto de medidas administrativas pues la Ley de Radio y Televisión prevé “la alteración de boletines oficiales o informaciones del gobierno” como una infracción que se sanciona con multa, irrisoria si se quiere pero que deriva de una competencia de ejercicio obligatorio, no potestativo. La autoridad ha de aplicar esas sanciones que, además, constituyen importantes antecedentes en el expediente de cumplimiento legal que debe ser valorado al momento de refrendar o no esas concesiones.
Si en México existiera ese proceso, TV Azteca hubiera perdido desde hace tiempo su concesión. Pero no, ha ensanchado una historia de impunidad y desafío al estado de derecho en uno de los peores manejos de la televisión concesionada.
Desde la desincorporación de Imevisión la empresa ha contado con favoritismo, protección, complicidad y disimulo legal de un amplio universo de autoridades. Su compra fue uno de los procesos más cuestionados en el sexenio de Salinas de Gortari, y desde las sombras de esa “subasta” hasta hoy se cometen todo tipo de agresiones a las instituciones. Siempre en nombre de la justicia, la libertad, el mercado, la legalidad y la democracia. En nombre de la justicia por el asesinato de Paco Stanley, el concesionario Ricardo Salinas Pliego llamó casi a la sedición en una transmisión en la que desafió al Estado; lanzó un linchamiento contra Cuauhtémoc Cárdenas, a quien responsabilizó de todos los males, y formuló, para el memorial de excesos e irresponsabilidades mediáticas, preguntas inolvidables: “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?”.
En el estricto sentido el concesionario tenía algo de razón: para él no ha habido autoridad; su acción no ha conocido límite legal y la espiral de su reto permanente al Estado lo ha prestigiado en el mundo de la excepción jurídica. Por ello pudo asaltar —sin responsabilidad hasta la fecha— con un comando armado el cerro del Chiquihuite y usurpar el Canal 40. En sus noticiarios los conductores se pitorrean del derecho de réplica que exigen los personajes a los que calumnian, difaman, denostan. A Isaac Saba le enderezaron una campaña de linchamiento cuando se atrevió a solicitar una licitación para una nueva cadena de televisión. La competencia y los contrapesos que exigen para otros tienen como límite sus intereses. Saba no sólo perdió el empeño de una mayor oferta televisiva, sino también el aliento que terminó por agolpar el silencio oficial.
En nombre del mercado —metido en el negocio bancario y las transferencias financieras, depositario de buena parte de las remesas que llegan desde el exterior— Salinas Pliego litigó desde la pantalla su resistencia a la Ley del Mercado de Valores, tratando de detener disposiciones de transparencia al conjunto de accionistas en estas actividades. El entonces diputado e impulsor de la legislación, Gustavo Madero, fue embatido por TV Azteca y se le acusó de todo tipo de infundios.
Cuando la Corte debatió la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa y resolvió invalidar varias de sus normas, TV Azteca —cólera de Televisa en ese abuso— comparó las decisiones de los ministros con la represión de 1968. Alternó imágenes de tanquetas y bayonetas desplegadas en Tletelolco con escenas del debate de los ministros, e intercalaba las imágenes de los ex presidentes Díaz Ordaz y Echeverría con la del ministro ponente Sergio Aguirre Anguiano.
El uso de la pantalla no sólo tiene la ofensiva frente a decisiones adminstrativas, legislativas o judiciales. Es fundamentalmente mercantil, ya sea para descalificar a un competidor en alguno de los giros en que participa —caso de la aseguradora ING— o para entrar a fuerza a nuevos negocios. Los simpáticos reportajes sobre el monopolio taxista en el aeropuerto capitalino y sus altos cobros coincidieron un genuino malestar ciudadano con su pretensión de operar un servicio de transporte terrestre.
Subproductos de esa estrategia empresarial, sus principales conductores y reporteros se acomodan a todo. Enfilan la entrevista interesada, el análisis parcial, se arma la mesa redonda pactada entre voces que atizan el fuego encendido por ellos mismos, acompañan el manejo desinformativo encuestas tendenciosas.
Ejemplo de mentira y ocultamiento a la vez, la campaña de la televisora sobre la reforma electoral debe ser referente obligado en escuelas de periodismo de lo que nunca debiera ser un medio. Si la autoridad abdica de su deber, la sociedad debe tomar cartas en el asunto. Hay que mostrar a nuestros alumnos —quienes nos dedicamos a la tarea formativa— la magnificación, la falsificación y cómo TV Azteca violenta el sentido ético del periodismo y vulnera la libertad de expresión, de prensa y el derecho de las personas a la información.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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