Javier Corral Jurado
En la 49 asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, tanto el Presidente como los secretarios de Comunicaciones y de Gobernación se refirieron a diversas preocupaciones que rondan en ese sector. Los funcionarios expresaron las propias en torno del tema de los contenidos de la radiodifusión, y se hicieron eco de las que, según se dijo, tienen en la “incertidumbre y zozobra” a los concesionarios por el futuro de los refrendos.
“No es que el Estado imponga esquemas en la programación, sino que los propios medios desarrollen una programación más enriquecedora”, dijo Luis Téllez. “La apuesta por contar con ciudadanos mejor enterados y, por tanto, más participativos, nos debe motivar a fomentar contenidos de mayor calidad y la difusión de información veraz y objetiva”, sostuvo Francisco Ramírez Acuña.
El presidente Calderón selló el exhorto: “Hago un llamado muy respetuoso a fin de que todos quienes participan en la radio y la tv asuman el papel que les confiere ser concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social. Y ello va más allá del entretenimiento o las notas de alto impacto; es parte de la cultura cívica, de la articulación y formación de valores entre las mexicanas y los mexicanos, particularmente entre los más jóvenes; la generación de una conciencia colectiva que nos lleve más rápidamente a mejores estándares de desarrollo, responsabilidad, democracia y bienestar”.
Si bien los contenidos son una preocupación social extendida y la tendencia hacia lo peor de la programación televisiva provoca pensar en mayores regulaciones legales a las existentes, la frágil línea que separa el ejercicio responsable de la libertad con mecanismos de control aconseja un verdadero esfuerzo de autorregulación por parte de los concesionarios y el mayor fomento de la competencia por parte del Estado.
Más que de contenidos, el de la radio y la tv mexicana es un problema de competencia económica. Lo que hay que mejorar es el esquema de distribución de las frecuencias y asegurar un modelo de convergencia tecnológica que posibilite una oferta comunicacional más amplia. La concentración atenta contra el ejercicio de las libertades de expresión e información, y erosiona los contenidos de la programación, al no tenerse otros referentes de la calidad posible en la producción para medios electrónicos.
En un esquema como el nuestro, en el que una sola empresa acapara tres de las cuatro plataformas de transmisión de contenidos en tv (espectro, satélite y cable), las consecuencias para la pluralidad y el ejercicio periodístico son desastrosas. Los comunicadores pierden autonomía y libertad por el entramado de los intereses de sus patrones no sólo en defensa de sus propios negocios, sino a través de la lógica de complicidad con el statu quo, que reduce el ámbito de la crítica y termina ciñéndolos a sus instrucciones.
Ahí está el ejemplo reciente de la forma en que varios de ellos fueron llevados a la audiencia con las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma constitucional en materia electoral, y el triste papel que jugaron en demérito de sus trayectorias profesionales. En una mayor competencia los comunicadores resguardarán más su compromiso ético y dignidad, al no estar a expensas de unos cuantos para poder ejercer su vocación.
Lo que verdaderamente resultó impropio en las alocuciones oficiales fue el manejo del tema de los refrendos. Quizá para desprender los aplausos que recibieron en el momento, el secretario Téllez y el presidente Calderón ofrecieron buscar ratificarles sus concesiones y perdieron de vista que será el proceso legislativo ya puesto en marcha para una nueva legislación de medios donde se desarrollen los criterios expresados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo debe entenderse el derecho preferente sobre terceros.
El secretario, que expresó no reconocer la existencia de monopolios en radio y tv, tampoco parece reconocer la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad del refrendo automático, pues en el tono más obsequioso posible les aseguró: “Contarán por supuesto con todo mi apoyo para el mismo”.
Aunque el Presidente tuvo más cuidado en señalar que ese procedimiento debe darse en el marco de la ley, incurrió en un error al instruir a Téllez “para que junto con la CIRT defina el mejor camino para quienes buscan la renovación de sus concesiones, y estaremos atentos a que lo hagan a partir del cumplimiento de la ley y de su compromiso con nuestro México”. En todo caso deberá ponerse de acuerdo con el Senado, que trabaja en la formulación de esa ruta.
No hay duda de que el refrendo vuelve al trámite original, y que en él se podrá dar preferencia al actual concesionario, pero no será la buena o mala disposición de un secretario o un presidente lo que prevalezca en esa decisión, sino que como dice la SCJN: “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados... Así, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, lo que, por tratarse de facultades regladas, tendrá que fundarse y motivarse debidamente”.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
En la 49 asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, tanto el Presidente como los secretarios de Comunicaciones y de Gobernación se refirieron a diversas preocupaciones que rondan en ese sector. Los funcionarios expresaron las propias en torno del tema de los contenidos de la radiodifusión, y se hicieron eco de las que, según se dijo, tienen en la “incertidumbre y zozobra” a los concesionarios por el futuro de los refrendos.
“No es que el Estado imponga esquemas en la programación, sino que los propios medios desarrollen una programación más enriquecedora”, dijo Luis Téllez. “La apuesta por contar con ciudadanos mejor enterados y, por tanto, más participativos, nos debe motivar a fomentar contenidos de mayor calidad y la difusión de información veraz y objetiva”, sostuvo Francisco Ramírez Acuña.
El presidente Calderón selló el exhorto: “Hago un llamado muy respetuoso a fin de que todos quienes participan en la radio y la tv asuman el papel que les confiere ser concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social. Y ello va más allá del entretenimiento o las notas de alto impacto; es parte de la cultura cívica, de la articulación y formación de valores entre las mexicanas y los mexicanos, particularmente entre los más jóvenes; la generación de una conciencia colectiva que nos lleve más rápidamente a mejores estándares de desarrollo, responsabilidad, democracia y bienestar”.
Si bien los contenidos son una preocupación social extendida y la tendencia hacia lo peor de la programación televisiva provoca pensar en mayores regulaciones legales a las existentes, la frágil línea que separa el ejercicio responsable de la libertad con mecanismos de control aconseja un verdadero esfuerzo de autorregulación por parte de los concesionarios y el mayor fomento de la competencia por parte del Estado.
Más que de contenidos, el de la radio y la tv mexicana es un problema de competencia económica. Lo que hay que mejorar es el esquema de distribución de las frecuencias y asegurar un modelo de convergencia tecnológica que posibilite una oferta comunicacional más amplia. La concentración atenta contra el ejercicio de las libertades de expresión e información, y erosiona los contenidos de la programación, al no tenerse otros referentes de la calidad posible en la producción para medios electrónicos.
En un esquema como el nuestro, en el que una sola empresa acapara tres de las cuatro plataformas de transmisión de contenidos en tv (espectro, satélite y cable), las consecuencias para la pluralidad y el ejercicio periodístico son desastrosas. Los comunicadores pierden autonomía y libertad por el entramado de los intereses de sus patrones no sólo en defensa de sus propios negocios, sino a través de la lógica de complicidad con el statu quo, que reduce el ámbito de la crítica y termina ciñéndolos a sus instrucciones.
Ahí está el ejemplo reciente de la forma en que varios de ellos fueron llevados a la audiencia con las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma constitucional en materia electoral, y el triste papel que jugaron en demérito de sus trayectorias profesionales. En una mayor competencia los comunicadores resguardarán más su compromiso ético y dignidad, al no estar a expensas de unos cuantos para poder ejercer su vocación.
Lo que verdaderamente resultó impropio en las alocuciones oficiales fue el manejo del tema de los refrendos. Quizá para desprender los aplausos que recibieron en el momento, el secretario Téllez y el presidente Calderón ofrecieron buscar ratificarles sus concesiones y perdieron de vista que será el proceso legislativo ya puesto en marcha para una nueva legislación de medios donde se desarrollen los criterios expresados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo debe entenderse el derecho preferente sobre terceros.
El secretario, que expresó no reconocer la existencia de monopolios en radio y tv, tampoco parece reconocer la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad del refrendo automático, pues en el tono más obsequioso posible les aseguró: “Contarán por supuesto con todo mi apoyo para el mismo”.
Aunque el Presidente tuvo más cuidado en señalar que ese procedimiento debe darse en el marco de la ley, incurrió en un error al instruir a Téllez “para que junto con la CIRT defina el mejor camino para quienes buscan la renovación de sus concesiones, y estaremos atentos a que lo hagan a partir del cumplimiento de la ley y de su compromiso con nuestro México”. En todo caso deberá ponerse de acuerdo con el Senado, que trabaja en la formulación de esa ruta.
No hay duda de que el refrendo vuelve al trámite original, y que en él se podrá dar preferencia al actual concesionario, pero no será la buena o mala disposición de un secretario o un presidente lo que prevalezca en esa decisión, sino que como dice la SCJN: “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados... Así, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, lo que, por tratarse de facultades regladas, tendrá que fundarse y motivarse debidamente”.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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