Bicis gratis desde París a Sevilla

Fabien Champion

Ahora que la capital parisina disfruta del éxito de la aventura Vélib’ que comenzó este verano, el fenómeno de las bicis urbanas de libre acceso contagia a toda Europa. Análisis de una práctica floreciente.

Un sistema que va viento en popa (Foto, Ruipereira/flickr) Una invasión. Un maremoto. El 15 de julio pasado, se soltaron en las calles de París más de diez mil bicicletas, un fenómeno que entusiasmó a los habitantes de la capital. Un mes después del lanzamiento, la operación festejaba ya su usuario un millón. Los concejales están encantados con este éxito inesperado. Esta pequeña “revolución” de los transportes debe mucho al concepto -aparentemente novedoso- de Vélib’: empleo libre y casi gratuito (se paga una simbólica cantidad de un euro al día, cinco euros a la semana o 29 euros al año) y además omnipresente, gracias a las 750 estaciones repartidas por la ciudad.

Desbordados por el entusiasmo de los usuarios, y con vistas a las próximas elecciones, la ciudad de París pretende perpetuar este sistema: en un futuro se contará con unas 20.000 bicicletas y con 1.450 estaciones. Sin embargo, este éxito no ha impedido que se produzcan algunos problemas: fallos informáticos o estaciones que se ven desbordadas.

Desarrolladas por JC Decaux (la misma empresa que explota este sistema en Sevilla o Lyon) en el marco de su sistema “Cyclocity”, las Vélib’ se adaptan perfectamente a las necesidades modernas: hacer de la bicicleta un transporte público, respetuoso con el medioambiente y sano para los ciudadanos. “La iniciativa da una imagen positiva,” cuenta Judith Perker en su blog velib.fr, “la de una ciudad ideal con medios de transporte limpios.” Sin olvidar el individualismo comunitario.

La mediatización de este fenómeno es reciente, pero la idea en sí tiene más de 30 años. Los Países Bajos, así como los países nórdicos, son pioneros en esto de la ciclomanía. Hace años que al salir de la estación de Ámsterdam uno encuentra un parking de bicicletas de varios pisos que permite a los visitantes descubrir los encantos de la ciudad en bici.

Pandillas urbanas

En 1998, Clear Channel lanzó en Rennes (Bretaña) “Bici a la carta” (Vélo à la carte), el primer servicio libre de bicicletas informatizado del mundo, un sistema que se extendió por toda Europa. A pesar de que los medios de comunicación franceses han querido hacer de Vélib’ el invento del siglo, hace varios meses, incluso años, que existen estaciones de préstamo de bicicletas en la mayor parte de las grandes ciudades del continente (como Citybike en Viena o Ciclocity en Bruselas).

Los bajos costes de inversión han permitido incluso a pequeñas ciudades equiparse a la medida de sus ambiciones. Gijón, por ejemplo, o Mulhouse -en la Alsacia francesa- pueden enorgullecerse de proponer, respectivamente, 64 y 200 bicicletas: un pequeño esfuerzo para un gran paseo urbano.

Dos actores se disputan el mercado: los dos principales magnates de la publicidad y del mobiliario urbano: Clear Channel y JC Decaux. En París, la gratuidad del dispositivo ciudadano tiene, no obstante, un coste: JC Decaux ganó el concurso público para financiar, instalar y mantener los Vélib’ a cambio de un monopolio garantizado del alquiler de los paneles publicitarios de París.

Este principio de “regalo”, de hecho, se ha reproducido en todas las ciudades en las que se ha lanzado el alquiler de bicicletas. “¡Qué pena que las buenas iniciativas no sean a menudo más que consecuencia de una maniobra comercial”, piensan un buen número de usuarios, seducidos, sin embargo, por este nuevo medio de transporte.

Sin embargo, las bicicletas de uso libre, que permiten descubrir la ciudad de forma ecológica, favorecen paradójicamente el despliegue de la publicidad “intramuros”, otra forma de contaminación, aunque esta vez sea visual.

De casa al trabajo y del trabajo a casa… en bicicleta

Si el auge de este sistema continúa, ¿por qué no pensar que la bicicleta puede convertirse en una faceta de la unión geográfica de la UE? Varios municipios franceses están ya estudiando la uniformización de los sistemas de gestión, para que un único abono pueda permitir a los cicloturistas usar todos los sillines dentro del Hexágono francés. Y no resulta imposible pensar que, un día, esta idea pueda extenderse en toda Europa.

Puede que, algún día, los usuarios disfruten del modelo algo alocado de la ciudad suiza de Chaux-de-Fonds: allí, nada de estaciones, pagos o candados. Hay bicis rosas repartidas por toda la ciudad, y cada uno puede usar libremente la bicicleta que encuentre en su camino, antes de dejarla en un sitio bien visible para que el siguiente que pase por ahí también pueda usarla.

Precedente democrático

José A. Crespo

Las instituciones y las prácticas políticas se forjan no sólo a partir de un adecuado diseño, sino también de precedentes de desempeño que pueden fortalecerlas, si son positivos, o debilitarlas, si son negativos. Sin tales precedentes, dichas instituciones quedan flotando en el aire, como castillos de naipes que en cualquier momento pueden caer. Por ejemplo, en lo que hace a la institución presidencial, su fortalecimiento, autonomía y límite temporal durante la posrevolución se generaron a partir de algunos precedentes que fueron clave. La dificultad para ello radica en que tales precedentes, en un régimen presidencial, suelen exigir la decisión de quien justamente ocupa el Ejecutivo y que debe sacrificar parte de su poder o sus privilegios en aras del avance institucional. Y eso sólo sucede en condiciones especiales, si no es que extraordinarias. Así, la no reelección presidencial, que fue rota por Álvaro Obregón en 1928 (siguiendo la ruta trazada por Porfirio Díaz) fue rescatada por dos circunstancias: a) el asesinato de Obregón (por lo cual debía erigirse una efigie a León Toral al haber salvaguardado la no reelección, así fuese de manera inconsciente) y, b), la crisis política consecuente, que hizo imposible a Plutarco Calles reelegirse él mismo. Debió Calles sustituir esa posibilidad por la de ejercer un maximato, es decir, el poder detrás de la silla. El maximato vigente orilló a Lázaro Cárdenas en 1936 a romper con Calles y expulsarlo del país, justo para recuperar la autonomía presidencial. Con ello pudo ejercer realmente el poder durante cuatro años, pero al costo de haber sentado el precedente de que los ex presidentes (él mismo) no podrían ejercer poder real más allá de su mandato constitucional, aunque lo intentaran (como muchos lo hicieron). Pero Cárdenas salió ganando, pese a todo, dadas las circunstancias en las que recibió la mermada institución presidencial.

Ernesto Zedillo instauró otro precedente positivo, no para la Presidencia, pero sí para la democracia. No renunció a su facultad de designar directamente al candidato oficial de su partido (aunque bajo la simulación de comicios internos), pero sí rompió con la tradición de que su abanderado debía ganar la elección constitucional “por las buenas, las malas o como fuera”. Lo hizo menos por una innata vocación democrática que por las condiciones políticas imperantes, tras varias crisis de fin de sexenio derivadas en parte de forzar la maquinaria política y la electoral. Lo más conveniente para Zedillo (y en este caso, también para la democracia) fue dar autonomía al IFE: sacar las manos de los comicios, respetar el voto ciudadano aunque fuese adverso a su partido (1997) y aceptar la alternancia (2000). En adelante, el candidato del Presidente no tendría garantías de ganar las elecciones (vaya, ni siquiera de ganar los comicios internos de su respectivo partido). Vicente Fox pudo haber repetido ese precedente, fortaleciendo la democracia electoral, pero hizo lo contrario, poniéndola así en riesgo.

Ha habido también una serie de precedentes orientados a limitar la impunidad, en favor de la rendición de cuentas. Y tampoco porque quienes los han aplicado necesariamente fueran demócratas indiscutibles. Son las condiciones políticas y la simple racionalidad las que los llevaron a sentar tales precedentes. Pese a que el régimen priista se caracterizaba por la impunidad (como todo autoritarismo que se precie de serlo), los presidentes debían llamar a cuentas a algunos funcionarios del gobierno anterior, como vía de legitimación propia. Los llamados a cuentas fueron creciendo en peso e importancia, conforme la legitimidad del régimen menguaba. Vino la prisión de Jorge Díaz Serrano, de Arturo Durazo y de Joaquín Hernández Galicia. Y en condiciones excepcionalmente difíciles, Zedillo recurrió a ese expediente para salir a flote, rompiendo una regla no escrita: no tocar a la familia de su antecesor. Eso es lo que Marta Sahagún parece no haber tomado en cuenta al echarle a sus vástagos un poco la mano (según sugieren varios indicios y testimonios). De ser llamados los Bribiesca-Sahagún a cuentas penales, Marta sería la última con derecho a sorprenderse (la sorpresa sería producto de su ignorancia política). Era sólo cuestión de tomar en cuenta el antecedente del caso Raúl Salinas. Fox dio pasos atrás en materia de combate a la impunidad, pues no llamó a cuentas absolutamente a nadie (ni siquiera a Manlio Fabio Beltrones, a quien ahora acusa de vínculos con el narcotráfico). Y eso no porque el régimen priista fuera inmaculado e impoluto (como lo sugirieron algunos analistas de linaje tricolor).

Lo que no se ha querido hacer hasta ahora es llamar a cuentas a ningún ex presidente (ocurrió, aunque con gran retraso y limitaciones, con Luis Echeverría), pues eso, aunque generara un buen monto de legitimidad por desempeño, sentaría un precedente mediante el cual el presidente que lo decida perdería la garantía de su propia impunidad pos-presidencial. Para sentar ese importante precedente democrático (bajo el supuesto que el ex presidente que fuese llamado a cuentas tuviera en verdad cola qué pisar), se requeriría que el presidente en vigor enfrentara una situación política muy complicada y estuviera dispuesto a renunciar él mismo a “servirse con la cuchara grande”, pues prácticamente estaría vulnerando su propia impunidad. Por lo cual debería necesariamente “cortarse las uñas” durante su gestión. ¿Existen tales condiciones? Tal vez, pero no queda claro. Lo único claro es que Fox, con su insólito y desbocado comportamiento, le está elevando a Felipe Calderón el costo político de preservar la impunidad de la familia Fox-Sahagún-Bribiesca. Lo que Felipe ganaría llamando a cuentas a esa familia, lo perderá no haciéndolo.

Castillo Peraza

Javier Corral Jurado

Asistí a la ceremonia en la que el Senado entregó, post mortem, la presea Belisario Domínguez a Carlos Castillo Peraza. La recibió su viuda, Julieta López Morales, y en nombre de la familia agradeció el segundo de los tres hijos, Julio Castillo, quien, greñudo y barbón, hizo una intervención breve y buena. Dijo algo que me pareció esencial: se reconocía el valor de las ideas.

Acto emotivo, se removieron recuerdos; había una significación especial en el contraste mismo del reconocimiento en ausencia, y los actores que participaron en la ceremonia y los que no quisieron estar. Lo primero que se me vino a la mente es que en vida Carlos no habría recibido ese galardón. La vocación pluralista de la clase política mexicana sólo encuentra motivo para reconocer y escuchar al otro a partir de la muerte. Así sucedió con Luis Donaldo Colosio, José Ángel Conchello, Heberto Castillo. Luego pensé en el discurso que habría pronunciado en este momento del país, delante del presidente Felipe Calderón, y más sentí la ausencia del yucateco y la interrupción de esa tarea reflexiva y deliberativa.

Fue un pensador del México que en más de un sentido vivimos. Del PAN fue ideólogo destacado, en la línea doctrinal que Efraín Gonzalez Morfín reforzó de la visión de los fundadores, y que en plataformas e iniciativas de ley concretara Adolfo Christlieb Ibarrola. Eslabón de esa cadena de humanistas y solidaristas que quisieron llevar a Acción Nacional a una posición de centro, y en otros casos a recuperar su talante socialcristiano.

La aportación de las luces brillantes que Carlos aportó al proceso de transición política y cómo comprendió el momento, lo definió y lo procesó en conceptos extraordinarios de política, economía, cultura y sociedad, no está en duda ni la disminuye el hueco que los legisladores del PRD hicieron en la ceremonia, atrapados en el discurso intolerante de su excandidato presidencial. Quizá ese desdén es el mejor tributo que la mediocridad brinda al talento. Y uno de los principales talentos de Carlos, asumidos como dones, fue afirmar sus creencias, defender sus convicciones, sostener sus principios, sin dejar de escuchar al otro, que es diversidad cultural y pluralidad política. Por eso pudo construir un diálogo más allá de la política, con hombres y mujeres de distintas ideologías.

Fue polifacético, como dijo Julio, su hijo. En su libro El PAN nuestro, Carlos Castillo Peraza explicó su fe, su vocación profesional y su militancia política en un conjunto de desempeños que lo cruzaron en su vida y en los que dio testimonio de entrega y valor. “La amistad —dice— me llevó a la militancia apostólica, y ésta a la política; la necesidad me condujo al periodismo, y éste a la filosofía. Las urgencias de mi país me obligaron a asumir responsabilidades en el ámbito de un partido —AN—, como dirigente, candidato, aficionado a la filosofía y periodista”.

Y, en efecto, después de haber sido todo eso, uno de los más preclaros exponentes y referentes ideológicos de AN, y sostener una militancia que vino desde la carpintería electoral hasta ser el máximo dirigente de la institución, a todo lo cual llegó “sin haber sido hijo de marineros, ni heredero de armadores, ni asignatario de navieros”, Castillo Peraza dejó el partido, y se concretó a la tarea intelectual que concibió como regreso a su ruta original: “Consagrarme única y exclusivamente al trabajo que considero específicamente mío, durante el tiempo que Dios me conceda aún de vida”.

Frente a los vientos fríos de los tiempos que vivía, el navegante decidió emprender “la ruta del solitario”.

Discutí con él su renuncia al partido, sobre todo porque lo hacía en momentos en que la institución más lo necesitaba. La decisión estaba tomada y no había de qué preocuparse, no estaba molesto con la institución, pero había sentimiento con algunos de sus amigos a quienes reprochaba senderos de comodidad en la política y conductas de deslealtad. “Ahí lo dije, tú lo reproduces en tu artículo, por mi adhesión a los principios seguiré siendo panista de alma y corazón, pero no de uniforme y credencial”.

Más que lo que hoy se reproduce en el partido, “Carlos ha sido uno de los constructores de la gran victoria cultural del PAN de la última década”, me gustaría decir que fue un pensador demócrata que pertenece al país, como bien lo ha reconocido el Senado de la República.

Pero hoy que está abierto el proceso de elección del nuevo presidente del PAN y del CEN, debemos recobrar la memoria y recuperar la conciencia desde la que Carlos se hizo presidente nacional, lanzada desde la apuesta por nosotros mismos, desempeño que constituyó un esfuerzo de precisión ideológica en el conjunto de nuestra doctrina; y desde la jefatura se dio un impulso de lo programático —sin ser gobierno— en diferentes campos de la vida social, económica y política de nuestro país.

Desde su posición de dirigente político enfrentó valientemente —quizá equivocado en el método, no en las causas— los abusos del ejercicio periodístico y la impunidad de quienes se refugian en pluma o micrófono para descargar en otros sus fobias o filias. Tocó el tema tabú desde donde no se podía abordar, pero se desesperó en nombrarlo, y lo enfrentó de manera inconveniente.

Atizada su alma por los fuegos internos que encendían su pasión por la literatura, el periodismo, el mundo de la filosofía, dijo verdades “de a kilo” que debieran servir para nuestra reflexión actual. Tienen razón los que dicen que, desde que se fue del partido y luego de esta vida, no ha encontrado sustituto la fuerza de su discurso y la hondura de su reflexión.

Encubrimiento eclesial

José A. Crespo

México nació como el país de la impunidad, singularidad que ni de lejos ha cambiado, por lo que todos los actores sociales, económicos, culturales, políticos, sindicales y militares la conciben como un “derecho humano”. Un derecho que, por tanto, debiera estar consagrado en la Constitución para que la Carta Magna empate un poco más con la realidad del país. La Iglesia es en México un poder fáctico que goza aún de impunidad para sus ministros y jerarcas, en contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, donde varios casos de pederastia clerical han sido llevados exitosamente a los tribunales. Aquí pareciera que la justicia tiene cierto resquemor a entrar de lleno a ese tipo de casos, u otros que involucran a prelados o miembros del clero. Eso probablemente se deba a que los gobernantes mexicanos siguen teniendo cierta reverencia y quizá hasta temor a la Iglesia católica, que fungió por siglos como Iglesia de Estado. Y la herencia de ello es una clara política de impunidad hacia sus miembros y prelados.

La Iglesia, por su parte, se brinda a sí misma el derecho a la impunidad aun en delitos tan graves como la pederastia. Así, la Arquidiócesis de México reclama claramente el derecho de la Iglesia católica de encubrir a aquéllos clérigos que gustan de arrancar favores sexuales a los niños. El daño sicológico o físico que se pueda infligir a los infantes abusados es lo de menos. Lo que importa es preservar intocables a los operarios del Señor. Al menos eso se infiere de lo escrito por la Arquidiócesis en sentido de que la Iglesia “no tiene la obligación de denunciar a un clérigo culpable de abuso sexual”, sino que la aplicación de la ley debe ejercerse “solamente por queja del ofendido o su representante”. Es decir, aunque algún jerarca se entere de que un clérigo ha incurrido en abuso sexual, no tiene por qué dar a aviso a la autoridad sino sólo enviar al pederasta a otra diócesis donde no se le conozca. Es por eso tan difícil distinguir entre los intríngulis de la pederastia dentro de la Iglesia y los de redes criminales como la que denunció Lydia Cacho, y de la que forma parte el célebre e ingenioso Kamel Nacif.

Afirma también la Arquidiócesis que cuando un sacerdote incurra en el acoso o asalto sexual de algún menor, en lugar de pagar una pena legal por ello, su penitencia consistirá en aportar a su víctima “la asesoría sicológica, espiritual y pastoral necesaria” (Criterios de la Arquidiócesis de México en relación con comportamientos inadecuados, principalmente con menores, que pudieran suceder por parte de clérigos. Enero-Junio, 2007). Si entendemos bien, quien haya cometido un acto de paidofilia es el mismo que debe brindarle terapia al niño abusado para que supere las secuelas sicológicas del atropello. La Iglesia defiende —en todo su derecho— el prospecto de vida de los embriones humanos, pero descuida el proyecto de vida de niños católicos puestos a merced de sacerdotes con graves patologías. En eso no encuentra demasiado problema, al fin que todo se arregla con una terapia prodigada por el propio pederasta a su víctima (terminando quizá cada sesión sicoanalítica con un nuevo asalto sexual en el propio diván, para así agendar una nueva cita terapéutica).

¿En qué siglo vivirá la Arquidiócesis? ¿En el noveno? ¿Le pasaron absolutamente de noche los avances de la sicología moderna, como para no saber que el victimario no está capacitado en modo alguno para dar terapia, y que la víctima probablemente haya perdido toda la confianza de su verdugo, elemento esencial para que cualquier proceso curativo tenga alguna posibilidad de éxito? ¿No se enteran de que es el victimario quien necesita urgentemente recibir ayuda siquiátrica, en lugar de ofrecerla? En parte sí, y en parte por ello los arzobispos afirman que los pederastas con sotana, antes que purgar una pena legal, deben recibir la ayuda sicológica para enfrentar su patológica preferencia. En realidad, no están peleadas las dos opciones: los pederastas hallados culpables pueden y deben recibir auxilio especializado, al tiempo de purgar penalmente su delito. “Sólo en casos verdaderamente graves”, continúa la Arquidiócesis, “se puede aplicar al pederasta una sanción ‘mayor’, como removerlo de su cargo, retirarle facultades, impedir el ejercicio de su ministerio”. Es decir, sanciones aplicadas dentro de la organización eclesial, en atención a su viejo fuero, pero nada que tenga que ver con el Estado (a menos que éste intervenga a partir de demandas explícitas). Ese es el sustento “teológico” del encubrimiento prodigado por la jerarquía eclesiástica a sacerdotes, párrocos, frailes o prelados paidófilos. El Código Penal Federal (art. 499) lo tipifica como un delito aplicable a quien “Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito”. Pero la Iglesia, ya lo sabemos, se guía no por la ley de los hombres, sino exclusivamente por la de Dios. Y mientras la justicia internacional o extranjera no se entrometa, nada tiene qué temer, pues en México disfruta, por derecho histórico, todas las garantías de impunidad.

Muestrario: Julio Di Bella deja el canal Once después de una provechosa gestión. Va a coordinar la mesa para la reforma a la Ley de Radio y Televisión. Julio tiene una idea de lo que deben ser los medios públicos, con la que concuerdo completamente, y que puso en práctica en la principal televisora pública, dentro de lo que la actual normatividad permite. Eso, con pleno respeto a la libertad de expresión, que muchos pregonan pero no todos aplican. Ojalá sus ideas sobre los medios públicos se reflejen en la nueva legislación que regulará este importante ramo.

Pide transparencia a sindicatos

Para el senador Ricardo Torres Origel, es necesario regular, en materia de transparencia, a los sindicatos del país.

Por ello, aseguró que la iniciativa de la fracción parlamentaria del PAN es fundamental para saber a dónde van las cuotas salariales que dan los obreros y en qué se gastan los contratos que hacen sus líderes.

Aseguró que si bien existe inconformidad por parte de los líderes sindicales sobre esta medida, en ningún momento se atenta contra la autonomía de los sindicatos, ya que la transparencia de los recursos es para dar certidumbre al propio obrero.

Durante la semana pasada, la fracción del PAN presentó una iniciativa para modificar la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, particularmente en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en obligar a los sindicatos a adentrarse a la Ley de Acceso a la Información.

“Hoy por hoy se ha sabido de muchos líderes que tienen mansiones y casas, incrementan su patrimonio de manera descomunal, y los mismos trabajadores -a los que les descuentan sus cuotas- poco conocimiento tienen del destino de esos recursos.

“Nosotros respetamos las posturas (de los líderes sindicales), estamos pisando cayos pero no estamos violentado la autonomía sindical”, aseguró Torres Origel.

El senador panista explicó que si los partidos políticos fueron obligados de transparentar sus recursos ante la ciudadanía, es necesario que los sindicatos, sobre todos los oficiales, den cuentas del recurso que la autoridad les da para su sobrevivencia.

Insistió el senador en que la autonomía de los sindicatos no se está violentando por ningún motivo.

Incertidumbre y zozobra

Javier Corral Jurado

En la 49 asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, tanto el Presidente como los secretarios de Comunicaciones y de Gobernación se refirieron a diversas preocupaciones que rondan en ese sector. Los funcionarios expresaron las propias en torno del tema de los contenidos de la radiodifusión, y se hicieron eco de las que, según se dijo, tienen en la “incertidumbre y zozobra” a los concesionarios por el futuro de los refrendos.

“No es que el Estado imponga esquemas en la programación, sino que los propios medios desarrollen una programación más enriquecedora”, dijo Luis Téllez. “La apuesta por contar con ciudadanos mejor enterados y, por tanto, más participativos, nos debe motivar a fomentar contenidos de mayor calidad y la difusión de información veraz y objetiva”, sostuvo Francisco Ramírez Acuña.

El presidente Calderón selló el exhorto: “Hago un llamado muy respetuoso a fin de que todos quienes participan en la radio y la tv asuman el papel que les confiere ser concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social. Y ello va más allá del entretenimiento o las notas de alto impacto; es parte de la cultura cívica, de la articulación y formación de valores entre las mexicanas y los mexicanos, particularmente entre los más jóvenes; la generación de una conciencia colectiva que nos lleve más rápidamente a mejores estándares de desarrollo, responsabilidad, democracia y bienestar”.


Si bien los contenidos son una preocupación social extendida y la tendencia hacia lo peor de la programación televisiva provoca pensar en mayores regulaciones legales a las existentes, la frágil línea que separa el ejercicio responsable de la libertad con mecanismos de control aconseja un verdadero esfuerzo de autorregulación por parte de los concesionarios y el mayor fomento de la competencia por parte del Estado.

Más que de contenidos, el de la radio y la tv mexicana es un problema de competencia económica. Lo que hay que mejorar es el esquema de distribución de las frecuencias y asegurar un modelo de convergencia tecnológica que posibilite una oferta comunicacional más amplia. La concentración atenta contra el ejercicio de las libertades de expresión e información, y erosiona los contenidos de la programación, al no tenerse otros referentes de la calidad posible en la producción para medios electrónicos.

En un esquema como el nuestro, en el que una sola empresa acapara tres de las cuatro plataformas de transmisión de contenidos en tv (espectro, satélite y cable), las consecuencias para la pluralidad y el ejercicio periodístico son desastrosas. Los comunicadores pierden autonomía y libertad por el entramado de los intereses de sus patrones no sólo en defensa de sus propios negocios, sino a través de la lógica de complicidad con el statu quo, que reduce el ámbito de la crítica y termina ciñéndolos a sus instrucciones.

Ahí está el ejemplo reciente de la forma en que varios de ellos fueron llevados a la audiencia con las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma constitucional en materia electoral, y el triste papel que jugaron en demérito de sus trayectorias profesionales. En una mayor competencia los comunicadores resguardarán más su compromiso ético y dignidad, al no estar a expensas de unos cuantos para poder ejercer su vocación.

Lo que verdaderamente resultó impropio en las alocuciones oficiales fue el manejo del tema de los refrendos. Quizá para desprender los aplausos que recibieron en el momento, el secretario Téllez y el presidente Calderón ofrecieron buscar ratificarles sus concesiones y perdieron de vista que será el proceso legislativo ya puesto en marcha para una nueva legislación de medios donde se desarrollen los criterios expresados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo debe entenderse el derecho preferente sobre terceros.

El secretario, que expresó no reconocer la existencia de monopolios en radio y tv, tampoco parece reconocer la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad del refrendo automático, pues en el tono más obsequioso posible les aseguró: “Contarán por supuesto con todo mi apoyo para el mismo”.

Aunque el Presidente tuvo más cuidado en señalar que ese procedimiento debe darse en el marco de la ley, incurrió en un error al instruir a Téllez “para que junto con la CIRT defina el mejor camino para quienes buscan la renovación de sus concesiones, y estaremos atentos a que lo hagan a partir del cumplimiento de la ley y de su compromiso con nuestro México”. En todo caso deberá ponerse de acuerdo con el Senado, que trabaja en la formulación de esa ruta.


No hay duda de que el refrendo vuelve al trámite original, y que en él se podrá dar preferencia al actual concesionario, pero no será la buena o mala disposición de un secretario o un presidente lo que prevalezca en esa decisión, sino que como dice la SCJN: “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados... Así, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, lo que, por tratarse de facultades regladas, tendrá que fundarse y motivarse debidamente”.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

En radio y televisión ya no habrá tomas violentas: FCH.

En lo que pareció ser una abierta alusión al chiquihuitazo, como se conoció el despojo de CNI Canal 40 por parte de TvAzteca, el presidente Felipe Calderón se comprometió a que nunca más habrá una toma violenta de una estación de radio o de televisión o de un negocio lícito en el país.

Ante los empresarios de la radio y la televisión, Calderón ofreció además privilegiar la libre expresión de las ideas, pero también apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación para que se asuman como concesionarios y permisionarios de un servicio de interés público y de carácter social.

Al advertir que su gobierno se regirá bajo la premisa de la legalidad, el Presidente anunció que ya clausuró una docena de estaciones ilegales y hará lo mismo con otras decenas.

En dos ocasiones remitió a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) con Luis Téllez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (no mencionó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones), para que les dé garantías en el proceso de transición digital y en establecer reglas claras para las concesiones. En este último punto les dijo que “no deben preocuparse”.

Después de la aprobación de la reforma electoral, que provocó el enojo de los magnates de la comunicación porque dejarán de cobrar por la propaganda política, la 49 Semana Nacional de Radio y Televisión fue ocasión para que Calderón sostuviera su primer encuentro público con los empresarios del sector.

Estuvieron ausentes los dueños del duopolio televisivo, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Por parte de Televisa acudió Javier Tejado Dondé, el cabildero de la llamada ley Televisa y vicepresidente de la CIRT, y por TvAzteca, Ernesto Vidal, también hombre de confianza y ex colaborador de Marta Sahagún de Fox. En el presidium figuraba el senador Jorge Mendoza, ex directivo de la empresa del Ajusco.

Contrario a años anteriores, los medios de comunicación no tuvieron acceso a la comida que se realizó en un hotel de Polanco, donde se redoblaron las medidas de seguridad por la presencia de un grupo de manifestantes. En el banquete, que estuvo amenizado por la cantante Alicia Villarreal y la Arrolladora Banda Limón, Calderón Hinojosa estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y el coordinador de Comunicación Social de Los Pinos, Maximiliano Cortázar.

Al dar la bienvenida al mandatario, el presidente de la CIRT, Enrique Pereda, resaltó que los medios de comunicación están unidos y gozan de “gran fuerza y credibilidad”. Pidió el respaldo del Presidente para “apresurar el paso” a fin de que las estaciones que transmiten sólo en amplitud modulada, con tecnología del siglo pasado, puedan hacerlo también en frecuencia modulada.

De igual forma, anunció que colaborarán con el Senado para modificar el marco normativo de la radiodifusión mexicana, y que México no quede exento de las tendencias mundiales.

Calderón respondió que ya dio instrucciones a Téllez para que presente una propuesta que permita definir de una buena vez los parámetros y las políticas públicas para lograr la transición digital; sin embargo, no aclaró si eso implica acceder a la petición de la CIRT de crear combos, o sea, más estaciones de radio.

En este punto afirmó que es hora de ingresar a una nueva etapa de desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones que permita superar el rezago tecnológico respetando los derechos de cada uno. Reconoció así que los empresarios tienen una “legítima preocupación” por la incertidumbre y la zozobra que genera el vencimiento de sus concesiones, por lo que anunció que Téllez tiene la instrucción de definir un marco de ley con procedimientos claros y asequibles.

El recuerdo del “¿y yo por qué?”

A diferencia de Vicente Fox, que hace tres años respondió “¿y yo por qué?” cuando se le pidió intervenir en el conflicto entre TvAzteca y la empresa de Javier Moreno Valle (Canal 40), Calderón advirtió que está comprometido con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. “Por ello no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”, expresó.

Aunque pareció ser una abierta alusión al llamado chiquihuitazo, al final del acto algunos integrantes de la CIRT comentaban que el destinatario era la APPO, que tomó estaciones de radio durante el conflicto en Oaxaca. Lo cierto es que este discurso se da unos días después de que la televisora del Ajusco fue severamente cuestionada por haber difundido un espot con ataques al Senado, lo que fue visto como un desquite por la reforma electoral.

Sin hablar abiertamente de la mencionada reforma, el michoacano sí aludió a la libertad de expresión, argumento que los concesionarios esgrimieron para impugnar los cambios impulsados por el Congreso de la Unión.

Incluso, Pereda Gómez se refirió al tema cuando resaltó que el éxito de los contenidos mexicanos de radio y televisión en el país se debe en buena medida a que el Estado mexicano ha permitido que se desarrollen éstos sin mayor intervención.

En ese contexto señaló la “aportación invaluable” de los medios de comunicación, porque a lo largo del territorio nacional ofrecen infinidad de programas de entretenimiento, información y cultura sin ningún costo para quienes los sintonizan.

En su respuesta, Calderón declaró ser un creyente de la libertad de expresión, aunque les advirtió que ésta debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México, así como al derecho a la información que hay en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.

Por eso les hizo un llamado “respetuoso” para que asuman su papel, lo que va más allá del entretenimiento o las notas de alto impacto, porque implica fomentar la cultura cívica, los valores y la generación de una conciencia colectiva que lleve más rápidamente a los mexicanos a mejores estándares de desarrollo, responsabilidad, democracia y bienestar. Además de que su colaboración será clave en la batalla para recuperar el orden y la seguridad en el país.

Al final se mostró confiado en que los industriales de la radio y la televisión sabrán estar a la altura de los tiempos y aportarán mucho para fortalecer una cultura de apego a la legalidad, consolidar la armonía entre los mexicanos, afianzar la unidad nacional y los valores de la democracia, de la justicia y del respeto a los demás.

Gana el país

Carlos Sotelo

Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República.

El valor fundamental de la reforma electoral es que saca de la contienda al poder del dinero, además de que trata de ordenar los elementos que particularmente el año pasado afectaron de manera sustantiva el proceso electoral.

El dinero estaba ajeno a lo que establece la ley, no tenía origen ni explicación en los textos ni de la Constitución ni de la ley secundaria que norma los procesos electorales, se había convertido en los últimos comicios en la principal motivación de todos los partidos y candidatos para promover su persona, propuestas y candidaturas. Recursos provenientes de grupos de poder fáctico que estaban convirtiéndose en los grandes electores al determinar quién sí y quién no podría ser candidato, y quién podría ganar una elección, lo que violentaba la facultad soberana de los electores.

Las modificaciones constitucionales aprobadas plantean también una nueva relación de los partidos y candidatos con los medios electrónicos porque los recursos se destinaban principalmente a pagar tiempos en radio y TV. Además de que esos mismos grupos contrataban espacios en medios, y desde el anonimato, desde la ocuridad, lanzaban muy armadas y articuladas campañas; lo cual ya estaba prohibido por la ley, pero la autoridad electoral hizo casi nada por impedirlo. Es por esta razón que ahora la Constitución prohíbe a los partidos contratar tiempos en radio y TV pero también que personas físicas o morales lo hagan.

Una vez que se ha prohibido la compra de tiempos, los partidos podrán ir más allá de los spots, para que en segmentos de por los menos un minuto haya espacio suficiente para que se pueda privilegiar la propuesta.

El consenso para lograr esta reforma se explica a partir del hecho de que en todos los partidos prevaleció la preocupación de que en los últimos procesos electorales, particularmente en 2006, el país resultó confrontado, y aunque en los partidos hubo una reflexión de origen diferente llegamos a una conclusión común.

Se logró que las fuerzas políticas no actuaran de manera autista, omisa, ante lo que está sucediendo en México. Un acuerdo que parecía imposible, sin embargo fue posible porque a nadie se le pidió declinar posiciones, sino ver hacia delante y ponernos de acuerdo. Al final, el país sale ganando con esta reforma y el Congreso refrenda que es el espacio principal de diálogo, debate y búsqueda de consensos.

Aunque en el Legislativo no existe temor de que los medios electrónicos emprendan represalias contra la clase política, hay conciencia de que puede haber una prolongada respuesta, de baja intensidad pero permanente, para intentar atacar a otras reformas fundamentales. Pero, ante la reacción exagerada y poco democrática de los dueños de algunos medios y analistas, ha habido un reforzamiento de ideas para ir adelante y a fondo en la democratización entre medios y partidos. Eso está prevaleciendo y ojalá así siga. Al redactar este artículo, cuatro legislaturas locales habían aprobado ya la reforma.

Si bien este ha sido un paso muy importante, faltan cosas que precisar que permitan apuntalar la reforma y darle sustancia, contenido y profundidad. En la legislación secundaria habrá que reglamentar el derecho de réplica que es un instrumento fundamental para establecer una nueva relación con televisoras y radiodifusoras. Esto obligará también a quienes ejercen la labor de análisis y comunicación, a ser más rigurosos, más cuidadosos, a poder atender de mejor manera la diversidad y veracidad de la noticia.

Otro asunto fundamental es ordenar la asignación de los tiempos del Estado a los partidos. Esto va a ser una tarea compleja, muy metódica, que hay que cuidar para que los tiempos estén bien pautados y que haya observación estricta por parte de los concesionarios. Tenemos que cuidar muy bien los mecanismos, la redacción de cada artículo, cada frase, para evitar que amparos y querellas jurídicas que seguro se van a presentar, puedan anular de manera importante esta reforma.

Ésas son algunas de nuestras tareas pendientes.

Fox: la frustración de la esperanza

José A. Crespo

Los panistas fueron, durante el fin de semana pasado, lo suficientemente autocríticos como para preguntarse por qué sus candidatos suelen ser buenos para ganar elecciones, pero bastante regulares a la hora de gobernar. Ejemplos hay muchos, pero desde luego el emblemático es Vicente Fox. Ganó con margen suficiente para que nadie pusiera en duda su triunfo, pero acto seguido empezó a dormirse en sus laureles (y, peor aún, a reproducir varias de las viejas prácticas que tanto criticó desde la oposición). Fox quizá se pregunte cómo es que, habiendo conquistado el respaldo y la simpatía de la mayoría ciudadana, ahora enfrente una ola de rechazo e indignación, y una falta casi completa de credibilidad. Cuando digo que en su momento obtuvo el respaldo de la mayoría de los mexicanos no me refiero sólo a quienes por él votamos en 2000, 43% de 56% del cuerpo electoral que sufragó. Me refiero a que, a partir de la famosa cargada nacional, al poco de haber asumido como presidente, Fox empezó a captar altos niveles de popularidad y simpatía, que mantuvo durante casi todo su sexenio. Incluso, al triunfar, hasta los priistas decían, quizá más con resignación que con gusto, que la victoria foxista era lo mejor que le había podido ocurrir al país. Es cierto que esas encuestas, desglosadas, evaluaban mal el desempeño de Fox y resaltaban la simpatía personal que suscitaba, así como la creencia de su compromiso democrático y honestidad, convicciones que se desdibujan conforme pasa el tiempo. Ahora sólo los panistas lo defienden (aunque se deslindan de Marta, militante distinguida y hasta miembro del Consejo Nacional en sus buenos tiempos). Aunque probablemente lo hagan más por no afectar la imagen de su partido que debido a una genuina convicción de la honestidad y transparencia que Fox dice haber tenido.

Los editores de su reciente libro, La revolución de la esperanza, presentan al guanajuatense como un héroe de la democracia global, pero aquí esa imagen se ha ido esfumando. Algo parecido a lo que ocurrió con muchos de sus antecesores, a quienes tilda Fox —no sin razón, pero quizá mordiéndose la lengua— de ladrones y corruptos. Las encuestas de opinión empiezan a arrojar saldos negativos a su persona. Un sondeo telefónico, publicado por el diario Reforma, señala que casi 80% piensa que sus ranchos de Guanajuato valen más de lo que él afirma. Y 66%, que pudo muy bien haber incurrido en enriquecimiento ilícito. El 62% dice que debiera ser investigado a fondo y, en caso de hallarlo culpable, llegar a las últimas consecuencias penales. Aunque también más de la mitad (54%) piensa que la oposición pide dicha investigación por motivos políticos y no por amor a la verdad (3/Oct./06). Bueno, la rendición de cuentas, que es un elemento político (con eventuales efectos jurídicos), suele tener componentes sicológicos por parte de los agraviados (resentimiento, decepción, indignación) que en este caso son los ciudadanos de cualquier ideología. Y por lo mismo, los políticos suelen buscar una ganancia política de eso. Pero no por ello debe dejarse de lado la rendición de cuentas. La idea es sentar precedentes para que los gobernantes, sobre todo del más alto nivel, sepan que no gozarán de impunidad y que mejor se refrenen de cometer abusos. Tal como lo planteaba Platón: “El que desea infligir un castigo racional no toma venganza por un daño que ya no puede remediarse. Más bien se preocupa del futuro y cuida de que el hombre castigado, y el que presencia el castigo, se abstengan de delinquir en lo sucesivo”. Ese es el elemento esencial de la rendición de cuentas, haya o no deseos de revancha en los agraviados. Lo inaceptable sería que, por exclusiva venganza o debido a un estricto cálculo político, se pretenda ejercer una acción judicial sin fundamento (o con uno muy magro, como fue el caso del desafuero a Andrés López Obrador, suceso que el gobierno y el PAN presentaban como un estricto ejercicio de “rendición de cuentas”).

En todo caso, Fox debe estar azorado por este pendulazo político, sobre todo porque no conoce que la política así es: que las multitudes pueden entregarse a un líder (es un decir) en un momento y llevarlo a la picota poco después. Mientras más esperanzas la gente haya depositado en él, mayor animadversión desplegará si quedan frustradas. Una anécdota sobre Oliverio Cromwell, el líder de la revolución inglesa del siglo XVII, es más que ilustrativa. Frente a una amplia concentración, cuando se hallaba en el pináculo de su poder, uno de esos aduladores que siempre acompañan a los poderosos le comentó que debiera sentirse orgulloso por la aclamación, a lo que Cromwell replicó que si ese día fuera el de su ejecución, esa misma muchedumbre asistiría eufórica a celebrar el acontecimiento. Claro, eso lo sabía el inglés porque era un hábil y genuino político, no un holograma mercadotécnico, como Fox. “Es un asunto triste, pero así es la política”, sólo acierta a decir hoy el ranchero, como percatándose apenas de eso.

El PAN parece desconcertado ante los excesos y las frivolidades de la ex pareja presidencial, la cual, dice Fox, seguirá moviéndose, porque, si no, “los enemigos te atrapan” (probablemente es a la inversa). El blanquiazul no parece saber cómo manejar este lastre político. En las democracias reales, los partidos prefieren aceptar y reconocer cuando uno de sus miembros, por más prominentes que sean, ha incurrido en abusos, pues de esa manera le pasan la mayor parte del costo a ese personaje (o “personaja”). En cambio, pretender tapar el sol con un dedo sólo provoca que el costo del escándalo lo absorba el propio partido. Al PAN podría ocurrirle lo mismo que al PRI, si no termina por deslindarse de la ex pareja presidencial, lo cual sólo puede ocurrir aceptando —o incluso impulsando— una democrática rendición de cuentas.

Un abogado de EU para mexicanos ricos

DALLAS (Notimex) — Steven R. Selsberg, un abogado de Houston, se ha convertido en la solución para mexicanos acaudalados que enfrentan litigios en Estados Unidos, de acuerdo con su perfil publicado esta semana por la revista especializada Texas Lawyer.

Selsberg, de 45 años, está realizando una carrera profesional representando en este país a una tarifa de 600 dólares por hora a varios mexicanos, entre ellos el millonario Carlos Slim Helú, señalado por algunos medios como el hombre más rico del mundo.

El abogado, socio del despacho Mayer Brown en Houston, también representa en las cortes estadounidenses a las herederas de un emporio periodístico en México, a un alto prelado religioso y a varias compañías mexicanas con intereses en este país.

Selsberg reconoció que el 100% de su trabajo está dedicado a clientes mexicanos.

Según Texas Lawyer, una publicación semanal especializada en la cobertura de asuntos legales, Selsberg no tenía planeado hacer una carrera representando a clientes internacionales, tras haberse iniciado como abogado de compañías tabacaleras.

Estaba "extremadamente feliz" haciendo trabajo relacionado al tabaco, dijo Selsberg a la revista. "Yo iba a ser abogado de Philip Morris por el resto de mi carrera, ese era mi plan", comentó.

Sin embargo, su carrera dio un fuerte giro al ser contratado por Slim en el año 2001 para que lo representara en un proceso de apelación.

Slim era miembro de la junta de directores de Philip Morris y buscaba un abogado para que lo representara en una apelación en Texas. Steven Rissman, un abogado de la empresa tabacalera, lo presentó con el empresario mexicano, informó Selsberg.

Un año después, el trabajo para el empresario mexicano y su grupo de compañías constituía el 75% de toda su carga laboral y para 2005, ya representaba el 100%, recordó el abogado.

En la actualidad, señaló, la labor relacionada con las compañías de Slim representa la mitad del trabajo y el resto lo ocupan otros clientes mexicanos.

Entre esos clientes está el cardenal Norberto Carrera y la diócesis de Tehuacán, Puebla. Selsberg representa al prelado en una corte de California donde ha sido acusado de conspirar para encubrir a un sacerdote mexicano imputado de pederastia.

El abogado también representa en una corte de Texas a las hermanas Alarcón Velázquez en la demanda interpuesta contra su hermano Gabriel Alarcón Velázquez, por presunto fraude en la distribución de los cientos de millones de dólares de la fortuna familiar.

Selsberg contó a la publicación que su trabajo para Slim y sus compañías creció en forma importante tras encabezar al grupo de abogados que ganó la apelación y logró revertir un veredicto por 454 millones de dólares.
Parte del veredicto era contra Slim y sus compañías Grupo Sanborns y Grupo Carso en una demanda por rompimiento de contrato.

Selsberg dijo que Slim lo recompensó por el éxito en la apelación y le dio más trabajo. "El da oportunidades a la gente que hace buen trabajo y que es leal", apuntó.

El abogado mencionó que, por ejemplo, Slim le pidió recientemente que pasara a formar parte de la junta de directores de CompUSA, la cadena de tiendas de computación del magnate mexicano en Estados Unidos.
El abogado consideró que el representar a clientes mexicanos significó "una enorme curva de aprendizaje" debido a las diferencias culturales.

"Las compañías mexicanas, muchas del mismo tamaño que las estadounidenses, son administradas aún como negocios familiares en su mayor parte. Es muy diferente a nosotros, es mucho más personal", aseveró.

En México, añadió, "uno tiene que ser paciente. Ellos tienden a discutir primero las cosas personales y luego volcarse a los asuntos de negocio, cuando en Estados Unidos es lo contrario".

Selsberg destacó también que los clientes mexicanos, incluidas muchas de las compañías de Slim, buscan menos la confrontación y eso puede ser un reto en los casos de litigio.

El abogado, quien está tomando clases de español, reveló que viaja a México un par de veces al mes y por lo general se reúne con los asesores legales de las compañías a las que representa en Estados Unidos.

Desafío al estado de derecho

Javier Corral Jurado

El desempeño de las televisoras en la audiencia ante el Senado marcó el referente de la discusión sobre la legislación de medios, pues mostró la apuesta de poder, el ejercicio de fuerza y la prepotencia desde la que están dispuestos a mantener privilegios y evitar a toda costa la competencia.

Ese tenor ha quedado más que demostrado en la minimización que sobre las actividades del Congreso han hecho las dos televisoras, pero más, sin duda, por el manejo gangsteril de TV Azteca contra el Senado, incluido por supuesto el golpeteo de los spots de la semana pasada.

El hecho, aunque menor en el conjunto de sus tropelías, es sujeto de medidas administrativas pues la Ley de Radio y Televisión prevé “la alteración de boletines oficiales o informaciones del gobierno” como una infracción que se sanciona con multa, irrisoria si se quiere pero que deriva de una competencia de ejercicio obligatorio, no potestativo. La autoridad ha de aplicar esas sanciones que, además, constituyen importantes antecedentes en el expediente de cumplimiento legal que debe ser valorado al momento de refrendar o no esas concesiones.

Si en México existiera ese proceso, TV Azteca hubiera perdido desde hace tiempo su concesión. Pero no, ha ensanchado una historia de impunidad y desafío al estado de derecho en uno de los peores manejos de la televisión concesionada.

Desde la desincorporación de Imevisión la empresa ha contado con favoritismo, protección, complicidad y disimulo legal de un amplio universo de autoridades. Su compra fue uno de los procesos más cuestionados en el sexenio de Salinas de Gortari, y desde las sombras de esa “subasta” hasta hoy se cometen todo tipo de agresiones a las instituciones. Siempre en nombre de la justicia, la libertad, el mercado, la legalidad y la democracia. En nombre de la justicia por el asesinato de Paco Stanley, el concesionario Ricardo Salinas Pliego llamó casi a la sedición en una transmisión en la que desafió al Estado; lanzó un linchamiento contra Cuauhtémoc Cárdenas, a quien responsabilizó de todos los males, y formuló, para el memorial de excesos e irresponsabilidades mediáticas, preguntas inolvidables: “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?”.

En el estricto sentido el concesionario tenía algo de razón: para él no ha habido autoridad; su acción no ha conocido límite legal y la espiral de su reto permanente al Estado lo ha prestigiado en el mundo de la excepción jurídica. Por ello pudo asaltar —sin responsabilidad hasta la fecha— con un comando armado el cerro del Chiquihuite y usurpar el Canal 40. En sus noticiarios los conductores se pitorrean del derecho de réplica que exigen los personajes a los que calumnian, difaman, denostan. A Isaac Saba le enderezaron una campaña de linchamiento cuando se atrevió a solicitar una licitación para una nueva cadena de televisión. La competencia y los contrapesos que exigen para otros tienen como límite sus intereses. Saba no sólo perdió el empeño de una mayor oferta televisiva, sino también el aliento que terminó por agolpar el silencio oficial.

En nombre del mercado —metido en el negocio bancario y las transferencias financieras, depositario de buena parte de las remesas que llegan desde el exterior— Salinas Pliego litigó desde la pantalla su resistencia a la Ley del Mercado de Valores, tratando de detener disposiciones de transparencia al conjunto de accionistas en estas actividades. El entonces diputado e impulsor de la legislación, Gustavo Madero, fue embatido por TV Azteca y se le acusó de todo tipo de infundios.

Cuando la Corte debatió la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa y resolvió invalidar varias de sus normas, TV Azteca —cólera de Televisa en ese abuso— comparó las decisiones de los ministros con la represión de 1968. Alternó imágenes de tanquetas y bayonetas desplegadas en Tletelolco con escenas del debate de los ministros, e intercalaba las imágenes de los ex presidentes Díaz Ordaz y Echeverría con la del ministro ponente Sergio Aguirre Anguiano.

El uso de la pantalla no sólo tiene la ofensiva frente a decisiones adminstrativas, legislativas o judiciales. Es fundamentalmente mercantil, ya sea para descalificar a un competidor en alguno de los giros en que participa —caso de la aseguradora ING— o para entrar a fuerza a nuevos negocios. Los simpáticos reportajes sobre el monopolio taxista en el aeropuerto capitalino y sus altos cobros coincidieron un genuino malestar ciudadano con su pretensión de operar un servicio de transporte terrestre.

Subproductos de esa estrategia empresarial, sus principales conductores y reporteros se acomodan a todo. Enfilan la entrevista interesada, el análisis parcial, se arma la mesa redonda pactada entre voces que atizan el fuego encendido por ellos mismos, acompañan el manejo desinformativo encuestas tendenciosas.

Ejemplo de mentira y ocultamiento a la vez, la campaña de la televisora sobre la reforma electoral debe ser referente obligado en escuelas de periodismo de lo que nunca debiera ser un medio. Si la autoridad abdica de su deber, la sociedad debe tomar cartas en el asunto. Hay que mostrar a nuestros alumnos —quienes nos dedicamos a la tarea formativa— la magnificación, la falsificación y cómo TV Azteca violenta el sentido ético del periodismo y vulnera la libertad de expresión, de prensa y el derecho de las personas a la información.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

La nueva reforma electoral

Lorenzo Córdova Vianello

La reforma electoral de este año se hace cargo de las carencias y distorsiones implícitas en las reglas existentes, y del efecto disruptivo que tienen nuevos fenómenos políticos. Las modificaciones tocan al régimen de partidos, a las condiciones de la competencia, a los medios electrónicos y la contienda política, así como a las autoridades electorales.

El pasado mes de septiembre dio inicio formal en el Senado de la República el proceso de modificaciones a la Constitución con el que se plantean las líneas rectoras de la que será la séptima gran reforma electoral desde que hace 30 años arrancó el proceso de cambio político en México. De la misma manera en la que las pasadas reformas electorales habían tenido un rasgo distintivo, la de 2007 pone el acento en la competencia electoral o, si se quiere, dicho de manera ambiciosa, en la “calidad de la contienda política”.

Hoy sabemos que, vista la intensa dinámica que tiene la vida políticoelectoral, las reglas que rigen el juego democrático deben estar sujetas a una revisión paulatina para poder enfrentar de manera exitosa los desafíos que plantea la realidad política. La última gran reforma data de 1996 y desde entonces se han presentado situaciones inéditas que han evidenciado las lagunas y faltantes de las normas. Ese hecho se palió, de alguna manera, mediante la actuación reglamentaria del IFE y con los criterios que sobre la marcha emitía el Tribunal Electoral, pero no hubo modificaciones legales que atendieran esos puntos. De ahí que esta reforma fuera urgente y necesaria.

Por esa razón, la actual reforma no pretende tener un carácter fundacional, sino correctivo de las carencias y distorsiones implícitas en las reglas existentes, así como hacerse cargo del efecto disruptivo que particularmente algunos nuevos fenómenos políticos han venido planteando a lo largo de los años recientes y que durante los comicios presidenciales del año pasado sometieron a una dura prueba la viabilidad de los procedimientos e instituciones electorales.

A reserva de que muchos puntos serán explicitados y detallados en las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a las demás leyes electorales (o, eventualmente, en leyes de nueva factura), las nuevas reglas del juego democrático que plantea a nivel constitucional la reforma pueden agruparse en los cuatro ejes temáticos siguientes: 1) régimen de partidos; 2) las condiciones de la competencia; 3) medios electrónicos y contienda política; 4) autoridades electorales.

Régimen de partidos políticos

Tres son las modificaciones que se introducen en la Constitución sobre este tema:

a) La prohibición de participar en la creación de partidos a las organizaciones de tipo gremial o bien que tengan un fin distinto al político electoral y que impliquen cualquier tipo de afiliación corporativa, con lo que se consolida la idea del derecho político a la libre afiliación y se abre la puerta para que las agrupaciones políticas nacionales ya no tengan la exclusividad de constituir partidos políticos como ocurría desde 2003.

b) Se establece el sustento constitucional para que la ley desarrolle el procedimiento de liquidación de aquellos partidos políticos que pierdan su registro y los casos en los que el patrimonio remanente se reintegre al erario público.

c) Se fija la base constitucional para que la ley precise las modalidades en las que las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos. Al respecto habrá que poner atención al que será el desarrollo legislativo de este principio, pues de ello depende que no se abran espacios de impunidad dentro de los partidos políticos, pero en todo caso conviene a todos que haya precisión y claridad respecto a los límites de la actuación de los órganos electorales.

Condiciones de la competencia

Los puntos que sobre este tema incorpora la Constitución son:

a) El financiamiento público, cuya centralidad se hace cada vez más evidente, se racionaliza al instrumentarse una nueva fórmula de cálculo que permite una disminución sustancial del mismo e impide las variaciones exponenciales que se tenían en el pasado. Las nuevas reglas son las siguientes:

1. El financiamiento para las actividades ordinarias que todos los años reciben los partidos se calcula ahora a partir de la multiplicación del 65% del salario mínimo del D.F. por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El monto que resulte sigue distribuyéndose con la fórmula actual (30% de manera igualitaria entre los partidos y 70% en proporción a su votación).

2. El financiamiento de campaña se diferencia y en los años de elecciones presidenciales equivale al 50% del monto de actividades ordinarias y en las elecciones intermedias al 30%.

3. El monto de actividades específicas (capacitación, investigación, publicaciones, etcétera) se fija en un 3% del financiamiento ordinario con la misma fórmula de reparto con la que éste se distribuye.

b) Por lo que hace al financiamiento total que cada partido puede recibir de sus simpatizantes el monto pasa de ser el 10% del total de financiamiento público ordinario al 10% del tope de gasto de campaña presidencial (que, en los hechos, implica una disminución de casi cuatro veces).

c) Las campañas también se reducen en su duración. Las presidenciales durarán 90 días (hoy duran más de 160) y las de diputados 60 (disminuyendo más de 10 días).

d) Por su parte, las precampañas finalmente se reconocen legalmente y se establece que su duración no podrá ser superior a las dos terceras partes de la duración de las campañas respectivas.

e) Por otra parte, el artículo 116 establece que las elecciones locales deberán realizarse el primer domingo de julio del año que corresponda, con lo que se acaba con la diáspora de calendarios electorales que colocaba a las fuerzas políticas en una permanente confrontación derivada de las sucesivas elecciones.

Medios electrónicos y contienda política

Sin duda alguna, éste es el rubro central y articulador de la reforma constitucional que se hace cargo de los principales problema que se presentaron durante el proceso electoral de 2006. Las nuevas reglas se articulan de la siguiente manera:

a) Se prohibe la contratación de publicidad en radio y televisión tanto por los partidos políticos como por cualquier particular.

b) También se prohibe la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Así se impide la indebida intromisión de los gobernantes en las elecciones, que pasan a ser una contienda exclusiva entre los partidos y no entre éstos y los poderes públicos.

c) Lo anterior no significa “sacar” a la política de los medios, pues se utilizarán los tiempos que corresponden al Estado para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Ello ocurre estableciendo que desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral, por cada hora de transmisión, en la faja horaria que va de las 6:30 a las 23:30 horas, el IFE dispondrá de tres minutos. Durante las precampañas un minuto corresponderá a los partidos y dos al IFE para promover la credencialización y la capacitación electoral; durante las campañas a los partidos les corresponderá el 85% de los tres minutos (153 segundos por hora) y al IFE el resto.

d) También se eleva a rango constitucional la prohibición, ahora planteada en la ley, de utilizar expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las llamadas “campañas negras” queden atrás.

e) Además, se convierte a las autoridades electorales en garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.

f) Esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohiba la personalización (mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos) de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.

Una última e importante reforma en materia de medios fue incorporar al artículo 6o el derecho de réplica, que tendrá que ser reglamentado en la ley.

Autoridades electorales

También la integración y atribuciones de autoridades electorales son revisadas:

a) Los cambios, por lo que hace al IFE, son los siguientes:

1. Se diferencia la duración del encargo de presidente del Consejo General frente al de los ocho consejeros electorales. El periodo de nombramiento del primero será de seis años, con posibilidad de una reelección, mientras que el de los segundos será de nueve años sin que tengan posibilidad de ser reelectos y su renovación será escalonada cada tres años.

2. Por lo que hace a la designación de consejeros electorales, seguirán siendo nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, pero previa consulta amplia a la sociedad, a través de un procedimiento que fijará la ley.

3. Se establece una Contraloría General encargada de la revisión de los ingresos y egresos del IFE (no de los partidos políticos), cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta de las instituciones de educación superior. Habrá que estar atentos al desarrollo legal de las competencias de este órgano para evitar que el contralor se convierta en un censor en los hechos de las actuaciones de los consejeros electorales y se limite al control del adecuado uso de los recursos administrativos.

4. Por otra parte, se suprime la figura de la Comisión de Fiscalización de los recursos partidistas, hoy integrada por consejeros electorales y se crea un órgano técnico autónomo (exento de los secretos bancario, fiduciario y fiscal) que es nombrado por el Consejo General. Con ello se reduce de manera importante la presión política a la que hoy estaban sometidos los consejeros electorales, aunque será importante atender la regulación que se haga de ese órgano en la ley para garantizar la supervisión del Consejo General en el desarrollo de sus tareas, con independencia de que el mismo Consejo sea el órgano que tomará finalmente las decisiones sobre la fiscalización a los partidos.

b) En relación con el Tribunal Electoral, las novedades son:

1. Las cinco Salas Regionales, que hoy se instalan sólo durante los procesos electorales federales, devienen permanentes, lo que supone una distribución de competencias entre éstas y la Sala Superior.

2. Se determina desde la Constitución que el Tribunal contará con medios de apremio suficientes para hacer cumplir sus resoluciones, situación que hoy no estaba contemplada con claridad.

3. Se confiere al Tribunal la capacidad para juzgar la constitucionalidad de las leyes electorales, en cuyo caso puede dejar de aplicarlas al caso concreto, notificando de ese hecho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello se amplían los mecanismos de garantía para proteger los derechos políticos de los ciudadanos ante leyes que contraríen los principios constitucionales.

Aún falta la reforma legal que deberá explicitar los cambios antes enumerados y que, seguramente, incorporará regulaciones adicionales, pero las nuevas reglas introducidas en la Constitución —cuya efectividad y e idoneidad deberán probarse en los hechos— ya suponen, de por sí, un cambio cualitativo sustancial que debe ser bienvenido.

Procesos decisivos

Javier Corral Jurado

Casi al mismo tiempo, y sin cumplir las formalidades y tiempos que plantean sus estatutos, se abrieron en el PRD y en el PAN los procesos de renovación de sus dirigencias nacionales. Concluirán también casi en la misma fecha, pues en marzo de 2008 están convocados los militantes del PRD y los consejeros nacionales del PAN para sufragar por los personajes que ya se han apuntado a liderar a estas organizaciones. La anticipación sólo es explicación del estrujamiento interno que domina a ambas organizaciones. Los resultados tendrán una repercusión mayor en la vida política del país.

No sólo por su condición constitucional de entidades de interés público tendrá relevancia lo que en estos procesos suceda, sino también porque de la manera en que se resuelvan esas contiendas puede verse afectado en más de un sentido el inicial proceso de estructuración de acuerdos en el ámbito legislativo. No inquietan a las dos instituciones exactamente las mismas tensiones, pero la búsqueda de definiciones claras y transparentes en relación con el papel opositor de la izquierda y la condición de gobierno del PAN los coloca en un momento similar y crucial de su existencia misma: intentar su propia reforma, sin renunciar a su origen, tradición e identidad.

La parte de la izquierda que representa el PRD definirá las relaciones entre sí, a partir de su conformación de corrientes y pluralidad ideológica y programática —pasando por la idea caudillista que los mantiene atados a su existencia—, y a Acción Nacional le urge resolver una definición precisa, método adecuado también, por donde fluyan las relaciones entre el partido y el gobierno.

Jesús Ortega y Alejandro Encinas son candidatos en el PRD del aglutinamiento de esa diversidad en dos grandes bandos, con entrecruzamientos interesantes. Me asomaré pronto a ese proceso, por la ventana que ese partido ha abierto en estos días a la opinión pública.

En el caso del PAN, entro al tema por la puerta de enfrente. Soy miembro del partido desde hace 25 años y consejero nacional desde hace 14. Trato de ser objetivo y no oculto mis definiciones propias adentro y afuera. Me impongo la condición de demócrata antes que la de adversario frente al PRD o militante en el PAN. Por ello antes que nada me gustaría expresar que deseo sinceramente que en ambos resuelvan bien las cosas, que haya respeto, armonía, unidad y salgan fortalecidos los mejores cuadros. Al PAN le es necesaria una izquierda fuerte y moderna; el PRD necesita un PAN fiel a su origen y tradición democrática. México necesita a los dos partidos más genuinos del sistema.

Germán Martínez Cázares y Gerardo Priego han anunciado su aspiración en el PAN. La del ex secretario de la Función Pública es una candidatura esperada, pues un proceso de consulta entre el equipo de Calderón y con consejeros afines oreó la decisión de quién, desde esa óptica, reunía el mejor perfil para encabezar el partido. Ese sondeo puso un sello oficialista a la candidatura de Germán —su misma circunstancia de miembro del gabinete—, pero nuevamente la percepción es lo que contó frente a la realidad. La superficialidad con la que uno puede asomarse por la ventana entraña el riesgo de asumir a pie juntillas que el Presidente impuso un candidato, y no que tuvo que superar miedos propios y la desconfianza que lo alcanza con no poca frecuencia. Que entre ese equipo se optó por Germán, de entre éste y César Nava, no hay duda. Que sería un incondicional no es cierto.

Martínez Cázares tiene cuerda propia; posee, como todos las tenemos, lealtades personales —la tuvo a Castillo Peraza y la tiene a Calderón—, pero su inteligencia ha estado al servicio del PAN. Sabe que lo que menos necesitamos es perdernos en la anécdota o la coyuntura, que ganar y mantener el gobierno no puede hacernos perder el partido, pero está consciente que el PAN no sólo debe hacerse cargo de sus derrotas, sino también de sus victorias.

El presidente del partido en el gobierno debe acompañar al Presidente y su administración. ¿Quién lo duda? Pero apoyar al gobierno no puede, no debe, traducirse en una subordinación acrítica, largamente rechazada por nosotros en la simbiosis inmoral e ilegal que representó la indivisibilidad del PRI-gobierno. Germán no debe mentir en su relación de amistad y lealtad hacia el Presidente; es más, deslindarse de él sería un acto preocupante de simulación, lo que debe explicar y exponer con toda claridad es la manera en que hará valer al partido frente al gobierno, y la corresponsabilidad que entraña para el PAN esa gestión.

El otro aspirante es el diputado federal por Tabasco, Gerardo Priego. Contrario a lo que se dice de algunos de los hombres que rodean al actual presidente del PAN, Manuel Espino, Priego es hombre abierto al tiempo y al cambio; con genuina convicción ha abrazado la causa de la defensa de los derechos de los periodistas y la investigación sobre los atentados y crímenes contra éstos. Pero no es claro si su candidatura es impulso propio o se constituye ya en la opción del grupo al que ha estado cerca. Por lo pronto la reunión del Consejo Nacional a celebrarse este 6 y 7 de octubre, donde varios de los temas que señalo han sido enlistados para ser discutidos con miras a una reforma estatutaria en febrero de 2008, será importante para precisar términos y contendientes reales de este proceso decisivo para la vida del PAN.

Profesor de la FCPyS de la UNAM