Macario Schettino
Falta poco para que inicie el primer periodo ordinario de sesiones del nuevo Congreso. Como sabemos, los retos que esta Legislatura enfrenta son inmensos: aunque estamos ya iniciando la recuperación de la crisis, ésta ha sido tan profunda que tardaremos varios años en recuperar el nivel general de ingreso que teníamos el año pasado; la caída en ingresos del gobierno por esa razón, sumada a la menor producción de petróleo, ha provocado un boquete en las finanzas públicas muy grave, que nos ha colocado en el inicio de una espiral de deuda como hacía décadas no se presentaba; por si no fuese suficiente, la situación de seguridad en el país es seria, y las esperanzas que la democracia ofrecía en ocasiones previas hoy no existen.
Frente a esta combinación de problemas, se me ocurre proponer una idea que los legisladores pudieran considerar. Se trata de una propuesta que retoma las ideas ya publicadas por Santiago Levy con respecto a la cobertura de salud y seguridad social, la necesidad de elevar la recaudación y la urgencia de reducir de una manera drástica la pobreza.
Santiago Levy, en su reciente libro Buenas intenciones, malos resultados, demuestra que la combinación de dos diferentes esquemas de salud y seguridad social fomenta la informalidad y pone en riesgo las finanzas públicas. Por un lado, tenemos a los trabajadores formales, que pagan sus cuotas al IMSS, lo que acaba representando un costo para ellos del orden de 33% de su ingreso; por otro, tenemos a los trabajadores informales que no pagan ninguna cuota de este tipo. Sin embargo, mientras los primeros tienen servicios de salud y una pensión garantizada de un salario mínimo, los segundos también tienen servicios de salud (no con la misma cobertura) y una pensión garantizada de medio salario mínimo a través de programas como Adultos Mayores o Setenta y más, o como quiera que se llamen. Como es evidente, uno puede tener salud y seguridad social, al menos con la mitad de la cobertura, sin pagar prácticamente nada.
Con respecto a la baja tributación del país, no creo que se requieran más datos, sino sólo recordar que México es, en términos prácticos, el país que menos recauda en el mundo.
Finalmente, con respecto a la pobreza, más allá de los lamentos tradicionales de los colegas mediáticos, que acostumbran extraer conclusiones ideológicas de los datos, lo que tenemos que reconocer es que no hemos logrado hacer mucho en toda nuestra historia. En buena medida, porque el régimen anterior nunca tuvo un interés real en reducirla, y los pocos programas que se aplicaron fueron asistenciales, es decir, destinados a mantener a la gente pobre, pero viva.
Le propongo entonces, a usted y a la próxima Legislatura, considerar la siguiente idea: aprovechando la creación de una cédula de identidad con características antropométricas, segura y eficiente, apliquemos la idea de Van Parijs y garanticemos a todo mexicano un ingreso mínimo. Mi propuesta es que todo mexicano mayor de 18 años, por el simple hecho de serlo, reciba 500 pesos mensuales. El mecanismo irá atado a la cédula de identidad, pero abre la posibilidad de bancarizar a todos los mexicanos, algo que no es cuestión menor. Segundo, el IMSS y el ISSSTE deberían desaparecer en su forma actual para incorporarse en un solo sistema de salud pública con el Seguro Popular, que pagarían todos los mexicanos mayores de 18 años con una cuota de 50 pesos mensuales. El costo que esto significa para el gobierno es de 360 mil millones de pesos anuales por el ingreso garantizado y 200 mil millones de pesos perdidos por las cuotas del IMSS e ISSSTE que se dejarían de cobrar. El ingreso sería de sólo 36 mil millones por las nuevas cuotas. Aclaro que hay dos seguros del IMSS que se seguirían cobrando: el de riesgos de trabajo, y el de invalidez y vida, que se seguiría manejando a través de las afores.
Bueno, el costo total de esto es de 520 mil millones de pesos anuales, en números redondos. La aplicación de IVA generalizado con una tasa de 18% aportaría, sin considerar modificaciones en el consumo, 500 mil millones de pesos adicionales. El ingreso de este impuesto pagaría tanto la cobertura general de salud y seguridad social como el ingreso básico garantizado. Esta combinación beneficia al 85% más pobre del país, porque sus ingresos crecen más que el costo que implica el IVA. Sin embargo, la eliminación de buena parte de las cuotas del IMSS (o ISSSTE) implica un incremento en el salario de los informales y en el ingreso neto de los formales, que debe también considerarse en los beneficios de esta propuesta.
Esta propuesta puede aplicarse en un periodo de cinco años, de manera paulatina, pero la decisión debería tomarse con urgencia, porque cambiaría las percepciones de todos, mexicanos y extranjeros, sobre el rumbo en que vamos. Todos ganamos.
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
Falta poco para que inicie el primer periodo ordinario de sesiones del nuevo Congreso. Como sabemos, los retos que esta Legislatura enfrenta son inmensos: aunque estamos ya iniciando la recuperación de la crisis, ésta ha sido tan profunda que tardaremos varios años en recuperar el nivel general de ingreso que teníamos el año pasado; la caída en ingresos del gobierno por esa razón, sumada a la menor producción de petróleo, ha provocado un boquete en las finanzas públicas muy grave, que nos ha colocado en el inicio de una espiral de deuda como hacía décadas no se presentaba; por si no fuese suficiente, la situación de seguridad en el país es seria, y las esperanzas que la democracia ofrecía en ocasiones previas hoy no existen.
Frente a esta combinación de problemas, se me ocurre proponer una idea que los legisladores pudieran considerar. Se trata de una propuesta que retoma las ideas ya publicadas por Santiago Levy con respecto a la cobertura de salud y seguridad social, la necesidad de elevar la recaudación y la urgencia de reducir de una manera drástica la pobreza.
Santiago Levy, en su reciente libro Buenas intenciones, malos resultados, demuestra que la combinación de dos diferentes esquemas de salud y seguridad social fomenta la informalidad y pone en riesgo las finanzas públicas. Por un lado, tenemos a los trabajadores formales, que pagan sus cuotas al IMSS, lo que acaba representando un costo para ellos del orden de 33% de su ingreso; por otro, tenemos a los trabajadores informales que no pagan ninguna cuota de este tipo. Sin embargo, mientras los primeros tienen servicios de salud y una pensión garantizada de un salario mínimo, los segundos también tienen servicios de salud (no con la misma cobertura) y una pensión garantizada de medio salario mínimo a través de programas como Adultos Mayores o Setenta y más, o como quiera que se llamen. Como es evidente, uno puede tener salud y seguridad social, al menos con la mitad de la cobertura, sin pagar prácticamente nada.
Con respecto a la baja tributación del país, no creo que se requieran más datos, sino sólo recordar que México es, en términos prácticos, el país que menos recauda en el mundo.
Finalmente, con respecto a la pobreza, más allá de los lamentos tradicionales de los colegas mediáticos, que acostumbran extraer conclusiones ideológicas de los datos, lo que tenemos que reconocer es que no hemos logrado hacer mucho en toda nuestra historia. En buena medida, porque el régimen anterior nunca tuvo un interés real en reducirla, y los pocos programas que se aplicaron fueron asistenciales, es decir, destinados a mantener a la gente pobre, pero viva.
Le propongo entonces, a usted y a la próxima Legislatura, considerar la siguiente idea: aprovechando la creación de una cédula de identidad con características antropométricas, segura y eficiente, apliquemos la idea de Van Parijs y garanticemos a todo mexicano un ingreso mínimo. Mi propuesta es que todo mexicano mayor de 18 años, por el simple hecho de serlo, reciba 500 pesos mensuales. El mecanismo irá atado a la cédula de identidad, pero abre la posibilidad de bancarizar a todos los mexicanos, algo que no es cuestión menor. Segundo, el IMSS y el ISSSTE deberían desaparecer en su forma actual para incorporarse en un solo sistema de salud pública con el Seguro Popular, que pagarían todos los mexicanos mayores de 18 años con una cuota de 50 pesos mensuales. El costo que esto significa para el gobierno es de 360 mil millones de pesos anuales por el ingreso garantizado y 200 mil millones de pesos perdidos por las cuotas del IMSS e ISSSTE que se dejarían de cobrar. El ingreso sería de sólo 36 mil millones por las nuevas cuotas. Aclaro que hay dos seguros del IMSS que se seguirían cobrando: el de riesgos de trabajo, y el de invalidez y vida, que se seguiría manejando a través de las afores.
Bueno, el costo total de esto es de 520 mil millones de pesos anuales, en números redondos. La aplicación de IVA generalizado con una tasa de 18% aportaría, sin considerar modificaciones en el consumo, 500 mil millones de pesos adicionales. El ingreso de este impuesto pagaría tanto la cobertura general de salud y seguridad social como el ingreso básico garantizado. Esta combinación beneficia al 85% más pobre del país, porque sus ingresos crecen más que el costo que implica el IVA. Sin embargo, la eliminación de buena parte de las cuotas del IMSS (o ISSSTE) implica un incremento en el salario de los informales y en el ingreso neto de los formales, que debe también considerarse en los beneficios de esta propuesta.
Esta propuesta puede aplicarse en un periodo de cinco años, de manera paulatina, pero la decisión debería tomarse con urgencia, porque cambiaría las percepciones de todos, mexicanos y extranjeros, sobre el rumbo en que vamos. Todos ganamos.
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
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