por Robert Bottome y Norka Parra
Robert Bottome es director de VenEconomía.
Norka Parra es analista de VenEconomía.
Hasta hace poco Hugo Chávez hacía malabarismos para aparentar que su gobierno era democrático. Pero ya se ha ido quitando la careta de demócrata y exhibe, cada vez con mayor descaro, su vocación totalitaria. Ni Chávez ni sus subalternos ocultan que han metido al país en un berenjenal comunista, a pesar de que más de 80% de los venezolanos rechazan ese sistema.
Uno de los últimos vestigios de democracia que quedan en Venezuela es que el mandatario fue electo por votación popular. Pero eso también será historia cuando se promulgue la Ley Electoral propuesta por la Asamblea Nacional, a espaldas de la población. Esa ley viola la Constitución para imponer un sistema electoral que facilitará que el gobierno de Chávez no pierda espacio en ninguna futura elección popular, especialmente al Congreso, y que el mandatario gane en cuanta reelección a la presidencia se quiera postular.
La renovada avanzada comunista incluye desde la pretensión de abolir la propiedad privada en aras de una “propiedad social”, el anuncio del ministro de Comercio —Eduardo Samán— de imponer el marxismo con un nuevo sistema "socialista" de comercio que incluye el monopolio estatal de las importaciones de alimentos básicos, hasta el adoctrinamiento marxista de niños y jóvenes bajo una nueva Ley de Educación.
Otra clara evidencia de que el gobierno venezolano no está interesado en seguir aparentando ser una democracia es la explícita proclama de Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de que el gobierno sólo reconoce y negocia contratos colectivos con los sindicatos oficialistas, segregando y discriminando ilegalmente contra líderes legítimos, escogidos por los trabajadores.
Incluso quiere reservar todo el espacio de la radio y televisión a la gritería de Chávez y a su proyecto político. Por ello las amenazas de cierre a Globovisión, el anuncio de quitarles la concesión a unas 285 emisoras de radio y televisión, el proyecto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para prohibir que los canales de televisión por cable tengan propaganda, así como las propuestas de reformas y nuevas leyes que se preparan para imponer una mordaza definitiva a la libertad de información.
Los torpes atropellos contra Globovisión han dejado al descubierto el grado de servidumbre y putrefacción con que funciona ahora el Sistema Judicial. Como punta del iceberg surgió la denuncia de la juez 13ª de Control, Alicia Torres, sobre las presiones recibidas de la presidente del Circuito Judicial para que firmara la prohibición de salida del país al empresario Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión. Tras su denuncia, la juez fue destituida en menos de 48 horas, sin base legal alguna.
Para colmo, Hugo Chávez ahora salta las fronteras con su descarada intromisión en los asuntos internos de Honduras, pretendiendo imponer a su acólito Manuel Zelaya, quien violando la constitución pretendía también gobernar eternamente en ese país.
Robert Bottome es director de VenEconomía.
Norka Parra es analista de VenEconomía.
Hasta hace poco Hugo Chávez hacía malabarismos para aparentar que su gobierno era democrático. Pero ya se ha ido quitando la careta de demócrata y exhibe, cada vez con mayor descaro, su vocación totalitaria. Ni Chávez ni sus subalternos ocultan que han metido al país en un berenjenal comunista, a pesar de que más de 80% de los venezolanos rechazan ese sistema.
Uno de los últimos vestigios de democracia que quedan en Venezuela es que el mandatario fue electo por votación popular. Pero eso también será historia cuando se promulgue la Ley Electoral propuesta por la Asamblea Nacional, a espaldas de la población. Esa ley viola la Constitución para imponer un sistema electoral que facilitará que el gobierno de Chávez no pierda espacio en ninguna futura elección popular, especialmente al Congreso, y que el mandatario gane en cuanta reelección a la presidencia se quiera postular.
La renovada avanzada comunista incluye desde la pretensión de abolir la propiedad privada en aras de una “propiedad social”, el anuncio del ministro de Comercio —Eduardo Samán— de imponer el marxismo con un nuevo sistema "socialista" de comercio que incluye el monopolio estatal de las importaciones de alimentos básicos, hasta el adoctrinamiento marxista de niños y jóvenes bajo una nueva Ley de Educación.
Otra clara evidencia de que el gobierno venezolano no está interesado en seguir aparentando ser una democracia es la explícita proclama de Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de que el gobierno sólo reconoce y negocia contratos colectivos con los sindicatos oficialistas, segregando y discriminando ilegalmente contra líderes legítimos, escogidos por los trabajadores.
Incluso quiere reservar todo el espacio de la radio y televisión a la gritería de Chávez y a su proyecto político. Por ello las amenazas de cierre a Globovisión, el anuncio de quitarles la concesión a unas 285 emisoras de radio y televisión, el proyecto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para prohibir que los canales de televisión por cable tengan propaganda, así como las propuestas de reformas y nuevas leyes que se preparan para imponer una mordaza definitiva a la libertad de información.
Los torpes atropellos contra Globovisión han dejado al descubierto el grado de servidumbre y putrefacción con que funciona ahora el Sistema Judicial. Como punta del iceberg surgió la denuncia de la juez 13ª de Control, Alicia Torres, sobre las presiones recibidas de la presidente del Circuito Judicial para que firmara la prohibición de salida del país al empresario Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión. Tras su denuncia, la juez fue destituida en menos de 48 horas, sin base legal alguna.
Para colmo, Hugo Chávez ahora salta las fronteras con su descarada intromisión en los asuntos internos de Honduras, pretendiendo imponer a su acólito Manuel Zelaya, quien violando la constitución pretendía también gobernar eternamente en ese país.
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