FEDERICO REYES HEROLES
El conflicto entre la Secretaría del Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas no es lo que aparenta. Una lectura superficial nos diría que de un lado están los trabajadores divididos y del otro la autoridad encargada de velar porque los procesos internos de las organizaciones sean limpios. Pero Luz y Fuerza vive, o quizá mejor, sobrevive gracias a los cuantiosos recursos del erario. Si fuera una empresa privada más, estarían en juego los recursos de los socios. Muy su asunto, pero al tratarse de una entidad sostenida por los causantes todos somos socios. Esos dineros son nuestros y como cualquiera que recibe dineros públicos, la empresa y su sindicato, nos tienen que rendir cuentas, tienen que explicar.
Tienen que explicar cómo le hacen para que una empresa que debiera ser rentable esté quebrada. Tan quebrada que deben más de 20 veces el valor de su empresa. (Ver Héctor Aguilar Camín, “Algo sobre el SME”, Milenio, oct 5). Tendrían que explicarnos por qué cada trabajador produce alrededor de un tercio de la energía de la que produce un trabajador de CFE. Por cierto un trabajador de CFE produce la mitad que un trabajador de Iberdrola o Enersis. Si un empresario privado firmara condiciones laborales onerosas para su empresa al grado de atentar contra el patrimonio, les deberá explicaciones a sus socios y deudores. Pero en este caso el patrimonio es de los mexicanos por eso están obligados a explicar por qué su régimen de jubilaciones hace inviable a la empresa. Son 63 mil personas (40 mil trabajadores y 23 mil jubilados) que afectan un servicio imprescindible para alrededor de 25 millones de mexicanos. Es una minoría privilegiada. Se calcula que la empresa podría funcionar con una cuarta parte del personal. Por eso no salen las cuentas.
Nos deben muchas explicaciones entre ellas la del cinismo de exigir el subsidio de 40 mil millones de pesos al año. ¡Y todavía se llaman a ofensa! Eso sí es perder el piso. Esa empresa le cuesta a cada mexicano anualmente 400 pesos, bebés, niños y ancianos incluidos. Con ese subsidio se podría construir otra refinería en tres años. Se podría duplicar las asignaciones a las familias más pobres del programa Oportunidades. Eso sí ayudaría a paliar la pobreza. Eso sí sería redistributivo y justiciero. Se niegan privilegios a un puñado y se entregan los recursos a los más pobres. Parte de nuestra debilidad para atender lo urgente se debe a los dineros que grupúsculos de privilegiados le sacan al erario, a los ciudadanos. Entre sus privilegios está recibir 350 K.W.H. Por solidaridad deberían de pasarle esos recursos a los hogares de niños o a los asilos. Esa sí sería una acción humanitaria.
La lista de explicaciones es muy larga. Imaginemos lo que se podría hacer con esos dineros en salud o educación o infraestructura. Que desfilen con sus argumentos, harían el ridículo. Por cierto hablan de sí mismos como si fueran una especie rara “los trabajadores”. ¿Y el taxista, la enfermera, el burócrata, quien atiende en una farmacia o en supermercado, qué son sino trabajadores? Es a esos trabajadores a los que este club de privilegiados les quita dinero. Es a ellos a los que perjudican con su mal servicio. El conflicto de Luz y Fuerza es un caso emblemático de la confusión de intereses del corporativismo degradado, de las corruptelas gremiales, de la extorsión a las autoridades y a los ciudadanos. Esa es la discusión de fondo. Es un asunto de estado.
Con una elección interior vergonzosa e indefendible, el SME se colocó en la mira. El Secretario del Trabajo simplemente cumple con el mandato de ley. Pero es tal la soberbia del SME, tal su lejanía del País (síndrome típico de los privilegiados) que pensaron que con un plantón -que por cierto afectó a cientos de miles de personas sin que les importara- lo iban a doblegar. Se equivocaron. Que hagan más bloqueos para que la opinión pública se entere de su desfachatez. Deberían estar metidos en un rincón y taparse la cara de vergüenza. Luz y Fuerza y el SME son casos emblemáticos de lo que debe desaparecer. Si algún partido o autoridad los apoya, pagará una factura muy cara. Allá ellos.
Todo indica que el presidente Calderón ha decidido enfrentar una de las peores lacras de nuestro País. Bien. Puede haber molestias y conflictos, pero el asunto vale la pena. Parte del carácter imperfecto de nuestra transición se explica por haber dejado intactos los poderes corporativos. El caso es indefendible y sería ejemplo de cómo los intereses de los más, de los ciudadanos, están siendo pisoteados por un grupo que ejerce la extorsión y que no conoce límites a sus privilegios. En ocasiones los avances suponen enfrentamientos. Se lo hemos reclamado a Calderón. Lozano ha tomado riesgos y eso destaca en un País en que pocos están dispuestos a asumir deberes incómodos. Ahora nos toca a los ciudadanos no amilanarnos, exigir cuentas de lo nuestro y encarar la extorsión que hiere nuestra libertad. Es un asunto de estado.
El conflicto entre la Secretaría del Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas no es lo que aparenta. Una lectura superficial nos diría que de un lado están los trabajadores divididos y del otro la autoridad encargada de velar porque los procesos internos de las organizaciones sean limpios. Pero Luz y Fuerza vive, o quizá mejor, sobrevive gracias a los cuantiosos recursos del erario. Si fuera una empresa privada más, estarían en juego los recursos de los socios. Muy su asunto, pero al tratarse de una entidad sostenida por los causantes todos somos socios. Esos dineros son nuestros y como cualquiera que recibe dineros públicos, la empresa y su sindicato, nos tienen que rendir cuentas, tienen que explicar.
Tienen que explicar cómo le hacen para que una empresa que debiera ser rentable esté quebrada. Tan quebrada que deben más de 20 veces el valor de su empresa. (Ver Héctor Aguilar Camín, “Algo sobre el SME”, Milenio, oct 5). Tendrían que explicarnos por qué cada trabajador produce alrededor de un tercio de la energía de la que produce un trabajador de CFE. Por cierto un trabajador de CFE produce la mitad que un trabajador de Iberdrola o Enersis. Si un empresario privado firmara condiciones laborales onerosas para su empresa al grado de atentar contra el patrimonio, les deberá explicaciones a sus socios y deudores. Pero en este caso el patrimonio es de los mexicanos por eso están obligados a explicar por qué su régimen de jubilaciones hace inviable a la empresa. Son 63 mil personas (40 mil trabajadores y 23 mil jubilados) que afectan un servicio imprescindible para alrededor de 25 millones de mexicanos. Es una minoría privilegiada. Se calcula que la empresa podría funcionar con una cuarta parte del personal. Por eso no salen las cuentas.
Nos deben muchas explicaciones entre ellas la del cinismo de exigir el subsidio de 40 mil millones de pesos al año. ¡Y todavía se llaman a ofensa! Eso sí es perder el piso. Esa empresa le cuesta a cada mexicano anualmente 400 pesos, bebés, niños y ancianos incluidos. Con ese subsidio se podría construir otra refinería en tres años. Se podría duplicar las asignaciones a las familias más pobres del programa Oportunidades. Eso sí ayudaría a paliar la pobreza. Eso sí sería redistributivo y justiciero. Se niegan privilegios a un puñado y se entregan los recursos a los más pobres. Parte de nuestra debilidad para atender lo urgente se debe a los dineros que grupúsculos de privilegiados le sacan al erario, a los ciudadanos. Entre sus privilegios está recibir 350 K.W.H. Por solidaridad deberían de pasarle esos recursos a los hogares de niños o a los asilos. Esa sí sería una acción humanitaria.
La lista de explicaciones es muy larga. Imaginemos lo que se podría hacer con esos dineros en salud o educación o infraestructura. Que desfilen con sus argumentos, harían el ridículo. Por cierto hablan de sí mismos como si fueran una especie rara “los trabajadores”. ¿Y el taxista, la enfermera, el burócrata, quien atiende en una farmacia o en supermercado, qué son sino trabajadores? Es a esos trabajadores a los que este club de privilegiados les quita dinero. Es a ellos a los que perjudican con su mal servicio. El conflicto de Luz y Fuerza es un caso emblemático de la confusión de intereses del corporativismo degradado, de las corruptelas gremiales, de la extorsión a las autoridades y a los ciudadanos. Esa es la discusión de fondo. Es un asunto de estado.
Con una elección interior vergonzosa e indefendible, el SME se colocó en la mira. El Secretario del Trabajo simplemente cumple con el mandato de ley. Pero es tal la soberbia del SME, tal su lejanía del País (síndrome típico de los privilegiados) que pensaron que con un plantón -que por cierto afectó a cientos de miles de personas sin que les importara- lo iban a doblegar. Se equivocaron. Que hagan más bloqueos para que la opinión pública se entere de su desfachatez. Deberían estar metidos en un rincón y taparse la cara de vergüenza. Luz y Fuerza y el SME son casos emblemáticos de lo que debe desaparecer. Si algún partido o autoridad los apoya, pagará una factura muy cara. Allá ellos.
Todo indica que el presidente Calderón ha decidido enfrentar una de las peores lacras de nuestro País. Bien. Puede haber molestias y conflictos, pero el asunto vale la pena. Parte del carácter imperfecto de nuestra transición se explica por haber dejado intactos los poderes corporativos. El caso es indefendible y sería ejemplo de cómo los intereses de los más, de los ciudadanos, están siendo pisoteados por un grupo que ejerce la extorsión y que no conoce límites a sus privilegios. En ocasiones los avances suponen enfrentamientos. Se lo hemos reclamado a Calderón. Lozano ha tomado riesgos y eso destaca en un País en que pocos están dispuestos a asumir deberes incómodos. Ahora nos toca a los ciudadanos no amilanarnos, exigir cuentas de lo nuestro y encarar la extorsión que hiere nuestra libertad. Es un asunto de estado.
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