Javier Corral Jurado
Entre los sectores con mayor retraso de nuestra transición política a la democracia, tanto porque resisten rendir cuentas, como porque pretenden ser excepción jurídica en el cumplimiento de su responsabilidad social, sin duda se coloca un amplio sector del sindicalismo mexicano, y una buena parte de los medios de comunicación electrónica, particularmente, la televisión. El mismo sistema de partidos presenta rezagos en cuanto a transparencia, racionalidad y austeridad en el uso de recursos públicos. Pero son los dos primeros sectores los que luchan con mayor denuedo por el dudoso honor de ser los últimos en formar parte del cambio democrático de estructuras y someterse al imperio de la ley.
No es casual que ambos sectores opongan a reformas democratizadoras, pretextos privatizadores. Con demasiada frecuencia cualquier esfuerzo por la transparencia en los gremios de trabajadores es ubicado dentro de una dinámica anti-sindical, o como en el caso de los medios, la más mínima propuesta de responsabilidad ante sus auditorios es marcada como intento de censura o atentado a la libertad de expresión. Por ello no resulta sorpresivo atestiguar la manera en que algunos sindicatos se funden en convenios o pactos políticos con algunos medios, y las transferencias multimillonarias de dinero público que realizan entre sí, como el celebrado recientemente entre el SNTE y Televisa.
A la democracia mexicana le urge completar su transición para que la institucionalidad de sus autoridades y reglas, el estado de derecho, no tenga excepciones jurídicas, no permita la operación de poderes ilimitados, para que desaparezcan las zonas de opacidad e impunidad. La transición debe atravesar, ineludiblemente, a medios y sindicatos; no para desaparecerlos o erradicarlos, sino para que en la responsabilidad social encuentren su modernidad y contrapeso.
El sindicalismo no estorba a la democracia, ni se opone al desarrollo económico, estoy convencido de ello. Lo que sí se contrapone con el sistema democrático y vulnera la economía nacional, son las ventajas indebidas, los privilegios a costa de los impuestos, la corrupción, la improductividad generada por absurdos mecanismos de contratación laboral, basada en esquemas de control político y no de eficiencia en la prestación de un servicio público tan estratégico como lo es la energía eléctrica. De ahí que esté de acuerdo con el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro.
En LyFC, el 98% de las contrataciones está en manos del SME; en el IMSS, el 90% y en PEMEX, el 63%. El control de la contratación por el SME crea un mecanismo que opera como herencia de puestos de trabajo, lo que impide la posibilidad de que cuente con un proceso de contratación de personal eficiente.
El mecanismo para otorgar preferencia a los familiares de los trabajadores se establece en el contrato. Primero, el contrato indica que LyFC debe contar con cierta cantidad de puestos de formación técnica en diversas áreas de la empresa; segundo, los candidatos para estos puestos son propuestos por el SME, y tienen preferencia los hijos de trabajadores activos, jubilados o ya fallecidos. Finalmente, para ocupar puestos vacantes se prefiere a los ocupantes de los puestos de formación técnica.
Al liquidar el ejecutivo federal a la CLyFC, se ha hecho hincapié de la onerosa transferencia de recursos presupuestales a una empresa estatal que no recupera ni la mitad de lo que se le asigna (42 mil millones de pesos), se ha documentado el deterioro financiero y tecnológico de la compañía, de la fuga de casi una tercera parte de la energía que se le entrega para distribuir , del pasivo laboral de casi 250 mil millones de pesos, de la diferencia entre su planta laboral de 50,000 empleados que atiende al 20 % de los usuarios, sobre los 67,000 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que atienden al 80 % restante; y se ha dicho que el Contrato Colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido el factor determinante de esa descomposición financiera, y por ende, de la pésima e inocultable prestación del servicio.
Sin embargo pocos detalles se han dado de las clausulas que regulan ese contrato colectivo, por el cual el SME, no sólo regula las actividades que LyFC debe realizar, también las actividades que se deben realizar en cada puesto, además de su adscripción geográfica. Un ejemplo: los trabajadores de LFC no pueden atender emergencias en zonas distintas a la de su zona de trabajo, y estas zonas están detalladas en el contrato colectivo.
Esta regulación sobre la organización del trabajo obedeció a las necesidades de la empresa en los años treinta, su establecimiento en el contrato colectivo (1936-37) fue el mecanismo por el cual el sindicato se integró al proceso de modernización. A setenta años, esta característica del contrato colectivo es uno de los principales obstáculos para elevar la productividad de LyFC.
Evidencias anecdóticas sobran en ese desfasamiento contractual: La introducción de equipos de fax originó que el SME se negara a que las secretarias operaran los equipos y que se crearan nuevos puestos que incluyeran en su definición la operación de éstos. En ocasiones las cuadrillas de reparación de fallas técnicas no pueden salir de la empresa por la falta del chofer que conduce el vehículo.
No podemos postular los cambios profundos en ciertos sectores y áreas estratégicas de la economía y para la democracia, y en otras hacernos de la vista gorda si nos son afines. O lo que es lo mismo: no se vale reclamar la democratización y modernización del sindicalismo, según la orientación ideológica o partidista que tengan, y lanzarnos contra ellos sólo si nos son contrarios políticamente. Pero esto vale para todos, y debiera ser el inicio de una acción correctiva de la vida sindical en general.
Así como señalo mi coincidencia con la extinción de la empresa, también señalo que, tan importante como cumplir con lo ofrecido en la indemnización a los trabajadores, será el respeto a la existencia misma del SME, y a la decisión de los trabajadores de continuar en esa organización gremial si son recontratados por Comisión Federal de Electricidad o por una nueva empresa de carácter estatal que substituya la operación. También creo que la operación del servicio público de energía eléctrica debe seguir siendo una esfera exclusiva del Estado.
Entre los sectores con mayor retraso de nuestra transición política a la democracia, tanto porque resisten rendir cuentas, como porque pretenden ser excepción jurídica en el cumplimiento de su responsabilidad social, sin duda se coloca un amplio sector del sindicalismo mexicano, y una buena parte de los medios de comunicación electrónica, particularmente, la televisión. El mismo sistema de partidos presenta rezagos en cuanto a transparencia, racionalidad y austeridad en el uso de recursos públicos. Pero son los dos primeros sectores los que luchan con mayor denuedo por el dudoso honor de ser los últimos en formar parte del cambio democrático de estructuras y someterse al imperio de la ley.
No es casual que ambos sectores opongan a reformas democratizadoras, pretextos privatizadores. Con demasiada frecuencia cualquier esfuerzo por la transparencia en los gremios de trabajadores es ubicado dentro de una dinámica anti-sindical, o como en el caso de los medios, la más mínima propuesta de responsabilidad ante sus auditorios es marcada como intento de censura o atentado a la libertad de expresión. Por ello no resulta sorpresivo atestiguar la manera en que algunos sindicatos se funden en convenios o pactos políticos con algunos medios, y las transferencias multimillonarias de dinero público que realizan entre sí, como el celebrado recientemente entre el SNTE y Televisa.
A la democracia mexicana le urge completar su transición para que la institucionalidad de sus autoridades y reglas, el estado de derecho, no tenga excepciones jurídicas, no permita la operación de poderes ilimitados, para que desaparezcan las zonas de opacidad e impunidad. La transición debe atravesar, ineludiblemente, a medios y sindicatos; no para desaparecerlos o erradicarlos, sino para que en la responsabilidad social encuentren su modernidad y contrapeso.
El sindicalismo no estorba a la democracia, ni se opone al desarrollo económico, estoy convencido de ello. Lo que sí se contrapone con el sistema democrático y vulnera la economía nacional, son las ventajas indebidas, los privilegios a costa de los impuestos, la corrupción, la improductividad generada por absurdos mecanismos de contratación laboral, basada en esquemas de control político y no de eficiencia en la prestación de un servicio público tan estratégico como lo es la energía eléctrica. De ahí que esté de acuerdo con el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro.
En LyFC, el 98% de las contrataciones está en manos del SME; en el IMSS, el 90% y en PEMEX, el 63%. El control de la contratación por el SME crea un mecanismo que opera como herencia de puestos de trabajo, lo que impide la posibilidad de que cuente con un proceso de contratación de personal eficiente.
El mecanismo para otorgar preferencia a los familiares de los trabajadores se establece en el contrato. Primero, el contrato indica que LyFC debe contar con cierta cantidad de puestos de formación técnica en diversas áreas de la empresa; segundo, los candidatos para estos puestos son propuestos por el SME, y tienen preferencia los hijos de trabajadores activos, jubilados o ya fallecidos. Finalmente, para ocupar puestos vacantes se prefiere a los ocupantes de los puestos de formación técnica.
Al liquidar el ejecutivo federal a la CLyFC, se ha hecho hincapié de la onerosa transferencia de recursos presupuestales a una empresa estatal que no recupera ni la mitad de lo que se le asigna (42 mil millones de pesos), se ha documentado el deterioro financiero y tecnológico de la compañía, de la fuga de casi una tercera parte de la energía que se le entrega para distribuir , del pasivo laboral de casi 250 mil millones de pesos, de la diferencia entre su planta laboral de 50,000 empleados que atiende al 20 % de los usuarios, sobre los 67,000 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que atienden al 80 % restante; y se ha dicho que el Contrato Colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido el factor determinante de esa descomposición financiera, y por ende, de la pésima e inocultable prestación del servicio.
Sin embargo pocos detalles se han dado de las clausulas que regulan ese contrato colectivo, por el cual el SME, no sólo regula las actividades que LyFC debe realizar, también las actividades que se deben realizar en cada puesto, además de su adscripción geográfica. Un ejemplo: los trabajadores de LFC no pueden atender emergencias en zonas distintas a la de su zona de trabajo, y estas zonas están detalladas en el contrato colectivo.
Esta regulación sobre la organización del trabajo obedeció a las necesidades de la empresa en los años treinta, su establecimiento en el contrato colectivo (1936-37) fue el mecanismo por el cual el sindicato se integró al proceso de modernización. A setenta años, esta característica del contrato colectivo es uno de los principales obstáculos para elevar la productividad de LyFC.
Evidencias anecdóticas sobran en ese desfasamiento contractual: La introducción de equipos de fax originó que el SME se negara a que las secretarias operaran los equipos y que se crearan nuevos puestos que incluyeran en su definición la operación de éstos. En ocasiones las cuadrillas de reparación de fallas técnicas no pueden salir de la empresa por la falta del chofer que conduce el vehículo.
No podemos postular los cambios profundos en ciertos sectores y áreas estratégicas de la economía y para la democracia, y en otras hacernos de la vista gorda si nos son afines. O lo que es lo mismo: no se vale reclamar la democratización y modernización del sindicalismo, según la orientación ideológica o partidista que tengan, y lanzarnos contra ellos sólo si nos son contrarios políticamente. Pero esto vale para todos, y debiera ser el inicio de una acción correctiva de la vida sindical en general.
Así como señalo mi coincidencia con la extinción de la empresa, también señalo que, tan importante como cumplir con lo ofrecido en la indemnización a los trabajadores, será el respeto a la existencia misma del SME, y a la decisión de los trabajadores de continuar en esa organización gremial si son recontratados por Comisión Federal de Electricidad o por una nueva empresa de carácter estatal que substituya la operación. También creo que la operación del servicio público de energía eléctrica debe seguir siendo una esfera exclusiva del Estado.
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