Javier Corral Jurado
No hay duda de que, en la larga tradición patriarcal que ha caracterizado el manejo político de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, se ha producido un cambio significativo al elegir como nueva presidenta de su consejo directivo a la licenciada Karen Sánchez Abbott. Es la primera mujer en dirigir a esa industria familiar en su historia.
Una mujer al frente de la CIRT abre por ese solo hecho la esperanza de que la lucha por los derechos de las mujeres sea mejor comprendida y apoyada en el estratégico campo de los medios, en el que hoy se refuerza una cultura machista y misógina. Por la pantalla de las dos principales cadenas de tv desfilan imágenes estereotipadas y degradantes del papel de la mujer. Quizá ese elemento de transformación pueda colocarse como la impronta que la licenciada Sánchez dé a su mandato.
Donde no hay mucho cambio qué esperar es en la concepción que los concesionarios —hijos o padres— tienen sobre la naturaleza jurídica del servicio que prestan y del bien público del que disponen.
No obstante su juventud, y el dinamismo e inteligencia con que encabezó a los radiodifusores del valle de México, en cuanto fue elegida presidenta de la CIRT, la licenciada Sánchez tuvo que echar por delante de qué tipo de cámara será dirigente y de qué tradición es heredera. Declaró a EL UNIVERSAL: “Necesitamos certeza jurídica y saber que podemos continuar con las concesiones que hemos manejado durante muchos años y a las que hemos dedicado todo nuestro tiempo y las consideramos parte de nuestro patrimonio”.
Por ello considera que en principio no debe existir contraprestación por los refrendos de las concesiones, ni debe haber licitación para obtenerlos.
Desde hace décadas, los principales empresarios de la radiodifusión en México han postulado una especie de propiedad sobre las concesiones del espectro que les han sido otorgadas para prestar los servicios de radio y tv. Dicen que las frecuencias son de ellos, parte de su patrimonio personal por virtud del enorme sacrificio y trabajo que les imprimen. La plusvalía del trabajo como método para desincorporar a manos particulares bienes del dominio de la nación.
Aunque no se crea, esa concepción está ampliamente desarrollada entre los miembros de la CIRT, y hay quienes han elaborado toda una tesis jurídica sobre el refrendo automático a perpetuidad de las concesiones bajo el argumento de “los derechos adquiridos”. Esa, por ejemplo, fue una de las abusivas pretensiones de la ley televisa, que de manera contundente atajó la SCJN al declarar inconstitucional la norma que exceptuaba de volver a concursar y del pago de una contraprestación a las concesiones que llegaran a su término de duración.
Lo que podría considerarse una confesión de la cultura del agandalle por la que un puñado de concesionarios se ha hecho “dueño” del espectro radioeléctrico es en realidad una de las posiciones más progresistas que se hayan generado en alguna cámara industrial con motivo del centenario de la Revolución; lo que pasa es que quienes miramos con ojo crítico a ese sector ya no somos capaces de apreciar los desplantes revolucionarios que entre la clase empresarial también se dan.
Esa tesis evoca a Emiliano Zapata, “La tierra es de quien la trabaja”, y asume la concepción del territorio por la que el espacio aéreo forma parte de él, según lo establece el artículo 27 constitucional. Así, las concesiones son de ellos, para siempre, porque “El aire es de quien lo trabaja”. La deficiencia de esta corriente de pensamiento, el neozapatismo electrónico, es su limitado campo de aplicación: sólo vale para los que lucran con las concesiones y no para las radios comunitarias, educativas, culturales, universitarias u oficiales. Ahí sí se exigen menor duración de los permisos (prohibido darles concesiones) y mecanismos de evaluación de todo tipo, incluidos los policiacos, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y proceder de inmediato a “rescatar” frecuencias del Estado.
Nunca imaginé que, con todo y que la SCT ha ignorado los criterios de la sentencia que emitió la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en más de 50 refrendos —de 137—, que tenían vencimiento posterior a la publicación de ese fallo, todavía se opongan al pago de una contraprestación. Eso me parece una desmesura, un despropósito inaugural del neozapatismo electrónico.
Diputado federal por el PAN
No hay duda de que, en la larga tradición patriarcal que ha caracterizado el manejo político de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, se ha producido un cambio significativo al elegir como nueva presidenta de su consejo directivo a la licenciada Karen Sánchez Abbott. Es la primera mujer en dirigir a esa industria familiar en su historia.
Una mujer al frente de la CIRT abre por ese solo hecho la esperanza de que la lucha por los derechos de las mujeres sea mejor comprendida y apoyada en el estratégico campo de los medios, en el que hoy se refuerza una cultura machista y misógina. Por la pantalla de las dos principales cadenas de tv desfilan imágenes estereotipadas y degradantes del papel de la mujer. Quizá ese elemento de transformación pueda colocarse como la impronta que la licenciada Sánchez dé a su mandato.
Donde no hay mucho cambio qué esperar es en la concepción que los concesionarios —hijos o padres— tienen sobre la naturaleza jurídica del servicio que prestan y del bien público del que disponen.
No obstante su juventud, y el dinamismo e inteligencia con que encabezó a los radiodifusores del valle de México, en cuanto fue elegida presidenta de la CIRT, la licenciada Sánchez tuvo que echar por delante de qué tipo de cámara será dirigente y de qué tradición es heredera. Declaró a EL UNIVERSAL: “Necesitamos certeza jurídica y saber que podemos continuar con las concesiones que hemos manejado durante muchos años y a las que hemos dedicado todo nuestro tiempo y las consideramos parte de nuestro patrimonio”.
Por ello considera que en principio no debe existir contraprestación por los refrendos de las concesiones, ni debe haber licitación para obtenerlos.
Desde hace décadas, los principales empresarios de la radiodifusión en México han postulado una especie de propiedad sobre las concesiones del espectro que les han sido otorgadas para prestar los servicios de radio y tv. Dicen que las frecuencias son de ellos, parte de su patrimonio personal por virtud del enorme sacrificio y trabajo que les imprimen. La plusvalía del trabajo como método para desincorporar a manos particulares bienes del dominio de la nación.
Aunque no se crea, esa concepción está ampliamente desarrollada entre los miembros de la CIRT, y hay quienes han elaborado toda una tesis jurídica sobre el refrendo automático a perpetuidad de las concesiones bajo el argumento de “los derechos adquiridos”. Esa, por ejemplo, fue una de las abusivas pretensiones de la ley televisa, que de manera contundente atajó la SCJN al declarar inconstitucional la norma que exceptuaba de volver a concursar y del pago de una contraprestación a las concesiones que llegaran a su término de duración.
Lo que podría considerarse una confesión de la cultura del agandalle por la que un puñado de concesionarios se ha hecho “dueño” del espectro radioeléctrico es en realidad una de las posiciones más progresistas que se hayan generado en alguna cámara industrial con motivo del centenario de la Revolución; lo que pasa es que quienes miramos con ojo crítico a ese sector ya no somos capaces de apreciar los desplantes revolucionarios que entre la clase empresarial también se dan.
Esa tesis evoca a Emiliano Zapata, “La tierra es de quien la trabaja”, y asume la concepción del territorio por la que el espacio aéreo forma parte de él, según lo establece el artículo 27 constitucional. Así, las concesiones son de ellos, para siempre, porque “El aire es de quien lo trabaja”. La deficiencia de esta corriente de pensamiento, el neozapatismo electrónico, es su limitado campo de aplicación: sólo vale para los que lucran con las concesiones y no para las radios comunitarias, educativas, culturales, universitarias u oficiales. Ahí sí se exigen menor duración de los permisos (prohibido darles concesiones) y mecanismos de evaluación de todo tipo, incluidos los policiacos, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y proceder de inmediato a “rescatar” frecuencias del Estado.
Nunca imaginé que, con todo y que la SCT ha ignorado los criterios de la sentencia que emitió la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en más de 50 refrendos —de 137—, que tenían vencimiento posterior a la publicación de ese fallo, todavía se opongan al pago de una contraprestación. Eso me parece una desmesura, un despropósito inaugural del neozapatismo electrónico.
Diputado federal por el PAN
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