Javier Corral Jurado
La renovación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en la persona de Guillermo Ortiz Mayagoitia, suscita la reflexión sobre el importante papel al que está llamado nuestro máximo tribunal, en los desafíos y acciones que ha de tomar para consolidar su independencia, fortalecer su soberanía como órgano de control de la constitucionalidad, hacer eficaz y expedita la impartición de justicia, orear sus finanzas, decidirse con todas las consecuencias de ello a la transparencia y combatir la corrupción en todos los niveles. Internacionalizarse también, en el sentido globalizador del derecho, y no sólo como globalizados.
Por supuesto que estos anhelos no pueden representar la tarea exclusiva del nuevo presidente de la Corte, sino del conjunto de ministros, magistrados, jueces y miembros de la Judicatura, pero es indiscutible que por las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al pleno y a su presidente, éste se convierte en el principal referente, ejemplo a seguir, animador de la acción.
Para fortuna de esos propósitos, en el diagnóstico y propuestas que el ministro Ortiz Mayagoitia presentó junto con su candidatura reconoce varios de ellos y está consciente de la percepción ciudadana sobre nuestro máximo tribunal. Mejor aún, los seis ministros que se apuntaron para dirigir la Corte comparten ideas y saben que el esfuerzo debe ir encaminado a incrementar la confianza ciudadana en su actuación y la de los jueces.
Y, en efecto, no debe ser "un golpe de timón", como lo descarta Ortiz Mayagoitia, el que recupere la maltrecha credibilidad del Poder Judicial, ni sólo acudir a una estrategia de información y difusión de sus actividades a la ciudadanía, sino hablar con sus resoluciones, decidir con valor, argumentar con honestidad, deliberar con franqueza. El Canal Judicial es un instrumento muy positivo, pero debe ser reconocido en su doble connotación mediática: expone y los expone.
Falta transmitir los tribunales colegiados y unitarios de circuito, que los jueces expongan y se expongan en la explicación de sus sentencias. Es el camino por donde transita la posibilidad del prestigio público: frente a la legitimidad y honestidad de los juzgadores, la obediencia de los ciudadanos a las instituciones judiciales, y además el respeto.
Mejorar la imagen no pasa sólo por más spots de tv; esa es la maléfica contaminación de la dinámica en que han caído los otros poderes de la Unión -incomprensible además que en el Judicial se desarrolle una estrategia de hacerse publicidad en lugar de generar orientación mediante la comunicación social. La Corte no será menos ni más corte por la tv; lo será por el valor de sus decisiones y el respeto a su dignidad frente a las injusticias y francos abusos de los nuevos poderes fácticos que no sólo condicionan, sino que sustituyen al Estado y amenazan la democracia, por supuesto el de la televisión misma.
Y ahí está, en la antesala del pleno de la Corte, la "Ley Televisa", uno de los asuntos de mayor trascendencia para el máximo tribunal. Posibilidad extraordinaria de afirmación soberana y recuperación del Estado, dónde radica el poder.
Saben muy bien los ministros las consecuencias de ese engendro de la rabonería legislativa, sus efectos concentradores en la duopólica estructura de la industria televisiva nacional. No es de su competencia la valoración sobre los motivos electorales que en el Congreso obraron para la aprobación de la reforma, pero están perfectamente enterados de que esa decisión se impuso con una mayoría marcada por el chantaje, el mercadeo, la corrupción y la intimidación.
En el centro de esa decisión está el tema de los derechos adquiridos, con los cuales los demandados contestaron la acción de inconstitucionalidad que planteamos entonces 47 senadores. De manera absurda afirman una especie de derecho real sobre el espectro radioeléctrico para los concesionarios que les permite utilizar para lo que sea esa porción de un bien del dominio de la nación.
No sólo para el futuro de la democracia esa decisión es trascendental; lo es para el nuevo orden jurídico y el marco de modernización que espera a la Corte. Será importante saber si la Corte modifica para el espectro radioeléctrico sus propios criterios en el tema de derechos adquiridos que para otras actividades concesionadas por el Estado ha sentado jurisprudencia.
La Corte deberá responder con claridad: ¿para qué fin se otorga una concesión? ¿Con el de conceder al privado un derecho al espectro radioeléctrico mismo o de que, a través del ejercicio de derechos sobre el espectro radioeléctrico, el concesionario pueda prestar un servicio público? ¿Cuál es el objeto de la concesión? ¿El espectro radioeléctrico en sí o aquellos derechos sobre él necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio público en cuestión? ¿Cuál es la naturaleza de una concesión sobre el espectro radioeléctrico? ¿Es un fin o un medio? En esas respuestas está la justicia que esperamos, y también sabremos la Corte que tenemos.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
La renovación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en la persona de Guillermo Ortiz Mayagoitia, suscita la reflexión sobre el importante papel al que está llamado nuestro máximo tribunal, en los desafíos y acciones que ha de tomar para consolidar su independencia, fortalecer su soberanía como órgano de control de la constitucionalidad, hacer eficaz y expedita la impartición de justicia, orear sus finanzas, decidirse con todas las consecuencias de ello a la transparencia y combatir la corrupción en todos los niveles. Internacionalizarse también, en el sentido globalizador del derecho, y no sólo como globalizados.
Por supuesto que estos anhelos no pueden representar la tarea exclusiva del nuevo presidente de la Corte, sino del conjunto de ministros, magistrados, jueces y miembros de la Judicatura, pero es indiscutible que por las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al pleno y a su presidente, éste se convierte en el principal referente, ejemplo a seguir, animador de la acción.
Para fortuna de esos propósitos, en el diagnóstico y propuestas que el ministro Ortiz Mayagoitia presentó junto con su candidatura reconoce varios de ellos y está consciente de la percepción ciudadana sobre nuestro máximo tribunal. Mejor aún, los seis ministros que se apuntaron para dirigir la Corte comparten ideas y saben que el esfuerzo debe ir encaminado a incrementar la confianza ciudadana en su actuación y la de los jueces.
Y, en efecto, no debe ser "un golpe de timón", como lo descarta Ortiz Mayagoitia, el que recupere la maltrecha credibilidad del Poder Judicial, ni sólo acudir a una estrategia de información y difusión de sus actividades a la ciudadanía, sino hablar con sus resoluciones, decidir con valor, argumentar con honestidad, deliberar con franqueza. El Canal Judicial es un instrumento muy positivo, pero debe ser reconocido en su doble connotación mediática: expone y los expone.
Falta transmitir los tribunales colegiados y unitarios de circuito, que los jueces expongan y se expongan en la explicación de sus sentencias. Es el camino por donde transita la posibilidad del prestigio público: frente a la legitimidad y honestidad de los juzgadores, la obediencia de los ciudadanos a las instituciones judiciales, y además el respeto.
Mejorar la imagen no pasa sólo por más spots de tv; esa es la maléfica contaminación de la dinámica en que han caído los otros poderes de la Unión -incomprensible además que en el Judicial se desarrolle una estrategia de hacerse publicidad en lugar de generar orientación mediante la comunicación social. La Corte no será menos ni más corte por la tv; lo será por el valor de sus decisiones y el respeto a su dignidad frente a las injusticias y francos abusos de los nuevos poderes fácticos que no sólo condicionan, sino que sustituyen al Estado y amenazan la democracia, por supuesto el de la televisión misma.
Y ahí está, en la antesala del pleno de la Corte, la "Ley Televisa", uno de los asuntos de mayor trascendencia para el máximo tribunal. Posibilidad extraordinaria de afirmación soberana y recuperación del Estado, dónde radica el poder.
Saben muy bien los ministros las consecuencias de ese engendro de la rabonería legislativa, sus efectos concentradores en la duopólica estructura de la industria televisiva nacional. No es de su competencia la valoración sobre los motivos electorales que en el Congreso obraron para la aprobación de la reforma, pero están perfectamente enterados de que esa decisión se impuso con una mayoría marcada por el chantaje, el mercadeo, la corrupción y la intimidación.
En el centro de esa decisión está el tema de los derechos adquiridos, con los cuales los demandados contestaron la acción de inconstitucionalidad que planteamos entonces 47 senadores. De manera absurda afirman una especie de derecho real sobre el espectro radioeléctrico para los concesionarios que les permite utilizar para lo que sea esa porción de un bien del dominio de la nación.
No sólo para el futuro de la democracia esa decisión es trascendental; lo es para el nuevo orden jurídico y el marco de modernización que espera a la Corte. Será importante saber si la Corte modifica para el espectro radioeléctrico sus propios criterios en el tema de derechos adquiridos que para otras actividades concesionadas por el Estado ha sentado jurisprudencia.
La Corte deberá responder con claridad: ¿para qué fin se otorga una concesión? ¿Con el de conceder al privado un derecho al espectro radioeléctrico mismo o de que, a través del ejercicio de derechos sobre el espectro radioeléctrico, el concesionario pueda prestar un servicio público? ¿Cuál es el objeto de la concesión? ¿El espectro radioeléctrico en sí o aquellos derechos sobre él necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio público en cuestión? ¿Cuál es la naturaleza de una concesión sobre el espectro radioeléctrico? ¿Es un fin o un medio? En esas respuestas está la justicia que esperamos, y también sabremos la Corte que tenemos.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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