Precisión presidencial

Javier Corral Jurado

El presidente Calderón se ha pronunciado por una mayor competencia en radiodifusión, al responder en una entrevista sobre la tercera cadena en tv: "Partiendo de la premisa de que la competencia es necesaria, y además genera beneficios de calidad y precio para consumidores y productores, lo que tiene que hacer el gobierno es generar condiciones de competencia, sobre todo en una economía global como la que tenemos", dijo a Manolo López de Reforma .

Y recalcó: "La competencia es condición necesaria para un sistema adecuado de producción y distribución de bienes y servicios; pero siendo necesaria, no es suficiente para generar una economía humana, que genere condiciones de vida digna, y ahí se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado".

La declaración es esperanzadora, en el marco de la polémica que el duopolio televisivo puso sobre la mesa cuando embistió al empresario Isaac Saba por solicitar a la SCT abrir un proceso de licitación de nuevas frecuencias, lo que confirmó la necesidad de ampliar las alternativas en este sector y acotar ese desmedido poder ante los abusos.

La respuesta está a tono con lo ofrecido en las 100 acciones para los primeros 100 días de gobierno, y constituye una precisión política, a lo expresado por el secretario Luis Tellez, quien sin necesidad descartó con anticipación que se estuviera pensando en una tercera cadena, ambigüedad que generó todo tipo de reacciones y ha requerido la rectificación.

En la campaña Calderón ofertó varias promesas: asegurar a los usuarios de telefonía -a partir del segundo semestre de 2007- la portabilidad numérica (poder cambiar de compañía sin perder su número); comenzar con la definición del estándar tecnológico y de criterios administrativos para migrar de la radio analógica a digital, incluidas las estaciones permisionarias, culturales, educativas y de amplitud modulada; otorgar nuevas estaciones de radio y tv, identificando las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y tv comercial, cultural, educativa, comunitaria y oficial, para iniciar la licitación pública o permisionaria durante el primer semestre del 2007; y "atender las recomendaciones de la Cofeco para eliminar las barreras regulatorias de entrada para permitir a toda red pública de telecomunicaciones la prestación de todo tipo de servicios en convergencia (tv, internet, telefonía, transmisión de datos)".

Algunas de estas recomendaciones ya se han producido en la convergencia y la competencia y libre concurrencia en contenidos audiovisuales para tv abierta y restringida. Lo que debe revisar el gobierno es la opinión de la Cofeco (28/XI/06) sobre prevenir concentraciones y prácticas monopólicas, impidiendo que un mismo agente participe simultáneamente en redes alámbricas de telefonía fija local y de tv y audio restringidos, excepto aquellas que obtengan opinión favorable y prueben las eficiencias derivadas de la integración, establecer un periodo de espera para desplegar redes bidireccionales distintas a las de telefonía fija, y adoptar regulaciones que otorguen libertad tarifaria a los concesionarios de servicios de radiodifusión, pero sujetar a los agentes con poder a un mecanismo de regulación similar al que prevé la legislación de telecomunicaciones.

Promover un uso eficiente del espectro que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y competidores, de telecomunicaciones y de radio y tv. "Esta política debe incluir criterios para: asignar el espectro disponible entre todos los sectores que lo requieren de manera que equilibre sus necesidades y optimice su uso en la transmisión de señales; liberar a la brevedad los recursos para el despliegue de nuevas tecnologías de banda ancha como WiFi y WiMax4; y evitar la concentración contraria al interés público en los términos del artículo 28 constitucional".

A lo afirmado por el Presidente, y validado por el organismo encargado de la competencia económica, sólo habría que ponerle plazos, bases de licitación imparciales y mecanismos transparentes para su ejecución -con la necesaria intervención de la Cofeco-, habida cuenta de la cooptación que las televisoras tienen de la Cofetel, hecho por demás documentado.

De no resolverse por la SCJN la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, antes de la formulación de ese Plan de Concesionamiento, se deben delimitar las responsabilidades y facultades del gobierno en ese proceso. En los artículos 17A y 17B se habla separadamente de secretaría y comisión; más que una falta de técnica-jurídica evidente, también es clara la pretendida exclusividad que al órgano desconcentrado se le quiso legalizar por encima de su adscripción jerárquica superior. Pero el artículo 17J reconoce: "La resolución que declare al ganador de la licitación -de una concesión- deberá ser presentada al secretario para la emisión del título de concesión".

No hay motivo para detener una decisión que, de no llevarse a cabo ahora, volvería a recorrer el camino de los intereses político-electorales que tantas veces la han cancelado.

Profesor de la FCPyS de la UNAM