Vs. el dispendio

Sergio Aguayo Quezada

El Instituto Federal Electoral (IFE) demandará a la Cámara de Diputados por recortarle 720 millones de pesos a su presupuesto de este año... sin tocar un centavo de lo entregado a los partidos. El hecho, inédito, se relaciona con una propuesta ciudadana para reducir en un 50 por ciento el dinero público entregado a los partidos.

En América Latina crece la insatisfacción con una democracia incapaz de resolver las expectativas despertadas. Dos teóricos de la democracia, Juan Linz y Alfred Stepan, dan una explicación bastante sensata: las "elecciones libres y competidas son una condición necesaria para la transición democrática pero de ninguna manera son suficientes para completarla". Según el Latinobarómetro la aprobación cayó el año pasado en un 7 por ciento.

México se distingue por motivos poco edificantes: las elecciones han perdido confiabilidad y si la democracia no funciona es, en buena medida, por ¡el exceso de dinero público -federal y estatal- que reciben por ley los partidos! En el dispendio sí destaca México: en el 2006 los partidos recibieron 6 mil 200 millones de pesos; 4 mil 136 millones de la Federación y el resto de los estados (la Asamblea del Distrito Federal les concedió 489 millones). A ello tendríamos que agregar los recursos privados sobre los que tampoco hay controles efectivos.

La riqueza de los partidos acarrea consecuencias negativas. Tanto dinero corrompe la relación con una parte de los electores que ya se acostumbraron a pedir pagos o dádivas a candidatos y partidos. Distorsiona el trato con los medios de comunicación -sobre todo los electrónicos- para quienes los partidos son fuente de riqueza eterna. Degrada la calidad de la militancia porque el partido se transforma en fuente de empleos y en puerta de acceso a cargos muy bien pagados. Finalmente, alienta la burocratización que repercute en la pobre calidad de los legislativos. El resultado es un correoso entramado de intereses creados.

¿Cómo romper este cuello de botella democrático? El reto es al mismo tiempo intelectual y práctico. Si como analista interpreto la política, como ciudadano he participado en los asuntos públicos a través de organismos cívicos. Ante el panorama de una democracia opulenta y débil, en noviembre del 2005 tres organizaciones -Alianza Cívica, Presencia Ciudadana y Propuesta Cívica en la que participo- lanzaron una iniciativa, apoyada por académicos y periodistas, para reunir 1 millón de firmas y pedir al Congreso de la Unión la reducción en 50 por ciento del dinero federal entregado a los partidos. El proyecto se empantanó y diluyó en la vorágine electoral del 2006. Por la ferocidad de la contienda creció la desconfianza y aumentaron las negativas a firmar un formulario en el que se pedían todos los datos y números incluidos en la credencial de elector. Demasiado sospechoso para el año de las suspicacias.

La información era indispensable para cumplir con las leyes de los 17 estados que permiten a ciudadanos sin partido presentar iniciativas con valor jurídico. Políticos y partidos hablan mucho de participación ciudadana pero las leyes que aprueban la obstaculizan. En el Guanajuato panista para presentar una iniciativa ante el Congreso se exigen más de 90 mil firmas acompañadas de ¡las fotocopias de la credencial de elector! En el DF perredista los obstáculos aparecen en formalismos que hacen difícil cumplir con los requisitos.

El saldo de la campaña no fue alentador: sólo pudieron llenarse en todo el país unos 40 mil formularios, lo que, es evidente, carece de peso político. El tema adquiere actualidad este año cuando se reconfirmó que ningún partido quiere o puede reducir sus prerrogativas. Pese al evidente conflicto de interés los diputados le ordenaron al IFE que se redujera su presupuesto 720 millones sin reducirse un peso y el IFE buscará protección con la Suprema Corte. La tacañería se debe a las deudas del año pasado, a los gastos en las elecciones de 14 estados y a las burocracias partidistas. Las prerrogativas del IFE son el único punto en el que convergen la derecha y la izquierda partidistas.

Hace unos días recibí una llamada de Denise Dresser, una de las integrantes del Comité Promotor cuyos nombres aparecen al final. Estaba indignada por los retrocesos en la calidad democrática y preocupada por el pasmo ciudadano. Acordamos reactivar la iniciativa y dio el primer paso comentándola ampliamente en el noticiero de José Gutiérrez Vivó quien desde un primer momento apoyó desde Monitor Radio la recolección de firmas. La reacción fue impresionante. En un solo día entraron 3 mil 500 personas a la página de Propuesta Cívica.

Así pues, se reinicia el esfuerzo para reducir el dinero entregado a los partidos aunque con objetivos más ajustados a la realidad. En una vertiente se buscarán firmas -electrónicas o autógrafas- sin tantos requisitos y ésas son las que se presentarán ante el Congreso de la Unión a finales de este año. Será un acto simbólico porque, como mencionaba anteriormente, falta una ley federal que permita a los ciudadanos presentar iniciativas o solicitar un referéndum. Un caso especial es el Distrito Federal en donde la Ley de Participación Ciudadana pide unas 40 mil firmas autógrafas que complementa el registro de todos los datos incluidos en la credencial de elector. Falta la mitad y se intentará reunirlas para iniciar un procedimiento con valor legal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado que los partidos difícilmente se reducirán sus prerrogativas -su adicción es demasiado fuerte- es indispensable seguir insistiendo y, en la medida de lo posible, interponiendo recursos legales. Es intolerable el abuso y por ello es que un grupo de ciudadanos estamos promoviendo la recolección de firmas para exigirles que reduzcan a la mitad sus prerrogativas. Es uno entre los diversos caminos que debemos recorrer para combatir el dispendio de una partidocracia nociva para la democracia.

Propuesta Cívica