Se aprobó en el Senado la Ley para la reforma del Estado, un método para procesar la discusión y el acuerdo parlamentario en torno de posibles cambios constitucionales y legales que rediseñen el régimen político, y aterricen varias de las aspiraciones de nuestra prolongada etapa de transición democrática. Es de esperarse que en las siguientes semanas lo haga la colegisladora, para que tome inicio y vigencia el plazo de 12 meses que los propios legisladores se fijaron para tener resultados. Por supuesto que luchar contra el inmovilismo de los últimos 10 años y desatorar el tema es plausible y esperanzador.
Propongo colocar como uno de los asuntos fundamentales del fortalecimiento democrático y la garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos terminar con la política spotera, una de las causas de la desfiguración de la clase política, y por consecuencia, de otras distorsiones en el terreno del poder, la autoridad, ni más ni menos que uno de los elementos constitutivos del Estado.
Escribió Raúl Trejo Delarbre sobre las pasadas elecciones: "Escasas en ideas, desbordantes de irritación y singularizadas por el encono mutuo entre los principales candidatos, las campañas presidenciales de 2006 en México tuvieron en los medios de comunicación su principal e ineludible escenario. Los partidos políticos gastaron centenares de millones de pesos en la contratación de 251 horas de propaganda política en la televisión y la radio de todo el país. Los medios, a su vez, se ocuparon de esas campañas y de sus candidatos presidenciales en más de 6 mil 200 horas en sus noticieros y programas de discusión. Los ciudadanos se enteraron qué decían de sí mismos pero, sobre todo, de las acusaciones que propinaban a sus adversarios los candidatos principales".
"El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos hubiera protagonistas durante las campañas de 2006. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas y no al revés".
Cualquier modelo de reforma institucional que se plantee en serio la consolidación del sistema democrático pasa necesariamente por un cambio en las reglas de relación de la política electoral y los medios. En primer lugar, echar abajo la Ley Televisa, ya sea por vía de la Corte o de la obligada rectificación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, pues la mejor reforma electoral que se logre actuará sobre un terreno totalmente disparejo. No se debe eludir ese hecho, si somos honestos en el análisis.
Pero lo que es absolutamente básico es regular la publicidad electoral, para iniciar así una nueva lógica poder-medios. Es apremiante, ya que es un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales, es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política.
En materia de legislación electoral, atada a las normas de radiodifusión, debemos prohibir de una vez por todas la contratación comercial de publicidad electoral, y sólo poner a disposición de los procesos eleccionarios locales y federales la utilización de los tiempos oficiales en radio y tv, que aun y con la cesión que la administración anterior hizo de esta obligación fiscal, no es nada despreciable el tiempo que resta a favor del Estado: 48 minutos en tv y 65 minutos en radio, diariamente, en cada una de las mil 488 estaciones de radio (mil 150 concesiones y 338 permisos), y en los 584 canales de tv operando (461 concesiones y 123 permisos).
En una estación de radio, en sólo 90 días, el Estado tiene 97.5 horas. Y en una estación de tv, 72 horas. Si continuara la política spotera: en una estación de radio representarían 292.5 sound bites de 20 segundos, duración en la que ya anda el spot; en un canal de televisión, 216. Suficientes para continuar la saturación, pero que le ahorraría cuantiosos recursos al Estado, y eliminaríamos ese vínculo de dependencia existencial del sistema de partidos con los medios.
Es por lo tanto necesario incorporar a la Ley Federal de Radio y Televisión -y las correspondientes adecuaciones en el Cofipe- un capítulo que regule los tiempos de Estado, y homologue a 60 minutos la obligación a concesionarios y permisionarios de radio y tv. Se le reducen cinco minutos a la radio y se le aumentan 12 minutos a la tv, de lo que hoy tienen. Se eliminaría el llamado tiempo fiscal, y todo se concentraría en la ley.
Atajar la política spotera es el reto, eliminar la matriz de la corrupción política que, según Manuel Castells, está en esa "infrafinanciación crónica que padecen los actores políticos". y en "el aumento exponencial de la brecha entre los gastos necesarios y los ingresos legales".
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Propongo colocar como uno de los asuntos fundamentales del fortalecimiento democrático y la garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos terminar con la política spotera, una de las causas de la desfiguración de la clase política, y por consecuencia, de otras distorsiones en el terreno del poder, la autoridad, ni más ni menos que uno de los elementos constitutivos del Estado.
Escribió Raúl Trejo Delarbre sobre las pasadas elecciones: "Escasas en ideas, desbordantes de irritación y singularizadas por el encono mutuo entre los principales candidatos, las campañas presidenciales de 2006 en México tuvieron en los medios de comunicación su principal e ineludible escenario. Los partidos políticos gastaron centenares de millones de pesos en la contratación de 251 horas de propaganda política en la televisión y la radio de todo el país. Los medios, a su vez, se ocuparon de esas campañas y de sus candidatos presidenciales en más de 6 mil 200 horas en sus noticieros y programas de discusión. Los ciudadanos se enteraron qué decían de sí mismos pero, sobre todo, de las acusaciones que propinaban a sus adversarios los candidatos principales".
"El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos hubiera protagonistas durante las campañas de 2006. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas y no al revés".
Cualquier modelo de reforma institucional que se plantee en serio la consolidación del sistema democrático pasa necesariamente por un cambio en las reglas de relación de la política electoral y los medios. En primer lugar, echar abajo la Ley Televisa, ya sea por vía de la Corte o de la obligada rectificación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, pues la mejor reforma electoral que se logre actuará sobre un terreno totalmente disparejo. No se debe eludir ese hecho, si somos honestos en el análisis.
Pero lo que es absolutamente básico es regular la publicidad electoral, para iniciar así una nueva lógica poder-medios. Es apremiante, ya que es un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales, es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política.
En materia de legislación electoral, atada a las normas de radiodifusión, debemos prohibir de una vez por todas la contratación comercial de publicidad electoral, y sólo poner a disposición de los procesos eleccionarios locales y federales la utilización de los tiempos oficiales en radio y tv, que aun y con la cesión que la administración anterior hizo de esta obligación fiscal, no es nada despreciable el tiempo que resta a favor del Estado: 48 minutos en tv y 65 minutos en radio, diariamente, en cada una de las mil 488 estaciones de radio (mil 150 concesiones y 338 permisos), y en los 584 canales de tv operando (461 concesiones y 123 permisos).
En una estación de radio, en sólo 90 días, el Estado tiene 97.5 horas. Y en una estación de tv, 72 horas. Si continuara la política spotera: en una estación de radio representarían 292.5 sound bites de 20 segundos, duración en la que ya anda el spot; en un canal de televisión, 216. Suficientes para continuar la saturación, pero que le ahorraría cuantiosos recursos al Estado, y eliminaríamos ese vínculo de dependencia existencial del sistema de partidos con los medios.
Es por lo tanto necesario incorporar a la Ley Federal de Radio y Televisión -y las correspondientes adecuaciones en el Cofipe- un capítulo que regule los tiempos de Estado, y homologue a 60 minutos la obligación a concesionarios y permisionarios de radio y tv. Se le reducen cinco minutos a la radio y se le aumentan 12 minutos a la tv, de lo que hoy tienen. Se eliminaría el llamado tiempo fiscal, y todo se concentraría en la ley.
Atajar la política spotera es el reto, eliminar la matriz de la corrupción política que, según Manuel Castells, está en esa "infrafinanciación crónica que padecen los actores políticos". y en "el aumento exponencial de la brecha entre los gastos necesarios y los ingresos legales".
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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