Hasta la fecha, el presidente Felipe Calderón ha tratado de ser cauteloso y prudente. Avanzar con pasos cortos pero firmes parece ser la norma, por lo menos en la parte económica. Los objetivos principales están claros: fomentar el crecimiento económico y el empleo, reducir la pobreza y promover el desarrollo social.
Hay indicios de que la política económica de corto plazo se moverá en esta dirección. El presupuesto de 2007 es una primera muestra.
Sin embargo, no puede transcurrir demasiado tiempo sin retomar el asunto de las reformas pendientes: fiscal, laboral, energética, y reencauzar la discusión para que salgan del limbo actual.
En los círculos académicos y políticos hay quienes consideran que los cambios provocados por la liberalización del comercio internacional, la privatización de entidades gubernamentales y la reducción del déficit de las finanzas públicas fueron demasiado lejos. Es una de las banderas que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores enarbolan cada vez que pueden. Por lo contrario, algunas corrientes de opinión estiman que es necesario avanzar en reformas más ambiciosas y que falta mucho por hacer.
Jeromin Zettlemeyer, investigador del FMI, recabó un compendio de hechos y argumentos respecto de las reformas económicas y el crecimiento de América Latina que ayudan a restarle ideología a la discusión y pueden aportar evidencia y sensatez, elemento, este último, ausente en México por largo tiempo (véase Growth and Reforms in Latin America: A Survey of Facts and Arguments, IMF, 2006).
En la década de 1990, génesis de las reformas mencionadas, el ingreso por habitante en México creció en promedio 2.8% anualmente, en términos reales, a pesar de la crisis de 1994-1995. Parte de la evidencia recopilada por Zettlemeyer muestra que poco más de la mitad de este avance obedeció a los esfuerzos para disminuir el desequilibrio fiscal, abatir la inflación y estabilizar la macroeconomía. Es importante preservar la estabilización para no perder lo ganado, pero hacia delante no se puede esperar que ésta rinda más de lo que ya dio al crecimiento económico.
Por otra parte, aproximadamente 47% de la mejora del PIB per cápita en la década en cuestión podría achacarse a la apertura comercial y la privatización de empresas gubernamentales. No es la panacea pero tampoco es desdeñable, por lo que cabría insistir en reformas adicionales.
Los críticos de las reformas que fortalecen las prácticas de mercado estiman que deberíamos regresar a los paradigmas del pasado. Su argumento central es que el aumento del ingreso per cápita fue mayor en la época de la protección comercial y el incremento del gasto público para promover el crecimiento y el empleo. Pasan por alto que el proteccionismo inhibe la productividad, algo que resulta mortal en una economía globalizada, y que elevar el gasto acarrearía un aumento insostenible de la deuda pública, como ocurrió en los años 80.
Es un hecho que las reformas del llamado neoliberalismo tuvieron consecuencias indeseables en ciertas áreas, i.e. las manufacturas, y que ajustar las finanzas públicas reduciendo la inversión genera una falta de servicios públicos. Pero la evidencia de Zettlemeyer no indica que los daños fueran mayores que los beneficios.
Hay diferencia entre un modelo agotado y uno que, sustentado en la misma línea de los pasados tres lustros, rendiría buenos frutos si se revitaliza, por ejemplo, abriendo espacio a nueva infraestructura, mayor competencia y mejor calidad de los servicios gubernamentales. Es tiempo de cerrar la llave al dogmatismo y tratar de construir sobre el camino ya recorrido, en vez de iniciar otro.
El autor fue director de Grupo Economistas y Asociados.
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