23 de enero de 2007

Precisión presidencial

Javier Corral Jurado

El presidente Calderón se ha pronunciado por una mayor competencia en radiodifusión, al responder en una entrevista sobre la tercera cadena en tv: "Partiendo de la premisa de que la competencia es necesaria, y además genera beneficios de calidad y precio para consumidores y productores, lo que tiene que hacer el gobierno es generar condiciones de competencia, sobre todo en una economía global como la que tenemos", dijo a Manolo López de Reforma .

Y recalcó: "La competencia es condición necesaria para un sistema adecuado de producción y distribución de bienes y servicios; pero siendo necesaria, no es suficiente para generar una economía humana, que genere condiciones de vida digna, y ahí se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado".

La declaración es esperanzadora, en el marco de la polémica que el duopolio televisivo puso sobre la mesa cuando embistió al empresario Isaac Saba por solicitar a la SCT abrir un proceso de licitación de nuevas frecuencias, lo que confirmó la necesidad de ampliar las alternativas en este sector y acotar ese desmedido poder ante los abusos.

La respuesta está a tono con lo ofrecido en las 100 acciones para los primeros 100 días de gobierno, y constituye una precisión política, a lo expresado por el secretario Luis Tellez, quien sin necesidad descartó con anticipación que se estuviera pensando en una tercera cadena, ambigüedad que generó todo tipo de reacciones y ha requerido la rectificación.

En la campaña Calderón ofertó varias promesas: asegurar a los usuarios de telefonía -a partir del segundo semestre de 2007- la portabilidad numérica (poder cambiar de compañía sin perder su número); comenzar con la definición del estándar tecnológico y de criterios administrativos para migrar de la radio analógica a digital, incluidas las estaciones permisionarias, culturales, educativas y de amplitud modulada; otorgar nuevas estaciones de radio y tv, identificando las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y tv comercial, cultural, educativa, comunitaria y oficial, para iniciar la licitación pública o permisionaria durante el primer semestre del 2007; y "atender las recomendaciones de la Cofeco para eliminar las barreras regulatorias de entrada para permitir a toda red pública de telecomunicaciones la prestación de todo tipo de servicios en convergencia (tv, internet, telefonía, transmisión de datos)".

Algunas de estas recomendaciones ya se han producido en la convergencia y la competencia y libre concurrencia en contenidos audiovisuales para tv abierta y restringida. Lo que debe revisar el gobierno es la opinión de la Cofeco (28/XI/06) sobre prevenir concentraciones y prácticas monopólicas, impidiendo que un mismo agente participe simultáneamente en redes alámbricas de telefonía fija local y de tv y audio restringidos, excepto aquellas que obtengan opinión favorable y prueben las eficiencias derivadas de la integración, establecer un periodo de espera para desplegar redes bidireccionales distintas a las de telefonía fija, y adoptar regulaciones que otorguen libertad tarifaria a los concesionarios de servicios de radiodifusión, pero sujetar a los agentes con poder a un mecanismo de regulación similar al que prevé la legislación de telecomunicaciones.

Promover un uso eficiente del espectro que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y competidores, de telecomunicaciones y de radio y tv. "Esta política debe incluir criterios para: asignar el espectro disponible entre todos los sectores que lo requieren de manera que equilibre sus necesidades y optimice su uso en la transmisión de señales; liberar a la brevedad los recursos para el despliegue de nuevas tecnologías de banda ancha como WiFi y WiMax4; y evitar la concentración contraria al interés público en los términos del artículo 28 constitucional".

A lo afirmado por el Presidente, y validado por el organismo encargado de la competencia económica, sólo habría que ponerle plazos, bases de licitación imparciales y mecanismos transparentes para su ejecución -con la necesaria intervención de la Cofeco-, habida cuenta de la cooptación que las televisoras tienen de la Cofetel, hecho por demás documentado.

De no resolverse por la SCJN la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, antes de la formulación de ese Plan de Concesionamiento, se deben delimitar las responsabilidades y facultades del gobierno en ese proceso. En los artículos 17A y 17B se habla separadamente de secretaría y comisión; más que una falta de técnica-jurídica evidente, también es clara la pretendida exclusividad que al órgano desconcentrado se le quiso legalizar por encima de su adscripción jerárquica superior. Pero el artículo 17J reconoce: "La resolución que declare al ganador de la licitación -de una concesión- deberá ser presentada al secretario para la emisión del título de concesión".

No hay motivo para detener una decisión que, de no llevarse a cabo ahora, volvería a recorrer el camino de los intereses político-electorales que tantas veces la han cancelado.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

17 de enero de 2007

Yucatán: se rompe el PAN

Ricardo Alemán

Son de tal magnitud la lucha de poder y las venganzas que se dinamitan los consolidados bastiones partidistas locales

La crisis política e ideológica que vive en casi todo el país el Partido Acción Nacional alcanzó el clímax en Yucatán -indiscutible bastión histórico-, cuando uno de sus más populares liderazgos locales, el de la ex diputada, ex senadora y ex colaboradora del gobierno de Vicente Fox, Ana Rosa Payán Cervera, renunció a su militancia y anunció la construcción de un Frente Amplio Ciudadano para competir por el gobierno estatal.

La decisión extrema de la también ex alcaldesa de Mérida se produjo luego de que, por mayoría de votos, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN rechazó la impugnación presentada por la yucateca sobre graves irregularidades detectadas en el proceso interno para la selección del candidato al gobierno estatal; proceso que favoreció a Xavier Abreu Sierra, ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del panista Patricio Patrón Laviada, quien al más puro estilo del viejo PRI impuso a su sucesor con todo el peso de su cargo y con dinero público.

La crisis política que vive el PAN yucateco en realidad era "la historia de una crisis anunciada", en la que la dirigencia nacional de ese partido, en manos de Manuel Espino, tomó partido contra el panismo tradicional -y contra los impugnadores del ex precandidato presidencial Santiago Creel-, en su guerra personal contra los grupos afines al presidente Calderón. Y es que Ana Rosa Payán es parte de un grupo de mujeres panistas cuya apuesta por la candidatura presidencial, en su momento, se expresó contra Santiago Creel y en favor de Felipe Calderón y Alberto Cárdenas. En el fondo asistimos a una suerte de cobro de facturas, que tendrá un elevado costo político.

Y es que son de tal magnitud la lucha de poder y las venganzas políticas en el PAN, que desde el interior del propio partido en el poder se dinamitan los otrora consolidados bastiones partidistas, como es el caso de Yucatán -entre muchos otros, al grado que dejan abierta la puerta para el eventual regreso del PRI al poder en esa entidad. En las condiciones en que se encuentra hoy el PAN yucateco, resulta casi imposible que ese partido retenga el gobierno estatal y se favorece que su adversario histórico, el PRI, vuelva por sus fueros.

Para nadie es un secreto que la del gobernador panista Patricio Patrón Laviada -quien llegó al poder gracias a la ola foxista del año 2000- resultó una administración fallida, más bien gris, en la que imperaron el nepotismo, la corrupción y el clientelismo -entre muchas otras lindezas de la vieja cultura del PRI-, y en la que las siglas del otrora partido apóstol de la democracia se convirtieron en una rentable franquicia para el reparto del poder. Esa realidad llevó a Payán Cervera a realizar una intensa campaña interna para recuperar no sólo el control de su partido, sino las fuentes reales de poder, como el gobierno estatal, alcaldías y diputaciones.

Pero la señora Payán no tomó en cuenta un pequeño detalle; que una vez pasada la elección presidencial, y que el PAN retuvo el poder a través de Felipe Calderón, había llegado el momento del cobro de facturas. Resulta que el gobernador Patricio Patrón era uno de los mandatarios estatales que apoyaban a Santiago Creel -en la interna por la candidatura presidencial-, y que al llegar el momento de dejar el cargo no estaba dispuesto a rendir la plaza, sobre todo para dejarla en manos de quien se había convertido en su más severa crítica, la señora Payán. Por eso se convirtió en el promotor de uno de sus leales, Xavier Abreu -un político de la vieja guardia acusado de corrupción y con severos problemas con su manera de beber-, quien al final de cuentas resultó ganancioso de la cuestionada elección interna.

Dentro del PAN se cerraron las puertas para la señora Payán, quien ante la adversidad política enseñó una vena desconocida en su tradicional conservadurismo; la de lideresa sin partido, dispuesta a luchar contra los que llama "secuestradores del partido". Ana Rosa Payán -dos veces alcaldesa de Mérida, diputada local y federal, senadora, además de responsable del DIF en el gobierno foxista- renunció a su militancia, pero no a su lucha contra la desviación del PAN. La elección interna en la que perdió -la misma en la que participaron sólo los panistas y que resultó manipulada desde el gobierno estatal- no es representativa de su liderazgo real, pues a su salida se lleva un importante caudal de votos que podrían hacer perder a su ex partido el gobierno estatal.

Y paradojas de la política. Hace poco más de seis años, todos los partidos de Yucatán sumaron fuerzas para derrotar al PRI -en esa ocasión hicieron causa común el PAN y el PRD-, con el fin de lograr el triunfo de Patricio Patrón Laviada. Hoy, el inexistente PRD yucateco y el resto de la chiquillería partidista pretenden sumar fuerzas -con Ana Rosa Payán al frente- para derrotar al "delfín" de Patrón Laviada. Y los que conocen la realidad política de la península aseguran que en realidad todos los partidos, PAN, PRD y la chiquillería, parecen dispuestos al milagro, a que la candidata del PRI Ivonne Ortega Pacheco -activista fresca, sobrina de Víctor Cervera- se quede con el gobierno. Desde el CEN del PAN demolieron al PAN de Yucatán. Al tiempo.

15 de enero de 2007

Las relaciones India-México en un amplio contexto

Rajiv Bhatia

Rajiv Bhatia es embajador de India en México, y miembro del Servicio Exterior de su país.

EL CONTEXTO

Las relaciones que unen a dos países se iluminan una vez que son vistas contra el telón de fondo del amplio desarrollo histórico y regional.

Localizados en partes opuestas del globo, India y México están separados no sólo por la geografía, sino también por una sensible asimetría que corresponde al tamaño del crecimiento demográfico, económico, lingüístico, experiencia colonial y desarrollo constitucional. Aun así, se mantienen unidos por semejanzas culturales, percepciones compartidas e intereses comunes. Un análisis crítico de sus relaciones bilaterales en el contexto contemporáneo podría ser un indicador de la dinámica cambiante de sus regiones.

El telón de fondo inmediato para este ensayo es la victoria de Felipe Calderón como el próximo presidente de México. Se conoce su intención de dar prioridad a las relaciones de México con Asia, en particular China e India. La acertada visita del primer ministro Manmohan Singh a Brasil y Cuba en septiembre de 2006 subrayó el interés creciente de India en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Previamente, el doctor Singh manifestó que los continentes de África y América Latina "son ahora las nuevas áreas de interés para nuestra diplomacia".

INDIA HOY

Con el propósito de entender la realidad de la India contemporánea, quizás deban subrayarse cinco puntos básicos.

En primer lugar, la unidad en la diversidad sigue siendo el sello de India. El Nobel mexicano Octavio Paz escribió en Vislumbres de la India: "pluralidad de castas y de lenguas, dioses y ritos, costumbres e ideas, ríos y desiertos, llanuras y montañas, ciudades y pueblecillos, la vida rural y la industrial a distancia de siglos en el tiempo y juntas en el espacio". Revelando su entendimiento profundo del país, acentuó: "sin embargo, esa diversidad recubre una profunda unidad". La unidad que experimentan los indios no es sólo la unidad política, sino una profunda unidad cultural y espiritual, sobre la cual Jawaharlal Nehru, el primer jefe de gobierno, escribió tan elocuentemente en El descubrimiento de la India.

El laicismo es otro rasgo importante en una sociedad que es profundamente espiritual. Esto implica, por un lado, libertad religiosa e igualdad de todos los ciudadanos y, por el otro, la neutralidad del Estado en la esfera religiosa. Mientras hoy los académicos no se cansan de hablar del "choque de civilizaciones", India está orgullosa de su récord de armonía comunitaria.

En tercer lugar, la democracia, con sus raíces profundas en la historia y la psique, continúa floreciendo. Como demostró el Nobel Amartya Sen en The Argumentative Indian, la democracia en India tiene una deuda de gratitud con la tradición histórica del pluralismo, el debate público y la libertad de expresión. Los pilares de la democracia -- un parlamento vigoroso, un Poder Judicial independiente, medios de comunicación libres y una sociedad civil vibrante -- se siguen fortaleciendo. El cambio de un solo partido dominante a la forma de gobierno de coalición es un logro notable, lo cual tiene importancia global.

En cuarto lugar, la obtención de poder económico del país es una historia familiar al mundo entero. Hoy, India está entre las 10 primeras economías mundiales en términos de dólar y, según expertos, es probable que hacia 2030 ocupe el número 3. En términos de paridad de poder de compra, es el número 4. En los próximos 15 años India será "una economía industrial de ingresos medios", capaz de atender a sus más de 1000 millones de personas.

La tasa de crecimiento de la economía (8% en los tres años pasados) ha sido ampliamente aclamada. La reciente observación del primer ministro de que "el anhelo" de India es aumentar la tasa de crecimiento a 9-10% en los próximos cinco años, adopta significado en este aspecto.

Muchos factores explican la impresionante transformación agrícola, industrial y tecnológica de India. Los cimientos para su progreso multifacético se establecieron después de la Independencia. La Revolución Verde convirtió a un importador de alimentos en un exportador. El éxito de las reformas económicas desde 1991, el cambio del perfil demográfico, el vibrante sector industrial, la revolución de la tecnología de la información, las demandas de los consumidores pertenecientes a una sólida clase media de unos 300 millones de personas y dar rienda suelta a los instintos empresariales de la gente, han sido los motivos principales detrás del resurgimiento de la economía india.

Por último, cabe mencionar nuestra dinámica política exterior, guiada por una visión global. India se ha adaptado notablemente bien a los desafíos básicos de los últimos 15 años, a saber, el final de la Guerra Fría, el proceso de aceleración de la globalización y el surgimiento de desafíos transnacionales. Al enfrentarse a ellos, India ha mantenido una notable continuidad en los principios fundamentales de su política. El país ha asegurado la autonomía en su toma de decisiones, marcada por la libertad de pensamiento y acción.

Las relaciones exteriores de India son notables para el mesurado activismo en Asia en particular y en el mundo en desarrollo en general. Ha procurado construir sus vínculos tradicionales con África y cultivar lazos más fuertes con países latinoamericanos, en especial a través de su programa "Foco: América Latina".

INDIA Y AMÉRICA LATINA

La región de ALC es la zona más distante de India. No sólo la geografía, sino la asombrosa carencia de contactos a lo largo de la mayor parte de la historia más temprana profundizaron el sentido de separación.

Sin embargo, durante las cinco primeras décadas de independencia, India procuró establecer y promover relaciones amistosas con países de la región. Este periodo atestiguó el incremento de relaciones en dos frentes principales. En el nivel multilateral, se mantuvo el diálogo y la cooperación en cuestiones sobre la no alineación, la lucha conjunta contra el neocolonialismo, el desarrollo, el desarme nuclear y el medio ambiente. En el nivel bilateral, se aseguraron las relaciones políticas cordiales, fortalecidas por intercambios culturales.

A partir de mediados de la década de 1990, sin embargo, nuevos factores entraron en juego. En primer lugar, la globalización ayudó a romper las barreras mentales y geográficas. En segundo, la tecnología redujo la distancia. Tercero, cuando la economía india se colocó en la vía rápida del crecimiento, sus empresas salieron a la búsqueda de nuevos mercados y socios. En cuarto lugar, su activa política exterior creó nuevos vínculos de cooperación y construyó la imagen del país no sólo como un poder asiático, sino como un actor clave en la política internacional. En quinto lugar, el conocimiento sobre el ascenso de China e India aumentó drásticamente. Con la conciencia sobre los logros de India como una democracia madura y laica, y una economía liberal en rápida evolución, el país llegó a ser visto como un socio benigno.

Los informes anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores de India reflejan la creciente actividad y diversidad que caracterizan sus relaciones con la región. El informe para 2005-2006 afirma que el compromiso de India "ha seguido fortaleciéndose", reforzando mecanismos para el diálogo político, la interacción cultural y la ampliación de los negocios.

Durante 1991-2006, hubo cuatro visitas de India y 10 visitas de la región de ALC. Además, India estableció el diálogo institucional y la cooperación con el Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (Caricom). En marzo de 2006 firmó un acuerdo comercial preferente con Chile. La sociedad trilateral que implica a India, Brasil y Sudáfrica, llamada IBSA, que funciona desde 2003, culminó en la reunión cumbre de Brasil en septiembre de 2006. Un papel global de los países del g-5 en los márgenes de la cumbre del g-8 ha resultado de la colaboración entre India, Brasil y México: los dos países latinoamericanos y otros.

La dimensión económica es un pilar principal de las relaciones India-ALC. En 2005, el comercio entre ambos lados se valoró en 6200 millones de dólares. Cuatro países -- Argentina, Brasil, Chile y México -- representaron 88% de ello. Las exportaciones de India fueron valoradas en 3200 millones de dólares y las importaciones latinoamericanas en 3000 millones.

Las compañías indias se mueven ahora rápidamente para ampliar vínculos de tecnología e inversión. Para muchos países, India sigue siendo un socio confiable de cooperación de desarrollo. El gobierno de India ofreció un alto número de becas de capacitación (350 en 2005) con el programa Cooperación Técnica y Económica (ITEC, por sus siglas en inglés).

La defensa es una nueva área donde se exploran las oportunidades de cooperación. En ese respecto, se ha logrado un éxito notable en países como Brasil y Chile. La cooperación educativa y cultural sigue siendo un elemento importante de la relación.

Es significativa la presencia de la gente de origen indio y emigrantes indios en partes de América Latina. Las más de un millón de personas de origen indio viven en Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. En otras partes, el número de emigrados es pequeño, pero desempeñan un papel importante como hombres de negocios, académicos y gerentes.

RELACIONES CON MÉXICO

India y México disfrutan de una afinidad natural, basada en semejanzas geográficas, de civilización e históricas. Es discutible si estas semejanzas se desarrollaron por sí solas o si, en algún punto en la historia distante, las influencias culturales viajaron del subcontinente indio a México. La doctora Eva Alexandra Uchmani, editora de India-Mexico: Similarities and Encounters throughout History, es partidaria de que el encuentro entre la Nueva España o México e India y el Sureste Asiático comenzó sólo en el periodo colonial y se intensificó en el siglo XX.

POLÍTICA

Históricamente, las relaciones entre India y México han estado marcadas por la calidez y la amistad. No ha habido ningún conflicto directo de intereses. México fue el primer país en América Latina que estableció relaciones diplomáticas con India.

India y México tienen, asimismo, una larga tradición de cooperación en foros internacionales. Han trabajado estrechamente en numerosos temas como la cooperación y el desarrollo, el diálogo Norte-Sur, el medio ambiente, los derechos humanos y el desarme. La cooperación continuó en la ONU, la OMC, en los foros de los G-5, G-8, G-15, G-20 y en otras partes.

Un aspecto importante de las relaciones políticas fue el intercambio continuo de visitas de alto nivel. Lamentablemente, en los últimos 20 años no se ha dado ninguna visita en los niveles de primer ministro o presidente, déficit inconcebible que debe rectificarse pronto. Sin embargo, es alentador que los gobernantes de India y México hayan interactuado en los márgenes de las reuniones del g-8 en 2005 y 2006.

Entre tanto, los intercambios parlamentarios y ministeriales contribuyeron a reforzar las relaciones bilaterales. Dos visitas de secretarios mexicanos en 2002 y la visita del secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez en 2004 alentaron una mayor extensión de la cooperación.

María de Lourdes Aranda Bezaury, subsecretaria de Relaciones Exteriores, visitó India en octubre de 2005 para copresidir la reunión de la Comisión Binacional, que se llevó a cabo después de un vacío de nueve años. Profundamente convencida, comunicó un mensaje claro del gobierno mexicano: "México está firmemente comprometido con una relación más estrecha que nunca con India". Fue una visita muy acertada, en la que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso "para mejorar las relaciones bilaterales y ampliar áreas de cooperación mediante acciones en los campos político, económico, cultural, educativo, científico y tecnológico". Sus beneficios se consolidaron en una sesión de Consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de México en marzo de 2006.

El diálogo bilateral en asuntos políticos ha estado marcado por el acuerdo amplio, aunque se reconocieron las divergencias en algunos temas: la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y la política nuclear. En otras cuestiones importantes, como la seguridad energética, la educación, las enfermedades infecciosas, la movilización de recursos financieros para el desarrollo y las negociaciones en la Agenda del Desarrollo de Doha, los dos países desarrollaron un enfoque común, trabajando como miembros del G-5.

OTRAS ÁREAS

La dimensión económica de la relación India-México supone hoy una importancia especial. El valor del comercio bilateral creció de 348 millones de dólares en 2000 a casi 1500 millones en 2005, un aumento de más de 400% en cinco años. Del comercio total, dos terceras partes corresponden a las exportaciones de India y un tercio a las exportaciones de México. El vínculo comercial se ha fortalecido por la creciente inversión india en México; se estima que su valor es actualmente de 1600 millones de dólares. Las compañías mexicanas también están interesadas en invertir en India.

En interacciones recientes, se ha transmitido un ímpetu especial para ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, pequeña industria, energía, turismo y defensa. Las relaciones culturales han estado marcadas por un cambio que enriquece mutuamente campos de autores, artistas, académicos y periodistas.

Entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, se firmaron ocho acuerdos bilaterales, que cubren áreas diversas como comercio, cultura, cuestiones de visado, educación, ciencia y tecnología. Otra media docena de proyectos están por finalizarse. Se intercambiaron nueve visitas en el nivel ministerial/viceministerial. El año pasado puede valorarse como el periodo más productivo en la historia de las relaciones bilaterales.

CONCLUSIÓN

Las consideraciones económicas, políticas y estratégicas, así como la tecnología se combinan para impulsar un mayor acercamiento entre Asia y América Latina. Haruhiko Kuroda, presidente del Banco Asiático de Desarrollo, sostuvo que había "potencial" para ampliar el comercio y los vínculos de inversión para el beneficio mutuo de ambas regiones. Como parte de esta notable tendencia, el activismo diplomático de India, apoyado por el dinamismo sin precedentes de India Inc., ha recibido una respuesta equiparable en la región de ALC. Esta convergencia explica el gran salto en la construcción de las relaciones políticas y económicas.

Está claro que las perspectivas para una sólida relación India-México son hoy más optimistas. Se espera que la administración de Calderón tome la iniciativa. India responderá con una mezcla de vigor y creatividad.

13 de enero de 2007

La elección más larga

Pedro Salazar Ugarte

Pedro Salazar Ugarte es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su libro más reciente es La democracia constitucional. Una radiografía teórica (FCE-UNAM, 2006).

FRAUDE, NO; IRREGULARIDADES, SÍ

El 2 de julio de 2006 no hubo fraude electoral en México. Las denuncias que en su momento presentó el candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, y que sembraron la duda en muchos de sus seguidores carecieron de pruebas y, más allá de la sospecha, no pudieron sostenerse. Hubo errores e irregularidades, pero no fraude. El 10 de septiembre pasado, la escritora Elena Poniatowska, seguidora fiel del candidato perdedor, reconoció de manera implícita que la derrota de la izquierda se debió a la falta de votos y no, como se afirmó durante semanas, a la materialización de una estafa orquestada desde el Estado: "Si estos tres personajes [el Subcomandante Marcos, Cuauhtémoc Cárdenas y Patricia Mercado] se hubieran sumado, si no se hubieran echado para atrás, no habría la menor duda del triunfo de López Obrador, pero no lo hicieron por envidia". Cuatro días después Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respondió a Poniatowska explicando las razones que, desde su perspectiva, determinaron el número de votos que obtuvo López Obrador y denunciando el peor de los males que, todavía hoy, enrarecen el entorno del aspirante fracasado: "me preocupa profundamente -- afirmaba Cárdenas -- la intolerancia y satanización, la actitud dogmática que priva en el entorno de Andrés Manuel para quienes no aceptamos incondicionalmente sus propuestas y cuestionamos sus puntos de vista y sus decisiones, pues con ello se contradicen principios fundamentales de la democracia, como son el respeto a las opiniones de los demás y la disposición al diálogo". Dos días más tarde, el 16 de septiembre, desde el anonimato que ofrece la plaza, como una profecía que se anuncia a sí misma y se cumple y que lacera los tejidos de una parte de la izquierda que no logra madurar en democracia, los gritos de "¡traidor!, ¡traidor!" acompañaron las alusiones a su nombre que hizo la propia Poniatowska. La [auto]crítica no existe en el entorno del ex candidato.

Pero, aunque la tesis del fraude no tuvo un sustento empírico, lo cierto es que los tonos que caracterizaron a las campañas presidenciales, las intromisiones de algunos empresarios y del presidente de la República en la contienda -- en México son ilegales las primeras e ilegítimas las segundas -- , las fundadas esperanzas de triunfo por parte de la izquierda y el cerrado resultado que arrojaron las urnas, despertaron en muchos mexicanos la histórica desconfianza en las autoridades e instituciones electorales. (Las encuestas informan que, todavía hoy, alrededor de 30% de los ciudadanos "cree" que hubo fraude electoral.) Para los árbitros, el día de la elección, se materializó la peor pesadilla imaginable: el partido gobernante, el derechista Partido Acción Nacional (pan), se llevó el triunfo con un escaso margen de 0.56% de votos de ventaja. Y lo hizo en un país golpeado por la pobreza y la desigualdad, derrotando a una coalición de izquierda encabezada por un candidato carismático que había arrancado la campaña con una importante ventaja (a pesar de los intentos que, desde el gobierno nacional, se habían orquestado para frenarlo). De ahí que la frustración de los perdedores buscara refugio y consuelo en la irracional, pero fructífera, teoría del complot.

En las páginas que siguen propongo algunas claves para interpretar lo que pasó y aventuro ciertas medidas para evitar que se repita. Y en ello, por supuesto, soy consciente de que la incertidumbre en los resultados es una nota propia de todo sistema democrático y que, por lo mismo, las elecciones cerradas siempre estarán en el horizonte.

PARLAMENTARIZACIÓN DE LA POLÍTICA

El presidencialismo ha sentado muy mal en América Latina. El problema no es nuevo; reapareció con las transiciones hacia el modelo democrático constitucional: la personalización de la política abona en el terreno de las regresiones populistas y no en el terreno de la consolidación democrática. Al menos en esto conviene mirar a Europa y olvidar a Estados Unidos. Después de todo, en materia de democracia y constitucionalismo, el modelo viejo es el estadounidense y el nuevo, posbélico, es el que floreció del otro lado del Atlántico. Allá, aunque las personalidades cuentan (remember Berlusconi), el eje de la política se centra en el poder legislativo; acá, aunque el parlamento existe, el pivote del poder tiene nombres y apellidos: Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, Evo Morales, Vicente Fox, etc. No es casual que las candidaturas sin partido, mal llamadas "independientes", florezcan con tanta frecuencia en estas tierras. Y tampoco que las asambleas legislativas tengan un perfil tan devaluado.

El diseño institucional presidencialista es el telón de fondo que explica parte importante del dramatismo que caracterizó la reacción de los mexicanos ante el resultado electoral de 2006. Los dos candidatos punteros, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, personificaron las aspiraciones, los temores y las frustraciones de millones de mexicanos. Por ello, aunque ninguno de ellos logró superar el 35% de la votación total emitida, cuando la carrera se emparejó, los ánimos se desbordaron. Los casi 15 millones de electores que optaron por cada uno de ellos vivieron el resultado electoral como una victoria/derrota absoluta. Son las perversidades del arreglo: mientras el ganador se lleva todo, el perdedor, al menos en la justa presidencial, se queda sin nada. Por ello aunque la izquierda obtuvo sus mejores resultados históricos, logrando casi duplicar su número de senadores y obteniendo 150 diputados adicionales en tan sólo seis años, los seguidores de López Obrador vivieron la elección federal como un fracaso. De hecho, la estrepitosa derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el otrora partido autoritario y hegemónico que, en sólo tres años, perdió 27 senadores y 105 diputados, pasó prácticamente desapercibida. La competencia entre los líderes opacó los méritos de la olimpiada democrática.

Fortalecer al Poder Legislativo, colocar al parlamento en el centro de la política nacional como un espacio de discusión, de deliberación y de decisión, es el reto más ambicioso que aconseja la elección de 2006. "Parlamentarizar" la política, a través de reformas institucionales que debiliten al presidente y fortalezcan al órgano legislativo, en toda América Latina, es la única manera de fortalecer a los partidos por encima de los caudillos, a las instituciones más allá de las personalidades. La verdadera gobernabilidad democrática camina en esa dirección y no en la que, como le gustaba a Fujimori, impone la voluntad unipersonal sobre la pluralidad colegiada. La brújula reformadora debe conducirnos hacia figuras como la reelección legislativa y el gobierno de gabinete o, de plano, hacia el régimen parlamentario y no, como algunos proponen, hacia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo mediante la segunda vuelta electoral, el gobierno por decreto o la merma de la pluralidad legislativa reduciendo el número de diputados y/o senadores. Para apuntalar el sistema democrático hace falta más, no menos, democracia; para reforzar el estado de derecho es necesario avanzar hacia el "gobierno de las leyes", no hacia reformulaciones posmodernas del "gobierno de los hombres".

LA CLAVE ESTÁ EN LOS MEDIOS

En México, una verdadera reforma electoral debe cambiar radicalmente la relación entre la política (sobre todo en tiempos electorales) y los medios masivos de comunicación. La legislación actual permite una fórmula perversa que puede resumirse como sigue: los partidos políticos nacionales reciben cantidades ingentes de dinero público que, cada tres años, cuando hay elecciones intermedias y/o presidenciales, terminan en los bolsillos de los dueños de las grandes cadenas de radio y televisión. Tristes paradojas de este infortunado reino de la desigualdad: los recursos estatales, en tiempos electorales, benefician a los ricos y enajenan a los pobres. El problema, conviene aclararlo de inmediato, no reside en la fórmula que privilegia el financiamiento público sobre el dinero privado que reciben los partidos -- y que, como demuestra la evolución electoral de los últimos 10 años, ha favorecido la equidad en la competencia e inhibido las transferencias de dinero "sucio" a la política -- , sino en los montos y en el mediático destino de los recursos. Y la mejor manera para justificar la reducción de las cantidades es restringiendo el abanico de opciones a las que el dinero puede destinarse. En concreto, hay que prohibir la propaganda política en los medios masivos (al menos en los electrónicos) de comunicación.

El problema de la mediatización de la competencia política no se reduce a la cuestión económica. Como demostró con elocuencia la campaña presidencial mexicana de 2006, la publicidad electoral en los medios masivos de comunicación tiende a la simplificación del mensaje, a la trivialización de la cosa pública y, en el extremo, a la satanización del adversario. Habrá quien piense que esto es inevitable (e, incluso, positivo): la política -- dirán -- es enfrentamiento y en ella, como en la guerra y el amor, (casi) todo se vale. Pero otros admitimos sólo la primera parte del razonamiento: la política es confrontación, cierto, pero, para que sea democrática, debe darse dentro de ciertos límites y hacer eco de principios como la tolerancia, el respeto a la pluralidad, la legalidad, etc. Ésa es la lógica de la legislación mexicana vigente que establece que los partidos tienen la obligación de "abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas" (Art. 38, inciso p del Código electoral). De lo contrario, la lucha por el poder sigue siendo política pero deja de ser democrática y amenaza con desbordar el cauce institucional. La experiencia de 2006 ofrece un asidero fáctico para la advertencia.

Durante la campaña presidencial, aconsejados por publicistas y mercadólogos que conciben la política como un gran mercado, la mayoría de los partidos mexicanos se saltó la norma. Y, de esta forma, el encono durante las campañas, multiplicado por la resonancia de los medios, dividió a los electores de los candidatos punteros en buenos y malos, honestos y corruptos, demócratas y fascistas. El extremo ofensivo de estas parejas de adjetivos fue esgrimido de manera simultánea, indistinta y recíproca, desde un bando contra el otro, y de regreso. Y, como hemos descubierto con asombro y tristeza después de la elección, muchos mexicanos quedaron atrapados en la lógica de amigo/enemigo de schmittiana memoria. Este clima de enemistad, podemos darlo por descontado, aumentó la presión (y la intensidad de las descalificaciones) a la que se vieron sometidas las autoridades electorales. Ante la intensidad del golpeteo, el árbitro parecía un párvulo en una partida de tahúres.

Por ello, como sucede en algunos países europeos, debe prohibirse de manera definitiva la contratación de publicidad política. Esto no implica que la política y la discusión democrática queden excluidas de la radio y la televisión, pero sí supone el fin de la propaganda pagada en los medios. Éstos deben tener la obligación de permitir, en igualdad de circunstancias, la difusión de las ideas y de los programas de las diferentes fuerzas políticas y, además, deben difundir en tiempos estatales las propuestas de los partidos y sus candidatos. De esta forma, por un lado, se reducirá radicalmente el costo de las campañas (y, en consecuencia, podrá rebajarse de manera importante el dinero que reciben los partidos políticos); por el otro, en principio, se generarán los incentivos necesarios para privilegiar las ideas sobre los insultos, las propuestas sobre las ocurrencias. Y, de paso, para matar tres pájaros de un tiro, deberá reducirse la duración de las campañas: La campaña para la presidencia dura cerca de 166 días (23 semanas y media), la campaña de senadores cerca de 91 días (13 semanas) y la de diputados cerca de 70 días (casi 11 semanas.) Esta reducción es otra medida virtuosa que justificaría la reducción del financiamiento a los partidos.

MÁS LEÑA A LA HOGUERA

En la elección mexicana de 2006, como nunca antes, actores distintos de los partidos políticos y sus candidatos se metieron de lleno en la competencia. Y, obviamente, cuando pudieron, lo hicieron desde los medios masivos de comunicación. Por una parte, el presidente Vicente Fox, con recursos del Estado, desenvainó la espada contra el candidato de la izquierda; por otra, aunque la legislación lo prohíbe expresamente, algunos empresarios y grupos de interés manifestaron su preferencia por el candidato que resultó ganador. Estos fenómenos, que en algunos países se consideran normales (y hasta deseables), en México, dado el diseño de nuestra legislación y el clima de animadversión que marcó a la contienda, abonaron en el terreno de quienes interpretaron el resultado electoral como la culminación de un complot contra el candidato de la Coalición. Para colmo, en un acto de profunda y cínica irresponsabilidad, cuando el Tribunal Federal Electoral, instancia judicial responsable de calificar la elección, denunció las faltas y los excesos en los que incurrieron tanto Fox como el Consejo Coordinador Empresarial, éstos ignoraron el reclamo de los jueces y presumieron la supuesta legitimidad de sus acciones. Más leña a la hoguera . . .

Hacia el futuro, una de dos: o la legislación contempla sanciones efectivas para quienes violen este tipo de prohibiciones o se levanta la restricción y se permite que cualquiera intervenga en las campañas. Es verdad que la autoridad electoral mexicana, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), podría haber intentado acciones más enérgicas para frenar las campañas negativas e interrumpir la publicidad pagada por los empresarios y por la Presidencia de la República, pero también es cierto que no contaba con las herramientas legales -- sanciones efectivas y oportunas -- para detenerlos definitivamente. Y de ello se aprovecharon quienes ahora reclaman respeto para el árbitro de la competencia: presidente, partidos y empresarios, sabedores de que la autoridad no podía sancionarlos con eficacia, se burlaron de los llamados, acuerdos y comunicaciones del IFE. En esa medida, son corresponsables del deterioro de su credibilidad.

Estas intervenciones ilegítimas, y/o ilegales, que tanto han gravitado en el ambiente postelectoral mexicano, son un argumento adicional para prohibir, de manera definitiva y para todos, la compra de publicidad política en los medios de comunicación. De hecho, en una paradoja aparente, una restricción legal en este sentido podría venir acompañada de una liberalización de la intromisión de los ciudadanos y de sus asociaciones en las campañas electorales. Después de todo, en una democracia que se precie de serlo, la puerta para expresar preferencias y apoyar opciones políticas debe estar abierta para todos. Lo que no es válido es denigrar al adversario ni valerse de situaciones de privilegio -- el poder político, económico o ideológico -- para incidir en la contienda. Por ello, por sus costos e intereses, la publicidad política en los medios debe quedar igualmente vedada para todos. Una legislación que permita a los ciudadanos expresar abiertamente sus preferencias políticas pero que, además de procurar un debate de calidad, evite que sólo se escuchen las voces de los poderosos -- en términos políticos y/o económicos -- , prohibiendo que esas expresiones se difundan a través de los medios masivos de comunicación, sería el mejor signum prognosticum para el futuro.

PECADO ORIGINAL

En la elección presidencial mexicana de 2006, el máximo órgano de la autoridad electoral, el Consejo General del IFE, cometió algunos errores puntuales y, aunque culposos, políticamente relevantes. En concreto, los consejeros electorales: a) no difundieron en la noche de la elección las tendencias de los resultados; b) fueron poco convincentes al comunicar las razones que explicaban dicha omisión, y c) fueron torpes y confusos al explicar los motivos por los que no se habían computado, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (que permite consultar a través de internet el resultado de la elección casilla por casilla, pero sin validez legal), los votos de algunas actas que tenían ciertas "inconsistencias". Aunque esas decisiones habían sido previamente acordadas con todos los partidos políticos, no fueron comunicadas con oportunidad y precisión a los ciudadanos. El error, a la luz de los resultados de la elección, adquirió dimensiones mayúsculas. Como advertía Bentham: "una explicación tardía no repara siempre el mal de una primera impresión errónea. El pueblo, con lo poco que se trasluce de un proyecto, habrá concebido siniestros recelos". Sobre todo, hay que decirlo, cuando uno de los contendientes (en este caso la Coalición) decide aprovecharse de los titubeos de la autoridad para alimentar la espiral de la desconfianza. La negligente inexperiencia de unos y la deslealtad con la democracia de los otros pusieron en jaque a las instituciones electorales.

Pero la autoridad electoral cargaba con un vicio de origen que no es imputable a los funcionarios que integran su órgano directivo: el nombramiento de su presidente y los consejeros electorales, en 2003, fue fruto del desacuerdo y no del compromiso político. Muchos presagiamos los males que ese defecto prometía: sobre todo si se verificaba el resultado que finalmente, como una mala broma del destino, presenciamos en la elección presidencial. La falta de un acuerdo político detrás del nombramiento de los árbitros ha contaminado -- en muchos casos de manera injusta -- la evaluación pública de su desempeño y ha mermado su autoridad política. La solución de este defecto original no pasa -- al menos no necesariamente -- por la sustitución de los integrantes del órgano electoral pero sí, de manera urgente, por la manifestación categórica de confianza en el árbitro de parte de todas las fuerzas políticas (o, al menos, de las tres más importantes). El compromiso con el árbitro es un requisito político, no jurídico, de cara a las elecciones futuras. En esta dirección sería conveniente, de una vez por todas, encontrar una fórmula de renovación escalonada de los órganos directivos de las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales). La experiencia, como hemos constatado, vale.

PARA TERMINAR

La única ruta prometedora, para reformar las instituciones electorales, es la del compromiso, el acuerdo, entre los partidos. Como sabía Kelsen, el "compromiso significa posponer lo que divide a los asociados para privilegiar lo que los une. Cada acuerdo, cada pacto, es un compromiso, porque compromiso significa recíproca tolerancia". Ese pacto político debe ser resultado de una deliberación y de una negociación amplia y responsable porque se trata de acordar las reglas del juego con las que se competirá por el poder político. Una competencia que, como nos enseñó Popper, sólo puede ser pacífica cuando logra ser democrática.

10 de enero de 2007

El drama panista

Sergio Aguayo Quezada

La condición humana se manifiesta en la reacción desencadenada por el contacto con, y el ejercicio del, poder. Es frecuente que se desafinen las fibras éticas tal y como ha sucedido con el Partido Acción Nacional (PAN).

El 17 de diciembre del 2006 el PAN instaló 120 casillas en Yucatán para que los 12 mil y pico de sus militantes en esa entidad pudieran seleccionar a su candidato a Gobernador para los comicios del próximo abril. Hubo un trío del cual escoger: Luis Correa Mena, Xavier Abreu Sierra y Ana Rosa Payán y de los 10 mil 748 militantes que se acercaron a las urnas, el 52 por ciento votó por Abreu (cercano a Felipe Calderón), el 38 por ciento por Payán y el resto por Correa Mena. Aunque los catorce puntos de diferencia entre primero y segundo son una pesada e inapelable losa, Ana Rosa desafió los pronósticos y la lógica al exigir la anulación de las primarias.

Ana Rosa es panista desde hace 23 años y durante ese tiempo aprendió a perder y ganar elecciones. Es una política veterana con tan sólida trayectoria de compromiso cívico y social que cuesta trabajo colgarle el sambenito de “berrinchuda”. El tamaño de su perfil impone la pregunta: ¿qué está pasando dentro de un partido cuyos militantes se enorgullecían de ser tachados como los “místicos” del voto y la limpieza electoral?

En entrevista telefónica, Ana Rosa Payán detalla la evidencia sobre la “intimidación, las amenazas y la compra de votos” empleados por al menos una parte de la pesada estructura gubernamental panista para favorecer a Xavier Abreu. Si el estado no hubiera intervenido, dice Payán, ella hubiera ganado la elección. Una y otra vez insiste en lo irritante y doloroso que le resultó constatar que el PAN repitió las actitudes y políticas propias de los fraudes priístas. Las frases que mejor capturan la esencia de su opinión y estado de ánimo aparecen en un par de columnas publicadas por El Diario de Yucatán el 28 y 29 de diciembre del 2006: en lugar de deslumbrar por el “blanco maravilloso” y el “azul profundo” se presentó en el escenario un “PAN desteñido y tricolor” con olor a “despensa, a dádiva, a presión o amenaza”.

Payán presentó sus quejas ante las instancias partidistas locales que las desecharon lo que en opinión de Payán “era predecible… porque en todo el proceso (el PAN estatal) actúo de manera parcial a favor de Xavier Abreu”. Esta semana se reunirá en el Distrito Federal con el Comité Ejecutivo Nacional de 42 integrantes ante el cual presentará sus argumentos. Fuentes panistas cercanas al caso me confirman la preocupación existente porque sí hubo irregularidades en Yucatán, porque el asunto se imbrica con la fractura entre Calderón y Espino y por el riesgo de una ruptura en uno de los principales bastiones panistas.

El asunto trasciende Yucatán porque según Ana Rosa las “prácticas observadas en Yucatán se reproducen en diversos estados y municipios”. Es tan grave su diagnóstico que la yucateca decidió romper con la costumbre panista de lavar lo percudido dentro de casa y, amparándose en la “verdad” y la “transparencia” está dando una pelea por su causa y porque piensa que su partido “está en un punto de quiebre y debe rectificar y corregir ese tipo de prácticas”.

Desde esa perspectiva, el PAN estaría pagando las consecuencias de una crisis iniciada hace casi dos décadas. Para Ana Rosa, los primeros 50 años de su partido fueron de un “romanticismo extraordinario”. En 1989, y en plena celebración del 50 aniversario, “ganamos en Baja California y a partir de ahí siguieron los triunfos en todo el país. En 1990 el PAN empezó a recibir dinero público (enormes cantidades añade el columnista) y llegaron militantes interesados, sobre todo, en cargos, negocios y dinero. La combinación de dinero, poder y triunfos -remata- fue distorsionando la ética pública” de un sector de la militancia que abandonó principios mientras repetía una y otra vez, cual monjes tibetanos, el mantra de que “el fin justifica los medios”.

El drama del PAN es parte de una crisis sistémica de la política mexicana que tiene entre su principales causas el exceso de dinero público entregado a los partidos, los ríos de recursos privados que fluyen a los comicios y el deseo de triunfar a cualquier costo. Prosperan los decididos a jugársela con todo por el candidato. La legalidad existe para sacarle la vuelta y buscar sus puntos débiles. Todo se racionaliza diciendo que es la única forma de ganar en la política o inventando sofismas como el asegurar que lo normal en el mundo son las campañas negativas en televisión que vimos en la presidencial del año pasado (son comunes en algunos países y están prohibidas en otros).

Lo anterior es en buena medida posible porque los árbitros se contentan con la aplicación laxa de la norma y porque les importan poco virtudes tan etéreas –y al mismo tiempo tan indispensables- como la justicia o la democracia. Sigue entonces que el partido gobernante está poniendo todo su peso y recursos para que su favorito se alce con la victoria. Lo sucedido en Yucatán ya pasó en otras elecciones locales, ya lo vimos en las presidenciales del 2006. Quienes pierden tienen la opción de quedarse callados y prepararse para la próxima o protestar como pueden.

Sea cual sea el desenlace del caso Payán, lo más probable es que en Yucatán veremos una campaña y elección de baja calidad democrática. El PRI husmea la posibilidad del triunfo y se lanzará por él; el PAN ya demostró de lo que es capaz para mantener el poder. Así terminó el tan temido choque de trenes. Eso es sólo el comienzo; en el 2007 tendremos 14 elecciones locales y en Oaxaca, Veracruz y Baja California, entre otras, reviviremos variaciones de la misma tonada.

El año pasado recibí centenares de cartas criticándome o injuriándome porque ponía en duda la pureza virginal de las elecciones presidenciales. Yucatán me reivindica más pronto de lo esperado porque lo que sostuve entonces, y sostengo ahora, es que la calidad de la democracia mexicana ha sufrido un grave retroceso porque se perdió la certidumbre en los resultados y eso lleva a la inconformidad de los derrotados. Eso le pasó a Andrés Manuel López Obrador, eso le está pasando a Ana Rosa Payán, eso le seguirá pasando a muchos y muchas más. Yucatán es otra puesta en escena del drama popularizado en el último sexenio: Del Olimpo al arrabal. La triste historia de una democracia de ínfima calidad.

Sucesión en el PRI

José Antonio Crespo

Pronto se iniciará el proceso de sucesión de la dirigencia nacional del PRI, sin duda importante para ese partido pues, desde cuando perdió la Presidencia de la República en 2000, no ha logrado darse una nueva y eficaz gobernabilidad horizontal (para sustituir a la vertical que le daban los presidentes priistas). Una gobernabilidad esencial al menos para su supervivencia de largo plazo en la oposición (ya que su retorno a la Presidencia se ve cada vez más improbable). Viene entonces este nuevo intento, que deberá ser más exitoso y satisfactorio que el de hace cinco años, si de verdad el PRI ha de prevalecer como una fuerza relevante en la vida política mexicana. Y es que su sonado fracaso en los comicios presidenciales del año pasado encuentra buena parte de su explicación en ese proceso para elegir a su dirigencia nacional en febrero de 2002, sobre el cual cabe recordar lo siguiente:


1) Fue el primero en el cual el PRI se dio dirigentes por sí mismo, sin la famosa línea del jefe del Ejecutivo (el líder nato del partido). De ahí que dicha decisión implicara una competencia real entre dos bandos opuestos, representados uno por Roberto Madrazo (y Elba Esther Gordillo como compañera de fórmula) y otro por Beatriz Paredes. Aunque, en realidad, la contienda consistió menos en ver qué planilla tenía más adeptos que en comprobar cuál de ellas tenía más pericia en meter mano negra a la elección.

2) Ganaron, en efecto, quienes más fraude lograron hacer. Los tres millones de votos oficiales excedían con mucho a los electores verdaderos, lo cual se pudo calcular midiendo el tiempo que cada votante debió utilizar para emitir su sufragio en alguna de las siete mil casillas instaladas para la ocasión. En promedio, se emitió un voto por cada 1.2 minutos ininterrumpidamente durante las nueve horas en que estuvieron abiertas las casillas, un tiempo récord sin duda y, por lo mismo, inverosímil. En algunas el tiempo fue incluso menor: 40 segundos por cada votante, sin interrupción. Pero los periodistas y los observadores no vieron las casillas llenas a tope, como sugerían las cifras oficiales, sino más bien detectaron poca afluencia.

3) Madrazo ganó gracias a la experimentada participación del magisterio nacional en su favor, pero también porque en el estado del que era cacique rellenó las urnas sin el menor recato. En Tabasco, Madrazo le ganó a Paredes con una relación de 17 a uno, una cifra soviética que le aportó una ventaja de 4% a nivel nacional, siendo que logró ganar apenas por 1.4% de la votación total. Y, en Oaxaca, su aliado José Murat logró darle un triunfo en una relación de seis a uno. Es cierto que también Paredes venció claramente en su natal Tlaxcala y en el Estado de México (pues Arturo Montiel era su aliado), pero sólo a razón de tres a uno, cifra más modesta y creíble.

4) Esa elección abrió una nueva fisura dentro del partido. Pero también incubó algo más grave: la rivalidad a muerte (política) entre los ganadores. El acuerdo original fue que Madrazo se quedaría como dirigente nacional del partido y Elba Esther sería la secretaria general y, más adelante, coordinadora de la diputación priista. Madrazo no cumplió su parte y defenestró a la maestra Gordillo como coordinadora de los diputados priistas en 2003. Lo que dejó sembrada la semilla de una dañina guerra intestina.

5) Y, por supuesto, era de todos sabido que si Madrazo buscó la dirigencia nacional de su partido no era por la distinción en sí, sino como una fuerte plataforma para saltar a la candidatura presidencial. Desde ahí utilizó la estructura y los recursos del partido para asegurar esa investidura, pero al costo de dividirlo aún más. Es cierto que Madrazo logró darle un mínimo de cohesión y unidad, pero no al grado de superar las fracturas que inevitablemente tenían que aflorar durante la elección presidencial, lo que envió al PRI al tercer sitio.

A raíz de esa amarga experiencia, el PRI busca evitar caer en lo mismo. La fórmula para renovar hoy su dirigencia parece la menos riesgosa: ni una elección abierta —susceptible de magna defraudación electoral— ni una pequeña convención —fácilmente manipulable por los interesados—. En cambio, los más de 20,000 mil consejeros tendrán más posibilidad de sufragar en condiciones de libertad y autonomía, aun cuando bien se sabe que el peso de los diversos gobernadores priistas puede ser determinante. Eso, al grado en el cual se pondera si Enrique Jackson o Paredes tienen más probabilidades, a partir de los gobernadores que los respaldan (aunque no puedan hacerlo públicamente).

Es en parte una contienda entre la experiencia de unos contendientes frente a la relativa juventud y frescura de otros. Es más que probable que se imponga la experiencia, lo cual no implica que, quien venza, Paredes o Jackson, no intente algún proyecto de renovación profunda del partido, que bastante falta le hace. Y si bien es posible suponer que quien gane la dirigencia nacional automáticamente será precandidato presidencial para el 2012, nada garantiza que pueda alcanzar ese propósito por el hecho mismo de ocupar el cargo. Ahí está ya en precampaña el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto —el represor de San Salvador Atenco y encubridor del corrupto ex gobernador Montiel— y por la misma vía que lo llevó a la gubernatura: un multimillonario despliegue mediático. De cualquier manera, la pugna por la dirigencia suele ser encarnizada, sobre todo en un partido acostumbrado a dirimir sus diferencias mediante un arbitraje supremo, del que ahora carece. Por lo cual, existe la propuesta de firmar un “pacto de civilidad”, que sabemos cuánto vale a la hora de la verdad: nada. Tales pactos son casi un aviso de que la animosidad puede desbordarse una vez más, como hace cinco años.

9 de enero de 2007

PAN: la caída

Ricardo Alemán

El partido azul y blanco enfrenta una de sus más severas crisis de identidad y ejercicio del poder

Un partido político que ganó el poder presidencial por segunda ocasión consecutiva -como ocurrió con el PAN en julio de 2006- debiera ser una organización política fuerte, sólida, en donde a pesar de las diferencias naturales debía imperar la unidad. Por lo menos eso es lo que indicarían el sentido común y el realismo político.

Pero lo cierto es son muchos los indicios de que el PAN se aproxima a cumplir uno de los grandes temores de los fundadores de esa fuerza política: "el riesgo de ganar el poder es perder al partido". Y en efecto, cuando Acción Nacional derrotó al PRI en el año 2000, en realidad el "ganón" fue el grupo político creado por Vicente Fox, en tanto que el partido fue relegado casi en su totalidad.

En 2006, de nueva cuenta el PAN se alzó con el triunfo en la contienda presidencial, ahora con uno de los suyos como candidato presidencial, Felipe Calderón, lo que para muchos fue la señal de que por fin había llegado al poder el viejo partido de la derecha mexicana. Pero son muy pocos los que se atreven a reconocer que el PAN de 2007 nada o muy poco tiene que ver con la fuerza política que fundó Manuel Gómez Morín, en 1939. Más bien el partido azul y blanco enfrenta -cuando llegó al poder en julio de 2006- una de sus más severas crisis de identidad y ejercicio del poder.

Algunas de las perlas que muestran el extravío ideológico del partido en el poder, de la caída del otrora partido que hizo de la democracia un apostolado, aparecen por todos lados. El presidente del partido enfrentado al Presidente de los mexicanos; el ex presidente Fox que se empeña en no retirarse, en continuar con su parloteo de supuesto líder nacional y que ha convertido en negocio familiar la venta de regalos sexenales; las feroces luchas de poder en Yucatán, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, entre otras entidades, en donde el dinero público se ha convertido en el cemento para lograr lealtades y para recurrir al fraude al más puro estilo del viejo PRI.

Los choques entre el presidente Calderón y Manuel Espino, el líder nacional del partido en el poder, no son nuevos. En realidad Espino fue llevado por la pareja presidencial para preparar la campaña del precandidato Santiago Creel y para combatir al adversario de éste, Felipe Calderón, quien en realidad también derrotó a Fox, a Espino, y a una burocracia que desde hace casi dos décadas asaltó al partido de Gómez Morín. Pero la victoria de Calderón en las internas de su partido y en la elección constitucional no fue una victoria del panismo tradicional, ya que una buena parte de los centros de poder real, como el Congreso y los gobiernos estatales, están en manos de lo más cuestionable de Acción Nacional.

Acaso por eso Vicente Fox olvidó muy pronto su papel de ex presidente y apenas el jueves 21 de diciembre pasado develó en la ciudad de León una escultura de El Quijote -pero con el rostro de Fox-, ridículo evento en el que el guanajuatense dijo que siempre no se retira, que su activismo político continuará, y que está "lleno de ideas y propuestas". Pero no es todo, en una suerte de "venta de garage", José Fox, el hermano del ex presidente, puso a la venta una decena de caballos finos, pura sangre, a precios de ganga. Cuando los compradores quisieron conocer los documentos de los animales, se les explicó que era imposible, porque "son los caballos que le regalaron al Presidente". El estilo panista.

En Aguascalientes el gobernador panista Luis Armando Reynoso es noticia desde que llegó al cargo. Se trata de un neopanista cuya ideología es la del verde de los dólares; en realidad un priísta pintado de azul y blanco, que ha endeudado al gobierno local hasta niveles de escándalo, que compra lealtades con dinero público, que hizo de su participación accionaria en el equipo de futbol Necaxa -filial de Televisa que promovió desde que era alcalde de la capital- su principal fuente de poder, y que organiza ruidosas francachelas con diputados federales y senadores invitados a la feria de San Marcos. El PAN local ya lo desconoció, porque no existe transparencia, porque contrató una deuda de 2 mil millones de pesos a pagar en 20 años, y porque resultó más pillo que sus antecesores del PRI.

Yucatán es otra perla. El gobernador Patricio Patrón Laviada, de gestión marcada por la ineficiencia y el amiguismo, preparó su salida con una grosera imposición de su sucesor, Xavier Abreu Sierra, a quien hizo ganar la interna con dinero público, al grado de que la precandidata derrotada, Ana Rosa Payán Cervera, acusó de "elección de Estado" la contienda. La crisis del PAN yucateco amenaza con favorecer el regreso del PRI en esa entidad. Y no se queda atrás Jalisco, en donde existe una feroz guerra entre el gobierno saliente y el entrante, disputa eterna, ya que el candidato ganador, Emilio González Márquez, tomará posesión hasta el 1 de marzo, ocho meses después de las elecciones, tiempo para una verdadera guerra civil panista.

El DF no es la excepción. El panismo de la capital del país se ha dado a la tarea de destruir la otrora poderosa estructura estatal, que terminó chapaleando en una maloliente corrupción. El poder pudrió al PAN. Ganaron el poder, pero perdieron el partido. Y con eso gobernará Calderón.

La Corte que tenemos

Javier Corral Jurado

La renovación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en la persona de Guillermo Ortiz Mayagoitia, suscita la reflexión sobre el importante papel al que está llamado nuestro máximo tribunal, en los desafíos y acciones que ha de tomar para consolidar su independencia, fortalecer su soberanía como órgano de control de la constitucionalidad, hacer eficaz y expedita la impartición de justicia, orear sus finanzas, decidirse con todas las consecuencias de ello a la transparencia y combatir la corrupción en todos los niveles. Internacionalizarse también, en el sentido globalizador del derecho, y no sólo como globalizados.

Por supuesto que estos anhelos no pueden representar la tarea exclusiva del nuevo presidente de la Corte, sino del conjunto de ministros, magistrados, jueces y miembros de la Judicatura, pero es indiscutible que por las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al pleno y a su presidente, éste se convierte en el principal referente, ejemplo a seguir, animador de la acción.

Para fortuna de esos propósitos, en el diagnóstico y propuestas que el ministro Ortiz Mayagoitia presentó junto con su candidatura reconoce varios de ellos y está consciente de la percepción ciudadana sobre nuestro máximo tribunal. Mejor aún, los seis ministros que se apuntaron para dirigir la Corte comparten ideas y saben que el esfuerzo debe ir encaminado a incrementar la confianza ciudadana en su actuación y la de los jueces.

Y, en efecto, no debe ser "un golpe de timón", como lo descarta Ortiz Mayagoitia, el que recupere la maltrecha credibilidad del Poder Judicial, ni sólo acudir a una estrategia de información y difusión de sus actividades a la ciudadanía, sino hablar con sus resoluciones, decidir con valor, argumentar con honestidad, deliberar con franqueza. El Canal Judicial es un instrumento muy positivo, pero debe ser reconocido en su doble connotación mediática: expone y los expone.

Falta transmitir los tribunales colegiados y unitarios de circuito, que los jueces expongan y se expongan en la explicación de sus sentencias. Es el camino por donde transita la posibilidad del prestigio público: frente a la legitimidad y honestidad de los juzgadores, la obediencia de los ciudadanos a las instituciones judiciales, y además el respeto.

Mejorar la imagen no pasa sólo por más spots de tv; esa es la maléfica contaminación de la dinámica en que han caído los otros poderes de la Unión -incomprensible además que en el Judicial se desarrolle una estrategia de hacerse publicidad en lugar de generar orientación mediante la comunicación social. La Corte no será menos ni más corte por la tv; lo será por el valor de sus decisiones y el respeto a su dignidad frente a las injusticias y francos abusos de los nuevos poderes fácticos que no sólo condicionan, sino que sustituyen al Estado y amenazan la democracia, por supuesto el de la televisión misma.

Y ahí está, en la antesala del pleno de la Corte, la "Ley Televisa", uno de los asuntos de mayor trascendencia para el máximo tribunal. Posibilidad extraordinaria de afirmación soberana y recuperación del Estado, dónde radica el poder.

Saben muy bien los ministros las consecuencias de ese engendro de la rabonería legislativa, sus efectos concentradores en la duopólica estructura de la industria televisiva nacional. No es de su competencia la valoración sobre los motivos electorales que en el Congreso obraron para la aprobación de la reforma, pero están perfectamente enterados de que esa decisión se impuso con una mayoría marcada por el chantaje, el mercadeo, la corrupción y la intimidación.

En el centro de esa decisión está el tema de los derechos adquiridos, con los cuales los demandados contestaron la acción de inconstitucionalidad que planteamos entonces 47 senadores. De manera absurda afirman una especie de derecho real sobre el espectro radioeléctrico para los concesionarios que les permite utilizar para lo que sea esa porción de un bien del dominio de la nación.

No sólo para el futuro de la democracia esa decisión es trascendental; lo es para el nuevo orden jurídico y el marco de modernización que espera a la Corte. Será importante saber si la Corte modifica para el espectro radioeléctrico sus propios criterios en el tema de derechos adquiridos que para otras actividades concesionadas por el Estado ha sentado jurisprudencia.

La Corte deberá responder con claridad: ¿para qué fin se otorga una concesión? ¿Con el de conceder al privado un derecho al espectro radioeléctrico mismo o de que, a través del ejercicio de derechos sobre el espectro radioeléctrico, el concesionario pueda prestar un servicio público? ¿Cuál es el objeto de la concesión? ¿El espectro radioeléctrico en sí o aquellos derechos sobre él necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio público en cuestión? ¿Cuál es la naturaleza de una concesión sobre el espectro radioeléctrico? ¿Es un fin o un medio? En esas respuestas está la justicia que esperamos, y también sabremos la Corte que tenemos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

7 de enero de 2007

El dilema de Pemex

Raúl Ferro

En una reciente presentación, Daniel Monzón, consultor de Arthur D. Little, llamaba la atención sobre el regreso en los últimos cinco años del petronacionalismo al negocio energético global y el crecimiento de las empresas petroleras estatales en varias regiones del mundo, incluida América Latina.

Monzón hizo hincapié en la creación por parte del gobierno argentino de la energética Enarsa, el aumento de la participación estatal en la producción petrolera de Venezuela y la intensificación del debate político sobre la participación privada en el sector de hidrocarburos en México.

La razón de ser de gigantes petroleros estatales es un tema polémico. Pero lo que debería ser menos polémico es qué modelo de petrolera estatal es el más eficiente.

En los 90, el camino lo marcaba Petróleos de Venezuela (PDVSA), que asumió su posición de jugador global e invirtió en refinerías en Europa y Estados Unidos y terminó adquiriendo la totalidad de Citgo, una cadena de gasolineras de EU. Bajo la batuta de Luis Giusti, PDVSA se abrió en la segunda mitad de los 90 a las asociaciones con petroleras extranjeras para la explotación de depósitos marginales y de petróleo pesado. El plan de Giusti era abrir parte de PDVSA a la Bolsa para darle acceso a fuentes frescas y eficientes de financiamiento.

Los planes se fueron al agua tras el triunfo de Hugo Chávez en 1999 y la toma de control absoluto de PDVSA por parte de su gobierno ‘bolivariano’. Giusti dejó PDVSA ese mismo año. Hoy es director de Shell y asesor del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, en Washington, DC.

La posta que dejó PDVSA la ha tomado Petrobras, empresa que continúa bajo el control del Estado brasileño pero que cotiza acciones en las bolsas de Sao Paulo y en Nueva York.

Petrobras se ha tomado en serio su papel de actor global en un negocio global y ha internacionalizado fuertemente sus operaciones y su marca, bajo la cual se distribuyen combustibles en varios países latinoamericanos. Bajo la presidencia de Philippe Reichstul, quien la dirigió entre 1999 y 2001, Petrobras pasó de pesado monopolio estatal a empresa de clase mundial y que forma parte del índice Dow Jones Sustainability, que agrupa a las principales empresas globales con estándares sobresalientes de responsabilidad social y gobierno corporativo. Los sucesores de Reichstul, Francisco Gros y Alberto Da Fonseca Guimarães, han mantenido en términos generales el plan estratégico iniciado en 1999.

Al igual que Petrobras, la petrolera colombiana Ecopetrol se sacudió sus complejos de elefante estatal para transformarse en una empresa moderna y con un cuidado gobierno corporativo. En estos días prepara la colocación de parte de sus acciones en bolsa, con el fin de financiar la exploración fuera de Colombia de nuevas reservas de hidrocarburos.

Frente a estos modelos, ¿qué camino tomará Pemex? ¿Seguirá con la triste distinción de perder más dinero cuanto más alto llega el precio del petróleo?

El nuevo presidente mexicano necesita hacer algo urgente. También lo necesitaba su antecesor, Vicente Fox, pero tras seis años de gestión poco cambió. El trabajo no es fácil. La trágica dependencia del fisco mexicano de los ingresos de Pemex hace que cualquier cirugía de fondo incluya el riesgoso y amargo trago de una reforma tributaria que despetrolice su presupuesto.

El del petróleo es un negocio global y las petroleras, estatales o privadas, no pueden prosperar con una visión nacionalista de hace 100 años.

Desde el punto de vista geopolítico, el valor estratégico real de los hidrocarburos es garantizar desarrollo y oportunidades para la gente y no privilegios para unos pocos.

México tiene el petróleo, pero no tiene la petrolera que se merece. Pemex tiene que cambiar. En manos de Calderón y su equipo está qué modelo seguir: el de la Petrobras de Lula o la PDVSA de Chávez.

El autor es periodista económico y consultor privado.

6 de enero de 2007

La Segunda vuelta

Mauricio González

Hasta la fecha, el presidente Felipe Calderón ha tratado de ser cauteloso y prudente. Avanzar con pasos cortos pero firmes parece ser la norma, por lo menos en la parte económica. Los objetivos principales están claros: fomentar el crecimiento económico y el empleo, reducir la pobreza y promover el desarrollo social.

Hay indicios de que la política económica de corto plazo se moverá en esta dirección. El presupuesto de 2007 es una primera muestra.

Sin embargo, no puede transcurrir demasiado tiempo sin retomar el asunto de las reformas pendientes: fiscal, laboral, energética, y reencauzar la discusión para que salgan del limbo actual.

En los círculos académicos y políticos hay quienes consideran que los cambios provocados por la liberalización del comercio internacional, la privatización de entidades gubernamentales y la reducción del déficit de las finanzas públicas fueron demasiado lejos. Es una de las banderas que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores enarbolan cada vez que pueden. Por lo contrario, algunas corrientes de opinión estiman que es necesario avanzar en reformas más ambiciosas y que falta mucho por hacer.

Jeromin Zettlemeyer, investigador del FMI, recabó un compendio de hechos y argumentos respecto de las reformas económicas y el crecimiento de América Latina que ayudan a restarle ideología a la discusión y pueden aportar evidencia y sensatez, elemento, este último, ausente en México por largo tiempo (véase Growth and Reforms in Latin America: A Survey of Facts and Arguments, IMF, 2006).

En la década de 1990, génesis de las reformas mencionadas, el ingreso por habitante en México creció en promedio 2.8% anualmente, en términos reales, a pesar de la crisis de 1994-1995. Parte de la evidencia recopilada por Zettlemeyer muestra que poco más de la mitad de este avance obedeció a los esfuerzos para disminuir el desequilibrio fiscal, abatir la inflación y estabilizar la macroeconomía. Es importante preservar la estabilización para no perder lo ganado, pero hacia delante no se puede esperar que ésta rinda más de lo que ya dio al crecimiento económico.

Por otra parte, aproximadamente 47% de la mejora del PIB per cápita en la década en cuestión podría achacarse a la apertura comercial y la privatización de empresas gubernamentales. No es la panacea pero tampoco es desdeñable, por lo que cabría insistir en reformas adicionales.

Los críticos de las reformas que fortalecen las prácticas de mercado estiman que deberíamos regresar a los paradigmas del pasado. Su argumento central es que el aumento del ingreso per cápita fue mayor en la época de la protección comercial y el incremento del gasto público para promover el crecimiento y el empleo. Pasan por alto que el proteccionismo inhibe la productividad, algo que resulta mortal en una economía globalizada, y que elevar el gasto acarrearía un aumento insostenible de la deuda pública, como ocurrió en los años 80.

Es un hecho que las reformas del llamado neoliberalismo tuvieron consecuencias indeseables en ciertas áreas, i.e. las manufacturas, y que ajustar las finanzas públicas reduciendo la inversión genera una falta de servicios públicos. Pero la evidencia de Zettlemeyer no indica que los daños fueran mayores que los beneficios.

Hay diferencia entre un modelo agotado y uno que, sustentado en la misma línea de los pasados tres lustros, rendiría buenos frutos si se revitaliza, por ejemplo, abriendo espacio a nueva infraestructura, mayor competencia y mejor calidad de los servicios gubernamentales. Es tiempo de cerrar la llave al dogmatismo y tratar de construir sobre el camino ya recorrido, en vez de iniciar otro.

El autor fue director de Grupo Economistas y Asociados.

4 de enero de 2007

Las primeras impresiones

Víctor Carreón

No son pocos los problemas que deberá enfrentar la administración de Felipe Calderón y todos requieren de una solución urgente y conjunta. Primero, la desigualdad en la distribución del ingreso. Éste es el tema más grave. Para revertirla, la economía debe crecer: si el PIB no crece, es imposible lograr una mejor asignación. Si la economía crece, ese producto adicional se puede repartir de manera tal que quienes menos tienen reciban más (en términos relativos) que los que más tienen.

Para lograr que la economía crezca y se revierta esa desigualdad, el gobierno tendrá que atacar tres frentes. El primero es la capacidad del Estado para abatir los índices de pobreza y marginación. Para esto, necesita recursos y entre más, mejor. Para conseguirlos es urgente una reforma fiscal (no una miscelánea, que ya hemos tenido demasiadas).

Es momento de diseñar un mejor y más eficiente esquema impositivo, de combatir la evasión y eliminar los caminos disponibles para la elusión. Pero esto requiere de un trabajo entre el Ejecutivo (Hacienda y SAT) y el Legislativo. Aquí algunos contribuyentes saldrán afectados pues tendrán que pagar más impuestos o, simplemente, pagar impuestos. Es momento que Pemex deje de ser un agente recaudador. Tenemos petróleo para un poco más de una década y la empresa debe tener los recursos para explorar y encontrar yacimientos que garanticen una producción más duradera. Pero más recursos aquí significan menos recursos en otras áreas (gasto social o los estados) o más ingresos tributarios. Esta disyuntiva, junto a la importancia de los ingresos petroleros (un tercio) del ingreso total, hace que la reforma fiscal no se pueda seguir postergando.

Esto lleva al segundo problema, la reforma energética. Fuimos ‘afortunados’ en el sexenio anterior al no haber crecido a 7% anualmente, porque si no el sistema eléctrico hubiera colapsado. Es hora de diseñar la mejor arquitectura para el sector, que implica la interacción de mercados competitivos (compradores y vendedores sin privilegios), mercados monopólicos, agentes reguladores independientes y un Estado cuya intervención no genere distorsiones. Todo esto requiere de mayor inversión en electricidad, exploración, refinación y mantenimiento. Para lograrlo, se necesita de la sincronía del Ejecutivo, el Legislativo y el ente regulador (CRE).

Por último, la promesa de campaña: más y mejores empleos, que implica una reforma laboral, tan discutida, tan olvidada y tan mal entendida. Es indispensable que este mercado sea de los más eficientes, ya que de él depende toda la economía. Aquí también se necesita del Ejecutivo, del Legislativo, de los trabajadores (sindicatos) y de las empresas. La responsabilidad del Estado en estos problemas recae sobre Agustín Carstens, Georgina Kessel, Javier Lozano, Luis Téllez y Eduardo Sojo. Todos tienen capacidad y experiencia en el sector público, pero que puedan resolver estos problemas dependerá de su habilidad para enfrentar dos retos: la capacidad para trabajar en equipo y de dialogar con el Legislativo y la agilidad para sortear las presiones de los grupos afectados con los cambios.

Toda reforma implica que, en el corto plazo, algunos pierdan, pero a la larga todos ganamos. En la fiscal, pierden los evasores y los beneficiados con las elusiones; en la energética, pierden los consumidores que se apropian de los subsidios a la electricidad y al gas; en la laboral, pierden quienes tuvieron rentas enormes por la Ley Federal del Trabajo.

Calderón y su equipo no la tienen nada fácil (y eso que no se suman factores externos, como el precio del petróleo, la economía de EU y el de China), pero tienen la oportunidad de realizar los cambios que demanda el país. Ojalá que las primeras decisiones vayan en el rumbo indicado. Como decían los abuelos: la primera impresión es lo que importa.

El autor es doctor en Economía de la Universidad de Chicago y director de la división de Economía del CIDE.

AGUSTÍN CARSTENS,
Pura paciencia
Arnold Harberger, uno de los creadores del monetarismo y padre de los ‘Chicago Boys’, se sentó frente a la máquina de escribir una tarde hace 20 años. Poco antes, uno de sus mejores discípulos había regresado a su país. “Señor Miguel Mancera, director del Banco de México. Felicito a su institución por las condiciones de sus becarios. De la calidad de Agustín Carstens llega a la Universidad de Chicago uno cada 10 años”, escribió. Satisfecho por la carta, Mancera recibió a Agustín –entonces de 28 años– pero no se conmovió. Al contrario, le dio a ese joven, avezado en mercados internacionales, la subgerencia de la Dirección General de Operaciones de Banca Central. El cargo, largo de palabras y corto de jerarquía, no era más que un escritorio en una oficina llena de burócratas con experiencia pero sin formación de economistas.

De los días aciagos de De la Madrid y Salinas, en los que el país padecía por la deuda externa, queda la imagen de Carstens tecleando un teletipo en su oficina, haciendo llamadas y enviando faxes, apurado por cerrar acuerdos para renegociar una deuda que era de casi la mitad del PIB.

Su fortaleza es su excelente conocimiento macroeconómico y una férrea capacidad de persuasión. En su paso por Banxico, el FMI o la Secretaría de Hacienda, su estrategia termina siendo la idónea. A quien lo contradiga le presta oídos el tiempo necesario, para luego replicar. Y al final, convence. Hace tres años, al terminar su cabildeo entre los diputados como subsecretario de Hacienda, los congresistas le hicieron una fiesta y lo nombraron el ‘diputado 501’. Era por su destreza para explicar con sencillez las políticas económicas.

Carstens no se ha preocupado demasiado por sus limitaciones. El sobrepeso, que lo aquejó desde su infancia en Coyoacán, no le impidió ser de niño uno de los mejores tenistas del Club Reforma y un gran pelotero de la Liga Olmeca. De su estadía en Chicago trajo no sólo el grado de doctor, sino a la guapa economista Catherine Mansell, hoy editora y literata bajo el pseudónimo de C.M. Mayo.

Carstens llega a Hacienda sin que muestre sed política. “Jamás ha buscado un ascenso –dice Mancera–. Sus premociones han sido un reconocimiento a su inteligencia. Es más economista que político”.
Aníbal Santiago

LUIS TÉLLEZ,
El de la pastorela
A la alegría de concluir clases en el ITAM se sumaba un acontecimiento: la casa de Luis Téllez, en la calle Tres Picos, en la colonia Polanco del DF, se abría para convertirla en el teatro donde sus cuates de generación –y uno que otro maestro– estelarizaban la tradicional obra decembrina, escrita por él, para satirizar la vida de su universidad. Quizá su rostro, de rasgos algo infantiles, o esa cualidad de tomarse a sí mismo menos en serio, inspiró al secretario de Comunicaciones y Transportes a encarnar siempre al niño Jesús.

Fue elegido por su generación como representante de la carrera de Economía ante el Consejo de Alumnos, y él usaba el humor para hacer política. Desde aquel tiempo, se acercaba a todos, sin importar color, credo, puesto o partido. Y así, al paso de los años, con Carlos Salinas fue subsecretario de Agricultura, con Ernesto Zedillo, jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Energía.

Téllez actúa con metas a corto plazo, para trabajar en lapsos breves que le dejen mucho. Y así en todo: Hace 30 años, perturbado por la belleza de Consuelo Morales, estudiante de Administración de Empresas del ITAM, hizo todas las gestiones para ser nombrado laboratorista (especie de adjunto) de Antonio Bassols, profesor de la joven. Hoy Consuelo es su esposa, y madre de sus hijas Sofía y María.

¿Dónde está la identidad de Téllez? En todas partes. Hace un par de años fue vicepresidente ejecutivo del Grupo Desc y luego pasó a Carlyle, un fondo de inversión de EU y que ha sido cuestionado, según el periodista Craig Unger, porque conviven en el mismo negocio intereses tanto de la familia Bin Laden como Bush.

Las raíces de su familia materna –los Kuenzler– lo llevaron al Colegio Alemán y es probable que ahí se gestara ese eficaz sentido práctico que tanto le ha valorado la clase política. Supo ser el impulsor de las reformas a las leyes agrarias (el art. 27 Constitucional), contribuir a los cambios del IMSS e instrumentar el Programa Progresa. “Por sus preguntas en clase, sus artículos en el periódico interno de la universidad y la calidad de sus exámenes me daba cuenta de su vocación por aprender y ser un líder”, dice Antonio Bassols, su maestro en el ITAM. “Era muy inquieto y, sobre todo, absolutamente extrovertido”.
Aníbal Santiago

GEORGINA KESSEL,
Mucha disciplina
En los 80, alumnos y profesores del ITAM se reunían en la casa de Georgina Kessel para discutir sobre el país, cuando la hoy secretaria de Energía era maestra de tiempo completo. Desde entonces ella ya mostraba sus dotes para el debate. “Es muy buena conversadora, una persona de mucha determinación”, dice su compañero Silvano Espíndola.

A fines de los 70, aunque trabajaba en una aerolínea, Georgina decidió hacer la licenciatura en Economía. Entre trabajo y escuela, llegó a ser “una alumna brillante, a quien le gustaba trabajar en equipo”, recuerda Espíndola, quien también fue su profesor. Luego vendría el doctorado en Columbia, y fue la primera mujer del ITAM en doctorarse.

De sus años en ese instituto conserva gran parte de sus amistades y colaboradores, como Carlos Petersen, con quien estudió y que era su hombre de confianza en la Casa de Moneda, una institución que ella dirigió desde 2002.

Su trayectoria ha sido sobria y callada: desde que fue profesora de maestría de Felipe Calderón, hasta su último nombramiento sumó años como investigadora, escribiendo estudios sobre el sector energético. “Nunca la he visto improvisar, siempre se prepara mucho”, dice Juan Antonio Bargés, ex subsecretario de Energía. Ambiciosa y disciplinada, “trabajaba hasta agotarse”, agrega Espíndola.

Ella comenzó a trabajar en Pemex y, en 1994, fue designada por Carlos Salinas como la primera presidenta de la Comisión Reguladora de Energía. “En Hacienda puede haber aprendido a lidiar y a negociar con legisladores y directores de empresas de energía, y eso le puede ser muy útil hoy”, afirma Alma Rosa Moreno, quien coincidió con Kessel en esa dependencia y que hoy es directora general de administración de Banorte.

Pero su perfil es menos político que técnico, y esto para Sergio Rosado, de la consultora Cambridge Energy Research Associates, es un claro símbolo de que la negociación con los legisladores para las reformas se hará desde Los Pinos.

Hoy, esta mujer, sin hijos ni matrimonio conocido, y de la que el consultor David Shields dice que es “muy dura” y con visión de ortodoxia presupuestal, tiene ante sí un sector con muchos retos, que está “patas para arriba”, según George Baker, de la consultora energia.com de Houston.
Sara Brito

El discreto encanto de
EDUARDO SOJO
Eduardo Sojo es un hombre leal. Mientras en el sexenio anterior Vicente Fox y su gabinete protagonizaron muchas contradicciones, Sojo permanecía callado, siguiendo las directrices de su amigo y jefe desde la época guanajuatense. Parco en palabras, como lo define Bernardo González Aréchiga, su asesor en políticas públicas (2000 y 2002), Sojo ha pasado por ser ese hombre discreto y celoso de su intimidad que hoy se ha posicionado en la primera línea política respaldado no sólo por su íntimo amigo, Fox, sino por aquel hombre cuya candidatura apoyó desde un inicio, y que supuso la primera contradicción pública a su jefe.

A Sojo, en la oficina de transición, le tocó organizar las carpetas para cada secretario el día antes de la designación y él mismo preparó la suya propia y se la autoentregó.

Sobrio en su vestir, el secretario de Economía no suele generar amistad entre sus subordinados. “Siempre tuvo bien claro dónde acababa su función pública y dónde empezaba su vida privada”, agrega González Aréchiga. Esa rectitud tal vez venga de su formación jesuita en el Instituto Lux, que según él reconoce, marcó su personalidad y ‘esa hipoteca social’ que siente estar pagando ahora. También lo marcó la pasión de su padre, dos veces diputado federal, y quien decía que la política era el oficio más humano.

Hizo la licenciatura en Economía en el Tec de Monterrey, donde fue alumno de Ernesto Derbez, y el doctorado en la Universidad de Pensilvania, donde compartió investigaciones de econometría y desarrolló el proyecto Link con Lawrence Klein, Nobel de Economía. Klein recuerda una presentación que Sojo hizo hace un año ante unos economistas, donde el secretario se puso una serie de sombreros conforme pasaba de un tema a otro al explicar la economía del país. ¿Hará lo mismo con su nuevo equipo?

José Luis Barraza, ex presidente del Consejo Coodinador Empresarial, lo define como un hombre congruente, “entre lo que piensa y lo que dice, entre lo que dice y lo que hace”, y con gran capacidad de diálogo con el sector privado.

Un foco rojo en su gestión será China, considera Ramón Lecuona, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. “Mi reto ante todo será hacer trabajo de equipo”, adelanta.
Sara Brito

La convicción de
JAVIER LOZANO
El 21 de noviembre, Javier Lozano invitó al presidente y su esposa a festejar en su casa su cumpleaños 44. Un día después, su fotografía estaba en todos los medios porque fue nombrado secretario del Trabajo.

En el sector obrero y patronal, todos alzaron las cejas. “De entrada es una mala señal que envíen gente sin experiencia a la Secretaría del Trabajo”, afirma Carlos de Buen, autor de una propuesta de reforma laboral para el Partido Acción Nacional.

Hace 10 años, la industria de las telecomunicaciones sí sabía quién era: como presidente de la Cofetel impuso ‘el que llama paga’, para disgusto de Telmex.

“Es obsesivo compulsivo”, afirma Gerardo Soria, ex representante de Telmex y hoy abogado del despacho LVHS. “Además, tiene un orden escrupuloso”, agrega Gerardo Lozano, su hermano y abogado del despacho Gallástegui-Lozano. A cierta hora, los domingos, deja las reuniones familiares para escribir sus artículos. “Nunca desperdicia el tiempo y es muy activo”, comenta.

Su carrera laboral comenzó como gerente jurídico de Alfa. Un año después, llegó al sector público con el priísta Carlos Ruiz Sacristán. “Él fue su padrino político y todavía son buenos amigos”, asegura su primo Mariano Saavedra, militante del PAN en Puebla.

Su primer tropiezo electoral fue en 2000, cuando perdió la diputación en Puebla. Su nueva etapa política arrancó en febrero del año pasado, cuando renunció al PRI y dejó en claro su compromiso con Felipe Calderón. “El país se perdió tener un buen secretario de Telecomunicaciones”, dice Alejandro Guillén, politólogo de la UPAEP, mientras los líderes sindicales prefieren darle el beneficio de la duda.
Tania Lara

1 de enero de 2007

2007: incógnitas y adivinación

José Antonio Crespo

Los últimos días del año (en este caso, del sexenio) suelen ser utilizados para recontar y evaluar lo que ocurrió en él. Y en los primeros días del año siguiente suele hacerse una tendencia (en realidad, especulación) de lo que podrá ocurrir. Un sexenio es muy largo (como pudimos constatar con el que recién terminó) como para siquiera imaginar qué ocurrirá durante él. Intentar hacerlo es caer estrictamente en la adivinanza o las buenas intenciones. Una cosa es que la ciencia política (o la económica) pretenda ser justo eso, una ciencia, y otra muy distinta es que en realidad lo sea. La capacidad predictiva de las ciencias duras no puede encontrarse en las disciplinas sociales. Es posible detectar tendencias, aproximaciones, elaborar escenarios con diversas probabilidades de concreción, pero hasta ahí. Son muchas y muy cambiantes las variables que intervienen en los fenómenos sociales como para saber con precisión cómo se comportarán a lo largo de varios años. Y hay también los famosos imponderables, acontecimientos que afectan gravemente el curso de la historia, pero que son incidentales, imposibles de predecir (como la muerte accidental y prematura de algún personaje político de primer nivel). Y viene después el complejo y casi inaccesible mundo de la sique de los protagonistas políticos, tan oscuro como sujeto a cambios y mutaciones, sobre todo cuando se reciben fuertes dosis de poder, cuyo efecto es sumamente parecido al de una potente y adictiva droga. La predictibilidad en la política depende también de la fuerza y definición de las instituciones, ahora sumamente desdibujadas y golpeadas en nuestro país.

De tal manera que cabe preguntar: ¿Alguien, a principios de 2001, pudo haber imaginado todo lo que ocurriría durante el gobierno de Fox y cómo terminaría? ¿Se podía vislumbrar la parálisis en la que cayó el proceso político, los dislates del Presidente, su falta de compromiso democrático, su disposición a preservar la impunidad de los corruptos del pasado y del presente, su debilidad endémica frente a todos (y todas), su obsesión antiobradorista, el efecto que sobre su gobierno y persona tendría su matrimonio con Marta Sahagún, la complacencia presidencial con el enriquecimiento de su familia política? Difícilmente. Ni siquiera, por supuesto, podrían haberlo vislumbrado con claridad el Presidente ni sus secretarios de Estado. Tampoco los politólogos ni los analistas ni los periodistas. Hubo quien aseguró en su momento que Fox no era el personaje adecuado para la delicada e importante fase política que se inauguraba con la alternancia. Y hoy podría reclamar para sí la razón. Los priistas y muchos perredistas lo dijeron de varias maneras durante la campaña presidencial de 2000. Pero probablemente tampoco ellos pudieron haber imaginado los traspiés del gobierno foxista ni la forma en que terminaría.

En todo caso, frente al año que inicia, no queda más que detectar algunas de las incógnitas que flotan en el ambiente político. Por ejemplo:

1) ¿El Partido de la Revolución Democrática entrará de lleno a la política institucional, como parece derivarse de su comportamiento en el Congreso al discutirse y aprobarse el Presupuesto de este año? ¿Podrá mantener ese camino de forma paralela al movimiento social de Andrés Manuel López Obrador sin chocar ni contravenirse? ¿Las divisiones que ya afloran entre las tribus viejas y nuevas de ese partido, provocarán su debilitamiento electoral y político? ¿Intentará alguien dentro del PRD disputarle el liderazgo a López Obrador, y cuál será la reacción de éste?

2) ¿Podrá el Partido Revolucionario Institucional, por esta vez, dirimir de manera civilizada y democrática la designación de su nuevo dirigente nacional? ¿Y una vez nombrada la nueva dirigencia, el tricolor podrá recuperar los hilos de la conducción partidista o seguirá moviéndose por parcelas separadas, gubernamentales, legislativas, corporativas, caciquiles? ¿El nuevo dirigente priista intentará una reforma a fondo o volverá a confiar en que la tradición histórica y "buena fama" de su partido se traducirán en los votos necesarios para recuperar la presidencia en 2012? ¿Tendrá la capacidad para chantajear eficazmente al gobierno de Felipe Calderón, como lo hizo con el de Fox, o en algún momento se va a topar con pared?

3) ¿Cómo enfrentará Felipe Calderón el liderazgo paralelo que desde el Partido Acción Nacional pretende ejercer Manuel Espino? ¿Cuánto tardarán los cuadros panistas en alinearse indefectiblemente con el "líder nato", alejándose del dirigente partidista, según rezan las reglas no escritas de nuestro obsoleto pero vigente presidencialismo? ¿Seguirá sosteniendo el PAN a Ulises Ruiz?

4) ¿Mostrará Felipe el valor expuesto, por ahora, frente a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al narcotráfico en Michoacán, hacia los múltiples poderes fácticos que fueron intocados e incluso fortalecidos por el gobierno de Vicente Fox? ¿Permitirá, por ejemplo, que surja la "tercera cadena" televisiva o se someterá a las directrices del duopolio actual? ¿Intentará modificar la estructura del corporativismo como imperativo de la democratización mexicana o les rendirá pleitesía a sus líderes, como lo hizo Fox? ¿Buscará fortalecer la rendición de cuentas, sin la cual no puede hablarse de una auténtica democracia? ¿Verá en algún momento la conveniencia política de, por ejemplo, abrir el expediente Bribiesca Sahagún o preferirá rendir culto a nuestra tradición histórica de impunidad, ratificando así que un cambio de partido en el poder no implica un cambio de régimen político? ¿Calculará Felipe Calderón que la recomposición de la maltrecha política exterior pasa por la redefinición de nuestra relación con Cuba, pese a los desesperados intentos de Jorge Castañeda por mantener una línea que a todas luces demostró ser errónea?

El intento por despejar, desde ahora, con nitidez éstas y otras incógnitas nos llevaría a los terrenos no de las ciencias sociales, sino en el de las ciencias ocultas.