2 de diciembre de 2006

Felipe Calderón Hinojosa

Palabras del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa, durante el Mensaje al Pueblo de México

Mexicanas y mexicanos;

Amigas y amigos todos:

Me alegra mucho el poder estar hoy aquí con todos ustedes, líderes y familias de nuestro México y de otras partes del mundo.

Hace unos momentos me presenté ante el Congreso de la Unión y rendí la Protesta Constitucional tal como lo establece el Artículo 87 de nuestra Carta Magna.

Lo que hice fue comprometerme con los mexicanos representados en los legisladores a guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión.

Y ahora me honra mucho dirigirme a ustedes como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Reconozco el patriotismo y la convicción democrática de los legisladores de mi partido, desde luego, y de partidos diferentes; y, desde luego, de partidos diferentes al mío que no obstante nuestras diferencias de mucho tiempo atrás hicieron posible que la República tuviese la solemne ceremonia de protesta constitucional.

Junto con toda la sociedad mexicana reconozco y agradezco la lealtad que las Fuerzas Armadas han profesado siempre a la Patria, a la Constitución, a nuestras instituciones, a la República.

Asumo la Presidencia de la República y con ésta el mandato legítimo de servir a la Nación como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

Sé de la complejidad de las circunstancias en que estoy asumiendo el Gobierno de México; sin embargo, estoy habituado a enfrentar y superar todos los obstáculos.

Sí se pudo y sí se puede.

Hoy acepto el compromiso de ser el Presidente de todos los mexicanos sin importar su preferencia política, la religión que practiquen, su origen étnico, su condición de género, su nivel de ingreso, posición social o lugar donde vivan en nuestro gran país.

Hoy concluye un largo camino e inicia otro. Estoy muy agradecido con ustedes que me han acompañado de una u otra forma a lo largo de esta travesía llena de esperanza.

Les pido ahora que me acompañen en este compromiso de servir a México durante los próximos seis años.

Yo agradezco el voto de todos, de todos los mexicanos sin excepción que confiaron en la democracia.

A quienes votaron por mí, les agradezco su apoyo y les digo que sabré cumplir con su mandato y a quienes válidamente votaron por otras opciones políticas les digo que no ignoraré las razones, ni las causas de voto y les pido que me permitan ganarme con hechos su confianza.

Con enorme gusto, honor y sentido de responsabilidad tomo en mis manos el desafío de encabezar los esfuerzos para seguir transformando a la Patria.

Es claro que México vive momentos de tensión entre las principales fuerzas políticas, soy consciente de la seriedad de nuestros distanciamientos y asumo plenamente la responsabilidad que me corresponde para resolverlos y reunificar a México.

Pero lo que sí señalo enfáticamente es que la Patria nos reclama a todos poner por encima de nuestras diferencias políticas el interés supremo de la Nación.

Mientras nosotros sigamos atrapados por nuestros desencuentros estaremos incumpliendo la responsabilidad que nos han asignado los mexicanos.

Los conflictos entre políticos sólo dañan a la gente y, sobre todo, a los que menos tienen.

Por eso reitero formalmente mi invitación a un diálogo con todas las fuerzas políticas, por el bien de México este diálogo no puede esperar, dialogaré con quien esté dispuesto a dialogar y construiré con quien quiera construir, pero siempre sabré gobernar para todos.

Si hay que cambiar las reglas, cambiemos las reglas, hagámoslo para adecuarlas a los nuevos tiempos que vivimos; del Presidente habrá siempre la disposición para fortalecer la democracia y abrir caminos diferentes para entendernos, para tomar decisiones y para resolver los conflictos.

Estaré dispuesto siempre a dialogar, pero no esperaré el diálogo para ponerme a trabajar, más allá de los intereses de partido y de grupo hay una ciudadanía, hay una ciudadanía dispuesta y decidida a trabajar.

Una ciudadanía que lo hace todos los días al buscar el sustento para su familia, con ellos y por ellos, con los ciudadanos y por los ciudadanos vamos a trabajar.

Sé que no puede invocarse la democracia para atentar contra la democracia y su representación.

La solución, la solución a los problemas debe construirse por la vía de la paz y de la legalidad, dentro del marco de las leyes e instituciones que nos hemos dado los mexicanos y no fuera de él.

La política no es una batalla en donde un partido gana y otro pierde, eso debe quedar en la arena de las contiendas electorales.

La política es la colaboración entre partidos, poderes y ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de la gente.

La política es obligación de entendernos para resolver los problemas de México.

Ese es nuestro mandato, para eso nos eligieron y para eso debemos servir a los ciudadanos.

Al final de cuentas, como decía don Manuel Gómez Morín: nadie vino aquí a triunfar ni a obtener, sino a definir y decidir lo que es mejor para México.

Los políticos estamos obligados a resolver los problemas de los ciudadanos y no a agravarlos con nuestra discordia.

Soluciones, eso es lo que esperan ellos; soluciones como un seguro universal de salud, como la infraestructura que necesitan las escuelas básicas de México, como el empleo que demandan los jóvenes que hoy están terminando de estudiar, como las guarderías que necesitan las madres que trabajan y los espacios públicos libres de delincuencia que necesitan nuestras familias.

Por ello, pongámonos a trabajar, sin descanso y de inmediato.

Un cambio de Gobierno no significa refundar la Nación cada seis años. A lo largo de nuestra historia hemos construido instituciones sólidas que han reflejado demandas por los derechos sociales y políticos de los mexicanos.

Pero también es cierto que para enfrentar los problemas que tenemos será necesario realizar cambios en instituciones y en políticas públicas.

En todo esfuerzo de cambio, el objetivo central será que las instituciones públicas sirvan a los ciudadanos para que vivamos mejor.

Hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al Gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y regiones enteras.

Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi Gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia.

Los resultados que estas instituciones le deberán entregar a los mexicanos son vitales para recuperar la fortaleza del Estado y la convivencia social, seguridad de que nuestra vida, la de nuestras familias y nuestro patrimonio estarán protegidos.

Espacios públicos para nuestros hijos y no territorio para los delincuentes, no impunidad, no abuso de los poderosos, justicia para todos.

Por eso, instruyo al procurador general de la República y al Gabinete de Seguridad Nacional a que en un plazo no mayor de 90 días presenten un programa de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia.

Para ordenar, depurar y fortalecer nuestros cuerpos policíacos, para crear cuanto antes un sistema único de información criminal que nos permita poner los más sofisticados avances tecnológicos a la defensa de nuestras familias.

Y ordeno a los secretarios de Marina y de Defensa a redoblar el esfuerzo para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés y al propio tiempo a velar para que se mejoren cuanto antes y en la medida en que el Congreso lo disponga la condición humana y familiar de los soldados y los marinos de México.

Asimismo, en el próximo periodo ordinario de sesiones presentaré ante el Congreso una iniciativa de reformas legales con el objeto de mejorar la procuración y la administración de justicia, aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad y para que las leyes sean instrumento que protejan los derechos de los ciudadanos y no vías de impunidad para los criminales.

Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas.

Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia.

Pongamos fin a la impunidad, a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias.

A la impunidad de los políticos que violentan la ley en su beneficio, a la impunidad de quienes abusan de una sociedad inerme cualquiera que sea su posición de privilegio político, económico o social.

De igual manera, soy plenamente consciente de la dramática condición de pobreza en la que vive la mitad de la población mexicana.

México tiene una enorme deuda social que pagar con los mexicanos más pobres, para cubrir esa enorme deuda social, la que permita reducir la pobreza extrema que es también la prioridad de mi Gobierno, es vital que sociedad y autoridades hagamos un esfuerzo mayor para orientar el gasto público hacia los que más lo necesitan.

Sé que tenemos que resolver de fondo la desigualdad de los mexicanos, particularmente la desigualdad entre el norte y el sur, entre el campo y la ciudad, entre los indígenas y quienes no lo son, entre las mujeres y los hombres, entre los adultos mayores y los jóvenes.

Los esfuerzos del Gobierno deben estar orientados, fundamentalmente, a acabar con esta disparidad y con todas las formas de discriminación.

El principal instrumento del Estado para reducir desigualdades y construir un país justo es el gasto social, pues gracias a él los mexicanos pueden tener acceso a los derechos sociales que establece la Constitución: derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y la vivienda.

Para fortalecer la política social debemos cambiarla en dos sentidos.

Primero, dotarla de más recursos para que más mexicanos, especialmente quienes menos tienen, puedan ejercer sus derechos sociales y puedan verdaderamente tener una vida acorde con su dignidad.

Y, en segundo lugar, utilicemos mejor los recursos de los mexicanos.

Como resultado de esos cambios mi Gobierno deberá haber avanzado sustancialmente en el acceso universal a los servicios de salud, en la educación de calidad y en una reducción sustantiva de la pobreza extrema.

Para lograrlo instruyo a la secretaria de Desarrollo Social, a la secretaria de Educación, al secretario de Salud y a todos los miembros del Gabinete Social, a mantener, perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema.

Esto es, la instrucción es, ampliar el Programa de Oportunidades, el Seguro Popular y las becas escolares y también los instruyo a revisar con objetividad aquellas políticas que sólo distraen recursos y no contribuyen a combatir la pobreza.

Asimismo, instruyo al Gabinete Social a poner en práctica cuanto antes un programa orientado a que los niños mexicanos, todos los niños que nazcan a partir de hoy, 1 de diciembre en el territorio nacional, cuenten con un seguro médico que proteja eficazmente a su salud.

Una condición indispensable para combatir la pobreza y la desigualdad es lograr tasas de crecimiento que nos permitan elevar el ingreso de los mexicanos y, sobre todo, crear los empleos que tanta falta nos hacen.

Así, claramente mis prioridades serán: seguridad para los mexicanos, superación de la pobreza extrema y creación de empleos en México.

El reto económico para lograrlo es enorme.

La migración sigue dividiendo a nuestras familias.

Yo quiero que en lugar de que salga la mano de obra a buscar la inversión a Estados Unidos, mejor que venga aquí la inversión a donde está nuestra mano de obra y que no se dividan más nuestras familias y nuestras comunidades.

Para generar los empleos que necesitamos es indispensable remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer más y más rápido; requiere cambios importantes en la política económica.

Un primer cambio tiene que ver con orientarla hacia la competitividad.

Si nuestros trabajadores, nuestros campesinos y nuestras empresas tienen que competir con el mundo, que lo hagan en condiciones de igualdad con otros trabajadores, con otros campesinos y con otras empresas en las demás naciones del mundo.

Si nos lo proponemos, podemos hacer que las inversiones que se concreten y en consecuencia los empleos que se generen en los próximos años se concreten aquí en México y no en Asia, en Europa o en cualquier otra parte.

México tiene todo para ser una Nación que reciba inversión y genere empleo para su gente.

Un segundo cambio será el no depender de lo que podemos venderle a otros países, para estimular el crecimiento y el empleo me propongo hacer que el mercado interno sea, precisamente, motor de crecimiento.

Para lograrlo, impulsaré el turismo y la infraestructura para aprovechar así nuestra privilegiada posición geográfica y las enormes riquezas naturales y culturales de nuestro país.

Un tercer cambio económico será que el Gobierno se ponga en los zapatos del mecánico que tiene su taller, del ama de casa que tiene su cocina económica, del abuelo que tiene una tienda de abarrotes.

En pocas palabras, quiero facilitarle la vida a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, porque son las que generan más empleo para los mexicanos.

Un cuarto cambio tiene que ser el propiciar bienes y servicios en calidad y precios competitivos para empresas y consumidores, lo cual sólo puede ser resultado de condiciones verdaderas de competencia justa y sin privilegios.

Estos cambios deberán producir resultados para la gente y, en particular, para mejorar el nivel de vida.

Estos cambios implican, también, tener un campo productivo y ganador, que posibilite verdaderas oportunidades de desarrollo humano y desarrollo rural y que cierre la brecha que tenemos que saldar con los campesinos que siguen siendo los mexicanos más pobres.

Por eso instruyo al Gabinete Económico, a que en este mismo mes de diciembre presente un programa para reorientar el gasto y que en el primer trimestre del Gobierno, presente medidas concretas para hacer más eficiente al aparato productivo nacional.

A presentar un programa de apoyo a las medianas y pequeñas empresas y a privilegiar el empleo seguro, formal, bien remunerado, con capacitación y basado en la productividad.

Le instruyo también a que incorpore dentro del paquete presupuestal que será entregado la próxima semana el sustento del Programa de Primer Empleo.

A través de él, mi Gobierno estimulará a las empresas para que crezcan, se expandan y generen nuevos puestos de trabajo en especial para los jóvenes mexicanos.

Me propuse y seré el Presidente del Empleo en México.

Encabezaré un Gobierno decidido a encauzar a México en el mundo, en un mundo que compite, México debe competir y debe de ganar.

Para ello quiero convocarlos a todos, a todos los mexicanos, en especial a los jóvenes a que seamos capaces de crear las oportunidades de superación personal y al mismo tiempo a tener el coraje y el valor para hacer de nuestro México un país ganador que mira hacia adelante.

Creo en un México ganador, fuerte y seguro de sí mismo; orgulloso de su riqueza, de su cultura, de su identidad, de la energía de su gente.

Un México que es capaz de superar las dificultades y lograr para todos un futuro diferente y mejor.

Ese México es posible construirlo y por eso estamos hoy aquí.

Por otra parte, antes de pedir más sacrificios a los mexicanos para resolver nuestros problemas soy consciente de que el Gobierno de México debe demostrar con acciones que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos.

El esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de elemental eficiencia y austeridad por parte del Gobierno.

Por eso anuncio que en la primera semana de mi Gobierno emitiré un decreto de austeridad en los gastos del Poder Ejecutivo y reduciré el salario del Presidente y de los altos funcionarios de mi Gobierno para no incrementarlos hasta en tanto el Congreso revise una Ley de Sueldos de los Servidores Públicos.

Una ley que someteré a la consideración de los legisladores antes del próximo periodo de sesiones.

Se trata de establecer normas claras que regulen de manera objetiva y justa el pago de los servidores públicos en los tres órdenes de Gobierno y en los tres poderes de la Unión.

La corresponsabilidad es el nuevo signo del Gobierno, los tres poderes y los tres órdenes: el Federal, el estatal y el municipal somos corresponsables de la autoridad que nos han depositado los ciudadanos, de su buen funcionamiento y, sobre todo, de otorgar soluciones diarias a los problemas que enfrentan los mexicanos.

Como mexicano y como Presidente creo que la división de poderes debe ser equilibrio y diálogo, y no más confrontación entre poderes.

Por eso llamo, nuevamente, a un proceso de negociación abierta y sincera entre los partidos representados en el Congreso con el Presidente de la República.

Llamo a un diálogo que no tenga otro propósito que el de analizar y resolver los problemas que el pueblo de México está sufriendo y cuya solución es impostergable.

Los problemas de miseria, de inseguridad, de marginación, de desempleo y de falta de oportunidades para una vida digna.

Soy un mexicano que cree profundamente en la ley y en las instituciones. Creo que el respeto al orden jurídico es la única garantía de convivencia pacífica entre los mexicanos.

Creo, como decía el Presidente Juárez: Que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Habrá un Presidente que respetará el derecho.

Invito a todos los mexicanos a renovar una cultura de legalidad entre nosotros, a ver en la ley y en las instituciones la vía para ordenar nuestra convivencia.

Y por ello instruyo a todos los miembros de mi Gabinete a cumplir y hacer cumplir la ley sin excepciones entre gobernantes y gobernados.

Creo en la diversidad y en la pluralidad, no me afrentan ni me ofenden las diferencias.

He sido un hombre que ha luchado por el establecimiento de un régimen plural y democrático y sé que éste es aún insuficiente para garantizar plenamente el ideal de todos los mexicanos.

Por eso, yo convoco al Congreso a una reforma institucional que parta de una transformación a nuestro régimen electoral.

Convoco a los integrantes del Congreso de la Unión a que discutamos una iniciativa de reformas a la Constitución y las leyes electorales para dar paso a la tercera generación de avances en esta materia.

Instruyo al secretario de Gobernación para que realice los acercamientos necesarios con todas las fuerzas políticas y se establezca una agenda de diálogo y negociación que facilite el camino para llegar a las reformas que requiere nuestro sistema político electoral.

Propongo discutir las reformas que nos lleven a reducir el gasto en campañas electorales y a reducir el financiamiento público a los partidos políticos, a acortar los plazos de campaña y regular debidamente las precampañas.

Asimismo, propondré también aumentar las facultades de vigilancia y fiscalización del Instituto Federal Electoral sobre los ingresos, gastos y patrimonio de los partidos políticos.

Como Presidente, seré un promotor y no obstáculo en la búsqueda de mejores mecanismos de representación entre los mexicanos.

Mexicanas y mexicanos:

Veo a nuestro a México como una Nación fuerte y poderosa que sabe superar las adversidades.

Veo en cada uno de los mexicanos, en los jóvenes, en las mujeres, en los padres de familia, un México decidido a salir adelante.

Veo en cada niño, en cada persona con discapacidad, en cada madre soltera, en cada adulto en plenitud, en cada indígena la razón para estar y seguir aquí.

La razón para luchar sin descanso y sin tregua, para darle a México y a los mexicanos el nivel de vida que merecen.

Quiero convocar a todos, sin distingos, a que imaginemos a nuestro México libre, puesto de pie superando sus problemas.

Quiero que imaginemos y luchemos por un México que frente al mundo es capaz de competir y de ganar; que imaginemos que es posible una verdadera sociedad del conocimiento donde todos tengan acceso a la educación de calidad.

Que es posible abrir oportunidades de trabajo para quienes luchan intensamente por sacar adelante a su familia; que nuestros hijos pueden caminar y jugar libremente en nuestras calles.

Estoy seguro que ese México vendrá, estoy seguro que podemos hacerlo y que lo vamos a hacer unidos todos los mexicanos.

Iniciemos con decisión y orgullo una nueva etapa en la vida del país, sumemos nuestros esfuerzos, sumemos nuestras inteligencias y nuestras fortalezas como mexicanos.

Sumemos nuestro arrojo, nuestra capacidad de entendimiento y, sobre todo, sumemos también nuestras diferencias y enriquezcamos a México.

Por ese México justo, por ese México libre y democrático, por ese México seguro y limpio, por ese México distinto y mejor, por ese México ganador, vamos juntos a conducir a México al futuro.

Viva México.

Viva México.

Viva México.

Ahora, si me permiten, voy a tomarle la protesta a los miembros del gabinete.

Mexicanas y mexicanos, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión.

-VOCES A CORO: Sí, protesto.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Si no lo hicieren así, que la Nación de los demande.

Muchas felicidades.

19 de noviembre de 2006

Milton Friedman: Un verdadero economista

Santos Mercado

Con lágrimas en los ojos lamenté que me hubieran ocultado éste y todos los demás textos de Friedman. ¡Cuánto tiempo me habría ahorrado, cuánto daño habría dejado de hacer si lo hubiera leído antes!

Los hombres que amamos la libertad nos sentimos profundamente consternados porque el economista más importante del último siglo se ha despedido de este mundo. No creo que haya otro hombre que haya dado tanto a este mundo, aunque sólo pocos sabrán reconocerlo.

En decenas de cursos de economía que llevé en las universidades públicas jamás me hablaron bien del Premio Nobel de Economía 1976. Nunca me recomendaron alguno de sus libros, que fueron muchos. De lejos se veía que los intelectuales izquierdistas, mis profesores, lo odiaban a muerte.

Por circunstancias fortuitas empecé a conocer la obra de Milton Friedman en 1993. Regresaba yo de la Habana después de asistir a un congreso de educación (Pedagogía 93) donde hablé de la necesidad de cambiar la forma de financiar a las escuelas públicas.

Todo el que me oía quedaba sorprendido y sin argumentos para rebatir mi idea. Pero un profesor del IPADE me bajó de la nube para decirme que ya alguien se me había adelantado con esa idea. Me dio la referencia y... en efecto, Milton Friedman decía lo mismo que yo pero en el año 1955. Sorprendido porque “me habían robado la idea” empecé a buscar sus textos. Por primera vez en mi vida, después de haber estudiado dos doctorados en economía, tenía en mis manos su famoso libro “Libertad de Elegir”. Con lágrimas en los ojos lamenté que me hubieran ocultado éste y todos sus demás textos. ¡Cuánto tiempo me habría ahorrado, cuánto daño habría dejado de hacer si lo hubiera leído antes!

Difícilmente se puede olvidar su genial observación de “no existe un sandwich gratis”. Con ello nos enseñaba que lo que aparentemente es gratuito, alguien lo tiene que pagar. Las conclusiones de esta observación son cruciales para entender la perversidad de la “educación gratuita”, los “créditos blandos”, los cheques gratuitos a la tercera edad, los subsidios, etc. Comprendí la razón del odio de la izquierda mexicana y de todo el mundo ya que Friedman se oponía a los obesos aparatos burocráticos del Estado que pretenden controlar, regular y normar la economía. Consideraba a la burocracia como un verdadero estorbo para el florecimiento de la economía. Su idea de que el mercado supera en mucho a cualquier burócrata ilustrado para distribuir la riqueza de la sociedad fue un golpe directo a los keynesianos.

Decía Milton que el mejor sistema es la economía de mercado. Que se respeten las decisiones de cada individuo y se permita y aliente para que los hombres usen su propio talento, conocimientos y coraje para obtener lo que quieren y realizar sus sueños, siempre y cuando no dañen a otros. Un sistema así es mejor que cualquier sistema donde un dictador decide por todos.

Friedman nunca confió en los sindicatos pues lejos de salvar a los trabajadores se convertían en una pesada carga de funcionarios ricos a costa de las cuotas, prebendas y traiciones a sus asociados. Recomendaba que cada trabajador debiera aprender a defenderse y vender su trabajo al mejor precio.

Cosechó el odio de los gobiernos latinoamericanos pues les recomendaba que no usaran la maquinita de hacer billetes para pagar sus burocracias, hacer sus obras faraónicas o regalar a los pobres, pues eso genera más pobreza. También les explicaba la bondad de los impuestos bajos.

Los rectores de las universidades públicas se cuidaban mucho de no invitarlo a dar conferencias. Pero la primera vez que vino a México (invitado por Carolina Bolívar), dijo “estoy recomendando que el gobierno de los Estados Unidos privatice sus escuelas públicas, pero los mexicanos tienen más urgencia de privatizar porque aquí hay más pobres”. La segunda vez dijo: “PEMEX debería ser propiedad del pueblo, y eso sólo es posible cuando cada ciudadano tenga acciones en la mano”. Por supuesto, los izquierdistas, burócratas y petroleros se le lanzaron directamente a la yugular con la intención de que nunca más regresara a México.

La primera vez que visitó la República Popular China fue en 1982 y lo hizo por moto propio. Ya hacía 6 años que se había muerto Mao Tse Tung y los dirigentes ya estaban decididos a abandonar la vieja línea maoísta que tanto daño y atraso les causara y estaban atentos a las nuevas ideas. Pero poco sabían de Milton quien sólo se paseaba, observaba y platicaba informalmente con la gente que lo rodeaba. Los chinos lo veían como si viniera de un mundo extraño. Escribió algunos artículos sobre China y fue suficiente para que el gobierno de Deng Tsia Ping lo invitara a dar una serie de conferencias. Hoy no creo exagerar si digo que la China de Mao se está convirtiendo en la China de Friedman.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar la proeza de los alumnos de Milton Friedman (que tuvo muchos) pero me refiero a los “Chicago boys” pues gracias a que se acercaron a Augusto Pinochet (quien de otra forma habría sido un simple dictador sin mayores luces) construyeron la economía más dinámica, moderna y avanzada de Latinoamérica. De hecho, el gran mérito de Pinochet fue dejar entrar a estos alumnos de Friedman.

La extensa obra de Milton Friedman sigue proscrita de las aulas universitarias. El precio de no abrir las puertas a Friedman se ha pagado con pobreza, atraso, estancamiento, inflación, depresión y violencia. Espero que algún día lo sepamos reconocer.

En fin, sirvan estas palabras para despedirme de mi querido maestro: Milton Friedman.

18 de noviembre de 2006

Milton Friedman, in memoriam, 1912 - 2006

por Roberto Salinas León

Roberto Salinas León es catedrático y consultor mexicano y Académico asociado del Cato Institute.

“Hay muy pocos seres en la historia del ser humano cuya contribución en el campo de las ideas ha generado un cambio material demostrable, para el resto de la humanidad. Uno de ellos, sin duda, ha sido Milton Friedman.”
—Alan Greenspan, Presidente de la Fed, 1987-2006

La libertad vive un momento de luto. Milton Friedman, principal voz de la escuela económica conocida como “monetarismo” y uno de los grandes campeones de la libertad en la historia del ser humano, murió el día de ayer, a la edad de 94 años. Friedman recibió el Premio Nobel de Economía en 1976—época donde sus ideas eran consideradas herejía en el mundo de la sabiduría convencional. A la postre, sin embargo, gracias a sus enormes aportaciones, tanto en el plano intelectual como en el plano de la política pública, el siglo que casi llegó a vivir, presenció eventos como la caída del Muro de Berlín, el colapso del comunismo, el cambio de paradigma en el pensamiento económico, las reformas en países alrededor del mundo, los milagros económicos modernos (desde Hong Kong hasta Irlanda hasta Estonia hasta Chile), la explosión de la apertura comercial, nuevos “rankings” como el Índice de Libertad Económica, y mucho más.

Todos estos representan tributos al poder de una idea: la libertad de elección. Esa fue la idea que caracterizó el pensamiento de Milton Friedman. En las palabras de Edward Crane, Presidente del Cato Institute y además fundador del Premio Milton Friedman para la Libertad (otorgado cada dos años a la persona que mayor avance ha logrado a favor de la libertad): “Aquí tenemos a un tipo que ganó en Premio Nobel de Economía, y que es reconocido por sus grandes investigaciones teóricas. Pero en el fondo, lo que lo movía era la libertad humana. Esta exige vigilancia eternal; yo considero que Milton fue el campeón más importante de la libertad humana en el siglo pasado… y lo que llevamos de éste.”

Libertad de elección. En todos los frentes: educación, política, sistema monetario, pensamiento, en los medios, en la sociedad civil. Sin duda, Friedman se caracterizó por su énfasis en la importancia de la moneda y las instituciones monetarias para lograr mayores niveles de prosperidad. Esta idea, hoy, es aceptada como parte del sentido común. Pero no hace poco, era considerada poco convencional, sino es que locura total. En las palabras de Alan Greenspan, quién siempre defendió patrones monetarios como el oro, la gran virtud de las aportaciones de Friedman en la ciencia económica es que nos enseñó que sí se puede lograr la estabilidad del poder adquisitivo en un mundo de moneda fiat, o sea en un mundo de papel.

Friedman también se caracterizó por sus controvertidas posiciones en temas como la reforma fiscal, el gasto público, el llamado “bono educativo,” la flotación del tipo de cambio, así como un sistema de pensiones individualizadas. Esta última propuesta tuvo su primera divulgación en Capitalismo y Libertad, y unas dos décadas después se adoptaría con éxito en Chile, y posteriormente varios otros países alrededor del mundo.

Pero estas posiciones, si bien objetos de críticas derivadas más del estomago que del cerebro, reflejaban un enorme respeto por el comportamiento natural del ser humano, y a la vez, por el poder del sentido común. Su crítica a la fuerte expansión del gasto público la logró traducir en forma muy sencilla, pero muy poderosa: “si uno se gasta su dinero en uno mismo, uno se preocupa mucho de cuanto se gasta, así como de cómo se lo gasta; si uno se gasta su dinero en otros, uno sigue estando muy preocupado de cuanto se gasta, más no tanto en cómo se gasta; si uno se gasta el dinero de otros en uno mismo, uno no está tan preocupado de cuanto se gasta, pero sí muy preocupado de cómo se gasta. Sin embargo, si uno se gasta el dinero de otros en otros terceros, uno casi nunca se preocupa en cuanto se gasta, ni en cómo se gasta.”

Estas joyas de sabiduría común lograron resistir la hostilidad de varios políticos e intelectuales que profesaban (que siguen profesando) el romance del ogro filantrópico, el falso e irresponsable himno seductor de que sí hay tal cosa como un almuerzo gratis. Gary Becker, otro gigante de la economía, lo expresa muy atinadamente: “…todos tenemos una inmensa deuda con este gran economista.”

Más allá de su formidable legado intelectual, Milton Friedman también nos deja otro legado lleno de riqueza: la Fundación Milton y Rose Friedman. Esta entidad se dedica a difundir los principios del bono educativo, el cual Friedman siempre consideró aplicable al caso de México y la región latinoamericana. Su posición aquí, como en otros países, es que la idea de subsidiar la demanda educativa es muy superior al sistema prevaleciente de de monopolio educativo—y por ende, que es mucho más efectivo el dejar que los padres tengan la libertad de elegir como debe gastarse ese dinero en lugar de tener a un burócrata tomados estas decisiones, tan personales para el porvenir familiar, “gastándose el dinero de otros, en otros que no son suyos.”

A Milton Friedman lo sobreviven su esposa y eterna acompañante Rose, otra gran economista, su hijo David, brillantísimo erudito tanto en las ciencias naturales como las sociales, y su hija Janet—junto con todo un universo de amistades y colaboradores en su batalla por mejorar el bienestar humano. Nosotros tuvimos una modesta oportunidad de colaborar con este gigante de las ideas, tanto con El Economista, como en otros foros. En estas páginas, publicamos tres entrevistas exclusivas con el Dr. Friedman—incluyendo la ocasión que visitó nuestro país en 1992, en un magno evento del Cato Institute Apertura en las Américas, dentro del cual el periódico participó como patrocinador. Por cierto, varios colaboradores de nuestro foro económico fueron estudiantes, directos e indirectos, de Friedman.

En marzo de este año, tuvimos oportunidad de dialogar con él, en un foro a puerta cerrada en honor de su legado, en las afueras de San Francisco. En ese diálogo, nos reiteró su posición sobre dos grandes revoluciones que se dieron en el fin de siglo—la revolución política, representada por la caída del muro de Berlín, y la revolución tecnológica, la cual consideraba un episodio liberalizador. Esta, decía Friedman, permitirá que personas sean más productivas, con mayor oportunidad tanto de crecer como de elegir. El efecto clave, sin embargo, es que hará cada vez más difícil la recaudación de impuestos—y con ello, obligará a los gobiernos a ser más eficientes en el ejercicio de su quehacer público.

México, en la visión de Friedman, se ha beneficiado enormemente del comercio exterior y de la inversión. Un gobierno que se limite a lo suyo (protección de los derechos de propiedad, seguridad y paz), es condición necesaria para el desarrollo. O, como solía decir, el futuro de los mexicanos depende de ellos, no de factores externos. Somos amos de nuestro propio destino.

Otra idea poderosa, otra idea de sentido común. Una de tantas más que cambiaron al mundo, que transformaron la forma de pensar de varios presidentes, ejecutivos, líderes, estudiantes, hombres y mujeres. Ideas que partían de una visión sencilla pero fundamental: una sociedad donde somos libres, libres para elegir nuestros destinos y decisiones.

En paz descanse, Milton Friedman…

14 de noviembre de 2006

Renovación en AN

Javier Corral Jurado

El Consejo Nacional del Par tido Acción Nacional es, en la definición estatutaria, el segundo órgano más importante dentro de la estructura organizacional y la toma de decisiones; pero en la práctica, quizá sea el de mayor relevancia, aunque no se reúna tan seguido. De hecho en varios años, sólo ha cumplido con el mínimo requisito estatutario de reunirse cuando menos una vez al año. Lo que pasa es que cuando sesiona con la mayoría de sus más de 350 miembros, resuelve asuntos de la mayor trascendencia para la vida del país y del partido, entre ellos, "elegir al presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y revocar las designaciones que hubiere hecho cuando considere que existe causa justificada para ello".

Ese órgano designa entre sus miembros las comisiones que tienen que ver con el funcionamiento permanente del partido, "así como designar las comisiones que estime necesarias para fines específicos, las cuales deberán rendir un informe anual de actividades". Junto con estas y otras facultades ejerce, desde hace seis años, la fundamental decisión de "aprobar la plataforma para las elecciones federales, previa consulta a la militancia a través de los órganos estatales y municipales", lo que antes estaba reservado a las convenciones nacionales.

El consejo es el ámbito estratégico desde el que se orienta en programas la doctrina y el pensamiento del partido, y escoge a los hombres y mujeres para que encarnen en la práctica política y en la cotidianidad del esfuerzo partidario esos valores. Está a la vista su importancia.

De ahí que la convocatoria para su renovación, publicada por el Comité Ejecutivo Nacional la semana pasada, tenga enorme significación. De su nueva integración dependerá en buena medida el futuro del PAN, y de México. Será el espacio en el que se dirima y concrete el papel del partido frente al gobierno de Felipe Calderón, y se resuelva una visión de conjunto sobre la necesidad de una nueva proyección social de los postulados fundacionales al campo de la realidad, en donde los resultados electorales nos obligan a reflexionar sobre impostergables cambios a algunas de nuestras instituciones, así como encarar con nuevos enfoques y medidas radicales la insultante desigualdad social. "Rebasar por la izquierda", la frase con la que Calderón ha definido su entendimiento de este reto, necesitará de hondas redefiniciones en la manera como Acción Nacional concibe la distribución de la riqueza, y la asignación del gasto público. No acertar en esa nueva proyección de carácter programático puede significar nuestra última oportunidad.

Además de este esencial reto, no está por demás advertir que -también el nuevo consejo-, constituirá la oportunidad para evaluar y ratificar el desempeño de nuestra actual dirigencia, o para buscar su relevo en el plazo sucesorio.

Sin embargo, una engorrosa convocatoria pone piedras en ese camino, porque contiene elementos muy delicados en su formulación y abre una gran discrecionalidad para seleccionar a quienes aspiren a ser consejero nacional.

Al aberrante filtro de aplicar un examen de conocimientos a los militantes que quieran ser consejeros -contenido en el artículo 45 de los estatutos y que ha resultado una de las medidas de mayor exclusión de la vieja guardia del partido-, el Comité Ejecutivo Nacional a través de la coordinación de la secretaría nacional de doctrina y formación ha desarrollado dos modalidades para llevarla a cabo: "Evaluación en computadora", el 28 de enero, 4 y 11 de febrero de 2007, y "Entrevista en línea", que se realizará entre el 21 de noviembre de 2006 al 15 de enero de 2007.

La "Evaluación en computadora" se aplicará a los miembros activos que, habiendo cumplido con los requisitos estatutarios, no hayan sido consejeros nacionales o, los miembros activos que no hayan presentado o que no hayan acreditado la evaluación aplicada a los aspirantes al Consejo Nacional en 2004. Además de incorporar el elemento de manejo informático de carácter computacional, con lo que se termina de echar prácticamente a los más viejos del partido, la aplicación será colectiva y centralizada en la ciudad de México.

La evaluación "Entrevista en línea" se aplicará para los aspirantes que: "hayan sido consejeros nacionales o, hayan aprobado la evaluación anterior, aplicada para aspirantes al Consejo Nacional en 2004 o, tengan 15 años de militancia y sean consejeros estatales, al día de la publicación de esta convocatoria".

A diferencia de la "guía de estudios" que, para los que se inscriban a la "Evaluación en computadora", se pondrá a disposición vía electrónica y en los comités directivos estatales, en el caso de la "Entrevista en línea" no se señala mayor procedimiento ni se establecen reglas de cuál será el criterio y en quiénes estará la decisión de calificar si acredita o no. Lo que abre una discrecionalidad inadmisible en un proceso de tal importancia en la vida del partido.

Es necesario revisar esos términos, y dotar de certidumbre, confianza e imparcialidad la renovación del consejo nacional. No debe ser admisible trastocar toda una tradición democrática, por el empeño de una visión estrictamente burocrática.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

13 de noviembre de 2006

Vocación política

José Antonio Crespo

Un político sin vocación política es un pobre político. Para serlo (o al menos uno más o menos exitoso) no basta con elegir la política como profesión. Al igual que no basta determinar ser actor, pintor, músico, novelista, científico, deportista o torero para tener una carrera promisoria en esas áreas. Si no se posee talento suficiente se estará destinado al fracaso. A veces se confunde la vocación política con el gusto por ella o la simple ambición de obtener los beneficios que le son inherentes (el poder, el prestigio, la notoriedad pública, la corte de zalameros, los reflectores permanentes, la oportunidad de enriquecerse, el boato del que se es protagonista).

Pero no, la vocación política supone una serie de aptitudes sin las cuales se tiene poca o ninguna posibilidad de desplegar un buen desempeño. La intuición, la sensibilidad política, la perspicacia para entender situaciones harto complejas, la capacidad de convencer (y engañar) a otros, el sentido de oportunidad (timing), la capacidad para descifrar la mente de los interlocutores, la determinación con el fin de asumir decisiones difíciles. Y para eso no basta tampoco hacer a un lado los muchos o pocos escrúpulos morales con que se haya crecido.

Prescindir de la ética ayuda mucho en las lides políticas, pero tampoco garantiza el éxito. Se debe tener talento, virtud política, como le llamaba Maquiavelo. Y eso no se adquiere en las aulas ni en los libros: se tiene o no madera para ello, como bien lo explicó Max Weber. Es una combinación de talento y pasión natos, que la experiencia bien puede pulir, pero nunca generar. Lo que natura non da…

Y, sin embargo, muchas personas sin esa vocación entran a la política, con diversa suerte. O no llegan muy lejos o, si llegan, hacen mal papel. Algunos piensan que quien alcanza un cargo político importante es que tenía vocación y talento políticos. Tampoco es preciso. Diversas condiciones, muchas veces azarosas, pueden abrir las puertas del poder, pero una vez ahí, no saber qué hacer con él o jugarle al aprendiz de brujo. Tener un amigo o familiar que “llegó”, casarse con un poderoso, heredar un reino o aprovechar circunstancias favorables, pero ajenas al talento personal, ha permitido a muchos encumbrarse en cargos elevados.

Pero eso no significa ni garantiza que se despliegue un ejercicio adecuado del poder (como ejemplifica el triste caso de Maximiliano). Suele ocurrir también que un líder social capaz de mover muchedumbres, desde el despacho de gobierno no sepa cómo conducirse. Ahí está Francisco Madero o, más recientemente, el polaco Lech Walesa.

Hoy seguramente ya nadie piensa que Vicente Fox nació para la política. Fue un buen candidato que supo aprovechar una coyuntura favorable para triunfar, así como una campaña propagandística muy bien diseñada (y los publicistas saben de sobra que una buena frase puede vender un mal producto). Al poco tiempo de llegar a Los Pinos, empezaron a aflorar sus enormes carencias políticas. Además de mostrar, con el tiempo, una absoluta incapacidad de aprendizaje. La famosa “curva de aprendizaje” de la que mucho se habló, se pensó más tarde como “curva de lento aprendizaje”, para terminar convenciéndonos que dicha curva era simplemente inexistente en el caso de Fox: no sólo fue incapaz de aprender de otras experiencias recientes de México o el mundo (que es parte del talento político), sino que no aprendió ni de su propia estancia en el poder y tropezó una y otra vez con las mismas piedras. De plano resultó negado para esto

¿Qué lo llevó a entrar a la política a una edad madura y, en su momento, buscar la Presidencia? Supongo que un deseo genuino de cambiar el país, como sucedía con muchos antiguos panistas, combinado con la creencia de que poseía la vocación y el talento políticos para intentarlo.

Así lo explica él mismo en sus escritos de campaña. Manuel Clouthier fue el mayor responsable de su ingreso a la política. “Oye, Fox, en México siempre nos quejamos del sistema, de la deshonestidad y la corrupción, pero no hacemos nada para cambiarlo. Hagamos algo ahora”, le dijo en 1987. Su padre, en cambio, entendió que su hijo no era para estos menesteres: “Pero qué ocurrencia. ¿Para qué te metes en eso?”, le dijo don José.

Fox reflexionó más tarde: “Participar en política requiere de un largo y difícil aprendizaje; no bastan las buenas ideas, requieres de talento pero, sobre todo, de liderazgo”. Cierto. A los primeros tropiezos, Fox dudó de si la política era lo suyo: “Esto está del carajo. Mejor me regreso a mi chamba de empresario, en esa sí la hago”. Cierto. “Pero si algo tengo es que soy muy terco —cierto—, así que decidí continuar”. Luego volvió a titubear ante los enormes retos que veía. Y le reclamó a Clouthier: “Tú me embarcaste en esto y ya tengo broncas”. Y de nuevo, don Manuel nos hizo el gran favor: “No le saques al parche. No les demuestres miedo”, sabio consejo que debió practicar ya en la Presidencia (A Los Pinos, 2000).

En Los Pinos, el Presidente se fue percatando de que la política no era “enchílame otra” y empezó a claudicar de una responsabilidad histórica que nunca entendió. Hace apenas unos días, Fox reconoció. “El poder no es algo que me motiva; al revés” (7/IX/06). Haberlo dicho antes. Eso explica el banderazo que dio a la sucesión presidencial desde 2003 —creándonos un gran problema— con la inocultable ansiedad por “regresar al rancho” cuanto antes. Un resentiod Presidente se queja hoy de las duras críticas que le asestan analistas y periodistas y alega que ven “los toros desde la barrera”. Tiene razón. No es lo mismo ver la corrida desde las gradas. Pero los cronistas taurinos saben distinguir un diestro torero profesional de un “espontáneo” que salta al ruedo, con gran valentía, pero sin saber siquiera cómo se toma el capote.

6 de noviembre de 2006

El lavadero de manos

Leonardo Curzio

El estado mexicano tiene graves problemas de funcionamiento. La democracia ha distribuido poder entre las fuerzas políticas, pero el uso del mismo no se ha complementado con una asunción plena de las responsabilidades. El principio de autoridad se ha diluido porque la eficacia administrativa es deplorable y porque el cálculo político pesa más que el sentido de servicio al ciudadano. No es fácil encontrar a un funcionario que diga: yo soy responsable de esto. Todos los niveles de gobierno y poderes del Estado tienen siempre un pretexto para eludir su responsabilidad. En todo el territorio nacional se practica un "Poncio-Pilatismo" rayano en el cinismo, porque cuando hay éxitos son los primeros en colgarse medallas, pero a la hora de asumir costos, la culpa la tiene el otro.

Un buen número de alcaldes, por ejemplo, es incapaz de contener la oleada de violencia que enluta a sus demarcaciones; vamos, ni siquiera atienden los servicios más elementales como pavimentar calles y ordenar transportes públicos. Siempre tienen a la mano un saco de coartadas para eludir sus responsabilidades. Entre los gobiernos estatales es igualmente frecuente esta actitud.

A menudo la elusión de las responsabilidades viene de la mano de proclamas de cohesión y solidaridad, pero rara vez se escucha un mínimo de autocrítica sobre la debilidad de las haciendas locales o la ausencia de una estructura administrativa profesional. No hay, prácticamente, agendas locales de transformación del aparato administrativo. El centralismo nos deslumbra y creemos que todas las soluciones se ubican en el ámbito federal.

En el gobierno federal, sin embargo, el síndrome de escurrir responsabilidades es también muy frecuente. Se festinan los éxitos cada que tienen ocasión, pero se pasa bajo un prudente silencio el desempeño de las áreas en las que la atención al ciudadano es francamente deplorable. ¿Quién se hace, por ejemplo, responsable de que la frontera sur sea una coladera? ¿Quién responde por la pésima educación que muchos mexicanos reciben en el sistema escolar? ¿Quién nos responde por los litros de gasolina rasurados y las fugas de combustible?

Me sorprende constatar que el debate de las dirigencias partidistas pasa siempre por los temas constitucionales y no se haya reparado en que uno de los ángulos más importantes de la reforma del Estado es precisamente darle al ciudadano servicios de calidad. Tenemos, es verdad, un ciudadano de baja intensidad que aguanta con estoicismo los malos servicios que recibe, desde el transporte público hasta los aeropuertos. Sin reparar en que el voto es una forma de pasar las facturas por el pobre desempeño, los ciudadanos noblemente siguen apoyando a los gobiernos de los partidos que les ofrecen esos servicios, como si la democracia fuera una cosa y la administración otra diferente.

No hay ideología que valga para cumplir con niveles mínimos de integridad y eficiencia los servicios básicos. No se pueden analizar desde un prisma ideológico los litros de combustible que por supuesto no son de izquierda ni de derecha, de la misma manera que la seguridad pública no es un asunto de ideologías, sino eficacia gubernamental.

Debemos empezar a exigir que en la agenda pública, el desempeño del gobierno ocupe el lugar que hasta el momento no ha tenido. El centralismo y la retórica no deben nublar nuestro juicio. Defender la soberanía no debe ser sólo un discurso encendido en el parlamento; debe fundamentalmente ser la defensa de los derechos de todos los mexicanos a tener una educación de calidad, un sistema de salud decoroso, una red de carreteras medianamente decente. La misión principal de un gobierno es precisamente gobernar, y gobernar entre otras cosas significa proveer al ciudadano de los servicios que requiere.

Analista político

4 de noviembre de 2006

Hacia la nueva banca mexicana

Las leyes bancarias siguen evolucionando, pero requieren que otras instituciones hagan cambios para operar con más eficiencia.

Pero esto no debe vulnerar la solidez de la banca ni sentarse en bases inequitativas. Los nuevos agentes promoverán la competencia sólo si cuentan con capital, liquidez, tecnología, independencia y bases operativas adecuadas.

Un aspecto que hay que resolver en el futuro próximo tiene que ver con el nivel máximo de interrelación patrimonial y corporativa entre industria, comercio y banca. En el mundo se ha procurado evitar que los bancos inviertan una parte importante de su capital en negocios no financieros y, consecuentemente, para impedir que los consorcios industriales o comerciales controlen bancos o incidan de forma indebida en sus decisiones. Esta separación evita la transferencia de costos o de riesgos que pueden poner en peligro la solvencia de la banca y con ello, al sistema financiero y de pagos.

Deben continuarse los esfuerzos para que la regulación sea eficiente, con la menor cantidad de costos y cargas posibles a los bancos. Cuando las regulaciones resultan demasiado gravosas, no sólo se encarecen los servicios, sino además frenan la expansión de la actividad bancaria y fomentan la intermediación financiera de actores no institucionales.

La regulación financiera en el mundo ha tendido a sujetar los intereses y comisiones de los bancos a la competencia económica más que a topes obligatorios. Itzhak Swary y Barry Topf revelan en su libro La desregulación financiera global (fce, 1993) que la desregulación de las tasas de interés ha producido una reducción de los ingresos de los bancos por concepto de intereses a nivel mundial.

La regulación debe asegurar que la banca esté capitalizada, sujeta a reglas estrictas de transparencia, inmersa en una mayor competencia y operando bajo principios de gobierno corporativo. Este enfoque promovería la actividad, al enfocarse fundamentalmente en la protección a los ahorradores mediante un seguro de depósito (como el ipab), la protección a la economía de las vicisitudes del sistema financiero y la orientación y protección a los clientes de los bancos.

El Congreso está analizando una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que detalla los procedimientos administrativos ante las autoridades financieras y establece un catálogo más detallado y estricto de sanciones administrativas y penales a los bancos y a sus funcionarios. El gobierno ha dado a conocer que trabaja en una iniciativa de quiebras bancarias, con lo que prácticamente se cerrarían el proceso de revisión integral de la legislación bancaria (que ya incorporó alertas tempranas y mecanismos para resolver problemas de insolvencia o liquidez).

La existencia de diversas autoridades financieras federales (Banxico, shcp, cnbv, ipab, Condusef) en ocasiones encarece el costo regulatorio para los bancos. Convendría consolidar la tendencia que respeta la autonomía de Banxico y concentra la mayoría de los aspectos operativos de la regulación en la cnbv. También deben revisarse las reglas de deuda pública federal y local, pues dificultan la aplicación de mecanismos modernos de financiamiento e impiden el acceso a crédito a los municipios más pobres. El problema se agrava con legislaciones locales inapropiadas y con mecanismos de garantía complejos y riesgosos en mayor o menor grado.

Bancarización
Es prioritario seguir extendiendo la cobertura y diversidad de servicios financieros a un mayor número de personas y regiones. Para ello deberán crecer las redes de intermediarios especializados y de la banca, tanto en forma directa (sucursales, oficinas y cajeros) como indirecta, por medio de prestadores de servicios sujetos a controles adecuados (outsourcing). Sería conveniente difundir una mayor cultura bancaria en la que resulte fácil comprender la lógica de la intermediación y el papel de los principales agentes: los ahorradores necesitan seguridad y rendimientos; los acreditados necesitan dinero prestado a tasas y plazos accesibles con la menor restricción posible a su actividad, y los inversionistas de los bancos requieren incentivos para recuperar su capital con un rendimiento apropiado.

La regulación también busca reducir las asimetrías existentes entre los bancos y sus clientes. El principal elemento para ese fin es que la clientela tenga fácil acceso a información para estar en aptitud de tomar decisiones. Los bancos deben mejorar sus mecanismos internos para atender las reclamaciones y quejas de los usuarios, con lo cual no sólo cumplen un deber legal, sino además aumentan su capacidad de mantener e incrementar su clientela.

Entorno institucional
Otra prioridad es consolidar el estado de derecho que supone una mayor efectividad de la legislación en la sociedad y en su gobierno y niveles aceptables de seguridad pública. A nivel local debe impulsarse el desarrollo administrativo y el control interno. Los registros públicos de la propiedad, los órganos de procuración de justicia y los tribunales locales merecen especial atención.

El aspecto legislativo es determinante para el desarrollo de la banca. El fortalecimiento del Congreso de la Unión denota una maduración política e institucional de México, pero en ocasiones también deriva en inflación legislativa y en iniciativas motivadas con fines de notoriedad y aprobadas por acuerdos políticos. La elaboración de leyes debe sujetarse a consideraciones de constitucionalidad, técnica legislativa y medición del impacto regulatorio. Se necesita un Poder Legislativo que produzca menos leyes, pero más deliberadas, analizadas y cuidadosamente elaboradas.

Autor: F. Jorge Gaxiola Moraila

El mejor portado

Chile es el único país latinoamericano que se ubica entre los 30 estados más reconocidos por el wef.

Con excepción de Chile, los países latinoamericanos siguen muy atrasados en la competitividad global, según el reporte 2006-2007 recopilado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Ese país andino es el único de la región que figura entre las 30 economías de mayor competitividad, gracias a sus sólidas instituciones y a sus eficientes mercados.

El resto de los países latinoamericanos se ubica debajo de las naciones de Asia de medianos ingresos y de los mercados emergentes de Europa Central.

En la posición 27 (la misma que ocupaba en 2005), Chile se ubica por debajo de Estonia y Malasia, y apenas arriba de España y la República Checa.

El reporte explica que buena parte de su valoración se debe a que las instituciones chilenas operan con niveles de transparencia y apertura que llegan a superar incluso a los de Estados Unidos.

Además, tiene un manejo competente de su macroeconomía junto con políticas proempresariales y orientadas al mercado, en un contexto relativamente libre de distorsiones.

Le dieron puntos también sus inversiones en infraestructura, educación y salud.

Con todo esto en su haber, el gran desafío chileno ahora es mejorar la calidad de su capital humano para lograr los niveles promedio de capacitación de otros países, como Irlanda, donde este factor lo ha hecho subir a la posición 21.

Rezagados en el ranking

En el reporte del WEF, México se sitúa en el lugar 58 entre las 125 naciones incluidas en el listado. Señala que subió un escalón en el índice respecto al año pasado, pero destaca que si bien el país es sumamente estable en términos económicos, tiene un desempeño errático en los demás criterios que se usan para determinar el nivel de competitividad. Por un lado, obtiene resultados buenos en educación primaria y salud, en eficiencia de mercados, en ingreso de inversión extranjera directa y transferencia de tecnología. Sus lazos cercanos con Estados Unidos a través del TLCAN también son una gran ventaja. Sin embargo, exhibe las mismas debilidades institucionales (a nivel judicial, regulatorio, entre otras) que retrasan los niveles de competitividad en la mayoría de sus pares latinoamericanos. Sus grandes pendientes son la agudización del problema delictivo y la baja inversión en educación secundaria y terciaria.

Brasil, la otra gran economía de Latinoamérica, está en el puesto 66, con una caída de nueve lugares, tras ocupar el año pasado el 57. Esto se debe a sus actuales desafíos macroeconómicos, como un gran déficit presupuestario y la carga de una deuda externa grande con respecto a otros países, lo cual hace que su estabilidad económica sea más frágil.

Los niveles elevados de deuda del gobierno y las tasas de interés extremadamente altas también afectan negativamente a su inversión en el sector privado y contribuyen a disminuir su crecimiento económico. Asimismo, la excesiva burocracia y corrupción en el gobierno han sido fuertes puntos en contra de su competitividad.

Para el caso de Argentina, las dificultades en el clima de negocios se reflejan en un descenso de su calificación, al pasar del puesto 54 al 69 en el último año. El reporte del WEF señala que prevalecen las preocupaciones sobre la sustentabilidad de su rendimiento fiscal y crecimiento, básicamente por falta de transparencia institucional y la intervención del gobierno en la economía, sobre todo en contratos privados y regulaciones de precios.

La posición de Venezuela en la lista ha seguido cayendo, y ahora se ubica en la posición 88, cuatro lugares más abajo que el año pasado. A pesar de la enorme lluvia de dinero que recibe el gobierno gracias a las exportaciones de petróleo y, como consecuencia, el excedente de recursos, el país no ha sido capaz de traducir este auge económico en avances de desarrollo. Venezuela tiene otros síntomas negativos: instituciones deficientes (sobre todo para combatir la corrupción) y una intervención indebida del gobierno en la economía.

A pesar de los declarados objetivos sociales y de redistribución de la “Revolución Bolivariana” que enarbola el presidente Hugo Chávez, las tasas de matriculación en las escuelas son pobres (apenas más altas que las de Vietnam, Surinam y China) y la tasa de mortalidad infantil es de 16 por cada 1,000 nacimientos vivos, lo que pone a esa nación latinoamericana al nivel de Albania en ese rubro.

Otros con peor desempeño
Los otros países de América Latina que aparecen en el índice preparado por el WEF se ubican en lugares aún más bajos. La mayoría carecen de instituciones convincentes y dignas de crédito, lo que los ubica entre las economías de peor desempeño.

Según el Reporte que prepara el Foro Económico Mundial desde Suiza, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Ecuador padecen problemas como derechos de propiedad deficientemente definidos, influencia indebida del gobierno, estados ineficientes e inestables ambientes de negocios.

Asimismo, en esas naciones los altos niveles de delictivos y la corrupción dificultan la operatividad y competitividad de las empresas.

Una conclusión clave, contenida en el Reporte de Competitividad Global, es la importancia de que haya instituciones fuertes para el desarrollo y la competitividad. Las reformas de la década pasada orientadas al libre mercado han estabilizado muchas economías latinoamericanas pero no han sido suficientes para elevar su competitividad.

A menos que los gobiernos consoliden reformas institucionales y estructurales amplias, es probable que en Latinoamérica se agudicen los rezagos social y económico.

Por estas razones, son pocas las perspectivas para que los países de la región atraigan más inversión extranjera.

Un reciente estudio de The Economist Intelligence Unit (EIU) sobre las tendencias globales de inversión señala que la persistente debilidad estructural, así como la carga de tener que cumplir con pesadas deudas externas, entorpecen la Inversión Extranjera Directa en la región, que se desalienta ante los costos de la burocracia excesiva, las deficiencias de infraestructura y la baja inversión en capital humano.

31 de octubre de 2006

Etica y vida pública

Otto Granados Roldán

Cerca de su muerte, en una larga conversación con el escritor y premio Nobel Elie Wiesel, el presidente Miterrand insistía en que en la vida pública importa no solo el talante democrático y el respeto a la ley sino que tan indispensables como éstos son el "sentido del deber y la sanción popular". Pues bien, esta es una lección que muchos de quienes hoy figuran con especial intensidad y visibilidad debieran recordar y practicar en un momento en el que tanto las tecnologías de la información como la emergencia de una sociedad civil más demandante han hecho que la cosa pública se vuelva, ciertamente, algo más pública.

En efecto, en los últimos meses y por razones distintas, varios personajes que ocupan posiciones de relevancia social se han visto envueltos en una sucesión al parecer interminable de escándalos y de presuntos delitos que tiene un doble efecto. Por un lado, no deja de ser positivo que quienes ejercen un liderazgo importante estén sujetos a los más elevados grados de escrutinio público y que, si es el caso, respondan, al igual que cualquier mortal, de acuerdo con lo establecido por la norma jurídica. Pero por otro, es evidente que si los que gozan de dicha condición incurren en conductas que vulneran los códigos valorales aceptados por todos, entonces están minando la confianza que una colectividad les ha depositado y, con ello, debilitando un de los cementos más poderosos -la ética- en que se funda la construcción y mantenimiento de la cohesión social.

El fenómeno es ahora particularmente perceptible no solo en el campo de los políticos, algo tan antiguo que parece ya formar parte del paisaje natural, sino también en el de otros dos gremios que por igual comparten esas características: miembros del clero y de los medios de comunicación. Los ejemplos sobran en estos días: las relaciones tan indebidas de políticos mexicanos con empresarios acusados de diversos ilícitos; la presunta pederastia cometida por representantes de la iglesia católica o por legisladores como el ejemplo reciente del republicano norteamericano Mark Foley; la dimisión del editor de The Miami Herald y El Nuevo Herald en el contexto una investigación que reveló pagos oscuros de agencias gubernamentales a periodistas de esos medios o los despidos de reporteros de The New York Times por haber producido materiales con base en inventos y falsedades. Este panorama sugiere al menos dos preguntas clave: ¿por qué es crucial monitorear con mayor puntualidad el comportamiento de políticos, periodistas y curas? Y ¿qué puede hacer una sociedad que se repute civilizada al respecto? Veamos.

Es una obviedad afirmar, en primer término, que las élites políticas tienen la obligación no solo de respetar la ley sino de entender que hay un marco más amplio que los obliga, más que a otros, a cumplir con un código mínimo éticamente aceptable al menos por dos razones. Una tiene que ver con el hecho de que, en materia pecuniaria, la corrupción es no solo una apropiación privada de bienes públicos sino una grave distorsión en el funcionamiento de la economía y un agravante en los costos de transacción para los agentes productivos. No es ninguna casualidad que los países que generalmente ocupan los lugares más altos en los informes de competitividad sean también los que cuentan, entre otras cosas, con mayor transparencia en su sector público.

Pero la otra circunstancia es que cuando un político observa una conducta lesiva de valores exigibles a todos se produce un daño mayor: que la ciudadanía suponga que, si así actúan los dirigentes políticos, entonces esa es una manera aceptable de que las personas comunes se conduzcan. Cuando la mayoría de los estudios de opinión muestra que en México los niveles de confianza interpersonal son tan bajos (22-25%) y la ilegalidad es una práctica consentida y extendida, es casi imposible tener lo que alguien ha llamado una "sociedad decente", uno de los pilares más sólidos de una cultura cívica de alta intensidad y una democracia consolidada. La irregularidad en la tenencia de la tierra, la proliferación del contrabando de autos o la violación contumaz de los contratos son ejemplos cotidianos de la aceptación social que este tipo de delitos tienen en porciones amplias de la comunidad.

El caso de los medios es otra de las zonas minadas en el tejido público mexicano. Pongamos las cosas de la siguiente manera: en los tiempos del régimen autoritario, los medios se quejaban de las limitaciones que teóricamente sufrían para hacer libre e independientemente su trabajo. Pero, en contrapartida, fue en esa misma época en donde la práctica totalidad de las grandes fortunas mediáticas se labraron, lo que revela al menos una contradicción ética considerable: se beneficiaron alegremente de lo mismo que cuestionaban y, vaya paradoja, padecían. Ahora, los ingresos documentados y no documentados de buena parte de esos medios son presumiblemente mayores que antes, cada vez hay más personas metidas al negocio, se conducen con una arrogancia solo equiparable a su ignorancia, la legislación sigue siendo la misma que en el siglo pasado y como ya no pesan sobre ellos los candados que, según dicen, había en el antiguo régimen, entonces actúan con total impunidad en tierra de nadie, sin que exista rendición de cuentas ni, por supuesto, contrapeso alguno. Es justamente por este conjunto de razones que tenemos en México un sistema de medios, con notables y apreciables excepciones, tan mediocre y moralmente tan cuestionable.

Y la tercera área crítica es la de las iglesias, en especial la católica. En numerosas ocasiones esta columna se ha referido al tema subrayando algo muy simple: las religiones -las serias desde luego- son muy importantes para millones de personas que encuentran en ellas el basamento espiritual que acompaña y le da sentido a su existencia física y al universo material; la práctica religiosa es un elemento consustancial en la vida de esos creyentes, y quienes dirigen esa práctica tienen un ascendiente moral claro. Por tanto, cuando algunos de éstos incurren en actos delictivos, que son además condenables y reprobables desde cualquier ángulo que se mire, dañan profundamente una parte muy sensible de la estructura ética comunitaria.

¿Qué hacer? diría el viejo Lenin. Aunque el asunto es sumamente complejo pues tiene que ver no solo con cuestiones legales sino también con factores culturales e, incluso, antropológicos, pueden apuntarse algunas ideas.

La primera y central es que la llave maestra la tiene la exigencia social. En la medida en que los ciudadanos monitoreen, denuncien, presionen y ejerzan su derecho a cuestionar con razón a quienes, desde una posición pública, vulneran la confianza depositada, en esa misma medida puede gradualmente modificarse el usufructo de poder, santidad o verdad que hoy monopolizan quienes están en el gobierno, el púlpito o los medios. Segundo: otros países han demostrado que el rechazo social hacia quienes lastiman el "sentido del deber" va aparejado con prácticas más transparentes. Es decir, cuando quien ha delinquido no recibe ninguna sanción popular ni sufre la exclusión de sus pares, vecinal o comunitaria, entonces supone que el "hecho" es reprobable para la ley pero admisible para la sociedad. Y tercero: si bien es verdad que en el sector público hay progresos lentos en materia de escrutinio, transparencia y rendición de cuentas, también lo es que, en este sentido, las iglesias y los medios están en la edad de piedra. Es inaceptable que éstos, cuya misión es de interés público, sean un modelo de secretismo o encubrimiento, y que, con frecuencia, en lugar de proceder conforme a la ley, busquen fórmulas para guardar el polvo bajo la alfombra, llegar a acuerdos extrajudiciales, establecer contubernios o sencillamente chantajear, en especial los medios, a quienes osan desafiar su poder.

La discusión sobre ética y vida pública es, desde luego, una de las asignaturas pendientes fundamentales para México, pero no habrá una real transición, no tendremos una cultura cívica fuerte, no seremos un país competitivo ni una democracia asentada si no le damos a estos temas la centralidad que tienen.

Periodista.

25 de octubre de 2006

Espino: obsolescencia orgánica

José Antonio Crespo

Pese a haber pasado seis años en el poder, el PAN no termina por acostumbrarse a ser un partido en el gobierno. Se entiende. Seis décadas en la oposición no podían transcurrir sin dejar huella en la conciencia blanquiazul. Algo parecido a lo que le ocurre al PRI, pero a la inversa. Los priistas pueden seguir cayendo en cada elección presidencial, pero continúan actuando como si fueran el partido gobernante. Volviendo al PAN, ¿en qué se nota su noviciado como partido gobernante? Pues no sólo en su mal desempeño político desde el poder, sino en la relación que existe entre el partido mismo y el presidente emanado de sus filas. En la preservación de una autonomía partidista que era inevitable y natural en su condición de partido opositor, pero que resulta disfuncional desde el gobierno. Si un partido gobernante se disocia del gobierno mismo, entonces se dificulta su coordinación entre ambas instancias para ir por el mismo rumbo. Dos poderes distintos, dos cabezas en lugar de un mecanismo articulado para ejercer el poder desde el Ejecutivo que ha conquistado. De por sí resulta difícil gobernar cuando no se tiene mayoría absoluta en el Congreso, para encima agregar divisiones y disociaciones entre el Presidente de la República y el dirigente de su partido.

Dicha autonomía partidista —y disfuncionalidad inherente— tiene su origen en los propios estatutos del PAN, que estipulan la elección democrática de su presidencia, algo perfectamente natural y deseable cuando se es oposición, pero un absurdo obstáculo cuando se es gobierno. Los panistas consideran esa bipartición como algo consustancial a la democracia, pero resulta que en la mayoría de las democracias reales el jefe del gobierno lo es también de su partido. Y eso le permite contar con la estructura partidaria y su fracción parlamentaria para impulsar la agenda gubernamental. Los presidentes de los partidos gobernantes, cuando no son el mismo jefe de Gobierno, son una especie de encargados del despacho, correas de transmisión entre el jefe de Gobierno y la estructura partidaria. Tal y como sucedía con el PRI. En realidad, si el tricolor no era un partido democrático, no era tanto porque el presidente en turno nombrara a su gusto a los dirigentes del partido —mecanismo eficaz para la gobernabilidad—, sino porque no permitía elecciones abiertas, libres y participativas para seleccionar a sus candidatos, ésa sí una práctica inherentemente democrática.

Por otro lado, que un jefe de gobierno sea el líder real de su partido, no implica automáticamente la sumisión incondicional de la maquinaria partidaria ni de sus legisladores; éstos se deben también a sus electores (pues en esos países existe la reelección parlamentaria). El jefe del Gobierno debe también negociar con sus legisladores (como debe hacerlo con los de otros partidos). Pero ello no supone que deba confrontarse con un liderazgo paralelo y autónomo dentro de su propio partido. ¿Quién podría explicar a los panistas que tal formato no es autoritario, sino que es perfectamente compatible con las democracias, y que prevalece en ellas? No es fácil. Ellos siempre vieron ese esquema como uno de los rasgos autoritarios del PRI. Tal y como lo ha sugerido recientemente el presidente del PAN, Manuel Espino: "Si Acción Nacional decidiera alinearse al Gobierno de Calderón, estaríamos dando un paso suicida, estaríamos regresando… para comenzar a caminar hacia un partido de Estado" (7/X/06).

De tan obsoleta concepción vienen los numerosos desencuentros entre el PAN y sus candidatos presidenciales, y después también con el primer presidente emanado de sus filas, Vicente Fox, quien al decidirse competir por la candidatura de su partido en 1997, sintió la hostilidad y el desafecto de la dirigencia panista. Incluso el PAN intentó fortalecer un candidato alternativo, pero no pudo. Carlos Castillo Peraza, Carlos Medina Plascencia y Francisco Barrio quedaron sembrados en el camino. Y Diego Fernández de Cevallos no quiso contender porque sabía que ganaría fácilmente la candidatura y, dadas las circunstancias, seguramente también la presidencia de la República. Así, Fox quedó como candidato único, y manejó su campaña presidencial sin ayuda del PAN. Probablemente por ello, al llegar al poder, Fox dio las gracias a su partido y le comunicó que gobernaría por su lad "Al final quien gobierna es Vicente Fox, no es el PAN. El que la riega o comete los errores es Vicente Fox, no es el PAN" (6/VII/2000).

Al principio Fox pensó que podía prescindir de su partido. Que bastaba con su propia popularidad para realizar los cambios prometidos. Poco a poco se percató de que eso no era posible. El caso es que no han terminado los desencuentros entre el Presidente de la República y su partido, como ha quedado de manifiesto una vez más con el deslinde de Manuel Espino respecto a Fox. Según Espino, él le dijo que el PAN no estaría dispuesto a respaldar la loca aventura del desafuero a Andrés López Obrador. Pero de ser cierto, la diputación panista hubiera votado en contra, y no a favor del desafuero. Ahora un panista de cepa llega a la presidencia, pero también enfrenta la ‘autonomía democrática’ de su partido. Como abanderado presidencial, Felipe no pudo influir decisivamente en las listas de candidatos al Congreso, que confeccionó esencialmente Espino. Calderón no quiso enfrentarlo entonces para no dañar su propia campaña. La rivalidad entre ambos líderes es tal, que si antes fue Fox el que marcó su distancia respecto del PAN, ahora es Espino el que pinta su raya con el próximo mandatario. "Así como él fue electo presidente de los mexicanos, yo fui electo presidente del partido", dice Espino (7/X/06). Se trata de una obsolescencia del PAN, que no ha hechos los ajustes orgánicos necesarios para fungir eficazmente como partido gobernante.

24 de octubre de 2006

El porvenir posible

Héctor Aguilar Camín

Este es el título, oportuno y sugerente, que Germán Martínez Cázares y Alonso Lujambio pusieron a su compilación de textos de Carlos Castillo Peraza, uno de los dirigentes históricos del PAN. El libro fue presentado ayer.*
Castillo murió de golpe, a los cincuenta y tres años, el 9 de septiembre del año 2000, poco después del triunfo de Fox. Había dejado las filas del PAN y Fox no era su candidato, pero pocos panistas habrán hecho más que Castillo para poner al PAN en condiciones de aspirar a ese triunfo.
Castillo Peraza fue el artífice de la “política de lo posible” que convirtió al PAN en un partido de gobierno, no sólo de oposición. Este es un rasgo que subrayan Martínez Cázares y Lujambio en su estupendo estudio introductorio, a la vez un perfil biográfico, un recuento político y un itinerario intelectual.
Hay que “resistir la tentación de destruir lo imperfecto para sustituirlo por lo perfecto imposible”, escribió Castillo. “El diablo avanza en el mundo adelante de dios proponiendo lo óptimo, con tal de que no se haga lo bueno”.
La política de lo posible es la única política eficiente que hay, lo demás son aventuras o fantasías. Pero el “posibilismo” o gradualismo es un bien escaso en la política. Lo normal es la desmesura de los propósitos y las ambiciones.
Añado dos virtudes al gradualismo de Castillo: era un político con ideas y era un creyente tolerante en busca de diálogo.
Iba de la política a los libros, y de ambos a la escritura, con naturalidad y pasión; civilizaba la política. Creía con fe de carbonero, pero tenía frente a otros credos una tolerancia liberal: civilizaba la fe.
Hace falta Castillo Peraza en nuestra vida pública, hacen falta sus dones: realismo gradualista, ideas inspiradoras, tolerancia ante la diversidad.
Y humor. Decía que para ser un buen cristiano no es necesario practicar las virtudes teologales. Basta una buena mezcla de pecados capitales: que la pereza modere la lujuria, la gula a la avaricia, la envidia a la soberbia.
En 1990 Castillo escribió que la democracia mexicana “no es un edén, pero sí un buen purgatorio”.
Tenía razón, la democracia es eso: una construcción imperfecta camino a un cielo que nunca llega.

*Carlos Castillo Peraza: El porvenir posible. FCE, 2006

20 de octubre de 2006

Cultura democrática: ¿avance o retroceso?

José Antonio Crespo

Mientras en Oaxaca el presente rebasa al gobierno federal, y amenaza con prolongarse al nuevo gobierno de Felipe Calderón, éste organiza foros de reflexión para trazar el rumbo nacional durante las próximas tres décadas. Se puede pensar que todo estadista, como dice el adagio político, debe centrarse no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y que en ese sentido, Calderón está mostrando una visión de estadista con su programa 20-30 para el futuro (que en este país nunca termina por concretarse en presente). Bueno, ojalá así fuera, pero la experiencia reciente y pasada da motivos para ser algo menos optimistas. En tiempos del PRI, solían organizarse mesas y foros sobre diversos temas para legitimar decisiones previamente tomadas por el Presidente en turno, pero que requerían de un barniz de participación ciudadana. A su debido tiempo, el gobierno anunciaba la decisión que, tras "considerar las propuestas ciudadanas y analizarlas con sumo cuidado", pondría en marcha. Ese tipo de foros fueron perdiendo espontaneidad y credibilidad, al grado en el cual ya al final asistían sólo los propios funcionarios, o bien intelectuales orgánicos del gobierno, o que querían serlo tan pronto como fuera posible.

En contraste, a fines del régimen priista hubo auténticos esfuerzos ciudadanos que terminaron por incidir en alguna reforma importante. Pero no eran producto de convocatorias gubernamentales, sino de ciudadanos y organizaciones cívicas, cuyas propuestas eran más tarde retomadas por el gobierno ante su urgencia de legitimarse. Un ejemplo de ello fue el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instaurada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en parte como resultado de la intensa labor desplegada durante años por diversos organismos cívicos, promotores y defensores de los derechos humanos. Como símbolo de ello, cuando la creación de la CNDH fue anunciada en el marco de la Universidad Iberoamericana, se invitó al presidium al padre Miguel Concha, profesor de esa casa de estudios y un luchador incansable por los derechos humanos. Podría recordarse también cómo en la reforma electoral de 1993 se reconoció y legisló la observación electoral, tras la iniciativa y el empeño de varios ciudadanos que, a partir de 1989, decidieron realizar múltiples ejercicios de observación electoral por motu propio, a veces siendo bienvenidos por gobernadores que deseaban ser vistos como progresistas, y a veces pese a la hostilidad de los dinosaurios refractarios a cualquier avance (Patrocino González Garrido, gobernador de Chiapas, advirtió que de llegar esos observadores a su territorio, "los correría a patadas").

Puede recordarse también cómo un plebiscito capitalino, en 1993, organizado por ciudadanos independientes y organismos cívicos, fue fundamento e impulso para la reforma política del Distrito Federal que retornó a los capitalinos el derecho a elegir a su jefe de Gobierno (lo cual ocurrió en 1997, tras 70 años de haber sido conculcado ese derecho). Poco después, otro esfuerzo esencialmente ciudadano influyó significativamente en la reforma electoral de 1996, ahora obsoleta pero en su momento decisiva para cruzar el umbral de la competitividad partidista. Me refiero al Seminario de Chapultepec, organizado no por el gobierno, sino por dos consejeros ciudadanos del IFE (pero al margen de esa institución); José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Creel (cuando todavía mostraba algún compromiso democrático), junto con especialistas independientes y representantes de los diversos partidos.

Durante el gobierno de Vicente Fox, la reforma política más importante del sexenio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue impulsada originalmente también por un grupo ciudadano, el llamado Grupo Oaxaca, conformado por algunos medios de comunicación, evidentemente interesados en la transparencia, y expertos sobre el tema.

En contraste, hace mucho que los foros y talleres de reflexión convocados por el gobierno han sido esencialmente estériles. Recién ganada la elección presidencial de 2000, el Presidente electo convocó a un magno foro sobre la Reforma del Estado, organizado y encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, a la cual asistieron especialistas en muy diversos temas, bajo la convicción de que podrían salir propuestas concretas y viables, dada la aparente disposición del primer gobierno de la alternancia a profundizar justo la democratización y modernización institucional. Las múltiples ideas que ahí emergieron fueron pronto sepultadas por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, que prefirió convocar a su vez a sus propias mesas, realizadas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de las que igualmente surgieron gran cantidad de ideas valiosas, emitidas por expertos en diversos temas. Más tardaron en finalizar esos foros, que sus conclusiones ser también archivadas.

Pero eso sí, tiempo después Gobernación anunció con bombo y platillos su Acuerdo Político Nacional, en el que, tras meses de dura "operación política" por parte de Creel, todos los partidos coincidían en aquello en que ya habían convergido desde hace mucho en sus respectivas plataformas políticas. Evidentemente se trataba de un acto de proyección personal para buscar la candidatura presidencial. Y el presidente Fox tuvo también su proyecto 20-25, que más bien debió llamarse 2000-2000, porque de ese año no pasó. A la luz de la futilidad y falta de seriedad de todos esos foros gubernamentales (a diferencia de los esfuerzos ciudadanos), la convocatoria 20-30 suena más a una cortina de humo, una fuga al futuro ante la difícil problemática presente, cuyos asistentes al parecer buscarán, o bien compensar el déficit de legitimidad electoral de Felipe o perfilarse para obtener algún hueso dentro de su gobierno.

18 de octubre de 2006

Reformas electorales

Javier Corral Jurado

En México, las acciones de defraudación electoral en el momento de la jornada hace años que dejaron de existir como práctica consuetudinaria del sistema político que encarnó el modelo de partido único. El avance de las normas que ciudadanizaron el llamado día "D" es innegable. Otro está siendo el problema de nuestra democracia electoral, y es la equidad en la contienda, violentada por formas que van desde la falta de fiscalización del dinero, la participación de las autoridades en los procesos, la falta de transparencia y control de la contratación de la publicidad electoral en medios, y los métodos de falsificación política al integrar los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales.

Esta inequidad es tratada bajo una grave simulación política. Los actores obstaculizan o favorecen modificaciones legales si se encuentran en el ejercicio del poder o en la oposición, y la doble vara ha generado esquizofrenia discursiva -e incongruencia programática- sobre lo que se requiere reformar, motivos y alcances. Así, podemos encontrar diversas posturas entre gobiernos priístas, perredistas y panistas, reflejado en sus legislaciones locales, donde unos avanzan y otros se desfasan dramáticamente, en ocasiones hasta con propuestas regresivas.

Entidades como Chihuahua, referente de la lucha democrática y de cambios legislativos de hondo calado, han pasado a un penoso letargo en el impulso, no sólo por la pequeñez de la mirada de quienes hoy dirigen los destinos de mi querido estado, sino por la falta de contrapesos, que pasan por una desinflada organización social, así como por la ausencia de una actitud crítica e independiente de la mayoría de los medios de comunicación. Y eso acontece en no pocas entidades.

La disparidad de criterios con que actúan los gobiernos locales emanados de partidos políticos nacionales, dibuja el pragmatismo que invade a la política, y el sacrificio de principios y valores democráticos. Pero ello no puede ni debe continuar, porque la tensión social aumenta.

Será difícil superar la confrontación política postelectoral si no hay un verdadero acuerdo para reformar las reglas en las que se llevan a cabo las elecciones locales y del país. La nación no tendrá sosiego ni se hallará espacio entre las autoridades de los distintos niveles y los diferentes poderes, para llegar a acuerdos; será compleja la idea de la cooperación oposición-gobierno, congreso-ejecutivos, y el trabajo en unidad que reclaman muchos problemas sociales se verá aplazado.

El inmovilismo legislativo de la clase política hacia una reforma de la legislación electoral cobrará enormes consecuencias en la estabilidad social, y la llamada "institucionalidad democrática" se verá sustituida por otras formas de expresión y participación no pacíficas.

Además, seguir atizando como explicación postelectoral el argumento de que "estas son las reglas y con ellas aceptó competir" no sólo significa una terrible aceptación de mecanismos injustos, sino que es prueba del cinismo con que se aprueba un modelo cuyo propósito es expulsar de la vía electoral al que no acepta los términos. Luego las autoridades jurisdiccionales reconocen los elementos de inequidad, sin poderlos castigar, por falta de criterios legales y normas específicas que regulen esos fenómenos. Una provocación brutal desde la autoridad.

Es hora de un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda la democracia en nuestro país, y un balance comparativo de la situación en las entidades. El momento es propicio para una segunda generación de reformas electorales que centren esfuerzos en regular las precampañas, reduzcan el gasto electoral, se acorten los tiempos de las campañas, y se saque a la política de la dependencia existencial del capital privado y de la tv. Reglamentar la publicidad gubernamental y la actuación de los gobernantes durante las campañas es otro imperativo. Quintana Roo dio pasos en la regulación de la publicidad oficial y prohibió su uso con propósitos de promoción de la imagen personal. Zacatecas incorporó a su legislación "el derecho exclusivo de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones, de contratar por conducto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiempos y espacios en los medios de comunicación social para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales".

El financiamiento de las campañas y el gasto ordinario de los partidos son de los asuntos que presentan mayor contraste en el interior de las organizaciones políticas. Hacer que prevalezca el financiamiento público sobre el privado no sólo se orienta en el sentido de garantizar la mayor independencia y autonomía de los actores políticos en el gobierno, sino asegura un control real sobre los gastos en campaña.

Metido en la promesa de una reforma electoral, el PAN en Chihuahua está proponiendo a sus contrapartes "considerar y colocarse a la vanguardia del país, en el tema de la homologación del calendario electoral local con el federal. Con intervalos muy reducidos, estamos constantemente en elecciones, y debemos darnos plazos suficientes para el acuerdo y la tarea conjunta". Vamos a ver qué pasa y luego lo comentaremos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

13 de octubre de 2006

Cultura democrática: ¿avance o retroceso?

José Antonio Crespo

Es lugar común que, para que una democracia incipiente logre consolidarse, se requieren cambios sustanciales en la cultura política de la ciudadanía. Esto no garantiza, desde luego, la consolidación democrática, pero la facilita. En cambio, la ausencia de una cultura democrática dificulta ese propósito. En términos realistas e históricos, la cultura democrática es más limitada; se trata, en primer lugar, de la convicción churchilliana de que, con todas sus limitaciones y deficiencias, la democracia es la menos mala de las opciones políticas. ¿Cómo andamos en México? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política (Encup) que periódicamente levanta la Secretaría de Gobernación, no muy bien. En 2001, si bien un amplio segmento, 62%, pensaba en la democracia como la mejor forma de gobierno, frente a 9% que abiertamente se declaraba pro-autoritario, a la hora de dar como opciones una democracia económicamente ineficaz y un autoritarismo más promisorio, entonces los "demócratas" se reducen a 47% y quienes optarían por el autoritarismo crecen dramáticamente a 32%. Conclusión de Perogrull si una democracia no empieza a rendir frutos económica y socialmente, su legitimación y respaldo se reducen.

La consolidación democrática exige también un alto grado de "cultura de la legalidad", que consiste en confiar en el orden jurídico del país, en sus instituciones de impartición de justicia, en jueces y tribunales. Debe prevalecer un compromiso con las leyes y, si algunas partes concretas de la normatividad no resultan satisfactorias, debe buscarse su transformación dentro del marco institucional y no fuera de él. En eso tampoco andamos muy bien. El 58% de los mexicanos piensa que si una ley es injusta se tiene derecho a desobedecerla (mandarla "al diablo", como quien dice), lo que en principio se aproxima más a una postura revolucionaria que a una democrática. En cambio, sólo 28% refleja una posición altamente legalista. Otro aspecto crucial es la posición frente al uso de la fuerza pública. En virtud de nuestra propia historia, la fuerza pública se ha visto inevitablemente asociada con la arbitrariedad, el abuso y la represión. No es de extrañar que 68% en 2001 viera a la fuerza pública como instrumento de represión, no de gobernabilidad democrática. Cuando se aclara al entrevistado que el conflicto está afectando a terceros inocentes, ese porcentaje se reduce a 55%, todavía una mayoría absoluta.

¿Cómo modificar tales actitudes y avanzar en una sólida cultura democrática que contribuya a la consolidación de la democracia, si es que eso ha de acontecer algún día (lo que no se ve hoy tan claro)? Una idea mítica es que la cultura democrática se logra con base en una campaña publicitaria desplegada por los diversos agentes de socialización (escuelas, lugares de trabajo, iglesias y, sobre todo, medios de comunicación). Eso puede ayudar en cierto grado, pero si los ciudadanos no palpan por experiencia que, en efecto, se dan pasos reales en favor de todo lo que implica un orden democrático, no terminarán por convencerse que se vive en una democracia cabal. O, de creerlo, se pondrá en duda que ésta valga la pena. Es pues a partir de eventos públicos reales y visibles que puede fortalecerse sólidamente la cultura democrática, más que de celebraciones vacías por una democracia más o menos ficticia, o de demagógicos llamados a la unidad nacional.

Durante el gobierno de Fox hubo algunos acontecimientos que pudieron haber contribuido a nutrir la cultura democrática, como la alternancia misma del año 2000, el fortalecimiento del Poder Legislativo (aunque eso se ha visto gradualmente más como traba que como ventaja), la Ley de Transparencia y la ampliación de la libertad de expresión. Pero muchos otros eventos han jugado en contra del avance cultural-democrático. En primerísimo lugar viene la ausencia total de rendición de cuentas. Con la transparencia nos percatarnos en mayor medida de las corruptelas, pero si al mismo tiempo vemos que éstas no se penalizan, se refuerza la idea de que sigue prevaleciendo la impunidad —rasgo del autoritarismo— más que la rendición de cuentas —esencia de la democracia—. El evento del desafuero de Andrés López Obrador, cuando hasta 80% de la población terminó viéndolo como una maquinación política más que como un intento universalista de aplicar la ley, refuerza la idea de que la ley sirve más para promover mezquinos intereses políticos. Así lo cree hoy 60% de la población frente a un ingenuo 35% que cree que la ley sirve en México para proteger a los ciudadanos o para hacer justicia.

La reciente represión en San Salvador Atenco, comprobada y documentada por la CNDH, fortaleció a su vez la imagen de que la fuerza pública es más un instrumento de represión que para preservar legítimamente el orden social. Finalmente, la forma en que se llevó a cabo la elección presidencial y el hecho de que casi la mitad alimente dudas acerca de la fidelidad del triunfo de Felipe Calderón, merma en lugar de fortalecer la credibilidad en las instituciones electorales. Aunque también, el hecho de que López Obrador no haya acatado el dictamen del Tribunal Electoral, como lo dispone la Constitución, nutre en muchos ciudadanos la convicción de que algunos partidos —yo digo que todos— no muestran disposición real a aceptar el juego democrático. Ambos bandos, felipistas y obradoristas, están convencidos de defender la democracia, y de que el adversario violó los acuerdos tomados entre 1994 y 2000. Un clima nada propicio para la gobernabilidad democrática. Los actores políticos son responsables en distinta medida de esa situación. En suma, pese a la enorme oportunidad de fortalecer la cultura democrática que se abrió en el año 2000, el corte de caja aparentemente arroja un saldo negativo.

La importancia del orden político

Leo Zuckermann

“La diferencia política más importante entre los países no es su forma de gobierno, sino el grado de gobierno con que cuentan”. Con esta aguda frase comienza Samuel Huntington el que quizá sea su mejor libro El orden político en las sociedades en cambio. Para el politólogo estadunidense, la característica más importante que debe tener un Estado es el orden. Pero, ¿qué es lo que determina la existencia o no de este atributo en un país?

La tesis primordial de Huntington es que las sociedades que experimentan un rápido cambio social generan la movilización política de nuevos grupos que, a su vez, socavan los fundamentos de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales. Si los “ritmos de movilización social y el auge de la participación política son elevados”, mientras que los ritmos de la “organización e institucionalización políticas son bajos”, entonces se produce la inestabilidad.

El desorden es producto del “lento desarrollo de las instituciones políticas” que respalden “los cambios económicos y sociales”.

Para Huntington, la diferencia de los sistemas políticos no está entre aquellos que son democráticos o autoritarios, sino entre los eficaces o débiles: “El problema principal no es la libertad, sino la creación de un orden público legítimo. Puede haber orden sin libertad, pero no libertad sin orden. La vigencia de la autoridad es previa a su limitación”.

Huntington publicó su libro en 1968 y, en ese entonces, consideraba que había un país que si bien contaba con un régimen autoritario, había podido instaurar el orden político. Se trataba de México, nación que había experimentado una revolución, la cual terminó por desarrollar un entramado institucional que pudo canalizar y resolver los conflictos sociales asociados al crecimiento económico.

El autor, de hecho, dedica toda una sección a analizar el caso mexicano, donde relata cómo la Revolución ocasionó un cambio en la cultura y en las instituciones políticas, lo cual, a su vez, produjo orden. “El sistema político que emergió después de la Revolución suministró a México una estabilidad política sin precedente en América Latina y la estructura política necesaria para un nuevo periodo de crecimiento económico rápido en los cuarenta y cincuenta”. El México posrevolucionario se convirtió en un caso de éxito de modernización política. Se crearon instituciones complejas, autónomas, coherentes y adaptables, que son los cuatro criterios que utiliza Huntington para evaluar el “grado” de gobierno.

Pues bien, en las últimas tres décadas, México dejó atrás su régimen autoritario con estabilidad política, para pasar a ser uno democrático donde no queda del todo claro cómo procurará el orden. Mientras que el sistema anterior tenía la capacidad de canalizar y resolver los conflictos sociales, el actual está entrampado. Ahí están los casos de Oaxaca o de los territorios gobernados por la violencia del narcotráfico, como ejemplos.

El nuevo gobierno debe entender que la endeble democracia peligra si comienzan a extenderse los bolsones de violencia e inestabilidad política que hoy existen en diversas regiones del país. Y, más allá del uso de la fuerza pública legítima, urge desarrollar nuevas instituciones sólidas, flexibles y coherentes que aseguren el orden político necesario.