Cultura democrática: ¿avance o retroceso?

José Antonio Crespo

Mientras en Oaxaca el presente rebasa al gobierno federal, y amenaza con prolongarse al nuevo gobierno de Felipe Calderón, éste organiza foros de reflexión para trazar el rumbo nacional durante las próximas tres décadas. Se puede pensar que todo estadista, como dice el adagio político, debe centrarse no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y que en ese sentido, Calderón está mostrando una visión de estadista con su programa 20-30 para el futuro (que en este país nunca termina por concretarse en presente). Bueno, ojalá así fuera, pero la experiencia reciente y pasada da motivos para ser algo menos optimistas. En tiempos del PRI, solían organizarse mesas y foros sobre diversos temas para legitimar decisiones previamente tomadas por el Presidente en turno, pero que requerían de un barniz de participación ciudadana. A su debido tiempo, el gobierno anunciaba la decisión que, tras "considerar las propuestas ciudadanas y analizarlas con sumo cuidado", pondría en marcha. Ese tipo de foros fueron perdiendo espontaneidad y credibilidad, al grado en el cual ya al final asistían sólo los propios funcionarios, o bien intelectuales orgánicos del gobierno, o que querían serlo tan pronto como fuera posible.

En contraste, a fines del régimen priista hubo auténticos esfuerzos ciudadanos que terminaron por incidir en alguna reforma importante. Pero no eran producto de convocatorias gubernamentales, sino de ciudadanos y organizaciones cívicas, cuyas propuestas eran más tarde retomadas por el gobierno ante su urgencia de legitimarse. Un ejemplo de ello fue el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instaurada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en parte como resultado de la intensa labor desplegada durante años por diversos organismos cívicos, promotores y defensores de los derechos humanos. Como símbolo de ello, cuando la creación de la CNDH fue anunciada en el marco de la Universidad Iberoamericana, se invitó al presidium al padre Miguel Concha, profesor de esa casa de estudios y un luchador incansable por los derechos humanos. Podría recordarse también cómo en la reforma electoral de 1993 se reconoció y legisló la observación electoral, tras la iniciativa y el empeño de varios ciudadanos que, a partir de 1989, decidieron realizar múltiples ejercicios de observación electoral por motu propio, a veces siendo bienvenidos por gobernadores que deseaban ser vistos como progresistas, y a veces pese a la hostilidad de los dinosaurios refractarios a cualquier avance (Patrocino González Garrido, gobernador de Chiapas, advirtió que de llegar esos observadores a su territorio, "los correría a patadas").

Puede recordarse también cómo un plebiscito capitalino, en 1993, organizado por ciudadanos independientes y organismos cívicos, fue fundamento e impulso para la reforma política del Distrito Federal que retornó a los capitalinos el derecho a elegir a su jefe de Gobierno (lo cual ocurrió en 1997, tras 70 años de haber sido conculcado ese derecho). Poco después, otro esfuerzo esencialmente ciudadano influyó significativamente en la reforma electoral de 1996, ahora obsoleta pero en su momento decisiva para cruzar el umbral de la competitividad partidista. Me refiero al Seminario de Chapultepec, organizado no por el gobierno, sino por dos consejeros ciudadanos del IFE (pero al margen de esa institución); José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Creel (cuando todavía mostraba algún compromiso democrático), junto con especialistas independientes y representantes de los diversos partidos.

Durante el gobierno de Vicente Fox, la reforma política más importante del sexenio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue impulsada originalmente también por un grupo ciudadano, el llamado Grupo Oaxaca, conformado por algunos medios de comunicación, evidentemente interesados en la transparencia, y expertos sobre el tema.

En contraste, hace mucho que los foros y talleres de reflexión convocados por el gobierno han sido esencialmente estériles. Recién ganada la elección presidencial de 2000, el Presidente electo convocó a un magno foro sobre la Reforma del Estado, organizado y encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, a la cual asistieron especialistas en muy diversos temas, bajo la convicción de que podrían salir propuestas concretas y viables, dada la aparente disposición del primer gobierno de la alternancia a profundizar justo la democratización y modernización institucional. Las múltiples ideas que ahí emergieron fueron pronto sepultadas por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, que prefirió convocar a su vez a sus propias mesas, realizadas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de las que igualmente surgieron gran cantidad de ideas valiosas, emitidas por expertos en diversos temas. Más tardaron en finalizar esos foros, que sus conclusiones ser también archivadas.

Pero eso sí, tiempo después Gobernación anunció con bombo y platillos su Acuerdo Político Nacional, en el que, tras meses de dura "operación política" por parte de Creel, todos los partidos coincidían en aquello en que ya habían convergido desde hace mucho en sus respectivas plataformas políticas. Evidentemente se trataba de un acto de proyección personal para buscar la candidatura presidencial. Y el presidente Fox tuvo también su proyecto 20-25, que más bien debió llamarse 2000-2000, porque de ese año no pasó. A la luz de la futilidad y falta de seriedad de todos esos foros gubernamentales (a diferencia de los esfuerzos ciudadanos), la convocatoria 20-30 suena más a una cortina de humo, una fuga al futuro ante la difícil problemática presente, cuyos asistentes al parecer buscarán, o bien compensar el déficit de legitimidad electoral de Felipe o perfilarse para obtener algún hueso dentro de su gobierno.