Intercambio epistolar

Javier Corral Jurado

¿Cuál es la causa forzosa e inevitable que obligue a Telmex y al gobierno federal a modificar las condiciones 1-9 y 2-2 del título de concesión de la primera?, le pregunta el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, en el tercer oficio del intercambio epistolar que mantienen ambos funcionarios del gobierno federal en torno de esa probable modificación.

Gil Díaz se contesta: "Sería difícil considerar que el anteproyecto de Acuerdo de Convergencia se ajuste a dicho supuesto, ya que desde la modificación del título de concesión de Telmex en 1990 se conocía la posibilidad tecnológica para utilizar la red telefónica para prestar servicios de televisión; tan es así que de ahí se estableció la prohibición de la condición 1-9".

La SCT ha manifestado que tiene la facultad de revisar el título de concesión de Telmex, porque así quedó estipulado en la condición 8-1: "La presente concesión estará vigente por 50 años contados a partir del 10 de marzo de 1976, fecha de su otorgamiento, y será revisable por acuerdo de la partes cuando fuere necesario".

La discusión entraña una de las más delicadas decisiones que la administración de Fox podría tomar antes de irse, como una especie de golpe de salida: mediante el Acuerdo de Convergencia eliminarle las restricciones a Telmex para que pueda dar televisión a través de su misma red, sin motivar la necesidad de esa modificación -y lo peor de todo, sin que la empresa entregue pagos o contraprestaciones al Estado por añadir a sus ingresos las ganancias multimillonarias de esos nuevos servicios-. A lo anterior se suma la alianza Televisa-Telmex, para lograr una sociedad en materia de contenidos. Lo que no sólo no representaría competencia al monopolio televisivo, sino una de las concentraciones más peligrosas para la democracia.

La SHCP solicitó el 4 de septiembre de este año "los estudios y dictámenes económico-financieros que se refieran a los beneficios económicos que, en su caso, deberá recibir el gobierno federal a cambio de suprimir las prohibiciones que se contienen en el título de concesión de Telmex a la luz del proceso de desincorporación del gobierno federal de dicha empresa".

Dos días después, la SCT respondió: las prohibiciones del título de concesión no fueron factores económicos relevantes para la integración de las posturas de los participantes en la subasta pública, y que en ésta "el objeto fue única y exclusivamente la transmisión de acciones, y el valor técnico de referencia de las mismas se determinó por el gobierno federal con base en criterios financieros, derivando el valor estimado de dichas acciones y no en cuestiones relativas a los términos y condiciones de la concesión". Respuesta que pretende dejar de lado el que la valuación de las acciones de una empresa -antiguo monopolio estatal- se hace con base en los servicios que tiene autorizados en su concesión, y que conforme más servicios pueda ofrecer, más flujo de capital pueda obtener, y por lo tanto vale más si multiplica su oferta de servicios de telefonía básica, red superpuesta, telefonía rural, teléfonos públicos, telefonía celular, anuncios en directorios, hasta servicio de televisión.

La discusión a través de largos oficios en torno del tema de las telecomunicaciones ha sido una característica en la relación de estos dos secretarios, aunque, al final, termina imponiéndose el poder de Telmex, que cruza a partidos, poderes y niveles de gobierno. Y más que el método por el que deciden dirimir sus diferencias, el fondo revela cosas que no podemos dejar de señalar: exhibe los problemas y las contradicciones que se generan al interior de un gobierno cuando no se define una política nacional de largo plazo, con visión de Estado e independencia de los grupos de poder económico, acerca del desarrollo y regulación de las comunicaciones y del derecho a la información; y el juego de intereses que estos funcionarios públicos han demostrado ante dos asuntos de gran similitud, la Ley Televisa y el Acuerdo de Convergencia para Telmex, pero en el que mantienen posiciones distintas según sea la empresa beneficiada, pues se supone que debieran tomarlos desde la "neutralidad tecnológica".

El secretario de Hacienda aplaudió la Ley Televisa -mediante opinión enviada al Senado-, que minó al Estado de cuantiosos recursos por virtud de asegurarle a las televisoras un régimen especial de autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones, y permitirles la autoadjudicación del espectro radioeléctrico. El secretario de Comunicaciones se opuso a dicha reforma -mediante opinión enviada al Presidente- y consideró que se ponía en riesgo la rectoría del Estado en tan importante sector. Ahora el secretario Gil Díaz se opone, y el secretario Cerisola quiere pase automático para Telmex.

Tanto Televisa como Telmex deben pagar, cumplir a plenitud su título de concesión, y enfrentar una verdadera regulación asimétrica: de condiciones especiales en términos de su poder sustancial de mercado, no como privilegios o exenciones fiscales. Pues así, cómo no van a andar en los primeros lugares entre los ricos del mundo, dueños del monopolio y recibiendo regalo tras regalo del Estado.

Profesor de la FCPyS de la UNAM