Reformas electorales

Javier Corral Jurado

En México, las acciones de defraudación electoral en el momento de la jornada hace años que dejaron de existir como práctica consuetudinaria del sistema político que encarnó el modelo de partido único. El avance de las normas que ciudadanizaron el llamado día "D" es innegable. Otro está siendo el problema de nuestra democracia electoral, y es la equidad en la contienda, violentada por formas que van desde la falta de fiscalización del dinero, la participación de las autoridades en los procesos, la falta de transparencia y control de la contratación de la publicidad electoral en medios, y los métodos de falsificación política al integrar los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales.

Esta inequidad es tratada bajo una grave simulación política. Los actores obstaculizan o favorecen modificaciones legales si se encuentran en el ejercicio del poder o en la oposición, y la doble vara ha generado esquizofrenia discursiva -e incongruencia programática- sobre lo que se requiere reformar, motivos y alcances. Así, podemos encontrar diversas posturas entre gobiernos priístas, perredistas y panistas, reflejado en sus legislaciones locales, donde unos avanzan y otros se desfasan dramáticamente, en ocasiones hasta con propuestas regresivas.

Entidades como Chihuahua, referente de la lucha democrática y de cambios legislativos de hondo calado, han pasado a un penoso letargo en el impulso, no sólo por la pequeñez de la mirada de quienes hoy dirigen los destinos de mi querido estado, sino por la falta de contrapesos, que pasan por una desinflada organización social, así como por la ausencia de una actitud crítica e independiente de la mayoría de los medios de comunicación. Y eso acontece en no pocas entidades.

La disparidad de criterios con que actúan los gobiernos locales emanados de partidos políticos nacionales, dibuja el pragmatismo que invade a la política, y el sacrificio de principios y valores democráticos. Pero ello no puede ni debe continuar, porque la tensión social aumenta.

Será difícil superar la confrontación política postelectoral si no hay un verdadero acuerdo para reformar las reglas en las que se llevan a cabo las elecciones locales y del país. La nación no tendrá sosiego ni se hallará espacio entre las autoridades de los distintos niveles y los diferentes poderes, para llegar a acuerdos; será compleja la idea de la cooperación oposición-gobierno, congreso-ejecutivos, y el trabajo en unidad que reclaman muchos problemas sociales se verá aplazado.

El inmovilismo legislativo de la clase política hacia una reforma de la legislación electoral cobrará enormes consecuencias en la estabilidad social, y la llamada "institucionalidad democrática" se verá sustituida por otras formas de expresión y participación no pacíficas.

Además, seguir atizando como explicación postelectoral el argumento de que "estas son las reglas y con ellas aceptó competir" no sólo significa una terrible aceptación de mecanismos injustos, sino que es prueba del cinismo con que se aprueba un modelo cuyo propósito es expulsar de la vía electoral al que no acepta los términos. Luego las autoridades jurisdiccionales reconocen los elementos de inequidad, sin poderlos castigar, por falta de criterios legales y normas específicas que regulen esos fenómenos. Una provocación brutal desde la autoridad.

Es hora de un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda la democracia en nuestro país, y un balance comparativo de la situación en las entidades. El momento es propicio para una segunda generación de reformas electorales que centren esfuerzos en regular las precampañas, reduzcan el gasto electoral, se acorten los tiempos de las campañas, y se saque a la política de la dependencia existencial del capital privado y de la tv. Reglamentar la publicidad gubernamental y la actuación de los gobernantes durante las campañas es otro imperativo. Quintana Roo dio pasos en la regulación de la publicidad oficial y prohibió su uso con propósitos de promoción de la imagen personal. Zacatecas incorporó a su legislación "el derecho exclusivo de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones, de contratar por conducto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiempos y espacios en los medios de comunicación social para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales".

El financiamiento de las campañas y el gasto ordinario de los partidos son de los asuntos que presentan mayor contraste en el interior de las organizaciones políticas. Hacer que prevalezca el financiamiento público sobre el privado no sólo se orienta en el sentido de garantizar la mayor independencia y autonomía de los actores políticos en el gobierno, sino asegura un control real sobre los gastos en campaña.

Metido en la promesa de una reforma electoral, el PAN en Chihuahua está proponiendo a sus contrapartes "considerar y colocarse a la vanguardia del país, en el tema de la homologación del calendario electoral local con el federal. Con intervalos muy reducidos, estamos constantemente en elecciones, y debemos darnos plazos suficientes para el acuerdo y la tarea conjunta". Vamos a ver qué pasa y luego lo comentaremos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM