De la periferia al centro, de nuevo

César Cansino

Siempre creí que una vez que la alternancia llegara a nivel federal, después de abrirse camino trabajosamente en varios estados de la República, el siguiente paso de la transición, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen democrático, se gestaría del nivel federal a los estados, es decir, del centro a la periferia. Sin embargo, la reforma del Estado no tuvo lugar durante el sexenio del cambio y no hay indicios de que la nueva Legislatura federal esté a la altura del desafío, pese a que las elecciones federales pasadas mostraron la imperiosa necesidad de introducir cambios profundos en nuestro arreglo normativo para recuperar credibilidad y eficacia institucionales.

Frente a esta parálisis del Congreso de la Unión, varios congresos locales han iniciado promisorias reformas de sus constituciones, sobre todo en materia electoral, que nos obligan a replantear la tesis descrita arriba. Tal parece que, al igual que la transición en su momento, la reforma del Estado también avanzará de la periferia al centro, es decir, los estados irán introduciendo modificaciones democráticas cada vez más profundas y avanzadas en sus legislaciones que tarde o temprano el Congreso federal tendrá que considerarlas a nivel de nuestra Carta Magna si no quiere verse rebasado por la historia.

Entre otras entidades que se han subido al tren de las reformas institucionales destacan la de Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Yucatán y el DF. No en todos estos casos las reformas y los procedimientos han sido los más adecuados ni han generado consensos claros. Empero, indican un camino al que se irán sumando nuevos proyectos de reforma locales, hasta resonar en el nivel federal.

En ocasiones se ha avanzado solicitando a la Suprema Corte de Justicia que falle sobre la constitucionalidad de ciertas prerrogativas, como el asunto de las candidaturas independientes presentado a iniciativa del Congreso de Yucatán, lo cual sienta un precedente, sobre todo cuando los tribunales se pronuncian favorablemente, como en este caso.

Por ello, así como no se puede subestimar el peso que tuvieron en su momento varias experiencias de alternancia a nivel estatal para que la transición democrática en México avanzara al gobierno central, tampoco se puede restar importancia a todas estas experiencias de reforma institucional locales en la perspectiva de que finalmente se avance hacia la reforma del Estado a nivel federal. Con todo, cabe subrayar que la única posibilidad para consolidar lo alcanzado hasta ahora pasa necesariamente por una reforma integral del actual entramado normativo e institucional, es decir, por una reforma del Estado a nivel federal, y de ahí, de regreso, a todas las entidades de la federación.

Es decir, si la transición democrática en nuestro país avanzó de la periferia al centro, la instauración de la democracia y su eventual consolidación sólo podrá concretarse si finalmente las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y los demás protagonistas de la vida política del país son capaces de llegar a acuerdos que pongan al día a nuestras leyes e instituciones en sintonía con las exigencias y condiciones propias de un régimen democrático.

En ausencia de estas reformas a nuestra Carta Magna, la transición seguirá instalada en la ambigüedad, atrapada por las inercias autoritarias del pasado, con señales de inestabilidad e ingobernabilidad, de parálisis y traslape de funciones, por no haberse adecuado a tiempo nuestra normatividad a una lógica de funcionamiento democrático. Basta echar una mirada a los principales conflictos que se han experimentado a lo largo del sexenio de la alternancia, para constatar que la mayoría de ellos nace de la incompatibilidad entre, por una parte, una normatividad que se edificó y modificó constantemente durante décadas, para favorecer la continuidad en el poder de una élite política y para asegurar la persistencia de un régimen no democrático, y, por la otra, la afirmación en el país de un pluralismo y una participación políticas que no encajan de manera virtuosa en el marco institucional existente.

No por casualidad, un signo de nuestro tiempo son las innumerables controversias constitucionales que ha debido resolver el Poder Judicial, considerando que muchas leyes vigentes, además de obsoletas y contradictorias, admiten múltiples interpretaciones.